LAVOZ/A Coruña* : El presidente de la asociación de vecinos de la Zapateira, Juan Sánchez Albornoz, agradeció ayer a la escuela de Arquitectura, que «haya tenido el valor» de realizar un trabajo en el que se saca a la luz la existencia de más de cien infraviviendas en las inmediaciones de los campus universitarios.
«Yo creo que esto todo el mundo lo sabía, y el que diga lo contrario, miente. Yo me vine a vivir aquí hace quince años, y desde el primer día sabía que había fincas con galpones habilitados para estudiantes», recordó Sánchez Albornoz.
El presidente del colectivo vecinal considera que, en este asunto, «hay mucha hipocresía, porque se mueven muchos intereses económicos», y que nadie se ha atrevido a denunciar, porque no se contaban con las pruebas suficientes para hacerlo. Además, también reconoce que la aparición de este tipo de infraviviendas responde a una necesidad, ya que no existían residencias en las inmediaciones del campus, «y cuando nació la Universidad hace veinte años, la Zapateira era casi el fin del mundo, y aquí no había residencias para los estudiantes de Arquitectura».
Sánchez Albornoz cree que permitir la existencia de estos inmuebles «es un poco culpa de todos, pero ahora le corresponde a los técnicos de disciplina urbanística investigar y precintar las infraviviendas que sean ilegales».
Solución
El presidente de la asociación de vecinos de la Zapateira considera que la solución a este problema no solamente es cerrar estos inmuebles, «sino que la Universidad y el Ayuntamiento tienen que impulsar la creación de residencias universitarias, en las que puedan vivir estos jóvenes. Porque, lo que está claro, es que estos galpones existen porque hay un público objetivo, que no cuenta con recursos para pagarse un piso de 500 euros en el centro de la ciudad».
* La Voz de Galicia - Ana Lorenzo - 3.11.2008
Foto: Vista de los montes de A Zapateira - Carlos Pardellas, laopinioncoruna.com
La asociación vecinal de la Zapateira exige el precintado de las infraviviendas ilegales
Vecinos del barrio de Vallcarca denuncian que una expropiación beneficia a una constructora
LAVANGUARDIA/Barcelona* : Los vecinos del barrio barcelonés de Vallcarca, sujeto a una gran reforma urbanística, han denunciado que el ayuntamiento expropió una finca de la calle Gustavo Bécquer a una constructora por un precio 4 veces superior al que ésta pagó por ella 5 años antes, operación que creen demuestra connivencia.
Desde hace unos días, las calles de este barrio al norte de Gràcia han aparecido empapeladas con panfletos en los que se denuncia lo que creen un ejemplo más de la complicidad que existe entre el consistorio y las constructoras en el proceso de remodelación de esta zona, que afecta a algún centenar de vecinos que han sido o serán expropiados.
Fuentes de la plataforma vecinal Salvem Vallcarca han asegurado que esta complicidad llega a extremos que creen "inmorales" ya que beneficia a grandes constructoras como puede ser Núñez y Navarro, mientras que los ciudadanos de a pie sienten que son "maltratados" por el consistorio.
En abril de 2008, el ayuntamiento expropió la finca situada en el número 7-23 de la calle Gustavo Bécquer por 4.056.300,92 euros, más 293.832 euros, en concepto de intereses de demora en la fijación del precio fijo, según consta en varios números del Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.
Esta cantidad supone cuatro veces más que el precio que la empresa Marial S.A, una filial de Núñez y Navarro, pagó por esta finca (1.202.024) a su propietario anterior cinco años antes, el 1 de agosto de 2003, tal y como aparece en la escritura de compra-venta.
En este documento ya constaba que la finca, de 2.245 metros cuadrados, se encuentra en la Unidad de Actuación número 4 de la Modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito de la avenida del Hospital Militar-Farigola, por lo que se estaba afectada por planes urbanísticos.
Un portavoz del ayuntamiento ha asegurado a Efe que el consistorio no fijó el precio de la expropiación, sino el Jurado de Expropiación de Catalunya, organismo que depende del Departament de Governació de la Generalitat y que fijó un precio en aplicación de las leyes.
Estas mismas fuentes han señalado que el ayuntamiento intentó antes de recurrir al jurado de expropiación llegar a un acuerdo con la empresa Marial S.A. pero que éste no fue posible.
Los vecinos denuncian que, mientras las constructoras "hacen negocio" en Vallcarca con la complicidad del ayuntamiento, los particulares que llevan años residiendo en el barrio están siendo expropiados por cantidades que consideran poco adecuadas.
Algunos propietarios de comercios o locales expropiados afirman, por ejemplo, que la cantidad que se les ofrece no les permitirá abrir un negocio similar en otro punto de la ciudad dado el alto precio del suelo, por lo que tendrán que replantearse seguir con la actividad que les ha servido de sustento, en algunos casos, durante años.
* La Vanguardia - EFE - 4.11.2008
Foto: Barcelona, barrio Vallcarca - photobucket.com
Indulto total a la Marbella del GIL
PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, gobernados con mayoría absoluta por el PP y el PSOE, respectivamente, han decidido curar la enfermedad del gilismo con un prudente tratamiento paliativo, con la confianza de que el tiempo y la acción institucional de la política acabarán por aportar la curación.
Su acción parece inspirarse en la idea de que el tumor del gilismo resulta imposible de extirpar completamente, porque hacerlo expone a todos sus órganos al riesgo de un colapso total.
La traslación de este símil a la realidad es una transición gradual desde el gilismo, más que una ruptura traumática, o incluso una “amnistía total” pactada por los grandes partidos, como denuncia el portavoz vecinal de San Pedro de Alcántara, Juan Antonio García.
Demasiados lastres
Esta política se plasma sobre todo en el urbanismo y la política de personal. En opinión de José Cosín, autor de Mafia y corrupción. El gilismo que no muere, "para cambiar las cosas hay, que meter mano en la política de personal". Pero Marbella no ha puesto remedio a la hipertrofia heredada por el gilismo, asumiendo más de 3.000 trabajadores municipales para 125.000 habitantes. Un lastre que supone que el presupuesto de 2009 destine a personal 141.876.471 euros, un 63,8% del total.
Pero el aspecto más visible es el urbanismo. El pleno del Ayuntamiento aprobó el 23 de octubre provisionalmente, con el voto a favor de los ediles de PP y PSOE y en contra del edil de IU, su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De las 18.000 viviendas que había fuera de ordenamiento, producto de las tropelías de políticos y promotores durante el gilismo, casi todas regresan al redil de la ley.
Banana Beach
Sólo quedan fuera tres promociones (Banana Beach, Río Real y La Víbora), que suman unas 500 viviendas. Pero tampoco está garantizado que Banana Beach, 350 viviendas que constituyen el paradigma de los abusos del gilismo a pie de playa, termine siendo derribada. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha comprometido a luchar por la legalización de todas las viviendas. "Votamos a favor por responsabilidad, pero si el PP persiste en esta postura, seremos más duros en la aprobación definitiva", explica Susana Radío, portavoz del PSOE. "Se contenta a unos pocos y paga toda la ciudad", afirma Enrique Monterroso, concejal de IU.
Las alegaciones que los ciudadanos presenten contra el PGOU, que abrió el jueves su periodo de información pública, pueden dar la medida del respaldo de los marbellíes a esta política. El PSOE anunció ayer que presentará alegaciones, pero "para mejorarlo y no para ir en contra", matizó.
El consejero de Vivienda, el socialista Juan Espadas, evita la confrontación y afirma que "no es momento de que la Junta tome postura", pues el texto está pendiente aún de importantes trámites.
El PGOU incluye una cláusula que exonera de responsabilidad a "terceros de buena fe". Eso supone otra amnistía: los compradores de casas no tendrán que compensar las cargas urbanísticas, por lo que todo lo deberían pagar los promotores. "Los perseguiremos aunque estén huidos", dicen en el Ayuntamiento al ser preguntados sobre su auténtica capacidad para obligarlos a pagar.
Plantilla hipertrofiada
El socialista Francisco Zori, último edil de Personal antes del GIL, recuerda que dejó 760 trabajadores municipales. Cuando el 'gilismo' cedió el poder a la gestora, había 3.500, que esta dejó en 3.200 al no renovar los contratos temporales. Ángeles Muñoz prometió en campaña no reducir la plantilla. La promesa funcionó y la ha cumplido. "Hemos consensuado todo con los sindicatos", dice el portavoz municipal, Félix Romero. "Hay una política de enchufismo", denuncia Óscar Fernández, del PSOE.
* Público - BELÉN GARCÍA / ÁNGEL MUNÁRRIZ - MARBELLA / ESTEPONA - 03/11/2008
Foto: Marbella, entrada - confidencial
Un promotor regaló al alcalde de Bigastro un coche de 60.000 euros por una permuta
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ELPAÍS/Alicante* : El alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, fue agasajado con un coche, valorado en 60.000 euros, por un promotor beneficiado con una permuta. Esta operación urbanística, tasada por los técnicos municipales en 180.000 euros, está en el origen de la investigación de la Guardia Civil que ha acarreado el encarcelamiento del primer edil por cinco delitos, entre ellos malversación y cohecho.
Moya, que presentó su dimisión al cargo el viernes horas antes de comparecer ante la juez, se plantea ahora retractarse.
La permuta la acordó el Ayuntamiento con el promotor José Pérez Moya. Éste también fue arrestado por los agentes. El Ayuntamiento permutó 1.500 metros cuadrados de suelo en el polígono industrial a cambio de un local comercial de dos plantas, en el centro del pueblo. El Ayuntamiento reintegró al empresario, mediante dos transferencias, la diferencia, 130.000 euros. "Los dos pagos están perfectamente documentados", señaló ayer el concejal de Urbanismo, Raúl Valerio. Además del precio, los agentes también sostienen que el suelo permutado era verde y no industrial. El equipo de gobierno mantiene la tesis contraria.
Fuentes de la investigación, han confirmado a este periódico que como consecuencia de esa operación el alcalde recibió un lujoso turismo. Moya, que rehuye la ostentación, cambió el coche por un utilitario y se embolsó la diferencia.
José Joaquín Moya fue arrestado el pasado martes, junto con el secretario de la corporación, el mencionado constructor, otro empresario y un ingeniero. Los cuatro últimos quedaron libres con cargos tras declarar ante la juez. Para Moya, la magistrada dictó prisión provisional. Sin embargo, el alcalde no ingresó en la cárcel de Fontcalent hasta la noche de ayer. El fin de semana ha estado en los calabozos de la policía de Orihuela. El retraso, según fuentes oficiales, obedece a "cuestiones burocráticas".
Antes de comparecer ante la juez, Moya mediante, la intermediación del secretario general de la Subdelegación del Gobierno, firmó un escrito con su renuncia al cargo y al acta de concejal. El funcionario trasladó ese mismo día el escrito ante el registro del Ayuntamiento. La alcaldesa en funciones, la socialista Inmaculada Martínez, aseguró ayer que pedirá un informe jurídico sobre la legalidad del escrito antes de convocar el pleno para la renuncia del alcalde. Para ello, el consistorio dispone de un plazo de 10 días. Entre tanto, Moya puede presentar otro escrito que deje sin efecto su primera dimisión.
Ayer, el Ayuntamiento de Bigastro, mediante una nota oficial, enfatizó: "José Joaquín Moya Esquiva sigue siendo oficialmente alcalde de Bigastro".
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 04/11/2008
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
Participación ciudadana y PGOU: Lo que es y lo que no es
CARLOS GÓMEZ GIL/Alicante* : Coincidiendo con la presentación del PGOU asistimos a diferentes actos, más o menos forzados, en los que se dice querer impulsar la participación ciudadana en torno al debate sobre este documento estratégico que marcará los ejes de desarrollo de nuestra ciudad durante los próximos años.
Sin embargo, la participación ciudadana, imprescindible para instituciones democráticas como los ayuntamientos y absolutamente esencial en el campo de la planificación urbana, es mucho más que unas reuniones apresuradas en los salones de un hotel, siendo por el contrario una poderosa herramienta en la que vienen trabajando algunos ayuntamientos para construir consensos y aunar esfuerzos, como un método imprescindible para construir ciudad.
La participación podría entenderse como el proceso encaminado a facilitar que las personas puedan tomar parte directa o indirectamente en las políticas y en la toma de decisiones, aportando su propia experiencia y puntos de vista, conocimientos y percepciones, compartiendo de esta forma la toma de decisiones. Lógicamente esta participación exige de un reconocimiento del otro, en este caso de los ciudadanos, entidades asociativas y colectivos cívicos, por medio de un clima de respeto, colaboración así como de diálogo a través de un proceso relacional franco y transparente. A estas alturas coincidirán conmigo en que desde nuestro Ayuntamiento, se han dinamitado en los últimos años las bases mínimas de respeto y colaboración con la ciudadanía para que ahora, de forma tan atropellada como forzada, se quiera llamar "participación" a un conjunto de charlas sobre el PGOU que está siendo sometido a información pública.
Todo proceso participativo exige la puesta en marcha de relaciones amplias y sostenidas hacia los distintos tipos de actores sociales, ciudadanos e instituciones afectadas, sobre los que se deberá desplegar la tarea de movilizarlos y facilitarles el ejercicio pleno de esa misma participación que se pretende, reforzando con ello la legitimidad de las decisiones públicas y la repolitización de las instituciones locales.
Participar no es sólo recabar impresiones y someter a consulta, sino permitir la codecisión sobre modelos y opciones distintas, asumir opciones de planificación que puedan surgir como resultado del modelo de consulta, pero también ofrecer cauces para participar y supervisar en la gestión y ejecución de resultados posteriores. Para todo ello hay que posibilitar formatos distintos de intervención a los diferentes interlocutores, construyendo herramientas de participación apropiadas para cada uno de ellos.
Gracias a la participación se construye una ciudadanía activa, consciente y crítica, que se implique en los problemas de la ciudad y en sus transformaciones futuras. Pero ello exige también de una participación de ciudadanos conscientes de sus derechos y también de sus responsabilidades, no como meros habitantes o contribuyentes. Se puede afirmar sin exageración alguna, que la política municipal promovida por el equipo de gobierno del PP, del que ha formado parte activa la actual alcaldesa, ha tratado deliberadamente de avanzar en sentido justamente opuesto, por lo que cualquier apelación a una aparente participación ciudadana debe acompañarse de medidas y actuaciones que hasta la fecha no se han dado.
En el caso del urbanismo, la participación pública es, si cabe, mucho más imprescindible que en otros espacios de gestión municipal. Entre otras razones de peso podemos mencionar la ausencia de cauces efectivos de participación en estos temas, la limitada eficiencia y transparencia en acuerdos y decisiones de un gran calado para el futuro de la ciudad, la sensación de arbitrariedad en algunas de ellas, así como la complejidad de un proceso técnico extraordinariamente codificado. Por ello, la necesidad de trabajar en un proceso de apropiación sobre la ciudad, la exigencia de conciliar intereses con frecuencia contrapuestos, junto a la oportunidad de fortalecer la identidad social urbana así como la adopción de comportamientos más respetuosos y sostenibles, son razones que debieran llevar a desarrollar estas estrategias desde la política municipal.
Y no hablamos desde la teoría. En el campo de las experiencias participativas urbanísticas, ayuntamientos como Vilafranca del Penedés, Palamós, Alaquàs, Cardedeu, Parla y Terrasa han promovido iniciativas muy relevantes. En el ámbito del planeamiento urbanístico sostenible se pueden destacar iniciativas promovidas por los ayuntamientos de Huelva, Bilbao, Zizurquil, Mungía, Sevilla, Zaragoza, Prat de Llobregat, Hospitalet, Marinaleda, Montornés del Vallés y Santa Coloma de Gramanet, todos ellos de distintos colores políticos. Pero son otras muchas las buenas prácticas que se pueden destacar en otros muchos municipios en el campo de los planes urbanísticos transversales, planes urbanísticos comunitarios, diseño de presupuestos participativos, gestión de la Agenda 21 local, diseño de planes locales de movilidad, planes de igualdad de género y planes para la infancia, entre otros. Por el contrario, en ninguno de estos campos el Ayuntamiento de Alicante figura como institución de referencia, y lo que es peor, a una tortuosa tramitación previa del PGOU por todos conocida se puede añadir ahora un deficiente y desganado proceso de concertación ciudadana, que se ha mantenido hasta la fecha alejada, cuando no rechazada, del diseño estratégico básico sobre el urbanismo de la ciudad. La pregunta, por tanto, es si Alicante puede seguir avanzando de espaldas a sus ciudadanos.
* Carlos Gómez Gil es profesor de la UA y director de su Observatorio Permanente de la Inmigración.
* Información - Alicante - 3.11.2008
