CANARIAS7/Tenerife* : Alrededor de dos centenares de personas, la mayoría vecinos del barrio de San Andrés y usuarios de la playa de Las Teresitas, se manifestaron hoy para reclamar el derribo de las obras del aparcamiento en construcción a pocos metros de la arena, paralizadas por carecer de permisos.
La protesta fue convocada por colectivos vecinales y por Asamblea por Tenerife, que denunciaron que este aparcamiento, popularmente conocido como "mamotreto", es el primer paso en un proyecto de desarrollo urbanístico promovido por el Ayuntamiento y que incluye un hotel, un centro comercial y un puerto deportivo.
"Contra la corrupción urbanística" y "Zerolo dimisión", en alusión al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, fueron algunas de las consignas coreadas por los asistentes, que recorrieron las calles de San Andrés.
El "mamotreto" debe ser derribado, por su "intolerable" impacto paisajístico a la entrada de la playa y porque actúa como una muralla entre el pueblo de San Andrés y Las Teresitas, según los organizadores de la protesta.
"No queremos un aparcamiento privado ni un centro comercial con restaurantes y bares que van a arruinar a los establecimientos del pueblo y darán lugar a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, rechazamos una construcción que, una vez finalizada, dejará al pueblo enterrado entre la montaña y el hormigón", según Asamblea por Tenerife.
En la manifestación se reclamaron aparcamientos gratuitos, una playa limpia, con baños y duchas decentes y kioscos dignos, "una simple reforma y acondicionamiento de la playa".
Leticia Armas, portavoz de los convocantes, denunció que se mantiene a la playa de Las Teresitas en un estado de abandono para que la gente se aburra y digan a los políticos que hagan lo que quieran con ella.
El "mamotreto" es "el primer eslabón de una cadena de destrozos que se realiza con el dinero de los contribuyentes", dijo, y reclamó "que se respete la naturaleza y los derechos de todos los vecinos, que se respete la playa de todo Santa Cruz".
A la manifestación se sumaron representantes del PSC-PSOE, entre ellos su portavoz en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, y la secretaria de Justicia y Seguridad, Sandra Rodríguez.
* Canarias 7 - EFE - 20.06.09
Foto: Santa Cruz de Tenerife, aparcamiento Las Teresitas - canariasaldia.com
Vecinos y usuarios piden el derribo del aparcamiento de Las Teresitas
Los jueces tardan 12 años en decidir si Avacu representa o no a 300 familias
+-+publico.es.jpg)
LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) y obliga al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a revisar el recurso presentado por la entidad en representación de 300 familias valencianas a quienes la Generalitat denegó unas ayudas de vivienda en 1995.
Catorce años estas familias siguen sin saber si tienen derecho o no a cobrar estas subvenciones, simplemente porque decidieron que Avacu defendiera sus intereses pero los tribunales consideraban que la entidad no estaba legitimada para representarles.
El via crucis de estos afectados comenzó en 1995, cuando presentaron las solicitudes de ayudas para comprar una VPO, contempladas en el Plan de Vivienda 1992-1995, "presentadas con posterioridad al 15 de octubre de 1995", según consta en la sentencia del Constitucional ganada por Avacu. Desde la entidad explican que el Plan de Vivienda 92/95 (aprobado por los socialistas cuando gobernaban en la Generalitat) se cerró "anticipadamente, mientras que los ciudadanos interesados en obtener dichas ayudas acudieron a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), donde se les recogía la documentación y se les informaba de que, a pesar de dicho cierre, se prorrogarían las normas de dicho plan hasta que se aprobase el siguiente", según explicaban ayer desde Avacu a la agencia Europa Press. En esta época ya gobernaba la Generalitat el PP, y al frente de la Coput se encontraba Luis Fernando Cartagena. "Más de 300 familias compraron sus viviendas y presentaron la documentación con arreglo al plan vencido".
Sin embargo, "cuando se aprobó el siguiente plan no se recogieron los supuestos de estos ciudadanos, lo que creó un vacío legal que dio lugar a que sus solicitudes se rechazaran porque la Coput consideró que se presentaron fuera de plazo".
Los afectados acudieron a Avacu que inició el tortuoso camino de las reclamaciones ante la administración. Primero contra el servicio territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, que denegó las peticiones que formulaban los solicitantes. Ante esta negativa, Avacu optó por presentar en 1997 los recursos que la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ decidió rechazar el 21 de febrero de 2001 "por falta de legitimación activa de Avacu para cuestionar" la denegación de las ayudas.
La asociación decidió entonces presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que también desestimó su demanda porque pilló el régimen transitorio de aplicación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998 que da al TSJ la decisión en última instancia.
Avacu presentó en 2006 un recurso de amparo al Constitucional que ahora obliga al TSJ a volver a analizar los recursos presentados en nombre de las 300 familias para ver si pueden o no cobrar las ayudas. Avacu se muestra optimista porque "existen sentencias anteriores, ordenando a la conselleria que admita las solicitudes rechazadas".
"Las asociaciones
no están solas"
El presidente de Avacu, Fernando Móner, subrayó ayer que "las asociaciones de consumidores no están solas", sino que son "un grupo de consumidores y usuarios, cada vez mayor, que se unen para defenderse de los atropellos, vengan de donde vengan", sentenció.
La jefa del Gabinete Jurídico de Avacu, Ana Móner, se mostró "satisfecha por todos los años de esfuerzo y constancia" de la asociación y anunció que "seguirán luchando, pues el transcurso del tiempo no debería ser obstáculo para obtener los derechos legales, aunque haya que pedir responsabilidad patrimonial a una administración que permite una demora de 15 años en obtener justicia".
* Levante-EMV - L. B. B. VALENCIA - 20.06.09
Foto: Tribunal Constitucional (Madrid) - publico.es
El timo de la vivienda
JOSEP MARIA MONTANER* : La vivienda ha sido la gran perdedora en las políticas de las últimas décadas. Y por ello, la mayor parte de la ciudadanía ha salido perjudicada. Se han hecho espacios públicos y equipamientos, arquitectura comercial y operaciones residenciales especulativas. Pero casi no ha habido políticas de vivienda social. El retraso en negociar, aprobar y aplicar la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña ha comportado que se agudice el vacío de vivienda asequible y adecuada. Además se mantiene el prejuicio de que no se necesitan más.
Así, casi sin cobertura pública, resolver esta necesidad ha quedado en manos, por una parte, de los promotores, que salvo honrosas excepciones han primado el negocio especulativo. Y por otra, ha dependido de las entidades bancarias, que sobrevaloraron hace unos años las mismas viviendas que ahora valoran por lo bajo, reclamando a sus hipotecados no sólo sus pisos, sino que cubran ellos la diferencia entre lo que deben y el valor devaluado. Por esta razón, ya hace meses que miles de afectados por hipotecas que han quedado por encima del valor real o cuyas cuotas les resultan impagables se están organizando para defenderse de los abusos de una banca que, mientras aprieta a los que tienen pocos recursos, reclama fondos gubernamentales de rescate para rehacerce de irresponsabilidades legitimadas por tendencias económicas.
La vivienda, que debería ser la clave de la sociedad, y sus usuarios, que somos todos, han quedado desamparados. Y es esta sociedad la que está pagando por los errores de previsión de las instituciones y los bancos que deberían protegerla y la han defraudado.
Parece que en la Cataluña actual prevalece el prejuicio de que las políticas de vivienda son cosa de la derecha. Aún falta para que se den cuenta de que la base de la vida humana es el espacio doméstico. Lástima que aún falte para que las políticas de vivienda tengan el lugar central que les corresponde.
*Josep María Montaner, arquitecto
* ELPAIS.com - Opinión - 15.06.09
