SOITU* : A los tradicionales motivos de fricción entre España y el enclave británico de Gibraltar se ha sumado uno nuevo: la preocupación medioambiental. Tras el vertido del carguero New Flame, ocurrido en febrero, las autoridades españolas temen ahora que el megaproyecto Eastside Proyect afecte negativamente las playas limítrofes.
La iniciativa prevé invertir 1.200 millones de libras esterlinas (unos 1.500 millones de euros) en la construcción de viviendas de lujo, aparcamientos, un puerto deportivo, hoteles y establecimientos comerciales en tierras ganadas al mar, entre Eastern Beach y Catalan Bay.
Con esta jugada sus promotores pretenden sacar tajada del negocio de los cruceros y las embarcaciones recreativas. Y además de lucrarse con tripulantes y turistas, quieren ofrecer servicios de mantenimiento y reparación a los yates que escapan de los calores del Mediterráneo para hibernar en el Caribe.
La Comisión de Desarrollo y Planificación (siglas en inglés, DPC) del Peñón ha dado su visto bueno, tras imponer una serie de restricciones. No ha permitido, por ejemplo, el dragado del extremo sur de la colonia, por temor a que dañe un área protegida por la ley europea. Sin embargo, la DPC ha dictaminado que el proyecto no repercutirá negativamente en las playas españolas aledañas, y, por consiguiente, ha aprobado el informe de impacto ambiental presentado por el promotor.
Pese a ello, en España no se quedan tranquilos; sobre todo cuando se ha sabido a través de la prensa gibraltareña que el proyecto ha recibido luz verde. El colectivo Verdemar-Ecologistas en Acción ya alertó en su día del riesgo de que el rellenado con escombros para ganar unos metros al mar alterase la dinámica litoral.
Tales inquietudes han llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores a enviar una Nota Verbal a la Embajada del Reino Unido en la que se afirma que la situación "no hace sino poner de manifiesto la justificación de los temores de España sobre las posibles consecuencias negativas del Eastside Project sobre el medio ambiente en la zona". Recuerda la Cancillería que, en virtud de las directivas europeas sobre impacto ambiental, ha venido solicitando toda la información sobre el proyecto, y que "se confiriese un plazo razonable a España para que indicase si deseaba participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental". Los británicos han hecho caso omiso de esos requerimientos. Por esa razón, se "reitera la solicitud de copia del estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto".
También se queja el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Suárez, que ha expresado su temor a que, "como sucede con otros asuntos en Gibraltar, una cosa es lo que se planea y otra la que se lleva a la práctica". Puso el New Flame de ejemplo.
Desde el lado gibraltareño replican que sus vecinos, antes de criticarles, deberían dar el ejemplo, toda vez que el Ayuntamiento de Algeciras, por no tener depuradora de aguas fecales, vierte miles y miles de metros cúbicos de líquidos residuales a la bahía.
El Eastside Development no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de obras de construcción de gran envergadura, que comprenden una terminal del aeropuerto, viviendas protegidas, una central térmica, una planta de tratamiento de aguas residuales, otra promoción urbanística y una prisión. Todas ellas prometen cambiar la cara al Gibraltar apacible y somnoliento, poniéndolo a tono con el frenesí urbanístico del que tanto se han beneficiado los promotores del otro lado de la frontera.
* Soitu.es - PABLO FRANCESCUTTI - 18.06.2008
Foto: Gibraltar bahía - Ben30, Flickr
Fricciones con Gibraltar por un megaproyecto urbanístico
Nueve alcaldes han sido detenidos desde la operación ´Malaya´
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LAOPINIÓN* : La detención del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, del PSOE, por su presunta implicación en un caso de corrupción urbanística ha elevado a nueve los alcaldes que han sido detenidos ejerciendo su cargo por este tipo de delito desde que se destapara la operación ´Malaya´, en Marbella, en 2006.
La entonces alcaldesa del municipio marbellí, Marisol Yagüe (GIL), fue la primera en caer. Fue detenida el 29 de marzo de 2006, en el marco de la ´operación Malaya´, que puso al descubierto una trama de corrupción en el Consistorio, y dentro de la cual fueron detenidas más de ochenta personas. Imputada por varios delitos de cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas, el 1 de abril de 2006 ingresó en prisión, de la que salió el pasado 13 de septiembre tras satisfacer una fianza de 60.000 euros.
El siguiente fue Francisco Valido (PP), ex alcalde de Telde (Gran Canaria). Fue detenido el 7 de noviembre de 2006, en el ´caso Faycan´, destapado tras denunciar una empresaria que la Concejalía de Obras Públicas le había exigido una comisión del 20% para lograr una licencia de obras. Imputado de un cargo de cohecho, quedó en libertad provisional el 8 de noviembre de 2006, tras abonar una fianza de 80.000 euros. Suspendido de militancia en el PP, renunció al cargo el 10 de noviembre.
Eugenio Hidalgo (PP) era alcalde del municipio mallorquín de Andratx (Mallorca) cuando fue detenido el 27 de noviembre de 2006, en el marco de la ´operación Voramar´. Ingresó en prisión en dos ocasiones y el 26 de mayo de 2008 fue condenado a cuatro años de cárcel dentro de la primera pieza juzgada del caso.
El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, fue arrestado el 18 de enero de 2007, imputado por un delito de cohecho y prevaricación en una supuesta trama urbanística. Quedó en libertad, al día siguiente, tras pagar una fianza de 100.000 euros.
José Francisco González (PP), alcalde de Mogán (Gran Canaria), detenido en la ´operación Góndola´ el 23 de enero de 2007 fue el quinto alcalde arrestado por corrupción urbanística. El 26 de enero de 2007 quedó en libertad con cargos y se reincorporó a su puesto en el Ayuntamiento, tres días después.
El alcalde de Totana (Murcia), José Martínez Andreo (PP) fue detenido el 29 de noviembre de 2007, en la ´operación Totem´, sobre una presunta trama de corrupción urbanística en la que fueron detenidas 16 personas. Permaneció en prisión hasta el 1 de febrero de 2008, fecha en la que satisfizo una fianza de 70.000 euros, reincorporándose después a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento.
El alcalde de Zurgena (Almería), Cándido Trabalon (PA), y el de Torre Pacheco (Murcia) han sido los dos últimos regidores arrestados . Ambos fueron detenidos el 2 de abril de 2008. El primero por su presunta relación en la concesión irregular de licencias para 85 viviendas. Quedó en libertad dos días después. El segundo fue arrestado por la permuta de una parcela de propiedad municipal destinada a dotaciones deportivas a cambio de cuatro fincas propiedad de naturaleza rústica. El 29 de abril salió en libertad con cargos.
* La Opinión de Málaga - 18 de junio de 2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Los vecinos piden que todo el espacio de la cárcel de Carabanchel se dedique a dotacional
MADRIDIARIO* : Los vecinos de Carabanchel se manifestaron este lunes ante el Ministerio del Interior para exigir que todo el espacio de la cárcel de Carabanchel se convierta en dotacional público. Denuncian que la zona está desprovista de estas dependencias municipales y que el acuerdo firmado es una "operación especulativa".
Una veintena de vecinos, pertenecientes a las asociaciones de Carabanchel y Aluche pidieron, en el acto de firma del protocolo de desarrollo del ámbito urbanístico de la antigua cárcel del distrito, que se utilicen los terrenos para construir numerosas infraestructuras públicas. Denuncian que la zona está desprovista de estas dependencias municipales y que el acuerdo firmado es una "operación especulativa".
Según Pedro Casas, portavoz de los vecinos, "se ha constatado el triunfo parcial de la lucha vecinal, que desde hace 15 años ha pedido que se utilice la cárcel para traer a la zona un hospital. Sin embargo, no estamos satisfechos porque no se ha cumplido el acuerdo de 2005 en el que se prometía que el espacio se dedicaría a zonas públicas".
Casas explica que se ha ninguneado a los vecinos en la negociación y que es inadmisible que se especule con terreno expropiado para hacer una cárcel. Pidió que se reutilice la nave central de la antigua cárcel como un centro de memoria histórica, "para eliminar la visión de Carabanchel como una zona estigmatizada y convertirla en una zona de paz". Indicó que es necesario todo el espacio para dotaciones públicas ya que en la zona vive más de medio millón de habitantes. Por eso, aseguró que los vecinos seguirán luchando hasta donde puedan para que se consiga dedicar más espacio a dependencias públicas.
* Madridiario - 16-06-2008 - Enrique Villalba
Foto: Juan Luis Jaén - madridiario.es
Estepona: Un urbanismo bajo sospecha fija
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MÁLAGAHOY* : La actuación de los estamentos judiciales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el marco de la operación Astapa en el municipio de Estepona ha permitido poner sobre la mesa las numerosas sospechas que desde hace años se ciernen sobre el urbanismo de esta localidad de la Costa del Sol.
Un hecho que queda constatado con un simple y somero repaso de las decisiones municipales adoptadas en el Consistorio desde 2003, periodo que puede ampliarse sin género de dudas a la época de gobierno del antiguo GIL. El uso del dinero procedente de la firma de convenios con empresas privadas para el pago de las nóminas municipales, los aumentos de edificabilidad permitidos, los intentos de recalificación de terrenos… son algunas de las señas que identifican la gestión municipal en esta materia. Y no faltan los ejemplos.
Infracciones
A fecha de agosto de 2007, pocos meses después de los comicios municipales de mayo, el equipo de gobierno en el municipio admitió la acumulación de casi 1.600 infracciones urbanísticas, con un volumen de expedientes similar al de la vecina y polémica localidad de Marbella. Esta cifra se ve complementada con los datos recopilados por la Consejería de Obras Públicas entre los años 1994 y 2004, según los cuales el Ayuntamiento impulsó más de cien modificaciones de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), siendo el municipio de España que más cambios aplicó a su documento. "El urbanismo de esta ciudad está mal", sentenciaron desde la Administración autonómica, hasta el punto de que existía un acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo para no autorizar más cambios.
¿Comisiones urbanísticas?
El alcalde de Estepona negó la existencia de vínculos entre el Ayuntamiento del municipio y el cobro de comisiones urbanísticas. La reacción se produjo después de que se publicara una parte del sumario del caso Hidalgo en la que un intermediario aseguraba que había pagado "un montón de dinero a gente del Ayuntamiento de Estepona para conseguir una licencia de urbanización". En el informe policial aparecen una serie de negociaciones y presuntos pagos de personas con intereses en suelos de Estepona con funcionarios públicos o relacionados con el Consistorio, al objeto de conseguir edificar en unos terrenos adquiridos por uno de los imputados en la trama de blanqueo de capitales abierta a raíz del caso Hidalgo. En ese momento, Barrientos dijo: "Si hubiera habido algo digno de reseñar, ya lo habrían hecho los jueces".
Discrepancias internas de Valadez
Las críticas realizadas por el concejal David Valadez en septiembre de 2006 contra la política urbanística del equipo de gobierno pusieron sobre la mesa las dudas que pesaban sobre la tarea de Barrientos y sobre la labor de los entonces socios de gobierno, los ex miembros del GIL. Las palabras del entonces portavoz municipal del PSOE no le sentaron nada bien al regidor, que al día siguiente optó por expulsarlo del grupo municipal. En este contexto, Valadez denunció que se incumplía el decálogo urbanístico aprobado por su partido, a lo que el alcalde respondió: "No estoy dispuesto a recibir lecciones de moralidad, de socialismo ni de lucha contra la corrupción de nadie".
Intervención de la Fiscalía
En los últimos años no han sido pocas las veces en las que la política municipal de Estepona ha estado bajo la lupa del ámbito judicial. En marzo del pasado año, la Fiscalía admitió a trámite una denuncia presentada por Estepona 2007 en relación al expediente de Cortijo Casareño, por el que se pretendían vender tres parcelas de suelo a una sociedad mercantil sin sacarlas previamente a subasta, contraviniendo la normativa urbanística. En esta misma línea, pero en enero de 2005, el Ministerio Fiscal inició una investigación por la presunta existencia de cajas de seguridad en bancos relacionadas con asuntos urbanísticos del Ayuntamiento.
Dinero para sueldos
Uno de los principales fines a los que pretendía destinar Barrientos parte del dinero obtenido de convenios urbanísticos era la paga de las nóminas municipales. Este hecho se produjo en marzo de 2006, cuando el regidor trató de aprobar trece acuerdos, decisión que se vio frenada por la Junta de Andalucía. Pero este procedimiento no es aislado. El propio alcalde informó a finales de 2005, a pesar de las advertencias realizadas por el tesorero municipal, de su intención de destinar 5 millones de euros procedentes de dos convenios que no habían sido aprobadas a sufragar los sueldos de los 700 trabajadores del Consistorio. La medida provocó la crítica del tesorero, que advirtió con denunciarla, al estar prohibido emplear este tipo de aportaciones a pagar nóminas. Antes, en noviembre de 2004, acordó destinar parte de otro acuerdo a este mismo cometido. Sin ser una justificación, los gobiernos que sucedieron al GIL al frente de la Alcaldía se vieron obligados a asumir la gestión de una plantilla sobrecargada y muy por encima de las posibilidades económicas del Consistorio.
Aportaciones de Prasa
A lo largo del pasado mandato, el Ayuntamiento recibió más de 1,1 millón de euros en concepto de aportaciones voluntarias por parte de la empresa Prasa. Así lo admitió el propio alcalde del municipio, quien vinculó esta cuantía con el cobro de las plusvalías de los 2.137 metros cuadrados de incremento edificable que se le permitió a constructora en el barrio de El Pinillo. Parte de este dinero, 30.000 euros, se empleó en 2003 en la financiación de la iniciativa Verano Cultural. Al año siguiente se consignó una nueva aportación de 300.000 euros para el pago de los cargos de confianza y del gasto corriente del Consistorio. Y a estas aportaciones, según denunció el PP, se sumó otra de 830.000 euros a cambio de "favores urbanísticos". En este periplo, el Ayuntamiento de Estepona aprobó compensar a Prasa con un aumento de la edificabilidad que le correspondía en unos terrenos situados en las afueras del municipio en contraprestación por la demolición de la mayor parte del hotel construido por esta firma a pie de playa y declarado ilegal por Costas.
Incompatibilidad de Manuel Reina
En octubre de 2004 se supo que Manuel Reina, uno de los concejales del Partido de Estepona (PES) detenido en el marco de la actual operación Astapa, había compaginado durante casi un año y medio su cargo político como concejal de Hacienda y consejero de la Empresa Municipal de Planificación y Desarrollo Urbanístico con la administración de varias empresas cuyo objeto social estaba vinculado al campo urbanístico e inmobiliario. Este hecho hizo que los grupos de la oposición exigieran su dimisión, paso que en ningún caso se dio.
Conflicto con la Ley Urbanística
Uno de los momentos álgidos de la carrera política de Antonio Barrientos se vivió en diciembre de 2005, en las vísperas de que entrase en vigor una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que impedía a los ayuntamientos recibir dinero procedente de acuerdos urbanísticos hasta que no se iniciase el desarrollo de los suelos. El regidor socialista optó por ir adelante y convocó un Pleno 48 horas antes de que se hiciese efectiva esta limitación para dar luz verde a trece acuerdos, que iban a reportar 24 millones de euros a las arcas municipales. Barrientos, tras numerosas presiones por parte de la dirección regional del PSOE-A, anuló la convocatoria.
Recalificación de Selwo
A principios de 2006, Barrientos defendió la posibilidad de recalificar para uso residencial parte de los suelos del parque de Selwo, al objeto de que se permitiese la construcción de viviendas de lujo. Según explicó en su día el alcalde, la iniciativa pretendía la división de los 900.000 metros cuadrados de este espacio en tres bolsas que saldrían a concurso. Una de ellas, de 333.000 metros permitiría mantener las instalaciones del zoo; otros 200.000 metros irían destinados a equipamientos deportivos, y los restantes 500.000 metros, a uso residencial. De acuerdo con los datos que se barajaron en su momento, la intervención iba a suponer unos ingresos de entre 30 y 40 millones de euros para el Ayuntamiento. Sin embargo, de nuevo, la aspiración del alcalde socialista se topó con la negativa de la Junta, que rechazó de plano el proyecto de recalificación. Un día después del pronunciamiento de la Administración autonómica, Barrientos dio marcha atrás y descartó el cambio de uso de los suelos.
El engaño del H-10
El Ayuntamiento concedió la licencia de apertura del hotel H-10 Estepona Palace a pesar de que la edificación sobresalía en 1.500 metros de techo la edificabilidad fijada. Antonio Barrientos justificó la medida en el interés de defender el interés general. La posibilidad de legalizar este sobrante de construcción fue descartada hasta en tres ocasiones por la Junta de Andalucía. De hecho, el entonces delegado provincial de Obras Públicas José María Ruiz Povedano justificó la negativa en que la actuación planteada por el Consistorio buscaba "duplicar la ocupación de la parcela y la elevación en altura del edificio". Sin embargo, pocos meses después de estas declaraciones, la Comisión provincial de Urbanismo acabó por aceptar dicho incremento. La medida, no obstante, fue de nuevo subsanada en julio de 2005, cuando la Junta impugnó el aumento de edificabilidad tras comprobar que el expediente municipal al que dio luz verde no incluía los informes contrarios del asesor jurídico, del secretario municipal y de un arquitecto.
La 'garrapata' del PES
Uno de los elementos que permite visualizar más a las claras la situación política que se ha vivido en Estepona en los últimos años ha sido la tensa y contradictoria relación mantenida por el PSOE y el PES, integrado por los antiguos concejales del GIL, socios de gobierno el pasado mandato. De ser compañeros de fatigas, los ediles de ambas formaciones pasaron en apenas unos meses a convertirse en enemigos irreconciliables. Uno de los episodios de mayor tensión se produjo el 22 de marzo de 2007, cuando en vísperas a las elecciones municipales, el alcalde esteponero, Antonio Barrientos, llamó "garrapatas" y "buenos ladrones" a los que en ese momento seguían siendo sus socios de gobierno. Asimismo, justificó la suscripción del pacto entre 2003 y 2007 para "vigilar de cerca" e incluso aseguró que por todo ello eludió cederles la Concejalía de Urbanismo. Sin embargo, pocos días antes de la celebración de los comicios, el ahora detenido Manuel Reina sostenía que Barrientos firmó un acta notarial en junio de 2003 en el que garantizaba la Delegación de Urbanismo al PES tras las elecciones autonómicas.
* Málaga Hoy - 18.06.2008
Foto: Estepona (Málaga), vista aérea - malagahoy.es
La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Sebastià Vidal por el Caso Caballistas
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DIARIODEMALLORCA* : La Fiscalía de Baleares solicitó hoy una pena de 6 años de cárcel y una multa de 36.000 euros para el ex-alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal (PP), como inductor de un delito de falsedad en documento oficial y como autor material de un delito de falsedad documental en el Caso Caballistas, en el que hay 14 imputados, entre los que se encuentran altos cargos del PP, acusados de emitir en 2004 supuestos certificados falsos para legalizar una casa en suelo rústico de Vidal como si fuera un club hípico.
Precisamente, el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antonio Monserrat, acordó hoy la apertura del Juicio Oral contra los 14 acusados, entre los que se encuentran el alcalde de Campos, Andreu Prohemb, para quien la Fiscalía reclama tres años de cárcel, una multa de 6.000 euros y la inhabilitación especial para cargo o función pública en la administración local, autonómica o estatal durante un periodo de cinco años.
El fiscal solicita 6.000 euros de multa y la suspensión para cargo o función pública en la administración por un periodo de nueve meses para la alcaldesa de Felanitx y parlamentaria del PP, Catalina Soler; el alcalde de Selva, Joan Rotger; el alcalde de Montuiri, Gabriel Matas; el alcalde de Santanyí, Miquel Vidal; el alcalde de Lloret, Joan Jaume; el alcalde de Sa Pobla, Antoni Serra; y el alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo.
Asimismo, también están imputados el celador de Obras del Ayuntamiento de Ses Salines, Sebastián Escalas, y el secretario del Consistorio de Campos, Sebastià Portell, para quienes la Fiscalía reclama cuatro años de prisión y la inhabilitación especial para cargo o función pública en la admnistración durante un periodo de 5 años. Además, pide una multa de 3.000 euros para Escalas y otra de 6.000 euros para Portell.
Finalmente, la Fiscalía imputa el delito imprudente de falsedad en documento oficial al teniente de alcalde de Llucmajor, Joan C. Jaume; el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; y el concejal de Inca, Joan Llabres, para quienes pide una multa de 6.000 euros y suspensión para cargo o función pública en la administración durante nueve meses.
CONSTRUCCIONES ILEGALES
El fiscal acusa a Vidal de elaborar y firmar un documento en papel oficial del Ayuntamiento de Ses Salines, fechado a 11 de agosto de 2004, en el que como alcalde de este municipio daba fe de que la Agrupación de Caballistas de Ses Salines actuó en esta localidad, en diversas exhibiciones, demostraciones y espectáculos desde 1995, con el fin de obtener la declaración de interés general para legalizar las construcciones de una vivienda unifamiliar aislada, una nave y otras construcciones en una parcela de 8.878 metros cuadrados, situada en suelo rústico.
Así, la Fiscalía señala que el tamaño de la parcela era muy inferior al requerido por la normativa urbanística (14.000 metros cuadrados) para poder construir, de forma que había tratado de legalizar la nave indicando que era para uso agrícula, aunque dicha solicitud fue denegada.
Por ello, Vidal sólo tenía como único medio de legalizar lo construido que la administración declarase el interés general de las actividades que se iban a desarrollar en esta parcela y en las distintas construcciones, para lo cual, hizo que la Agrupación Caballista de Ses Salines promoviera la tramitación de un expediente solicitando la declaración de interés general y la legalización de las edificaciones, alegando que su uso se destinaba a la actividad de un club social hípico.
De esta forma, el fiscal apunta que el ex-alcalde de Ses Salines no solamente elaboró el citado documento contrario a la realidad debido a que la Agrupación no existía, sino que convenció a otros diez alcaldes para que realizaran documentos con un contenido similar e "inveraz", asegurándoles en algunas ocasiones que el contenido de lo que firmaban se correspondía con la realidad y en otras prevaliéndose de su cargo de alcalde y de su militancia política.
FIANZAS DE HASTA 60.000 EUROS
Finalmente, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal ha decretado libertad provisional para los 14 acusados, aunque les solicita una fianza en el plazo de cinco días, que oscila entre los 14.000 y los 60.000 euros, con el fin de asegurarse de que los imputados pagarán las multas y las costas del proceso judicial.
Así, pide 60.000 euros a Sebastià Vidal, mientras que reclama 20.000 euros a Andreu Prohems, Sabastià Portell, Miquel Vidal, Joan C. Jaume, Joan Jaume, Catalina Soler, Antoni Serra, Joan Llabrés, Joan Rubert, Antoni del Olmo, Joan Rotger y Gabriel Matas. Finalmente, reclama una fianza de 14.000 euros a Sebastià Escalas.
* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS. PALMA - 17.06.2008
Foto: Ses_Salines (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com
El TSJ anula el Plan Rector de La Albufera que el Consell usó para permitir edificaciones
LEVANTE* : El Parque Natural de la Albufera, el más importante y emblemático para los valencianos, sigue sin tener una regulación específica desde su declaración como espacio protegido en 1986. Diversos recursos y sentencias judiciales impidieron la elaboración de un Plan Rector de Uso y Gestión que debía haberse aprobado en el lejano 1995. Cuando finalmente el Consell decidió aprobar el PRUG en 2004 lo hizo entrando en contradicción con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, más restrictivo. Ahora ha sido anulado.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado el parcialmente el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de La Albufera que fue aprobado por el Gobierno valenciano mediante el decreten 2004 y con el que se pretendió, entre otros objetivos, abrir la puerta a la consolidación de edificaciones irregulares en diversas pedanías y municipios, y a la urbanización ex novo de 10 hectáreas en Pinedo justificadas, dijo el Gobierno valenciano, en las "necesidades sociales" de los desalojados en La Punta por la ampliación de la ZAL del puerto.
El recurso fue presentado por Acció Ecologista-Agró en 2005 y en el proceso se han personado, además de la Generalitat Valenciana, los ayuntamientos de Valencia y Sollana, una asociación de cazadores, varios particulares y los propietarios de una discoteca enclavada en el parque natural.
"Los de mayor relevancia"
Yolanda Monroig, que en la fecha de presentación del recurso presidía AE-Agró y que ha representado como letrada a la asociación ecologista en el proceso, aseguró ayer que los contenidos del PRUG anulados por el TSJ "son los de mayor relevancia ya que se refieren a aspectos como la zonificación, la actividad urbanística y edificatoria y, sobre todo, a la prevalencia del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales sobre el Plan Rector de Uso y Gestión"
La sentencia solo acepta tres de los motivos de impugnación del Decreto 259/2004 del Consell, aunque éstos afectan a los aspectos esenciales y más controvertidos del texto legal impulsado entonces por el conseller Rafael Blasco.
En concreto, la sentencia anula toda la zonificación del Parque Natural, que comprende "todos los ámbitos territoriales del parque, su régimen general de uso y gestión y los usos prohibidos en cada uno de ellos", según interpreta Acció Ecologista-Agró.
Modificaciones anuladas
Además, el fundamento noveno de la sentencia destroza todo el entramado legal con el que el Consell quiso modificar el régimen urbanístico vigente en La Albufera, con especial incidencia en dos aspectos concretos: las llamadas "áreas edificadas", que ahora no podrán ser consolidadas-regularizadas- por la edificación, y las actuaciones previstas en el entorno de Pinedo, El Palmar y el Perelló.
El PRUG ahora anulado parcialmente permitía la urbanización de 10, 17 hectáreas de las 21.000 que tiene el paraje. Este suelo "urbano" se repartía entre Pinedo (6,14 hectáreas), El Perelló (2 hectáreas) y El Palmar (2,03 hectáreas).
La Generalitat aseguró entonces que la urbanización de suelo protegido en Pinedo se justificaba en una "finalidad social"
Yolanda Monroig recordó en este sentido que una de las consecuencias "más directas de la sentencia es que las previsiones de la Revisión del Plan General de Valencia sobre edificación den Pinedo deberían quedar automáticamente anuladas".
El citado documento plantea la reclasificación de 69.171 metros cuadrados para la construcción de 345 viviendas.
Para la abogada de la organización ecologista, el Consell era "muy consciente" de que no podía plantear un Plan Rector de Uso y Gestión que contradijera los términos del PORN, porque eso sería ir contra un principio fundamental como es el de la prevalencia jurídica, "pero lo hicieron con una disposición derogatoria que ahora ha sido declarada nula por la sentencia".
* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 18.06.2008
Foto: Valencia, l'Albufera - elmundo.es
Aumentan a 25 los detenidos en una operación contra la corrupción urbanística en Estepona
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ELPAÍS/Málaga* : Después de Marbella, Estepona. La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en marcha una operación contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona que hasta el momento se ha saldado con 25 detenidos, entre quienes se encuentra el alcalde, el socialista Antonio Barrientos, cuatro concejales, varios ex concejales, empresarios y técnicos municipales.
La trama, que se dedicaba al cobro de comisiones ilegales a cambio de concesiones de obras, arranca en la anterior legislatura, en noviembre 2006. A los implicados se les imputan supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y cohecho.
A última hora de la tarde, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, que instruye la Operación Astaza, ha empezado a tomar declaración a cinco de los 25 detenidos. Los primeros en comparecer han sido M.C.H y J.L.C.A. Se espera que esta noche se conozca si se toma alguna medida judicial contra ellos. El resto de arrestados comparecerá mañana miércoles a primera hora.
En la Operación Astapa están detenidos tanto socialistas como un concejal del Partido Estepona (PES), Manuel Reina. Esta formación nació con ex integrantes del Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundara el fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil. Entre los arrestados está el arquitecto municipal Arturo Cebrián, al que unas escuchas telefónicas ya vincularon el pasado febrero con un presunto caso de blanqueo de capitales; la edil de Educación, María Victoria López, la concejal de Playas, Marisa Rodríguez Pino, el concejal de Economía y Hacienda y portavoz municipal del PSOE, Francisco Zamorano; el jefe del Gabinete de la Alcaldía, José Flores, y el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur. Por la tarde, el Cuerpo Nacional de Policía ha anunciado la detención en Bilbao, donde se han practicado dos registros, de una persona relacionada con la trama corrupta de la localidad malagueña.
La supuesta corrupción en Estepona tiene ramificaciones en otras ciudades, ya que se han practicado registros en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián, en total 38. Además, se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Según la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, también se han cursado órdenes de bloquear cuentas corrientes y activos financieros de 78 personas físicas y jurídicas.
En cuanto al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), salió detenido de su casa a las 14.00 acompañado de agentes del Cuerpo Nacional de Policía que, durante varias horas, registraron su vivienda. En el registro los agentes se han incautado de algunos documentos. También se han practicado registros en el Ayuntamiento y otras dependencias municipales, como las de Urbanismo y Hacienda.
Detención del arquitecto municipal
Todo comenzó sobre las nueve de la mañana, cuando agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía escoltaron al alcalde del municipio desde su residencia en la urbanización Bahía Azul hasta las dependencias del Consistorio.
Otros agentes acudieron al edificio Puertosol, donde se encuentran las delegaciones municipales de Urbanismo y Hacienda para proceder a su registro, en presencia de los concejales de ambas áreas, Rafael Duarte y Francisco Zamorano, ambos del PSOE. Varios secretarios de los juzgados de la vecina ciudad de Marbella han sido movilizados para participar en los registros.
Esta nuevo golpe contra la corrupción urbanística es de similar envergadura al de la Operación Malaya, que desarticuló la mayor trama de corrupción urbanística en España en mayo de 2006, y según fuentes de la investigación, ha surgido como un fleco de ese caso. La Fiscalía Anticorrupción considera que el Ayuntamiento de Estepona funcionaba "con el mismo patrón" que el de Marbella, bajo el gobierno del GIL. En la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban las adjudicaciones de las obras obtenían un beneficio económico.
Expediente de expulsión contra los implicados
Tras conocerse las detenciones, la Ejecutiva regional del PSOE andaluz ha abierto expediente de expulsión al alcalde y a los concejales de Estepona implicados en la investigación policial. Por su parte, la dirección federal del PSOE ha entrado en contacto con la Ejecutiva regional. El expediente está abierto, pero sin precisar aún su alcance hasta no conocer el resultado de la investigación policial y judicial, informa Anabel Díez. La norma del PSOE es siempre de "tolerancia cero" frente a casos de corrupción, ha dicho el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso.
Antonio Barrientos está al frente del Ayuntamiento de Estepona desde 2003, cuando formó gobierno con los apoyos del GIL. En las pasadas elecciones municipales, en mayo de 2007, el PSOE mejoró sus resultados y subió de seis a 11 el número de ediles, frente a los cinco del GIL y del PP.
El PSOE pide al PP la misma contundencia contra la corrupción
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha declarado que la Policía hace "su trabajo siempre y todos los días", pero no ha dado ningún detalle de la operación porque, ha recordado, el sumario es "secreto". Álvaro Cuesta, secretario socialista de Política Municipal, se ha preguntado por qué el PP no actúa "con la misma contundencia contra los casos de corrupción surgidos en sus filas" como hace el PSOE.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado su respeto por los procesos judiciales abiertos, aunque ha pedido al PSOE que dé las explicaciones pertinentes en este caso. Además, ha subrayado el "interés especial" del PP en erradicar los casos de corrupción.
Desde las filas de IULV-CA, su secretario general, Diego Valderas, ha anunciado que su formación va a solicitar la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Estepona para que se indague "hasta las últimas consecuencias".
Un ayuntamiento gobernado por cuatro partidos
El Ayuntamiento de Estepona está compuesto por 11 concejales del PSOE, 5 del PP, 5 del Partido de Estepona (PES) -integrado por ex miembros del GIL-, dos del Partido Andalucista, uno de IU y uno de Estepona 2007 -una ex alcaldesa del PP-. El Gobierno municipal está integrado por los once concejales del PSOE, los dos del PA, el de IU y el de Estepona 2007.
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Madrid - 17/06/2008
Foto: Agentes de la Policía impiden el paso al Ayuntamiento de Estepona durante el registro- EFE
