ELPAÍS* : El Cuerpo Nacional de Policía ha descubierto una macroestafa inmobiliaria a unas 200 personas que pagaron 1.500 euros por reservar una parcela en terreno no urbanizable. Dos hombres han resultado imputados en un delito de estafa en el marco de la operación Yedra.
Fuentes policiales han explicado que la investigación surgió cuando uno de los afectados interpuso una denuncia en la Comisaría Provincial de Policía después de no haber podido recuperar los 1.500 euros que entregó a los supuestos estafadores. A partir de entonces, se iniciaron las pesquisas, que llevaron a la detención el pasado miércoles de Manuel Jesús C.C, en la localidad jienense de Alcaudete, y el jueves de Pablo R.E., en Úbeda. Hoy han sido puestos en libertad
Los detenidos reservaban por 1.500 euros parcelas ubicadas en el término municipal de Jaén, donde presuntamente se iba a construir la Urbanización La Yedra, conformada por viviendas unifamiliares valoradas en unos 210.000 euros. Los terrenos, cuyos verdaderos propietarios "ignoraban lo que se estaba urdiendo", no eran urbanizables y estaban protegidos, por lo que "jamás se hubieran podido construir" las viviendas.
Hasta ahora, se han presentado 97 denuncias de afectados por ese pago de 1.500 euros, aunque los investigadores policiales calculan que el número de personas podría superar las 200. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, según las mismas fuentes.
* ELPAIS.com - EFE - 11.09.09
Foto: Jaén, vista - artearqueohistoria.com
La policía descubre una 'macroestafa' inmobiliaria a unas 200 personas en Jaén
¿Y qué hay de lo mío?
DANIEL MILLET/ Tenerife* : Llamadas al alcalde para enchufar a un familiar, quitar una multa, conseguir una rebajita en un hotel o hacer la vista gorda con un local comercial irregular; llamadas al Gobierno para acelerar la aprobación de un proyecto urbanístico; llamadas a un agente al que se le había regalado hasta una yegua a cambio de favores; llamadas entre consejeros en las que se pide discreción; llamadas a un concejal para comprar su voluntad por un kilillo... Llamadas, muchas llamadas. Los pinchazos de teléfono en el marco de los numerosos procesos judiciales contra la corrupción en Canarias han destapado todo un intenso submundo de trapiches y compadreos, de los que muchos ni siquiera tenían directamente que ver con la materia investigada y no han merecido sanciones penales.
Y eso que las escuchas que han trascendido a los medios representan un mínimo porcentaje de las que se han producido y eso que tantísimas otras conversaciones comprometedoras se han perdido en la niebla de la impunidad. Eso sí, la variedad de chanchullos descubiertos llama la atención, tanto como la cantidad de expresiones chabacanas empleadas en esta jerga de los bajos fondos de la política canaria en la que abundan los "coño", "joder" o "me cago en la puta".
Pero hay mucho más: la actitud de determinados responsables públicos hacia el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado –"Me imagino que habrá algún cabrón oyendo", espetó el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, al consejero imputado Félix Sierra en una de las llamadas interceptadas del sumario Arona–, la postura de cargos de relevancia hacia las normas que rigen las oposiciones para plazas públicas –el mismo presidente del Gobierno pidió al alcalde de Arona que intercediera para meter a una sobrina en la Policía– o la sensibilidad con la que determinados responsables políticos pinchados se refieren a sus técnicos o a los marcos legales que sostienen el sistema democrático.
"Ahí las dificultades están más en Turismo con los informes y las puñetas...", le dijo Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, al empresario y constructor Santiago Santana Cazorla en 2007 en una conversación interceptada en el marco del caso Góndola. El mismo Berriel añadía en esa llamada: "Joder, siempre con, con la ley del embudo, tú sabes cómo son los juristas estos del servicio jurídico y los técnicos y leches...".
Las escuchas han cobrado ahora un gran protagonismo no sólo por la proliferación de macrocausas judiciales en el Archipiélago, sino porque lo mismo está ocurriendo a nivel nacional después de que los socialistas cumplieran desde la pasada legislatura con su compromiso de reforzar los medios para plantar cara a la corrupción. El resultado es que, por un lado, ningún partido se salva y, por otro, los más afectados (sobre todo el PP) han reaccionado agarrándose a la conspiranoia.
Canarias es un buen botón de muestra. Ahí están, por ejemplo, los innumerables tejemanejes en la Marbella tinerfeña. Por lo menos, durante 10 meses de pinchazos en Arona, por el móvil del alcalde, José Alberto González Reverón, y de otros imputados (34 en total) han pasado, aparte de alcaldes, concejales, empresarios, funcionarios, periodistas, agentes y particulares; Paulino Rivero (presidente del Gobierno de Canarias), José Manuel Soria (vicepresidente del Gobierno y máximo responsable del PP regional), Ricardo Melchior (presidente del Cabildo de Tenerife), Cristina Tavío (presidenta del PP de Tenerife) o José Segura, diputado socialista en el Congreso.
"Hay muchos detalles que están todavía por aparecer" de los 26 volúmenes que componen un sumario cuya apertura va arrojando datos a cuentagotas, según una fuente relacionada con la investigación. ¿Se refería a estas escuchas Tavío cuando hace unas semanas revelaba que fue espiada? Tavío ha dicho que no, pero su partido echa balones fuera denunciando la ilegalidad de las intervenciones (como ha dicho el mismo Soria sobre Arona), cuando las que se han conocido fueron autorizadas por un juez.
Todos estos trapicheos telefónicos están relacionados además con la gestión pública de sus protagonistas y las de Arona no son ni mucho menos las primeras en aparecer. Éstas y las demás (caso Góndola, Eólico, Antigua...) han servido para saber por ejemplo que un voto se puede comprar por tan solo 20 o 30 euros, que para sobornar a un concejal se puede ofrecer un solar y un kilillo (de pesetas o euros, no se aclara), que hay que insistir mucho con los mandamases para acelerar un proyecto urbanístico por la dichosa ley o que si quieres que un alcalde enchufe a una sobrina, ésta por lo menos debe hacer un examen decente.
Entre la privacidad y el interés público
La polémica sobre las escuchas telefónicas se centra en la línea que separa el derecho a la privacidad de la potestad de la justicia para intervenir las conversaciones de todas aquellas personas investigadas por la posible relación con actividades irregulares. El derecho individual a no sufrir intromisiones en la intimidad y el honor está perfectamente garantizado por diferentes convenios internacionales y el marco legal y constitucional español.
La misma Constitución garantiza en su art. 18.3 el secreto de las comunicaciones, pero deja expresa constancia de que la excepción será siempre en virtud de una resolución judicial. La ley 4/1988 modificó el Código Procesal Penal y su artículo 579 establece: "(...) El juez podrá acordar la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa". Pero, ¿que los medios hagan públicas las escuchas legales es deontológicamente aceptable? Teóricamente sí, siempre que éstas tengan un interés público, como ocurre con las actividades de los responsables o funcionarios de las administraciones.
a href="http://www.laprovincia.es/canarias/2009/09/09/canarias/256247.html">* La Provincia - DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE - 9.09.09
