Greenpeace denuncia que el 89% de la costa no protegida de Catalunya ya está edificada

ELPERIÓDICO* : La costa catalana es la que tiene mayor índice de saturación del litoral español, según el informe Destrucción a toda Costa que la organización ecologista Greenpeace ha presentado hoy en Barcelona y que asegura que el 89% de la costa no protegida de Catalunya ya está edificada. El informe denuncia que ha sido imparable la construcción de nuevas infraestructuras portuarias a pesar del desequilibrio que existe en el litoral catalán por años de continuas obras e infraestructuras y que "en Catalunya ya hay un puerto deportivo por cada 10 kilómetros, que suman unos 36.000 amarres", 6.000 más que en el 2006, cuando no se renovó la supuesta moratoria de puertos.

Uno de los coautores del informe, Julio Barea, ha declarado que "todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años" pero que "lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral, que es la ley de Costas".

Exceso de puertos

"Es lamentable que por intereses partidistas se promuevan rebajas en esta ley que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años", ha afirmado Barea, partidario de demoler las grandes ilegalidades y no la ley de Costas.

El estudio también revela que la fragilidad de la costa catalana es un hecho que nadie puede ocultar y que sus playas pierden arena debido a las barreras colocadas a lo largo de 30 años.

El exceso de puertos es el responsable de la erosión de decenas de las 243 playas que hay en la costa de Catalunya, un problema que obliga a invertir "cifras ingentes de dinero público, como los 50 millones de euros presupuestados en 2006 para consolidar las playas de Barcelona", según el informe.

El trabajo pone de manifiesto que Catalunya acumula el 42% de la contaminación que se vierte directamente a la costa Mediterránea en España y que entre el 2000 y el 2002 se acumularon 994 expedientes por realizar vertidos ilegales.

Plataformas petrolíferas en Tarragona

En Tarragona han sido muy graves los efectos negativos que ha provocado el desarrollo de la industria química y petroquímica en los últimos 10 años, añade el estudio, y en el 2002, 2004 y 2009 se produjeron fugas de combustibles de las plataformas situadas en su frente litoral.

Greenpeace denuncia también la existencia de dos nuevos proyectos asociados a la plataforma petrolífera Casablanca, conectada ya con ocho pozos, lo que para la organización ecologista no augura un buen futuro para el delta del Ebro y las costas de Castellón.

Los ecologistas dicen que las perspectivas son muy poco prometedoras para la poca costa que queda virgen porque buena parte de los tres millones de viviendas que se proyectaban en el litoral en el 2007 están pendientes de la remisión de la crisis y porque hay una prórroga que permite retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta el 2013.

A estos factores se añade, según Greenpeace, el hecho de que España sea el país del mundo donde más dinero público se ha destinado a sostener el sector inmobiliario.





* El Periódico - 16.07.10
Foto: Imagen de Roses, antes y después de la imparable saturación de construcciones denunciada por Greenpeace. GREENPEACE | 'DESTRUCCIÓN A TODA COSTA'

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Madrid.- La Comunidad cobra a colegios privados por usar suelo municipal

ELPAÍS* : En principio, no parece un buen negocio. El Ayuntamiento de Madrid cede suelo público a la Comunidad para hacer equipamientos educativos (colegios e institutos) y luego el Gobierno regional vuelve a ceder esas parcelas a colegios privados concertados que se encargan de construir los edificios y gestionarlos. A cambio, la Comunidad recibe un canon anual que pagan los centros, que varía según la zona y los metros construidos. Es decir, que al final la Comunidad de Madrid está recibiendo un dinero anual por una parcela que era de propiedad municipal, y el Ayuntamiento no saca nada en limpio de esa cesión.

Esto es lo que ha venido sucediendo desde el año 2005 con al menos 13 de las 40 parcelas que el Consistorio ha cedido a la Comunidad para la construcción de colegios, situadas mayoritariamente en los nuevos ensanches de la capital, como Vallecas, Sanchinarro, Las Tablas, Barajas y Carabanchel.

Esas 13 parcelas han acabado siendo concedidas por la Comunidad de Madrid a empresas privadas. En algunos casos, el dinero que pagan los centros al Gobierno regional cada año asciende a una cantidad considerable: 120.000 euros abona el colegio concertado Valdefuentes, situado en Sanchinarro. En total, la cantidad que recibe la Comunidad anualmente por la cesión de estas 13 parcelas ronda los 250.000 euros.Otro de los colegios que se ha hecho con una parcela cedida en origen por el Ayuntamiento es el CEU San Pablo Sanchinarro, de nueva construcción, que abrirá sus puertas en septiembre de este año. El canon que abona a la Comunidad es de 35.000 euros al año.

Algunos pagan cantidades más modestas, como los 8.000 euros del colegio concertado Santa María la Blanca, en Montecarmelo; los 7.500 euros del centro Valverde, en las Tablas, o los 6.000 del Gaudem, en el ensanche de Barajas, y del Villamadrid, en la Colonia Marconi.

Las cesiones de terreno a estos colegios suelen ser de 75 años, plazo tras el cual vuelven a ser de propiedad del Ayuntamiento de Madrid.

En fin, una cantidad de dinero, modesta si se quiere, pero que no revierte en las arcas municipales que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, la política de cesión gratuita de este tipo de suelo a la Comunidad de Madrid no sucedía (o no siempre) con el equipo de Gobierno anterior, que presidía José María Álvarez del Manzano. Este alcalde, también del Partido Popular, sí cedió directamente suelo de titularidad municipal a empresas privadas que construyeron centros educativos, por lo que el Ayuntamiento percibe anualmente el citado canon. Como ejemplo, cuatro colegios (Las Rosas, Gredos de San Diego, Siglo XXI y El Valle) ingresan anualmente en el Consistorio una cantidad cercana a 190.000 euros.

Y es que, aunque la Comunidad de Madrid tiene las competencias en educación, es legal que los Ayuntamientos decidan ceder suelo directamente a los centros privados a través de un convenio, como asegura un portavoz de la Consejería de Educación. La potestad de hacerlo o no ya depende de cada municipio. Y no siempre lo hacen Ayuntamientos gobernados por el PP. A principios de este año Parla, gobernada por el PSOE, sacó a concurso la adjudicación de una parcela de 22.000 metros cuadrados a un colegio privado concertado.

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid asegura que no cobra dinero porque son parcelas cedidas gratuitamente por los propietarios de los nuevos desarrollos para que las Administraciones cuenten con suelo que se utilice en nuevas dotaciones, en este caso colegios. "Estos equipamientos solo se pueden hacer por la Administración competente, en este caso la Consejería de Educación. Ante ello, es lógico que los derechos se cedan gratuitamente", aseguran en Urbanismo. "Es una filosofía del equipo de Gobierno actual, que evita asumir más competencias impropias, como es la educación", afirma un portavoz municipal.

El grupo socialista en el Ayuntamiento considera que con el sistema actual de cesión se está perdiendo el control y los derechos sobre el patrimonio del suelo municipal, y de paso dinero, ya que se cede gratuitamente unas parcelas por las que la Comunidad recibe ingresos.

"En el fondo no es una cuestión de que se pierda más o menos dinero por el canon que no se cobra", asegura el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, David Lucas. "Es más preocupante que esas parcelas de titularidad municipal, que deberían transformase en colegios públicos y para eso se cedieron, acaben siendo gestionadas por empresas privadas, con lo que se está favoreciendo claramente a la enseñanza concertada", añade Lucas.
Querencia por unos ideales

La política de la Comunidad de Madrid de favorecer la educación concertada tiene como uno de los beneficiarios principales a los centros con vocación católica. También en el caso de algunos que ocupan parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Madrid desde 2005.

Un simple repaso en Internet a las páginas web de estos centros sirve para confirmarlo. El colegio Valdefuentes, en Sanchinarro, señala que sus valores fundamentales se corresponden con los de la doctrina cristiana. "Por ello tomaremos siempre como punto de referencia, para todas las ramas del saber, la orientación de la Iglesia católica".

No le anda a la zaga el CEU San Pablo Sanchinarro, promovido por la Asociación Católica de Propagandistas, que incluye en su decálogo "el reconocimiento de un orden natural y sobrenatural superior e inviolable y el reconocimiento de la libertad del hombre en la respuesta a la altísima vocación a la que ha sido llamado". También afirma: "La doctrina de la Iglesia, y en particular su magisterio social, ofrece criterios seguros para los campos del saber humano. Tales criterios guiarán la actividad académica de nuestros centros en la enseñanza e investigación".

El colegio Santa María la Blanca de Montecarmelo tiene hasta un himno dedicado a esa virgen, con versos como: "Haz de nosotros, devotos tuyos, un germen nuevo de esta ciudad. Haznos conscientes de que tu Hijo, vino a traernos la libertad". El arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, bendijo el jueves la primera piedra de la parroquia de Montecarmelo, a la que está vinculada el colegio.





* El País - 17.07.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)

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A Coruña.- Greenpeace considera Langosteira como la mayor destrucción costera de la provincia

LAOPINIÓN* : El "mejor ejemplo de la falta de planificación" del Ministerio de Fomento y la "destrucción costera más destacable" de la provincia de A Coruña. Así define la organización ecologista Greenpeace el puerto exterior de punta Langosteira, un proyecto que nació y se justificó a raíz del accidente del Prestige con su inclusión en el Plan Galicia del año 2003 y que desde entonces, ha estado permanentemente en cuestión y rodeado de polémica. El informe anual de Greenpeace Destrucción a toda costa carga las tintas contra el puerto coruñés por la "falta de planificación" que demostró el Gobierno al anunciar el proyecto "cuando ya estaban en marcha las obras" en Ferrol y a pesar de que "carecía de viabilidad técnica", al proyectarse en el punto "con el oleaje más agitado de toda Galicia".

Además, el inicio de las obras supuso para los ecologistas la "destrucción costera más destacable" de A Coruña y "en la mejor zona litoral de la provincia". "A escasos 20 km del puerto exterior de Ferrol, se aprobó en 2005 la construcción del puerto exterior de Langosteira, que carecía y carece de viabilidad técnica, ambiental y económica a pesar del gran negocio especulativo ideado por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria en los terrenos del actual puerto", resume el informe, que añade que las obras ya han destruido 3 km de costa, se han cobrado cinco muertos y acumulaban en 2009 un sobrecoste de 100 millones "achacados al efecto del mar".

Las decisiones de Fomento en materia portuaria han contribuido al deterioro de la costa gallega pero no han sido las únicas. El boom del ladrillo llegó un poco más tarde a Galicia, que solo en la última década "recalificó más suelo que en toda su historia". En 2007, en plena fiebre urbanizadora y justo antes de la prohibición de la Xunta de construir a menos de 500 metros del mar, había proyectadas 800.000 nuevas viviendas en la costa gallega, una cifra casi idéntica a lo que se había construido en toda la historia (816.000 residencias). Aunque algo más tarde que las comunidades del sur de España, Galicia se sumó a la "marbellización" y no le salió gratis: en 2005 ya había perdido 6.000 hectáreas de bosques y espacios naturales por el cemento. La lista de amenazas y agresiones contra el litoral gallego es larga y Greenpeace encuentra ejemplos de todo tipo en la última década.

. Urbanismo sin control. Siete concellos costeros coruñeses destacan por su "urbanismo salvaje" en los últimos años. A Pobra, Ribeira, Outes, Mugardos, Sada, Ortigueira y Pontedeume aumentaron su edificabilidad en más de un 200% para atender la demanda del ladrillo a pesar de que había 300.000 viviendas vacías en Galicia. La situación ha provocado que en Barreiros, por ejemplo, "haya más construcciones paralizadas por la Justicia que obras en marcha".

. Nuevas infraestructuras. Tampoco el puerto exterior de Ferrol convence a Greenpeace que critica las nuevas instalaciones porque "actúan como barreras, alterando las corrientes marinas, cerrando la boca de la ría un 60% y afectando a espacios Red Natura", lo que transforma la zona en "una costa ocupada y contaminada". Además, los ecologistas denuncian la "avalancha de puertos comerciales y deportivos" en la última década, una auténtica "plaga" en este último caso que situó a Galicia en 2008 con más de 11.000 amarres y un ratio de plazas por cada embarcación "diez veces superior al de Italia". Greenpeace critica asimismo a Medio Ambiente por alterar la costa construyendo decenas de paseos y a la Xunta, tanto por el anterior plan de acuicultura como por retomar el proyecto de Touriñán.

. Contaminación costera. El informe destaca "la especial condescendencia" de Galicia "con las industrias más contaminantes" y en especial, con Reganosa, en Mugardos, y ENCE en Pontevedra. La recuperación de ambas rías es, según el informe, "una incertidumbre", aunque "los vertidos industriales, las aguas residuales urbanas y el tráfico marítimo" son una amenaza para todas. A Coruña y Ferrol, además, suspenden con nota en depuración de residuos y alcanzarán los requisitos fijados por la UE con 10 años de retraso.

. Políticas. Hasta 14 municipios gallegos se han visto implicados recientemente en procesos judiciales por irregularidades urbanísticas. Greenpeace critica el papel municipal en el deterioro de la costa, cuya "permisividad y anarquía urbanística" permitieron durante los últimos años una construcción "sin control". Pero también critica a la Xunta, tanto por "asfixiar" actividades ligadas a un litoral sano, como por rebajar la normativa de protección ambiental o reclamar competencias estatales sobre el dominio público marítimo-terrestre para "legalizar miles de viviendas ilegales en el litoral". "Es paradójico que tanto los grupos políticos de derechas como los nacionalistas pretendan privatizar la costa", lamentan los ecologistas, que creen que el resultado de tantos años de políticas "de espaldas al medio ambiente" es una "costa contaminada y cada vez más desfigurada".





* La Opinión A Coruña - 17.06.10
Foto: Ferrol (A Coruña), puerto - laopinioncoruna.es

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La Eurocámara exige la descontaminación de la ría de Huelva y un estudio epidemiológico en la zona

HUELVAINFORMACIÓN* : La Eurocámara ha exigido este jueves la descontaminación de la ría de Huelva y recomendó nuevas evaluaciones independientes sobre el estado del suelo y el agua de la zona, así como la realización de un estudio epidemiológico para aclarar si hay relación entre los altos índices de cáncer en la población y los vertidos tóxicos de empresas fertilizantes. La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha confirmado este jueves por unanimidad el informe de la eurodiputada francesa Pascale Gruny (PPE) en el que se reclama que las empresas responsables asuman los costes de la contaminación y que se ponga en marcha un plan de rehabilitación.

También propone introducir un sistema para informar a los ciudadanos en tiempo real sobre la contaminación en esta zona.

El documento ya contó con el apoyo de todos los grupos en un primer debate el pasado mes de mayo, pero ahora incluye algunas modificaciones a petición del eurodiputado español Willy Meyer (IU) para pedir "el traslado de las cenizas radioactivas de Acerinox" y que se realice un estudio "sobre las enfermedades relacionadas con el Síndrome de la Fatiga Crónica" (Sensibilidad Química Múltiple, SQM).

El informe también ha sido enmendado para hacer referencia a que "existen 120 millones de toneladas de fosfoyesos y 7.000 toneladas de cenizas radioactivas de Acerinox que fueron traídas de la Bahía de Algeciras".

El informe adoptado este jueves es el resultado del viaje de un grupo de eurodiputados el pasado mes de febrero para conocer de primera mano la versión de los ecologistas que denuncian el impacto medioambiental y los riesgos para la salud de los vertidos tóxicos de varias industrias de fertilizantes y los niveles radioactivos en el estuario de Huelva.




* Huelva Información - EP. - 16.07.10
Foto: Vista aérea de la ría de Huelva.- huelvainformacion.es

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Baleares es la región que más territorio de costa ha ocupado en la última década

ELMUNDO* : Greenpeace denuncia que la destrucción de la costa en Baleares "ha sido demoledora" con las características naturales del archipiélago durante los últimos diez años, dado que es la región de España que más territorio ha ocupado en la última década con un 41,4%. Además considera que la ampliación del puerto de Ibiza es "innecesaria" y representa una "grave amenaza" para los ecosistemas marinos motivando el interés de la UNESCO sobre las consecuencias de de este proyecto. También censura que el Ayuntamiento de Calvià continúe con sus pretensiones de hundir una fragata militar junto a las islas Malgrats y reclama al consistorio que deje de recurrir a la Audiencia Nacional la negativa del Ministerio de Medio Ambiente a esos planes.

Así lo expone la última edición del informe 'Destrucción a toda costa' que recopila una evolución de los diferentes estudios realizados por la ONG y las consecuencias del desarrollo urbanístico en el entorno medioambiental de las comunidades. De hecho, tras diez años vigilando el litoral, destaca que "el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día".

El estudio incluye datos del impacto urbanístico en las islas y señala que sólo entre el año 2000 y 2002 se presentaron 31 proyectos para pavimentar 26.458 metros de costa y que en 2007, en "el cénit de la burbuja inmobiliaria", se proyectaba la construcción en la costa balear de 171.900 viviendas, 21 campos de golf y cinco nuevos puertos deportivos o ampliaciones para 2.092 amarras.

Por otro lado, el estudio revela que dos años más tarde "se cementaban" en Baleares 1,4 hectáreas de territorio al día, una cifra que a juicio de Greenpeace resulta "desproporcionada" si se tiene en cuenta que más del 40% de las viviendas de esta comunidad están vacías la mayor parte del año. Este informe se muestra también crítico con el ex presidente del Govern y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, al que achaca que, bajo un supuesto impulso del turismo, aumentaran las emisiones de C02 y la mala gestión de los residuos generados en la comunidad.

"El legado del paso del ex ministro de Medio Ambiente por el Govern balear también incluye la reforma de leyes como la Ley de Espacios Naturales para permitir la construcción de viviendas unifamiliares en espacios protegidos o la posibilidad de recuperar la condición de urbanizables de aquellos espacios costeros que limitaban al menos en un 50% con suelos urbanos. También hizo desaparecer la moratoria sobre nuevos campos de golf en las Pitiusas y la moratoria urbanística que se aplicaba desde hacía tres años", sostiene el estudio de Greenpeace.
La Justicia Actúa

No obstante, el informe elaborado por la ONG destaca que la actuación de la Justicia en tramas urbanísticas, como la acaecida en Andratx, "han supuesto un punto de inflexión sobre la impunidad que se estaba viviendo en las islas". Como ejemplo de ello, Greenpeace recuerda que si en 2007 había 16 casos de corrupción en Baleares, en 2009 eran 79 los casos detectados.

Otro de los aspectos que critica el estudio es que el Ministerio de Fomento "no ha cumplido" sus promesas de racionalizar los proyectos de puertos o aplicar la sostenibilidad en la ampliación de los mismos. Al respecto, indica que en la última década la ampliación de los puertos de Palma, Ibiza o Maò ha sido constante.

En esta materia, Greenpeace también critica "la fiebre imparable" de los puertos deportivos y resalta que, con 1.428 kilómetros de costa, las islas acumulan el 12% de la oferta total de amarres de barcos de todo el mediterráneo. Como dato, se indica que tan sólo en Mallorca existían en 2005 cerca de 13 proyectos de instalaciones náutico-deportivas y la previsión de la Ley de Puertos de Baleares señalaba como previsión en 2006 de casi 5.000 nuevos atraques.
Consecuencias en el ecosistema balear

Sobre las consecuencias de esta evolución en el ecosistema, la ONG advierte del impacto del cambio climático en el litoral balear y recalca que los últimos datos prevén una subida del nivel del mar en 20 centímetros en esta cosa, lo que significará un retroceso de la línea de costa de 15 metros para el año 2050. Además, sostiene que el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) "augura mayores sequías, huracanes y grandes temporales para el archipiélago balear", unos datos que a juicio de Greenpeace debe hacer reflexionar a las instituciones.

Por otro lado, el informe de esta organización asegura que el crecimiento urbanístico mal planificado ha tenido su efecto en la contaminación de las aguas. Según este estudio, Mallorca ha sido la que "mayor intensidad ha padecido" los problemas de una mala depuración de aguas residuales que ha tenido un reflejo directo en las playas.

Además, Greenpeace entiende que las islas pitiusas también presentan problemas crónicos en esta materia con "numerosos vertidos" de aguas residuales de núcleos urbanos no conectados a las redes de saneamientos.





* El Mundo - E.P. - 16.07.10
Foto: Imagen de la costa de Andratx. | C. Cladera - elmundo.es

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Reinicio de las obras del Puerto de Granadilla

Ante el comunicado de prensa emitido ayer martes, 13 de julio, en el que Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife informa sobre el reinicio de las obras del proyecto portuario de Granadilla, desde la Ben Magec-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* se considera totalmente increíble la desfachatez de reiniciar un proyecto tan polémico, irracional, costoso, innecesario y sobre todo, ilegal como es éste. En este sentido, queremos manifestar lo siguiente:
1. El proyecto ha demostrado ser el que suscita mayor oposición por parte de la ciudadanía en la historia de Canarias. Seguimos afirmando que es mayoritaria la oposición al mismo, por lo que estamos hablando de un hecho antidemocrático sin precedentes.
2. En un momento de tan grave crisis del sector turístico, convertir en chocolate las aguas del sur de Tenerife y arruinar la mejores playas naturales que hay en la Isla es una irresponsabilidad de la que habrá que pedir responsabilidades, en el supuesto de que se reinicien las obras
3. Todo el discurso de Zapatero y el PSOE sobre la crisis general y la forma de luchar contra ella perderán cualquier sentido si desde el Gobierno central se permite el reinicio de estas obras, que sin duda, de todas los disparates de infraestructuras proyectado en Canarias, es el más irracional de todos (recordar, una vez más, el proyecto gemelo y fantasma del puerto de Arinaga en Gran Canaria)
4. El empecinamiento de CC+PP en este proyecto únicamente responde a la prepotencia de no digerir que los movimientos ciudadanos tienen la razón, y aún a sabiendas de que el proyecto es ilegal y nunca se terminará, básicamente por falta de fondos, prefieren hacer el destrozo en la zona con esta reanudación que dar su brazo a torcer frente a los ciudadanos y los ecologistas
5. Queremos aclarar, una vez más, que este proyecto es absolutamente ilegal y que sólo las más asquerosas triquiñuelas políticas (la última, el nuevo catálogo de especies aprobada por ley del parlamento canario), típicas de auténticos gobiernos despóticos, es lo que permite la reanudación de estas obras
6. Por tanto, estamos plenamente convencidos de que estos enemigos declarados del medio ambiente no se saldrán con la suya, y alguna de las múltiples actuaciones jurídicas que están ya en marcha, junto con las otras nueva y muy importantes que pondremos en marcha en los próximos días, acabarán dándonos la razón y finalmente prevalecerá el Estado de derecho en el que supuestamente vivimos.





* Ecologistas en Acción - Canarias - 14.07.10


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