DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción en los 44 folios donde plasmó su denuncia contra el presunto entramado de corrupción en torno al proceso de gestación del Plan Territorial de Mallorca (PTM), que investiga el juez Florit en el juzgado de instrucción 1, resalta que los presuntos pelotazos millonarios propiciados por dicha norma no han generado beneficio alguno para el común de los mallorquines.
Anticorrupción acusa al presunto entramado de políticos del PP y UM y promotores inmobiliarios de traficar con información privilegiada para dar pie a los segundos a comprar fincas rústicas, que en unos pocos meses pasaron a ser valioso suelo urbanizable.
Estas prácticas corruptas se habrían hecho "en beneficio de particulares sin que se dé uso o utilidad social alguno (equipamientos, viviendas de protección oficial o precio tasado, zonas verdes....), que justifique de manera suficiente dicha generación de plusvalías privadas".
Los fiscales también han puesto el acento en la presunta arbitrariedad con que los responsables del anterior Consell de Mallorca escogieron las fincas rústicas que se iban a recalificar y seleccionaron las plazas hoteleras para trasladarlas de un punto de la isla a otro, en ocasiones al margen totalmente de la propiedad de los establecimientos, como es el caso del Don Pedro (en Cala Sant Vicenç de Pollença).
Alegría en el GOB
El presidente del GOB, Macià Blázquez, recordó ayer que en 2005 dicha entidad presentó una denuncia ante la fiscalía en la que notificaba que las indicaciones recogidas en el PTM referidas a las Áreas de Reconversión Territorial (ART) no seguían un criterio explícito y por lo tanto, se asignaron de "forma arbitraria" con la intención de "favorecer intereses de determinados propietarios de suelo, promotores e incluso entidades financieras". En opinión de Blázquez, "si el procedimiento judicial avanza se debe a que hay motivos para investigar los hechos y la gestión realizada por los responsables de política territorial de la pasada legislatura, que deben pasar cuentas y reconocer su responsabilidad en este procedimiento".
* Diario de Mallorca - F.A/J.F.M./E.P. PALMA - 19 de abril de 2008
Foto: Mallorca, plan territorial archivo - diariodemallorca.es
´Los pelotazos no han producido ningún tipo de beneficio al común de los ciudadanos o un uso social´
Mallorca: Anticorrupción cifra los pelotazos del Plan Territorial en 297 millones
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DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción ha cuantificado en su denuncia por el caso Plan Territorial, una presunta trama de corrupción político-empresarial en torno a la norma urbanística del mismo nombre, en 297 millones de euros (casi 50.000 millones de pesetas) el alcance de los pelotazos (plusvalías) obtenidos por los promotores que compraron fincas rústicas recalificadas como urbanas.
Los fiscales acusan a un grupo de dirigentes de Unió Mallorquina (UM) y el Partido Popular (PP) de facilitar a varios empresarios amigos información privilegiada sobre las llamadas áreas de reconversión territorial (ART), la fórmula usada por la presunta trama para dar los pelotazos. No descartan que a cambio los promotores hayan pagado sobornos a los políticos. Los casi 300 millones de beneficios sitúan este entramado a la cabeza de los casos de presunta corrupción investigados hasta el momento en las islas.
El contenido de la denuncia de anticorrupción, adelantada por DIARIO de MALLORCA el pasado 16 de noviembre, se ha conocido tras levantarse el secreto del sumario sobre el caso PTM por el juez Miquel Florit. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach imputan al presunto entramado los delitos de uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y posible cohecho.
Informe pericial
La cifra de 297 millones de euros de plusvalías consta en un informe de un grupo de expertos en urbanismo sobre las repercusiones que las ART pueden causar al urbanizarse las fincas que antes tenían un uso agrícola-ganadero marginal. Este dictamen ya obra en poder del magistrado instructor.
Los fiscales también apuntan, además de a políticos y empresarios, a altos funcionarios o técnicos que habrían colaborado en la enorme trama de corrupción.
La denuncia también acusa a todos aquellos técnicos o altos cargos que, "con pleno conocimiento de las consecuencias que provocaban, intervinieron de manera eficaz para que fuera aprobado el PTM, cuya parte dedicada a las ART tenía características de antijuricidad, arbitrariedad y beneficio de particulares...".
El tráfico de influencias habría tenido lugar entre 2003 y 2004 y los fiscales han centrado especialmente su atención en tres ART: la número 10.3, que correspondía a la desaparición de los hoteles Don Pedro (Pollença) y Rocamar (Sóller), y que generaba el trasvase de sus plazas a varias fincas de Sa Ràpita (Campos); la 10.5, donde, a cambio de adaptar una antigua vaquería como centro de interpretación del Salobrar de Campos, se consigue una urbanización para viviendas plurifamiliares y uso hotelero en 35,2 hectáreas del mismo Campos, en su lado Este; y la 10.6 el traslado de unos aprovechamientos urbanísticos de Alcúdia a la finca Son Crever de Marratxí.
253 millones de euros
Las plusvalías que el PTM podría generar a los compradores de las fincas convertidas en urbanizables en las tres áreas de Sa Ràpita, Campos Este y Son Crever ascenderían a más de 253 millones de euros.
Los otros 44 millones corresponderían a otras recalificaciones en otros puntos de la isla.
Anticorrupción incluye en su denuncia una descripción pormenorizada de las previsiones y alcance de las tres ART. También se fundamentan las acusaciones en un completo análisis de toda la normativa urbanística y otros preceptos legales que se habrían vulnerado en la elaboración de esta parte del PTM.
El juez Florit ya ha tomado declaración a ocho expertos en urbanismo, empresarios y particulares en calidad de testigos y, cuando Anticorrupción disponga de tiempo, empezará la ronda de interrogatorios de los imputados, políticos, técnicos y promotores.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 19 de abril de 2008
Foto: El hotel Don Pedro, incluido en la investigación del caso Plan Territorial/ Lorenzo, diariodemallorca.es
El Supremo anula el proyecto de la variante de La Vila, abierta hace 3 años
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal señala que no existía estudio de impacto ambiental ni de seguridad y salud y confirma el fallo anterior del TSJ de Madrid. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha anulado la aprobación del proyecto de construcción de la variante de la N-332 a su paso por Villajoyosa que en el año 2000 sacó adelante la Dirección General de Carreteras.
Lo que hace el tribunal es confirmar la sentencia dictada en septiembre de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual declaró las actuaciones no ajustadas a Derecho y ordenó que el procedimiento "deba retrotraerse hasta el momento inmediatamente anterior a la presentación del proyecto para su aprobación", que tuvo lugar en el año 2000 con gobierno del PP en el país.
El órgano judicial indicaba además que debía aportarse con el mismo un estudio de impacto ambiental y otro de seguridad y salud. Contra aquella resolución, el Abogado del Estado interpuso un recurso de casación en enero de 2004, que fue admitido por el Tribunal Supremo en octubre del año siguiente. La carretera comenzó su construcción en noviembre de 2002 y se abrió al tráfico en marzo de 2005.
En los fundamentos de Derecho de la actual sentencia, el magistrado alude a necesidad de aportar ambos estudios en los proyectos de edificación y obras públicas, según se establecía en el Real Decreto 1629/97, cuya entrada en vigor se produjo en octubre de ese año. "El proyecto que nos ocupa fue aprobado en fecha posterior a su entrada en vigor" por lo que "debe entenderse que era de aplicación" indica el tribunal, en alusión a la obligatoriedad de incorporar los estudios ambientales y de seguridad. Incidía también en que el presupuesto de ejecución de la obra -25,1 millones de euros- y los costes de expropiación -3,03 millones de euros- son muy superiores al mínimo establecido el el Real Decreto para las obras que deben aportar dichos informes. Tras exponer los documentos necesarios que deben incluirse en el estudio de Seguridad y Salud, la sentencia concluye que "la Administración no ha acreditado que se haya unido al proyecto un estudio con las condiciones establecidas". En cuanto al de impacto ambiental, el Tribunal Supremo considera igualmente que no se cubren "todos los aspectos exigidos". En definitiva, que el proyecto aprobado no cumplía con los requisitos exigidos por la ley.
La sentencia hace referencia asimismo a los motivos esgrimidos por la Administración a la hora de presentar su recurso y recalca sobre éstos que "deben ser rechazados" porque el TSJ no infringe en su fallo el Real Decreto antes citado y porque el segundo motivo del recurso "adolece de la falta de cumplimiento del requisito formal de efectuar una crítica rigurosa de la sentencia" y se limitaba a citar disposiciones legales. Más aún, el Supremo precisa que el TSJ acertó al exigir que el proyecto de la variante incluyera el estudio de impacto ambiental "que garantice la tutela de los intereses medioambientales afectados por la construcción de dicha obra pública".
Un ex concejal del PSOE siguió hasta el final del litigio
El ex concejal socialista y ex secretario general de la agrupación de La Vila Joiosa, Salvador Marcet, fue la única persona que llegó hasta el final del litigio, aunque en su periplo judicial estuvo acompañado por la también ex edil vilera del Bloc, Magdalena Soler, quien estuvo con él hasta después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitiera su primera sentencia favorable. Antes, la causa la habían comenzado los dos citados y el todavía concejal Pedro Lloret, de Iniciativa Independiente, que actualmente forma parte del gobierno cuatripartito de la localidad.
* Información - JULIO MARÍN - 19.04.2008
Foto: Imagen de ayer de la variante de la N-332 a su paso por Villajoyosa/ ROSARIO FRAILE, diarioinformacion.com
Benidorm ignoró 93 derribos de obras ilegales equivalentes a 11.000 metros
ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP, ha ignorado 93 órdenes de demolición en el periodo comprendido entre 1994 y 2004, lo que ha permitido legalizar más de 100 viviendas, locales y cerramientos construidos sin licencia y fuera de ordenación.
Los expedientes se refieren a obras que, en total, ocupan más de 11.000 metros cuadrados, la mayoría cerramientos sin licencia en comercios, pero varios por casas construidas en zona no urbanizable. La Ley Urbanística Valenciana fija en cuatro años la vigencia de la orden de demolición, por lo que las firmadas a partir de 2004 todavía estarían vigentes. Transcurrido ese plazo, el Consistorio ya no puede actuar, lo que equivale a su legalización.
El concejal de Urbanismo, José Ramón González, justifica la situación en que en Benidorm "todos los gobiernos anteriores han actuado igual", y señala que el Consistorio "no entrega licencia de apertura" a establecimientos. Si el consistorio ejecutara las demoliciones "sería injusto para los perjudicados".
El PP recuerda que el problema es heredado e intrínseco al modelo de Benidorm, y ninguna corporación de las configuradas en democracia ha logrado dar solución. Al poco tiempo de acceder al poder este partido, en el año 1994, Francisco Saval, entonces concejal de Urbanismo y hoy responsable de Hacienda, anunció solemnemente que la "impunidad que ha existido sobre estos temas ha terminado". Abrió decenas de expedientes y ordenó 68 demoliciones, que nunca se llegaron a materializar. Los dirigentes del PP fueron modulando su discurso al comprobar que esta práctica es masiva en el municipio. De hecho, son varios los cargos del PP con infracciones urbanísticas, entre ellos, la familia de la primera teniente de alcalde y diputada regional, Ángela Barceló, que acumula seis expedientes con infracciones muy graves.Las demoliciones de obras ilegales que el Ayuntamiento de Benidorm no ha ejecutado dentro de los plazos afectan a chalés, apartamentos, plantas añadidas a viviendas, pérgolas, toldos metálicos, pubs, comercios, restaurantes, discotecas. Una sociedad construyó 15 apartamentos de 32,4 metros en el antiguo canódromo, en la partida Pla del Azagador, en suelo no urbanizable. La comisión de Urbanismo aprobó el 7 de febrero de 2003 la "demolición inmediata", y aún hoy continúan en pie. El 31 de marzo de 2000 el consistorio decretó la demolición de un almacén de 400 metros cuadrados que la sala de fiestas Benidorm Palace construyó en el parking que vulneraba las ordenanzas. Esta sala es utilizada hoy y ya nadie puede actuar.
Según reconocen fuentes municipales tan solo se ha ejecutado una orden de demolición desde 1994. Afectó a siete viviendas tipo dúplex que se construyeron en 1991 en un almacén de juegos recreativos de la urbanización de L'Almafrà, sin licencia y sin las condiciones básicas de habitabilidad. El expediente pululó por los despachos de urbanismo y la ejecución del derribo no se hizo efectiva hasta 2005, casi 15 años después, y por mandato judicial.
El concejal de Urbanismo, José Ramón González, ya dispone de un informe jurídico de viabilidad para regularizar los retranqueos, lo que a su juicio es el punto de partida para "solucionar esta anomalía de nuestro modelo urbanístico". El documento contempla las tres situaciones de las construcciones fuera de ordenación: las que ya han sido patrimonializadas porque han pasado cinco años desde la infracción, las que están vigentes y se puede actuar sobre ellas y las que se construirán en el futuro. En los últimos años y para evitar una mayor degradación de la situación urbanística, el Ayuntamiento de Benidorm solo otorga licencias provisionales de obra y de apertura a las construcciones con más de cuatro años condicionadas siempre -según los servicios jurídicos- a que en caso de que el Ayuntamiento lo solicite se demolerá, lo que nunca ha sucedido.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 19/04/2008
Foto: Benidorm - alicante confidencial
El encierro contra Los Merinos reúne unas 200 personas
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SUR/Málaga* : Desde las diez de la mañana de ayer la Plataforma Cueveña del Agua estaba encerrada en el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro. La causa de esta protesta no es otra que la construcción del complejo urbanístico de Los Merinos.
Unas 200 personas se concentraron a esa hora en el Consistorio, a pesar de «ser un día laborable y de las condiciones climatológicas adversas», apuntó el portavoz de esta plataforma, José Antonio García.
El colectivo cueveño en defesa del agua ha valorado muy positivamente la paralización de las obras de Los Merinos, algo que achacan, en parte, «a las movilizaciones que se han venido realizando durante estos cinco años». La plataforma añade que esta circunstancia no va a frenar la lucha vecinal y que ha supuesto una inyección de moral para seguir luchando por la conservación del medio natural y el ciclo integral del agua.
De manera similar se ha manifestado Izquierda Unida, que ha pedido a la Junta de Andalucía que paralice las obras de manera definitiva.
* Sur - 19.04.08 - E. TIMONET / PLT
Foto: Ronda (Málaga), vista aérea Los Merinos - ecologistasenaccion.org
"Se están cargando la montaña"
ELPAÍS/Barcelona* : A los pies de la plataforma del legendario avión del Parque del Tibidabo, empieza el Camí del cel que conduce a las atracciones para los más pequeños, como Les llaunes y el río grande y también... a la ladera que mira a Barcelona, donde ya se han talado 34 encinas y un ciprés, de varios metros de altura, ya pasto de trituradoras.
"No pasad. Disculpad las molestias. Estamos trabajando en la mejora de este espacio", se leía en unos paneles que cubrían las vallas entre la explanada y el Camí del cel. Tras ellas, se veía un grupo pequeño de empleados con un coche de Parques y Jardines, además de un vigilante con un pastor alemán con bozal.
"Es normal tener seguridad: siempre hay", explicaron responsables del parque, ayer vacío y fantasmagórico por culpa de la niebla. No es tan normal, sin embargo, la presencia intimidatoria de guardas con perros destinados a disuadir a los ecologistas para que no se vuelvan a encadenarse a los árboles. Tras la acción del jueves de seis miembros del grupo SOS Tibidabo, el parque teme nuevas protestas y la visita ilustre de Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, implicada en la lucha en favor de las encinas.
Pero la tala ya se ha consumado y ya se ven claros en la ladera que baja hasta la atracción de la Mina d'or. El Ayuntamiento desdramatiza su plan porque asegura que si al principio iba a cortar 50 encinas y a trasplantar ocho, ahora ha talado 35 y trasplantará 22 además de plantar después 190 árboles más. La primera encina viajó el jueves en un camión a un vivero del Montseny y la próxima semana le seguirán cuatro o cinco más. "Son árboles centenarios y bicentenarios. Los biólogos dicen que es muy difícil que sobrevivan", explicaba ayer junto a su casa Marta Ruiz, vicepresidenta de la asociación de vecinos, que agrupa a 55 familias. SOS Tibidabo y los vecinos recelan de los números del Ayuntamiento: calculan que 200 encimas más acabarán afectadas: 100 por culpa de los 109 pilones de hormigón que soportará la montaña rusa de 750 metros de largo y 100 más porque verán dañadas seriamente sus raíces. El grupo denuncia que se perderá un ecosistema único en la ciudad con la agravante que encima se produce en época de sequía. "Las encinas y los robles son los árboles propios de aquí. Se están cargando la montaña y su cima", lamentó Ruiz que confesó que lloró tras la tala. "Estamos a favor de un parque familiar pero el Tibidabo ya no puede asumir más visitantes ni tantos coches, ni tampoco la urbanización de nuevas viviendas. No es sostenible". La lucha no ha acabado. SOS Tibidabo seguirá con más acciones "para evitar la aniquilación de nuestra naturaleza, portadora de oxígeno y lluvia".
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL - Barcelona - 19/04/2008
Foto: Barcelona, torre Collserola - wikimedia.org
Juicio popular contra la violencia urbanística
SOMNISDESPERTS* : El sábado 19 de abril del 2008, a las 18h al Centre Cultural El Casino de Manresa (Barcelona) tendrá lugar el Judici Popular contra la violència urbanística. A partir del análisis de lo que ha envuelto la okupación de Can Cristu sentaremos al banco de las acusadas a diversas representantes de la trama que fomenta la violencia urbanística.
LA VIOLENCIA URBANÍSTICA SE RIGE POR LA LEY DEL MERCADO...
Siguiendo la lógica del mercado, la vivienda se convierte en un negocio más dónde mientras se enriquecen unas pocas, las demás sufrimos las consecuencias. Igual como pasa en los diversos ámbitos de la vida social, como en el trabajo asalariado, dónde nos pagan una miseria por los beneficios que generamos, o en el trato con el medio ambiente, la destrucción del qual va más allá del escaso reciclaje "ciudadano". Y todo, emparado por la legislación del Estado, que defiende la propiedad privada y el libre mercado como puntales de la sociedad.
En medio de esta situación malvivimos entre necesidades creadas de consumo compulsivo y necesidades básicas que cada vez cuestan más de cubrir. Entre hipotecas económicas y alienación apática, que nos convierte en individuos pasivos.
Y es todo esto lo que nos lleva a la violencia urbanística, que parte de las leyes del Estado y está dirigida por el conglomerado del lobby inmobiliario.
Es a partir de ahí que hay quien se indigna y protesta por intentar transformar la realidad. En asambleas, manifestaciones, acciones, okupaciones… Convirtiendo-nos, mediante el sistema judicial y los grandes medios de comunicación, en una "minoría criminal" a los ojos de quien no quiere analizar el conflicto en profundidad.
¿QUIÉN HAY DETRÁS DE LA VIOLENCIA URBANÍSTICA?
Lobby inmobiliario
La trama entre bancos, cajas, promotoras, constructoras y inmobiliarias, conforma los diversos agentes del negocio privado, los que nos han llevado a la situación insostenible del acceso a la vivienda. Se han inflado económicamente a costa de nuestras hipotecas, de nuestros alquileres desorbitados, de nuestras necesidades.
Estado
Perdiendo su protagonismo en la dirección de la sociedad, está completamente al servicio de esos amos del mercado. Su legislación posibilita los macro planes urbanísticos que convierten nuestras ciudades en espacios modernos, artificiales y tristes, sin vida social, dónde todo gira alrededor de la casa, el trabajo y la zona comercial.
Des de los ayuntamientos vemos cómo se fomenta y se permiten las desigualdades que crea el negocio de la vivienda y todo el urbanismo en general.
Engranaje represivo
Para que todo esté "en su lugar" nos encontramos con las diversas herramientas que acusan, persiguen, juzgan y condenan a quien intenta transformar ese negocio y su marco legal.
Medios de comunicación
Serviles portavoces de las grandes empresas y de sus respectivos gobiernos, se encargan de reafirmar sus intereses económicos y de criminalizar toda protesta, manipulando la "opinión general".
¿Y POR QUÉ UN JUICIO POPULAR?
La política institucional es incapaz de hacer frente a esta problemática, entre otras cosas, porqué se alimenta de ella económicamente, y porque hacen falta soluciones profundas que habrían de pasar por una transformación social incompatible con los intereses de la actual clase política.
Las clases sociales víctimas de la problemática de la vivienda, des de la "transición democrática" están sometidas a un bombardeo ideológico constante que aleja la política de la participación col•lectiva.
A través del marketing del consumismo, con el fomento del individualismo y la competitividad como herramientas para resolver los problemas, con el "progreso económico" cómo referente para situarse en el status social deseado, y con la desorientación organizativa, producto de la burocratización y institucionalización de las formas organizativas tradicionales, se ha ido consolidando el muro social que dificulta la acción colectiva.
Al mismo tiempo, el engranaje de la justicia institucional se ha ido configurando a partir de unos esquemas dónde siempre prevale la defensa de la propiedad privada, dónde se individualizan los conflictos aislándolos de toda crítica de la estructura social, dónde se muestra claramente la discriminación en relación a los recursos económicos.
En el caso de los conflictos de la vivienda, los tribunales judiciales son incapaces de proteger los intereses colectivos, los intereses sociales. Las leyes están hechas para proteger los negocios y las propiedades de los amos del mercado, sus víctimas sólo podemos movernos buscando rendijas y contradicciones dentro de un sistema que siempre termina condenándonos.
Por eso, cuándo optamos por la protesta pasamos de ser víctimas a ser acusadas. En el momento en que okupamos un espacio abandonado por simple necesidad de un alojamiento y para protestar contra un modelo que impide el acceso a una vivienda digna, pasamos a ser las acusadas de vulnerar el derecho a la propiedad privada, somos denunciadas y vivimos en primera persona toda esa injusticia del sistema judicial. El espacio okupado termina siendo desalojado y puede continuar abandonado. Al final nada tiene que ver la necesidad social, nada que ver el precio desmesurado del mercado inmobiliario, nada que ver los indicios descarados de especulación, sólo prevale el derecho a la propiedad privada.
Ante esta situación creemos que es necesario repensar la problemática. Es necesario replantear-nos el modelo de la vivienda y el modelo de sociedad. Es necesario señalar los diferentes agentes que provocan las injusticias y observar su actuación y sus objetivos. Es necesario encontrar un espacio dónde las víctimas de toda esa violencia urbanística podamos encontrarnos no solo para compartir "las penas", sino para ver que tenemos que ser capaces de encontrar vías colectivas de solución del conflicto. Es necesario replantear el sistema judicial, experimentar con prácticas de juicios populares, dónde se vayan encajando el análisis y la contextualización social, los parámetros éticos y la participación colectiva. E ir asentando las bases de un nuevo hacer y un nuevo actuar, a partir de la educación de la consciencia, que recoja toda la rabia contra la injusticia del sistema vigente, que recoja toda la fuerza de la organización colectiva, toda la serenidad de las que nos movemos por una convicción bien racional y todo el sentir y la emotividad de participar en el cambio de la sociedad.
LO VAMOS A PROBAR, PARA EMPEZAR...
Conscientes de la dificultad de asumir en un solo acto el análisis, denuncia y condena de todo el entramado que produce la violencia urbanística, hemos optado por partir de un caso concreto, la okupación de Can Cristu, para ir analizando pinceladas de la problemática del urbanismo y centrándonos en el acceso a la vivienda.
Este Juicio Popular solo es un inicio, es una primera práctica de dotar de contenido teórico la protesta y la búsqueda de salidas al conflicto de la violencia urbanística.
Habrá análisis globales y en abstracto y análisis más concretos, así como acusaciones a diversas representantes de las grandes tramas que envuelven el mercado inmobiliario.
Vamos a dejarnos muchos aspectos para analizar, vamos a dejarnos a mucha gente por acusar, lo sabemos, y por eso todo quedará abierto. No es un juicio para cerrar un conflicto, sino más bien para abrirlo.
Esperamos despertar conciencias, esperamos ser una contribución más a la canalización de la miseria y la rabia acumulada ante una violencia urbanística que se ha convertido en un elemento cuotidiano de nuestra sociedad. Esperamos, al menos, dejar las cosas claras y fortalecer una base desde dónde enfocar la lucha.
Aunque muy probablemente saldrán culpables, no habrá sentencias dictadas. Juzgaremos a empresarios, juzgaremos a políticos, juzgaremos a los aparatos represivos, juzgaremos a medios de comunicación… Pero solo para situarlos en su lugar. A medida que el movimiento de protesta se vaya desenvolviendo y transformando en movimiento de resistencia, en movimiento de revuelta, en revolución… entonces les irán llegando las sentencias.
Más información:
www.somnisdesperts.org
http://www.somnisdesperts.org/pdf/aquisespecula.pdf
* Rebelión - 19-04-2008
