Ecologistas en Acción de Andalucia* se ha dirigido a la consejera de Medio Ambiente para demandarle un cambio sustancial en los criterios que sigue esa Consejería para evaluar el impacto ambiental de los planes urbanísticos. Hay que advertir y denunciar que el caos urbanístico de la mayoría de los municipios andaluces ha sido provocado por Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) que tienen informe favorable de Medio Ambiente.
Es evidente que el crecimiento urbanístico que ha experimentado Andalucía en estos últimos años, y los planes de expansión que incluyen la práctica totalidad de los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs), es totalmente insostenible desde los puntos de vista ambiental, económico y social. El ritmo de ocupación del suelo en Andalucía ha triplicado el del crecimiento de la población, colmatando zonas litorales, áreas metropolitanas e, incluso, municipios de espacios naturales. El desmesurado peso específico del entramado financiero-constructor ha sido el responsable de esta situación, pues ha venido presionando política y financieramente (bien vía convenios legales, bien vía sobornos ilegales) a las administraciones locales para que pongan más y más suelo a su disposición para construir nuevas viviendas. Esta política irresponsable de basar el “desarrollo” en la mera construcción de viviendas ha agravado en Andalucía la crisis económica que padece nuestro país.
Ecologistas en Acción ha venido denunciando en sus alegaciones a los PGOUs y demás figuras de planeamiento urbanístico que este modelo es insostenible desde el punto de vista ambiental, ineficiente desde el punto de vista productivo, e insolidario desde el punto de vista social. El tiempo y los hechos nos están dando la razón.
La práctica totalidad de los PGOUs que se han venido aprobando desde 1994, año en que se aprobó la Ley de Protección Ambiental de Andalucía que obligaba a someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, incluyen desmesuradas previsiones de crecimientos claramente especulativos, y todos se han aprobado con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva aprobada por la Consejería de Medio Ambiente (CMA). Muchos de estos PGOUs incluyen macrourbanizaciones asociadas a campos de golf, sin tener siquiera garantía de mantenimiento de los servicios necesarios ni del agua.
Esta vorágine especulativa y este modelo insostenible, reconocido en estudios e informes oficiales, e incluso en Planes de la propia Junta como el POTA, no hubiera sido posible sin el beneplácito de la CMA, que nunca evalúa en las DIAs las consecuencias ambientales a corto, medio y largo plazo de estos crecimientos urbanísticos. Tampoco se analizan ni evalúan los impactos de los planes urbanísticos sobre el paisaje, los recursos naturales o su repercusión sobre impactos globales como el cambio climático. Para la CMA estos impactos parecen no tener la menor importancia. Tampoco se incluyen en las DIAs la realización de balances ecológicos, de forma que se pueda evaluar globalmente las consecuencias del crecimiento urbanístico propuesto en los PGOUs en cuanto a aumento o disminución del consumo de recursos naturales básicos (agua, energía, suelo, materiales), así como de la correcta gestión de sus ciclos.
La CMA ignora incluso los objetivos, criterio, normas, líneas estratégicas, medidas y orientaciones de sostenibilidad ambiental que se incluyen en normas legales aprobadas por la propia Junta de Andalucía y/o el Parlamento Andaluz, como son el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía. Ésta última, promovida por la propia CMA, nunca se menciona en las DIAs.
Una vez aprobadas las correspondientes DIAs, la CMA no suele realizar un seguimiento de su cumplimiento. Incluso cuando se denuncia los incumplimientos de las condiciones vinculantes que incluyen, la CMA suele contestar que no le compete el hacerlas cumplir, pues asegura que es una obligación de los propios Ayuntamientos. La CMA tiene la obligación legal de supervisar la aplicación de las DIAs que aprueba, su actitud negligente supone una clara dejación de funciones que fomenta todo tipo de ilegalidades urbanísticas.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción entiende que es necesario un cambio sustancial en los procesos de evaluación ambiental de los planes urbanístico, para que se incluyan criterios de sostenibilidad que frenen los modelos especulativos que provocando impactos irreversibles sobre el medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje de Andalucía.
Por todo ello hemos solicitado a la consejera:
· Que se replantee la metodología de la evaluación del impacto ambiental del planeamiento urbanístico, incluyendo objetivos y criterios de sostenibilidad.
· Mantener una reunión para analizar las modificaciones que se deben introducir en la metodología de evaluación del impacto ambiental del planeamiento urbanístico.
* Ecologistas en Acción de Andalucía - 22.01.2009
Cambio sustancial en los procesos de evaluación ambiental de los planes urbanísticos
El diputado y 'exconseller' balear del Territori declara ante el juez sobre compras inmobiliarias
ELPERIÓDICO/Palma* : El diputado autonómico y exconseller insular de Ordenació del Territori por Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens, ha prestado declaración durante dos horas ante el juez sobre una serie de adquisiciones inmobiliarias conocidas durante la instrucción del caso Son Oms, de corrupción urbanística.
Vicens, que ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a las 10.00 horas, ha declarado desde las 11.30 hasta las 13.30 ante el juez Antoni Capó, y ha respondido a todas las preguntas del fiscal Anticorrupción Joan Carrau, según han indicado fuentes del caso.
El diputado ha salido del juzgado después de que el juez no haya pedido ninguna medida cautelar contra él. El exconseller ha salido del Tribunal solo y ha declinado comentar a la prensa el contenido de su declaración: "Todo lo que tenía que decir, se lo he dicho al juez", ha afirmado. Tras Vicens, siguen declarando ante el magistrado otros dos imputados, además de un testigo.
Se enfrenta a 19 años de cárcel
Los imputados citados hoy por el juez son, además de Vicens, su esposa, Antònia Martorell, y la administradora única de la sociedad Metalumba, Elisabeth Diéguez. Como testigo declara un miembro del grupo inmobiliario Gea, una de las sociedades investigadas en la causa por sus relaciones con Vicens.
Según las mismas fuentes del caso, la declaración de hoy de Vicens ha versado sobre una serie de adquisiciones inmobiliarias descubiertas durante la instrucción de este caso de corrupción relacionado con el polígono palmesano de Son Oms, por el que el diputado autonómico está en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros.
Vicens, aforado y exconseller insular del Territori cuando se produjeron la mayoría de los hechos, está imputado por ahora de cinco delitos, entre ellos falsedad, estafa y blanqueo, y podría enfrentarse a una pena que puede rondar los 19 años de prisión. Suspendido por su partido por su imputación en Son Oms, Vicens aún ocupa un escaño en el Parlament balear dentro del grupo mixto.
* El Periódico - EFE - 23.01.2009
Foto: Palma, polígono Son Oms - diariodemallorca.es
Vecinos de Aluche piden que la "operación campamento" prime lo social sobre lo especulativo
ECODIARIO/Madrid* : La Asociación de Vecinos de Aluche (AVA) expresó hoy su confianza en que la "Operación Campamento" prime los equipamientos sociales sobre la edificación residencial para que la prioridad sea social y no especulativa.
Después de que la delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, anunciara ayer el desbloqueo de la "Operación Campamento", esta organización señaló, en una nota de prensa, que "las propuestas de las asociaciones de vecinos solicitaban un replanteamiento de esta iniciativa para que primaran los equipamientos sociales por encima de la edificación residencial, a fin de que la prioridad fuera social y no especulativa.
"Se solicitaba una reducción de la edificabilidad a través de la eliminación de las parcelas destinadas a la construcción de vivienda libre y la consiguiente redistribución de las parcelas de vivienda protegida y dotacionales, aumentando la superficie destinada a usos sociales públicos y ampliando la zona de protección de los entornos naturales de los arroyos Meaques y Valchico", añadió.
Los vecinos de Aluche esperan que el nuevo plan parcial de la operación contemple estas peticiones y tenga en cuenta que gran parte de la misma afecta a terrenos que estaban declarados como no urbanizables con protección ecológica en el Plan General de 1985 y por tanto se encuentran afectados por la sentencia de 3 de julio de 2007 del Tribunal Supremo, lo que podría generar problemas legales en el futuro.
Finalmente, esta organización advirtió a todos los vecinos de que surgen asociaciones y cooperativas "con promesas infundadas que se aprovechan de las necesidades de vivienda de la gente con el objetivo de obtener beneficios económicos".
"Solicitamos a las administraciones, y en especial a la delegada de urbanismo, que no se limiten a denunciar estas prácticas, sino que actúen legalmente para impedirlas", concluyó.
* El Economista- Ecodiario - Servimedia - 22.01.2009
Foto: Madrid, terrenos Operación Campamento - soitu.es
El alcalde de Andújar declarará en una investigación por delitos urbanísticos
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IDEAL/Jaén* : El alcalde de Andújar, Jesús Estrella, ha sido llamado a declarar «en calidad de imputado» en una investigación por supuestos delitos urbanísticos, según han confirmado letrados que representan a otras personas encartadas en el asunto y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José María Casado, al que el propio Estrella envió un escrito argumentando que él no tenía relación con el asunto.
Su planteamiento no va a ser aceptado ya que, según el responsable del Ministerio Público en la provincia, no hay motivo para que no sea llamado a declarar en el juzgado de Instrucción número 2 de Andújar, que lleva la investigación.
El alcalde deberá aportar a la Justicia todos los datos que posea sobre una serie de construcciones a pocos kilómetros de la ciudad, a la izquierda según se sube por la carretera del Santuario. Por estas obras en suelo supuestamente no urbanizable ya hay -al menos, porque junto con el alcalde puede haber alguna otra persona llamada a declarar- diez imputados más, entre propietarios, aparejadores, además de técnicos municipales y un concejal en quien Jesús Estrella tenía delegadas competencias en materia de disciplina urbanística cuando se hicieron las obras en cuestión. En este momento del proceso se han apreciado indicios de delitos, pero no hay ninguna acusación formal contra nadie.
La investigación se arrastra desde el mes de julio pasado. En esa época ya los especialistas de la Unidad de Delitos Urbanísticos del Instituto Armado detectaron la implicación de una decena de personas que podrían haber cometido delitos contra la ordenación del territorio. Unos por construir en zona no autorizada y otros por asuntos relacionados con la tramitación y concesión de licencias y permisos municipales, según confirmaron a principios de diciembre pasado fuentes de la Guardia Civil y de la sección de la Fiscalía especializada en delitos contra el Medio Ambiente.
Sin embargo la investigación, que no estaba concluida, dejó de avanzar por temas administrativos. Aún faltaba por analizar documentación relativa al caso. Aún así, los investigadores consideraron que había materia suficiente como para poner las pruebas recabadas en manos de los tribunales de Justicia y que fueran ellos los que, caso de considerarlo necesario, pidiesen nuevas diligencias.
* Ideal - J.E.P. - 23.01.2009
Foto: URBANISMO. Vista del casco urbano de Andújar en una imagen de archivo. IDEAL
