Gibraltar: La Sociedad Ornitológica alerta de los excesos urbanísticos

EUROPASUR* : La Sociedad Ornitológica y de Historia Natural asegura que la mayor amenaza para el entorno natural de Gibraltar "son las numerosas iniciativas urbanísticas en proyecto y aquellas que se están llevando a cabo actualmente en el Peñón". Esa fue una de las conclusiones extraídas durante la asamblea general anual celebrada hace unos días.
En el transcurso de la misma se volvió a elegir de forma unánime a los miembros del consejo.

El secretario general de la sociedad, John Cortés, que seguirá formando parte además de la junta de directores del parque de Los Alcornocales, agregó a este respecto que seguirán trabajando sobre este problema con el Gobierno y los promotores urbanísticos.





* EuropaSur - Gibraltar - 11 de Diciembre de 2007
Foto: Gibraltar, vista bahía con los excesos urbanísticos - avired.com



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Ecologistas en Acción denuncia al Ayuntamiento de Marbella por no revisar 1.000 licencias urbanísticas

ELPAÍS* : Ecologistas en Acción ha denunciado por supuesta prevaricación administrativa al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) por no revisar unos 1.000 expedientes de licencias urbanísticas y otros acuerdos urbanísticos dictados por las distintas corporaciones de la época iniciada por Jesús Gil entre julio de 1991 y marzo de 2006, que contravienen la legalidad vigente.

El equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz se niega a revisar estos expedientes alegando falta de personal en las dependencias de urbanismo y ha decidido esperar a que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, previsto para otoño de 2008.

Permitir actos ilegales

La denuncia fue interpuesta ayer, lunes, por la mañana en la Fiscalía malagueña y supone el comienzo de una campaña emprendida por esta asociación ecologista para evitar que las administraciones locales permitan que las obras con licencias irregulares o nulas sigan adelante por la inoperancia de los ayuntamientos. "No iniciar y tramitar un expediente de revisión de oficio es simplemente ignorar deliberadamente lo que la ley establece, dejar de hacer algo obligado, permitir por la vía de inactividad que los actos ilegales sigan generando efectos", recoge el escrito de denuncia.

Ecologistas en Acción subraya en el texto que la Consejería de Obras públicas de la Junta de Andalucía, el Grupo Socialista de Marbella e incluso el propio servicio jurídico del Ayuntamiento de Marbella han solicitado la revisión de licencias sin éxito desde el pasado verano.

La Comisión Gestora, órgano de gobierno constituido tras la disolución de la corporación marbellí debido al caso Malaya, comenzó a revisar parte de estos expedientes durante su mandato. Sin embargo, tras las elecciones, el nuevo equipo de gobierno decidió paralizar estas actuaciones hasta que el PGOU se apruebe definitivamente. "Denegar la revisión de licencias ilegales al amparo de un PGOU que no está vigente equivale, en cierta medida, en cuanto a su carácter antijurídico, al acto de otorgar licencias en base a un plan no aprobado, hecho éste por el que se encuentran imputados penalmente los integrantes de las comisiones de gobierno de las distintas corporaciones del Grupo Independiente Liberal", mantienen los denunciantes.

"Malestar social"

La asociación conservacionista considera que la situación generada en Marbella genera "malestar social" y propicia un sentimiento generalizado de que las leyes "están para incumplirlas", con el riesgo de inestabilidad y conflicto social que dicho comportamiento puede provocar.








* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 11/12/2007
Foto: Marbella (Málaga), puerto deportivo - J.Rojas (El País)



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Carballo: Los municipios sin PXOM carecen de suelo para equipamientos

LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : El retraso de años que muchos ayuntamientos de la comarca llevan en la aprobación de sus planeamientos urbanísticos puede convertirse en un problema para muchos de esos municipios. La falta de planes no solo facilita la continuidad de un crecimiento urbanístico anárquico, sino que además supone para los municipios con pocos recursos quedarse sin suelo que destinar a equipamientos.

Así, en Fisterra es muy limitado el número de parcelas propias que el Ayuntamiento puede ofrecer para determinadas actuaciones, como la construcción de un centro de salud, aprobado hace cerca de dos años y que por ahora no ha salido de los planos.

El de Fisterra no es un caso aislado. El Concello de Corcubión, por ejemplo, tampoco posee solares importantes en los que construir, si fuese necesario, un edificio público.

También Cee, donde las parcelas municipales en el Recheo están cerca de agotarse, podría haber problemas si los planes no salen adelante en un tiempo prudencial. El alcalde de la localidad, Ramón Vigo, explicaba ayer que el objetivo del equipo de gobierno es aprobar el plan durante el presente mandato. En el caso de Cee, explica Vigo, está prácticamente cerrado el planeamiento en las zonas rurales. Queda por plantear cómo quedarán en la localidad las futuras áreas de crecimiento en el casco urbano.

Mientras no haya planeamientos, los promotores no tendrán la obligación de hacer cesiones de terrenos para equipamientos, complicando así el desarrollo de infraestructuras locales.

Algunas empresas aprovechan todavía la falta de planes para actuar en un contexto generalizado de mayor permisividad, aunque la falta de planes también pueden acarrear problemas.

Para el alcalde de Cee, las normas subsidiarias se prestan a interpretaciones, lo que posibilita que un equipo municipal de urbanismo pueda considerar ilegal algo que otro ve sujeto a la legalidad.

Según el regidor de Fisterra, José Traba, la ausencia de un planeamiento crea una inseguridad jurídica que repercute negativamente tanto en los promotores como en los demandantes de vivienda.

Existen también municipios en los que las constructoras pueden levantar en la actualidad, sin PXOM, un número de alturas que la Xunta no aprobaría en un planeamiento moderno.

Son pocos los municipios de la Costa da Morte que cuentan ya con un plan. De los seis que hay, cinco pertenecen a Bergantiños. Se trata de Cabana, Coristanco, A Laracha, Ponteceso y Carballo -que trabaja en un nuevo texto-. El resto sigue empleando normas subsidiarias o, como en el caso de Dumbría, reglas provinciales de los años 70.

En las comarcas de Soneira y Fisterra solo un municipio, el de Zas, cuenta con un PXOM en vigor, aprobado hace tan solo unas semanas. La ausencia de un reglamento claro hace que proliferen las denuncias. La falta del mismo deja cierta libertad a las empresas para urbanizar de un modo -como en el caso de La Anchoa, en Fisterra, o Quenxe, en Corcubión- que difícilmente lograría el visto bueno de Urbanismo.

En los municipios con normas subsidiarias tampoco se aplica el porcentaje de vivienda protegida al que obliga la Xunta.

Los problemas de los planes tienen un añadido más: la lentitud con que la Xunta de Galicia los examina una vez aprobados inicialmente y las demoras en aplicarles las modificaciones indicadas, algo que supone -como ocurrió en el municipio de Zas- estar años sin poder conceder licencias.








* La Voz de Galicia - 11/12/2007
Foto: Carballo (A Coruña) - LuisM. Bugallo Sánchez, wikipedia.org



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El TSJ de Andalucía decide procesar al juez De Urquía, a Roca y a otro imputado

LAOPINIÓN/Málaga* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido continuar la causa abierta por los delitos de prevaricación y cohecho contra el juez Francisco Javier de Urquía, suspendido de forma provisional; el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, y un tercer imputado Arnau F.A.

Según el auto de elevación a procedimiento abreviado, al que tuvo acceso Europa Press, el instructor Miguel Pasquau entiende que tras finalizar la investigación "lo pertinente no puede ser el sobreseimiento ni definitivo ni provisional, sino la continuación de la causa" por los trámites del procedimiento abreviado respecto a los tres imputados.

Así, añade, indiciariamente, a los dos delitos iniciales un tercero de asesoramiento accidental al servicio de un particular en asunto en el que había de resolver. Esta resolución se podrá recurrir en reforma y en apelación, aunque una vez sea firme, se dará traslado de las actuaciones al fiscal para que pida la apertura de juicio oral, formulando en este caso escrito de acusación, o el archivo de la causa.

Estas diligencias se iniciaron en julio de este año al remitir el entonces instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, un informe policial y otro del fiscal, en los que se apuntaban presuntos pagos de Roca a De Urquía supuestamente relacionados con la actuación profesional del juez y asesoramiento de éste para subsanar defectos procesales de una querella.

Dentro de esta causa, han declarado en dos ocasiones tanto el magistrado suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial como el ex asesor de Urbanismo marbellí, aunque también han comparecido varios testigos, propuestos por todas las partes personadas.

El instructor asegura que existen indicios racionales para creer que Roca entregó cantidades de dinero a De Urquía "en consideración a su condición o actuación como magistrado y que éste aceptó la dádiva", y no descarta que fuera el propio juez el que la solicitara, una circunstancia que tendrá que ser valorada por las acusaciones y por la sala.

PAGOS PARA LA COMPRA DE LA VIVIENDA.

Las cantidades de dinero a las que hace referencia el auto son 63.000 euros y 10.800 euros, que se supone entregó Roca a Arnaud F.A., para que éste se la entregase al juez que pagaría de este modo en B dicha cantidad al formalizar el contrato de compraventa de un piso que adquirió en la urbanización Azalea Beach-Fase III de Marbella.

Roca actuaría así después de que en marzo de 2006, el juez De Urquía, en el ejercicio de sus funciones, "favoreciera voluntariamente" los intereses de una de las partes en un procedimiento, en concreto a Roca, a quien asesoró a través de Arnaud F.A., "con la finalidad de conseguir el conocimiento de un asunto de especial relevancia", que era la suspensión de un programa informativo.

El 14 de marzo de 2006 en el Juzgado de Instrucción 2 de Marbella se recibió una denuncia de Roca contra Cristóbal Toro Ortiz, por supuestos delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, por un programa de televisión que emitía Telemar, y en la que solicitaba la medida cautelar de suspensión inmediata de la emisión.

Aunque el día 15 el juez acordó incoar las diligencias y estimó la medida cautelar prevista, posteriormente, ese mismo día, anuló dicha resolución al no reunir la denuncia los requisitos exigidos. Fue entonces, según consta en el auto, se produce una conversación entre Arnaud A.F. y Roca para informarle de que "su amigo" --De Urquía, según el instructor-- le había dicho que era necesario presentar una querella y una papeleta de conciliación.

Si bien la conversación no presenta suficiencia cualitativa y cuantitativa para la realización de un informe pericial de identificación de voz, el instructor por el "entorno circunstancial" y tras oír a De Urquía en las declaraciones considera que "comporta gran fuerza indiciaria", aunque será la Sala la que proceda a su cotejo y valoración si lo estimase necesario.

En cualquier caso y volviendo a la querella, la representante de Roca la presentó pero un día después, que ya no estaba de guardia Instrucción 2, aunque se le entregó una copia de la querella a éste, que dictó sobre la base de una mera copia antes de que fuera turnada la resolución. Lo hizo también "sin competencia para ello" por haber sido turnado a un juzgado distinto.

"FRUTO DE LA AYUDA RECIBIDA".

Por ello, "fruto de la ayuda recibida" por Roca y en "agradecimiento" de la misma, es por lo que, según Pasquau Liaño, cuando Roca tiene conocimiento por Arnaud F.A. --amigo de ambos-- de la intención de De Urquía de adquirir un inmueble, "decide ofrecer la dádiva, que fue aceptada por éste".

El dinero, entiende el instructor, sale del despacho de las oficinas de 'Maras Asesores' S.L., que fue quien medió con los compradores para formalizar el contrato privado que el vendedor le dijo que "Francisco tenía que ver si disponía del dinero", a lo que Roca contestó en una de las conversaciones mantenidas para preparar la documentación "no te preocupes que eso ya lo ponemos aquí, ¿vale?".

La coincidencia en las cantidades, así como los recibos intervenidos uno de los cuales apareció en los archivos informativos de 'Mara Asesores' y las declaraciones de testigos hacen que el instructor "no albergue duda alguna" de que constituyen reflejo de entregas efectivas que Roca hizo a De Urquía para la "excedencia" del precio que figuraría en el contrato privado, 180.000 euros.

Roca medió ocultando deliberadamente su identidad a los vendedores y se interesó luego personalmente por el resultado de la operación, a lo que Arnaud F.H. le dijo que De Urquía "había quedado contento".

La versión ofrecida por el juez, que no tenía además una situación holgada económicamente en las fechas, la considera "no imposible" el instructor de la causa, para quien las manifestaciones del juez que dice que recibió ayuda de su esposa y su padre para la compra "restan en nada fuerza" a los indicios expuestos.

En lo que respecta a la ayuda de su esposa se trata, según el auto, de una "mera manifestación efectuada sin obligación de decir la verdad, dada la condición de cónyuge del imputado" y no se puede deducir cuál fue el dinero que supuestamente le entregó a éste.

Igualmente, su padre, que sí consta que le hizo entregas sucesivas de dinero aunque menores y en fechas posteriores, hizo las manifestaciones como testigo sin juramentar. Es posible, dice el instructor, que las cantidades estuvieran destinadas a ayudar a su hijo en la adquisición de la vivienda, puesto que cuando fue detenido Roca amplió la hipoteca a una cuantía superior.

No cree el juez que De Urquía pusiera en conocimiento que había percibido las cantidades de Roca ni siquiera en el ámbito familiar más estrecho, por lo que apunta incluso que pudo recibir "doble ayuda" de Roca y de su familia para comprar la vivienda.







* La Opinión de Málaga - Europa Press - 11 de diciembre de 2007
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es



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La vivienda en Madrid: "El tamaño no les importa"

ELPAÍS* : Suelo de mármol; cocina nueva, con vitrocerámica; un baño al que no le falta nada; baldas repletas de películas VHS; incluso una puerta blindada. La casa de la corrala de Lavapiés en la que vive Roberto tiene de todo. O casi. "Una vez fui a comprar un puzle de la Gioconda y me di cuenta de que no podía ser de más de 1.000 piezas: no entraría en la mesa. Y una mesa más no cabe en la casa". No dan para mucho 18 metros cuadrados.

"El espacio no tiene por qué limitarte la calidad de vida", asegura este oficial de obra madrileño de 40 años, que lleva siete viviendo en ese minipiso. Los primeros meses pagó un alquiler de 400 euros, hasta que decidió quedarse con el piso por 100.000. Hoy día paga una letra mensual de 425 euros. "Teniendo en cuenta que mi sueldo es de 940, no me puedo permitir mucho más". ¿Seguro? "Lo que no voy a hacer es irme a vivir a otra zona; prefiero esto a un piso de 40 metros en Carabanchel", dice orgulloso, mientras con un gesto similar a un pase torero enseña su habitáculo.

La historia de Roberto es similar a la de cientos de personas que viven en el centro de Madrid. Prefieren una buena ubicación al tamaño, aunque esto suponga vivir en menos de 25 metros cuadrados, el mínimo de habitabilidad establecido por el Ayuntamiento. "Tener todo a mano es algo impagable", asegura Rodrigo, un actor de 36 años. Por un estudio de 20 metros en la calle de la Escalinata (cerca del Teatro Real) paga 410 euros al mes. "No necesito más, tiene todas las características de una casa, con la única diferencia de que aquí sólo puedes dar dos pasos; es lo que tienen los armarios con vistas", bromea.

Una relación calurosa con los vecinos es algo que tampoco se paga con dinero. Un hundimiento, hace un par de años, en la corrala en la que vive Roberto, en la calle de Sombrerete, propició la comunicación entre los inquilinos. Se unieron para buscar una solución al problema. Hasta entonces, apenas se conocían. Marta, otra inquilina del inmueble, se troncha cuando se le pregunta cómo se las apaña para montar una cena en una casa tan pequeña que para entrar tienes que agacharte. "Es muy fácil. En vez de sillas, la gente se va al suelo y otros se sientan en el sofá cama", explica esta treintañera que ha trabajado como becaria de investigación hasta hace unos meses.

Aunque resulte inimaginable que alguien pueda vivir en 17 metros cuadrados, Marta lleva allí desde 2002, cuando adquirió el piso por 90.000 euros. "Vivía en la sierra, venir al centro me llevaba más de dos horas de desplazamiento; ahora me muevo a pie", razona. Cuando se le comenta que el suyo es uno de los cerca de 40.000 pisos de menos de 25 metros cuadrados, y por tanto infravivienda que, según el Ayuntamiento, hay en Madrid, Marta replica sin pensárselo: "Es lo que nos podemos permitir con los precios del mercado; pero bueno, yo me apaño: mira, yo tengo hasta frigorífico, ¡y una bañera!".

La mayor preocupación de Marta y Alfredo, una pareja de 34 y 27 años, es ver dónde meten la ropa. Una vez estuvieron a punto de prender fuego a parte de su vestuario. Lo habían guardado en el único altillo que tiene su casa de 20 metros cuadrados en la calle del Amparo. Cuando fueron a sacarlo, se dieron cuenta de que el calor de las luces había chamuscado parte de la ropa. "¡Pero es que en algún lado había que meterlo!", recuerdan entre risas.

Hasta marzo de este año, la pareja compartía piso con dos personas. Era difícil vivir así. "No puedo ir vestida de cualquier manera a mi trabajo; cuando me ponía tacones, tenía que hacerlo en la entrada, porque a las compañeras de piso les molestaba el ruido", cuenta Marta, que trabaja en la Embajada de Perú.

Así que se pusieron a buscar piso. La única condición es que fuese en Lavapiés. "Siempre hemos hecho vida en el barrio, no nos planteamos movernos", explica Alfredo. Tuvieron mucha suerte y en cuestión de días encontraron piso. Saben que 600 euros por 20 metros no es una ganga, pero se arreglan.

El interior está muy apañado. La cama en lo alto, y bajo ella el vestidor; una pequeña mesa de estudio y un lugar para dejar la bici. En la otra punta, a la que se llega de dos zancadas, hay una mesa con sillas. "A la hora de comprar algún mueble, lo único que hay que ver es que sea plegable", dice Alfredo, que ya sabe qué harían en un futuro si tienen hijos: "Ponemos un tabique de pladur, hacemos una minihabitación y listo".

El contrato de Mónica y Alfredo finaliza en marzo de 2008. Aún no saben si continuarán en su minipiso o si seguirán buscando. La incertidumbre pende de un mismo hilo: "No son necesarios 100 metros. Claro que nos gustaría tener una vivienda digna en el centro, pero a cualquier precio no; como está el mercado, hoy es imposible".






* ELPAIS.com - JAVIER LAFUENTE - Madrid - 10/12/2007
Foto: El piso de 20 metros cuadrados de Marta y Alfredo - CRISTOBAL MANUEL /ELPAIS.com



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Asturias, la costa de los premios

MANUEL BLANCO/LAVOZ* : Noviembre del 2006. El alcalde de Telde, un pequeño municipio canario, es detenido junto a cinco de sus concejales por un escándalo de corrupción urbanística. El suceso es tratado con profusión por todos los medios de comunicación del país. Noviembre del 2006. El Consejo Europeo de Urbanistas otorga al POLA (Plan de Ordenación del Litoral de Asturias) el premio al mejor planeamiento territorial del Viejo Continente. La distinción pasa inadvertida salvo para los medios del Principado.

En un país en el que el urbanismo es noticia constante por los escándalos de corrupción y los excesos en la costa, Asturias ha conseguido aislarse de esta tendencia y seguir un camino tan modélico en este ámbito como el del País Vasco. La política conservacionista aplicada en el Principado es especialmente visible en la costa, en pueblos como Llanes o Cudillero, en la zona oriental, o en Tapia de Casariego, en el área occidental, un pequeño municipio fronterizo con Galicia que destaca todavía más, seguramente, por lo que ocurre desde hace unos años a solo unos kilómetros de allí, en ayuntamientos como Barreiros o Foz.

Lo cierto es que Asturias recoge hoy los frutos de una estrategia en el tiempo que en su día recibió muchas críticas. Y es que el POLA, que establece entre otras medidas la prohibición de construir a menos de 500 metros de la costa (una actuación, por cierto, puesta en práctica en Galicia hace solo unos meses), fue aprobado en 1993, casualmente, en uno de los años más críticos de la reconversión industrial.

Al igual que en el País Vasco, la estrategia del Gobierno asturiano para hacer frente a las presiones urbanísticas y a los especuladores inmobiliarios fue dotarse de mecanismos legales eficaces: el POLA, la Ley del Suelo... Instrumentos que no solo operan en la costa, sino también en el interior. «Todas estas figuras -explica Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado- han provocado que una tercera parte de nuestro territorio sean espacios naturales con alguna figura de protección».

En cualquier caso, la estrategia proteccionista del Ejecutivo autónomo ha contado con la inestimable colaboración de los ayuntamientos, muchos de los cuales han entendido que la conservación del paisaje podía ser, con el tiempo, un patrimonio para las futuras generaciones al mismo tiempo que un polo de desarrollo. El grado de conflictividad entre el Gobierno asturiano y los municipios es muy bajo si se compara, por ejemplo, con los problemas que tiene la Xunta para conciliar sus planes en materia urbanística con los de los concellos.







* La Voz de Galicia - Manuel Blanco | Enviado especial - 10/12/2007
Foto: Llanes (Asturias) - V.Mejuto (lavozdegalicia.es)



NOTICIA RELACIONADA : Una sociedad pública lidera la gestión del suelo .- Sogepsa, participada además por 54 empresas, gestiona los desarrollos urbanísticos más sensibles - La Voz de Galicia - 10/12/2007




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Alquileres forzosos, debate estéril

SANDRA BARNEDA* : Decir que tener acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho constitucional no es ninguna novedad. Debería ser cumplido, respetado y peleado como otros artículos de la Carta Magna que en los últimos tiempos han sembrado un abrasivo debate político. Tras la solicitud de CIU y PP, esta semana, el Consell Consultiu ha dictaminado como inconstitucional el artículo sobre la expropiación de pisos vacíos de la ley catalana de la vivienda por vulnerar el principio de igualdad. La mecha ha vuelto a prender. Sin querer entrar en el debate y respetando el dictamen del Consell, me pregunto: ¿cómo es posible que países con una sobrada tradición democrática puedan estar aplicando medidas similares al polémico artículo?

En Francia, por poner un ejemplo, la ley de exclusión social de 1998 contempla que los ayuntamientos pueden requisar viviendas en casos extremos si llevan más de 18 meses vacías. Durante la requisa, el propietario recibe una indemnización, cantidad menor a la que recibiría si lo pusiera él personalmente en alquiler. Italia, Reino Unido u Holanda cuentan con leyes similares para combatir la especulación.

Comprar un piso se ha convertido en una inversión de rentabilidad y seguridad mayor que la bolsa. Hay quien juega a las casitas como quien juega al Monopoly. Catalunya es la tercera comunidad con mayor número de pisos vacíos. Solo en Barcelona hay más de 30.000. ¿Qué sentido tiene un piso vacío y a quién beneficia? A menor oferta, mayor beneficio. El precio medio de un alquiler en Barcelona sobrepasa ya los 800 euros. El acoso inmobiliario, la descontrolada sobreocupación de las viviendas, los llamados pisos patera o los alquileres por días a turistas son un reflejo de que la vivienda en nuestro país ha olvidado su función social en pro del puro beneficio económico.

Espero que a partir de aquí se evite el debate estéril y el Parlament apruebe, antes de final de año y por unanimidad, la ley de derecho a la vivienda, pionera en España en medidas que se acercan mucho al espíritu constitucional del derecho a una vivienda digna.







* El Periódico - LA RUEDA // POR SANDRA BARNEDA - 10/12/2007




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