Editorial ElPaís* : "Las elecciones municipales y autonómicas no han castigado a los candidatos con investigaciones judiciales en curso o, incluso, con procesos abiertos por corrupción urbanística. Los ciudadanos han refrendado en sus puestos a la mayoría de los alcaldes y ediles sobre los que pesaban y pesan graves acusaciones de desviar fondos municipales y de enriquecimiento ilícito. Una de las pocas excepciones ha sido Marbella, donde la operación Malaya ha terminado por desalojar de la escena al partido que Jesús Gil creó como instrumento para perpetrar los desafueros que ha padecido la ciudad.
Las razones de este aparente contrasentido hay que buscarlas, en primer término, en el tratamiento que las fuerzas políticas han dado a la corrupción durante la campaña, convirtiéndola en un arma arrojadiza con la que reivindicar la propia virtud en detrimento de la del adversario, sin proponer soluciones a un fenómeno que se ha extendido de manera imparable durante los últimos años.
Pero existen, además, otros motivos para explicar lo que, en principio, parecería un comportamiento enigmático por parte de los votantes, al revalidar el mandato a candidatos sobre los que pesan fundadas sospechas de corrupción. La Ley del Suelo de 1998 declaró urbanizable la práctica totalidad del territorio e hizo recaer sobre los ayuntamientos la competencia de transformar las fincas rústicas en urbanas, propiciando una sólida colusión de intereses entre los responsables municipales y los administrados. Las recalificaciones han beneficiado desde entonces a los ayuntamientos, que han podido financiar obras y servicios inabordables desde los exiguos presupuestos municipales, además de contribuir a sostener a los partidos y a sus intermediarios oficiales u oficiosos. Pero también han beneficiado a los particulares propietarios de terreno y, en último extremo, a los habitantes de los municipios con grandes proyectos urbanísticos.
Los colegios electorales no sustituyen a los juzgados y, por esta razón, la victoria en las urnas no podrá nunca equivaler a una implícita absolución de los casos de corrupción en los que puedan estar implicados los candidatos, como ha afirmado, entre otros, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Fabra. Por el contrario, se trata de una inaceptable manipulación del sistema democrático, de un intento espurio de barrer las responsabilidades políticas y penales bajo los votos, que los partidos no deberían amparar. Porque la investigación judicial seguirá su curso con independencia del resultado de las elecciones, y lo único que se habrá conseguido cuando llegue el momento de procesar a los alcaldes y concejales implicados en casos de corrupción será un desprestigio mayor de las instituciones. Además de una abstención más rotunda que la de estas elecciones.
* ELPAIS.com - 03/06/2007
La corrupción gana
Se manifiestan en Valencia contra los abusos urbanísticos
EFE* : "Cerca de 150 ciudadanos, muchos de ellos extranjeros llegados desde municipios costeros de Alicante, se manifestaron ayer por el centro de Valencia para exigir una moratoria urbanística y la modificación de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), con el fin de frenar los «abusos» en la Comunidad. Bajo el lema "Somos ciudadanos, no súbditos. Basta de alcaldadas", los participantes se concentraron en la plaza Rodrigo Botet, convocados por la asociación "Abusos Urbanísticos No" y ataviados con camisetas que señalaban Stop LRAV/LUV, en referencia a las leyes que han regido el urbanismo valenciano en los últimos años.
Los manifestantes, llegados desde poblaciones como Benissa y Calpe (Alicante), Náquera (Valencia) o Castellón, marcharon hasta la sede de las Cortes, donde leyeron, ante sus puertas, un manifiesto, presentado después por registro de entrada, en el que denuncian «el crecimiento brutal e incontrolado de las poblaciones de la Comunidad».
El portavoz de la asociación convocante, Enrique Climent, apuntó que es la figura del agente urbanizador el principal motor que ha impulsado el desarrollo de la construcción en la Comunidad, y para frenar esos excesos proponen que esta función se profesionalice y actúe sólo cuando sea necesario. Entre otras medidas, también piden que se realicen consultas populares para cualquier proyecto que suponga un crecimiento poblacional superior al 5%, que se fomente la reforestación del suelo urbanizable y que se cree un ente valenciano de gestión del agua.
La Asociación de Afectados por el PAI de Albalat del Tarongers estuvo presente en esta marcha para denunciar un proyecto que prevé construir 4.000 viviendas y un campo de golf en 2,7 millones de metros cuadrados en las proximidades del parque natural de la Sierra Calderona.
* La Verdad - Domingo, 3 de junio de 2007
Foto: La manifestación en Valencia /lasprovincias.es
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Salou
O.AYMÍ.- El País* : "La Fiscalía de Tarragona ha abierto "diligencias de investigación penal" contra el Ayuntamiento de Salou a raíz de una denuncia presentada por un grupo de vecinos de la localidad en la que aportan múltiples documentos que ponen en tela de juicio la gestión urbanística municipal. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron ayer que la Guardia Civil ha solicitado al consistorio los informes de adjudicación y construcción de un geriátrico en 9.000 metros de suelo público en un proyecto que incluye la comercialización de 77 apartamentos y por lo que la empresa adjudicataria compensa al consistorio con una cuota de 9.000 euros anuales.
"Pagan lo mismo que una churrería por vender o alquilar 77 apartamentos construidos en suelo municipal", ha dicho en repetidas ocasiones el portavoz del PSC, en la oposición municipal, Antoni Banyeres.
Un oficial de la Guardia Civil acudió el viernes al consistorio de Salou para solicitar toda la información relacionada con este proyecto y también con la construcción de alrededor de 200 viviendas en un terreno que hasta 2002 ocupaba una histórica sala de fiestas, Galas, que ardió en un incendio que el delegado de la Geeneralitat de entonces, Cèsar Puig, calificó de "intencionado". La comercialización de estas viviendas la ha llevado a cabo una empresa tutelada por Phillipe Trujillo, socio del hijo del alcalde, Esteve Ferran Gombau, que es también el concejal de Urbanismo en funciones. Ambos compraron en 2002 una finca al 50%. El agente judicial no pudo hacerse con esta documentación al no encontrarla los funcionarios, por lo que concedió de plazo hasta el martes para obtenerla.
Próximamente nuevos efectivos policiales se incorporarán a una investigación que también revisará un polémico proyecto para desviar una riera de Salou. El proyecto implica la expropiación de varias viviendas y libera un terreno para poder construir en él cuya propiedad mayoritaria es del primo del alcalde, el empresario Esteve Blasi. Los vecinos afectados por estas expropiaciones denunciaron hace 10 días a la Fiscalía estos otros casos de posibles irregularidades urbanísticas.
* ELPAIS.com - Tarragona - 03/06/2007
Foto: Salou /jccm.es
