JORGE FELIPE GARCÍA* : Una vez que ha pasado el susto para nuestra lideresa (gracias a la eficacia y la rapidez de los servicios sanitarios públicos madrileños, donde no existen las listas de espera), podemos darle la noticia por tanto tiempo deseada: presidenta, la autovía M-501 es ilegal. A las dos sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (una con fecha 14 de febrero de 2008, a denuncia de Ecologistas en Acción, y otra con fecha 1 de julio del mismo año, a denuncia de la organización conservacionista SEO Birdlife) hay que sumar la sentencia, firme y no recurrible, del Tribunal Supremo: no ha lugar al recurso de la Comunidad de Madrid contra la sentencia del TSJM, que fallaba del siguiente modo: “debemos declarar la nulidad de pleno derecho de dichas resoluciones [se refiere al acuerdo del gobierno madrileño por el que se dio el visto bueno al desdoblamiento], reponiendo el procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior al que fueron dictadas con, en su caso, restitución a su estado anterior de la zona afectada por el proyecto a que se refieren los actos nulos”.
Por si esto fuera poco, se está a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo que, con toda (in)seguridad, declarará ilegal la autovía y sancionará al Estado español (no pasa nada, barra libre: paga la ciudadanía).
Recordemos que esta carretera atraviesa el suroeste de Madrid hacia los abulenses valles del Tiétar y del Alberche. La conservación de la biodiversidad de la zona representa una ofensa para las fuerzas del progreso del regreso al desarrollismo tardofranquista: construcción, turismo (de interior, en este caso), inmigración por emigración y, por supuesto, corrupción. La riqueza botánica y la cantidad de bichos, bichejos, bichas y cosas que vuelan, reptan, rampan, trepan, zumban y caminan por todas partes hacen que estos lugares, dentro de la Red Natura 2000, protegida por leyes europeas, reciban la denominación de Zonas de Especial Protección para las Aves y Lugares de Importancia Comunitaria (“Encinares de los ríos Alberche y Cofio”, “Cerro de Guisando” y “Valle del Tiétar”) y, según terminología más actual, Zonas de Especial Conservación. Se trata, por decirlo brevemente, de la mejor muestra de bosque mediterráneo del centro peninsular.
A pesar de los informes científicos desfavorables, y tras considerar insuficiente un proyecto de mejora de la seguridad vial que no incluía el desdoblamiento, el gobierno de la Comunidad de Madrid, siendo consciente de los obstáculos legales para la conversión de la M-501 en autovía, batiendo récords de cinismo (como correspondía a una región que quiso ser olímpica), decidió acometer la obra violando la legalidad: obvió la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental e ignoró la exigencia de consultar a la Comisión Europea antes, y no después, de la toma de decisión. Había que acometer el desdoblamiento; una carretera convencional más segura (ensanche de arcenes, carriles para vehículos lentos en algunos tramos, supresión de cruces a nivel, creación de rotondas…) no es deseable cuando lo que se pretende es garantizar la capacidad de penetración y asentamiento humano con que alimentar los desarrollos urbanísticos previstos, los cuales contaban con el mejor de los reclamos: acceso por autovía.
Pongamos un par de ejemplos: la familia Entrecanales, propietarios de la muy sostenible y eco-respetuosa empresa Acciona, proyectan perpetrar, a pie de 501, con el visto bueno de la Junta de Castilla y León, con la graciosa colaboración de la Confederación Hidrográfica del Tajo (institución archicornuda donde las haya), la construcción de 1.116 viviendas en la localidad de Navahondilla, con apenas 300 habitantes censados y una dispersión urbanística ejemplar. A poca distancia de este proyecto, el empresario Enrique Ventero promueve la construcción en Cebreros de 3.508 viviendas y campo de golf (“Las Dehesillas”). El ayuntamiento de esta localidad ha dado el visto bueno a la aberración, que depende de un río Alberche más que exhausto. Se da la simpática circunstancia de que el Sr. Ventero fue imputado en la Operación Malaya, pagando 300.000 euros de nada para no ir al trullo. Compárese esta cifra con los 497.367 euros que se le exigieron judicialmente a Ecologistas en Acción para que se cumpliera la legalidad (esa cifra era la fianza reclamada para la paralización de las obras de la ilegal M-501).
La actitud de “rebeldía” ante la ley de los representantes locales y regionales tuvo su manifestación más visible en una delirante cruzada por el desdoblamiento, acaudillada por los alcaldes de la zona que, henchidos de orgullo comarcal (como dijo aquél: “por sus perímetros les conoceréis”), llevaron hasta Bruselas sus nobles intenciones. No es necesario insistir demasiado en la brevedad del sentimiento comarcal, que duró hasta que hubo que disputarse los trofeos que la Comunidad de Madrid arrojó por la zona, como un Centro de Urgencias Extra-hospitalarias. En su combate por la seguridad vial cualesquiera armas valían, desde la exageración de las cifras de siniestralidad (aderezadas con buenas dosis de truculencia) y la capitalización emocional del sufrimiento de las víctimas de accidentes, hasta el insulto y la criminalización de los colectivos ecologistas (“asesinos”, “eco-terroristas”…, increíble pero cierto), pasando por la creación (con la ayuda inestimable de los medios locales y regionales de propaganda y sugestión) de un estado de histeria colectiva (como si esta carretera se saciara, antes del desdoblamiento, con una hecatombe humana diaria) y un ambiente de linchamiento anti-ecologista (en unos lugares en que, dicho sea de paso, a menudo, se entiende por “hospitalidad” algo muy distinto a lo recogido por el diccionario).
El gobierno autonómico presidido por Esperanza Aguirre ha obrado de mala fe, ha actuado con soberbia y prepotencia, pisoteando las leyes de protección medioambiental y despreciando el derecho a través de su política de hechos consumados. Por todo ello, y para disuadir de conductas similares a otras autoridades públicas, la sentencia debería (¡ay, el condicional!) tener consecuencias penales: Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal y Francisco Granados deberían ser encausados por prevaricación e inhabilitados por el plazo que fuere para el ejercicio de cargo público. Debe acabarse con una forma chulesca de hacer política que, bajo discursos populistas, oculta intereses inconfesables. De no ser así, la certeza de la impunidad hará que se acometan obras como ésta. Para no ir más lejos, en esta misma vía están previstos nuevos desdoblamientos, hoy en fase de estudio: M-501 hasta el fin de la provincia de Madrid y CL-501 desde Santa María del Tiétar hasta Piedralaves, ya en el corazón del Valle del Tiétar (Ávila).
La construcción de la M-501, con todos los elementos que convergen en este asunto, supone una especie de laboratorio, un caso ideal para estudiar, como habitualmente se dice, de forma “multidisciplinar”, los efectos en los niveles ecológico, económico, social, mediático y psicológico del enloquecido progresismo del modelo de crecimiento español: la metástasis urbanística de la ciudad-difusa.
* Jorge Felipe García, miembro de la asociación ecologista Sierra Oeste desarrollo Sostenible
* Rebelión - Opinión - 1.03.11
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