DIARIODEMALLORCA* : El decreto ley de medidas urgentes que está ultimando el Govern para simplificar los trámites de las obras de reforma de establecimientos hoteleros no ha caído bien entre uno de los principales colectivos afectados, los arquitectos, cuyo decano, Luis Corral, es de la opinión de que se salta todas las normas urbanísticas y turísticas y convertirá a Balears en "un territorio sin ley".
Para el decano de los arquitectos de Balears, esta "libertad de manos" que se dejará a los empresarios turísticos puede propiciar una normalización de plazas ilegales que se traducirá en un aumento de camas en "claro detrimento de la calidad de los establecimientos hoteleros".
Las obras orientadas a la mejora de servicios o a la implantación de nuevas actividades empresariales o profesionales en los establecimientos hoteleros quedarán excluidas, según sostuvo Corral, del cumplimiento de las normativas urbanísticas y turísticas vigentes en la actualidad.
Cabe recordar que el decreto contempla la posibilidad de suspender por un periodo de dos años la satisfacción de estos requisitos legales con el objetivo de modernizar la planta hotelera y beneficiar a otros sectores muy vinculados a la industria turística como el de la construcción.
Corral considera que "se va a permitir la mejora de los servicios de un hotel al margen de la vigente ley general turística y, además, si la actuación incumple igualmente el actual planeamiento urbanístico, ¡pues no pasa nada!".
El decano del colegio de arquitectos de Balears criticó además el hecho de que este decreto ley suponga un agravio comparativo para los empresarios hoteleros que hasta el momento han modernizado sus establecimientos cumpliendo la legalidad vigente, de la misma manera que lo será para otros sectores económicos no beneficiados por esta norma.
"¿Qué le impedirá a un empresario industrial querer construir unas naves industriales en pleno suelo rústico si ve que a los hoteleros se les permite?", se preguntaba Corral.
"La calidad de los establecimientos decaerá con esta permisividad y habrá hoteles de cuatro estrellas de primera y de segunda categoría según las reformas y dotación de servicios se hayan hecho cumpliendo o no una normativa que se ha puesto para algo", señaló el responsable de los arquitectos.
Este norma que perfila el ejecutivo autonómico ya está despertando una fuerte contestación incluso en las propias filas del Govern. El Bloc ya ha anunciado su oposición a un decreto que, aclaró, aún tiene que ser consensuado y al que los consells insulares, las instituciones competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio, deben dar su visto bueno. La organización ecologista GOB también está muy atenta a cómo se desarrolla esta medida.
* Diario de Mallorca - I.OLAIZOLA. PALMA - 6.12.2008
Foto: Panorámica de Palma desde el castillo de Bellver - wikipedia.org
Los arquitectos denuncian que el decreto para modernizar hoteles se salta todas las normas urbanísticas
La Fiscalía comprobará si hay casas ilegales en los pueblos sin expedientes sancionadores
LEVANTE* : La Fiscalía de Valencia comprobará si hay construcciones ilegales en los términos de los ayuntamientos que no han abierto ningún expediente urbanístico sancionador. El delegado de medio ambiente ya ha recibido la respuesta de tres municipios, de los 284 que hay en la provincia de Valencia, a los que se les ha requerido que cumplan con la Ley de Urbanismo Valenciana (LUV) y le remitan todas las infracciones urbanísticas para constatar si hay delito.
De los tres primeros ayuntamientos que han respondido al requerimiento de la Fiscalía, sólo Llíria ha remitido los 220 expedientes sancionadores que tienen abiertos por construcciones ilegales en su término municipal.
Mientras que Alfara del Patriarca y Bicorp han contestado negativamente comunicando que "no hay ningún expediente sancionador abierto".
Respecto a Llíria, el fiscal Joaquín Baños explicó que éste y Chiva son de los pocos municipios que han remitido a la Fiscalía los expedientes sancionadores de forma normalizada y ya hay 50 en investigación.
De hecho, recordó Baños, "en 2007 solo seis ayuntamientos -de un total de 284 en toda la provincia de Valencia- han remitido las infracciones urbanísticas en cumplimiento de la ley".
En cuanto a los dos municipios que han negado tener expedientes sancionadores en los últimos tres años, desde que está en vigor la LUV, la explicación puede ser, según Baños, "o que se respeta escrupulosamente la ley y no hay construcciones ilegales, o que el ayuntamiento no hace nada porque se cumpla".
Para comprobarlo, la Fiscalía tiene la posibilidad de oficiar a la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil para que constate si hay chalets recientes o en construcción. A través de un sistema GPS, se localiza el chalet físicamente y, con el Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas), se comprueba su posición en el catastro.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 6.11.2008
Foto: Bicorp - comunitatvalenciana.com
Una burbuja de corrupción
IVÁN GONZÁLEZ ALONSO* : La Constitución española garantiza “el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna”. Lo mismo pregona la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero la compra y retención especulativa de grandes extensiones de suelo por constructores y grupos de presión ha supuesto que ese derecho se vea en todo el mundo más vulnerado que nunca. De los más de 25 millones de viviendas que hay en España, se estima que casi 4 millones se encuentran vacías. Están en manos muertas, no son ni residencia periódica ni esporádica del propietario. No producen beneficio alguno para la sociedad.
La Constitución española garantiza “el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna”. Lo mismo pregona la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero la compra y retención especulativa de grandes extensiones de suelo por constructores y grupos de presión ha supuesto que ese derecho se vea en todo el mundo más vulnerado que nunca. El exceso de la oferta no ha contribuido en este caso a bajar los precios.
La especulación inmobiliaria es equiparable a la especulación bursátil, aunque ésta presenta más riesgos, pues resulta difícil que el precio de la vivienda se desplome de un día para otro. Su mecanismo se basa en la retención de viviendas durante un período de tiempo para que su precio aumente y luego cambiarlas por dinero, con el que se comprarán nuevas viviendas para volver a especular con ellas.
Si hay una causa que ha favorecido la carestía de la vivienda y la práctica especulativa en España, ha sido la Ley del Suelo del 13 de abril de 1998, aprobada por el antiguo Presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. Según la misma, pasa a ser potestad de los ayuntamientos la decisión de qué suelo es urbanizable y cuál no lo es. Decisión en muchos casos arbitraria, inclinada hacia el lado de la balanza que disponga de más dinero para los propios ediles y concejales.
La liberalización del suelo conlleva la corrupción urbanística, plasmada en recalificaciones de dudosa legalidad. El engranaje de corrupción comienza con el soborno a las autoridades municipales con elevadas cantidades de dinero, para que estas autoricen la edificación en suelo municipal. El dinero que desembolsan los constructores para la compra de voluntades se ve compensado con el aumento del precio de la vivienda. El comprador de la vivienda y las zonas con gran riqueza natural sobre las que se asientan las nuevas viviendas son los grandes perjudicados.
Dunas, deltas de ríos con toda su riqueza natural, humedales, montes y bosques, nada escapa a las ansias edificadoras de los constructores. Los promotores arañan metro a metro los pocos espacios vírgenes que quedan en el mundo. La saturación completa del litoral ha desplazado la fiebre inmobiliaria hacia las zonas del interior. La declaración de los parques naturales como espacios protegidos no es impedimento para la edificación. Quienes más se han enriquecido en España en los últimos años son los promotores inmobiliarios, muchos de ellos de origen humilde, que han sabido ascender en el escalafón social a base de actuaciones ilegales, de sobornos y amenazas, todo ello en connivencia con alcaldes y concejales sin escrúpulos. La corrupción urbanística no entiende de partidos políticos, y afecta también a las arcas de los estados, porque casi todo el capital que mueve es dinero negro, que no cotiza ni crea riqueza.
Existe en nuestros días una obsesión generalizada por tener un piso en propiedad. La sociedad está convencida de que es sinónimo de éxito, de realización personal. Por ello en España tan sólo el 11% de las viviendas se encuentran en régimen de alquiler, y casi todas ellas a manos los estratos sociales con una posición económica más débil. Este dato asciende al 40% en otros Estados europeos como Francia u Holanda, donde se bonifica el alquiler. En Suecia se llegan a derribar las casas que permanezcan desocupadas durante un tiempo determinado. En Estados Unidos es práctica habitual en algunas ciudades que los propietarios que especulan con la vivienda eviten el pago de impuestos especiales, ocupándolas de forma temporal con personas sin hogar, a las que devolverá a la calle en cuanto desee la venta del inmueble. La solución pasa por aplicar gravámenes sobre la vivienda desocupada y luchar con mayor eficacia contra la corrupción urbanística. No debemos olvidar que 1.400 millones de personas en el mundo carecen de un techo, ni que el derecho a la vivienda se sustenta sobre argumentos éticos, pero también legales.
* Iván González Alonso. Periodista. Centro de Colaboraciones Solidarias.
* Revista Fusión - 5.12.2008
El TSJ anula el PAI Torre d´Onda de Burriana
LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el Programa de Actuación Integrada (PAI) Torre d'Onda de Burriana "por ser contrario a derecho". Según explica el abogado de los denunciantes, uno de los motivos por los que se ha anulado el PAI es por la aprobación de las modificaciones por un órgano incompetente ya que el ayuntamiento aprobó modificaciones que debería haber aprobado la Generalitat.
"La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, ley por la que se tramitó el PAI, establece que las modificaciones de tipo estructural las ha de aprobar la conselleria", añade el abogado.
Otra causa de anulación es que el proyecto que ratificó el Consell es diferente al que se dio por bueno en el ayuntamiento por lo que la cédula (licencia de obras) que se concedió desde la conselleria no es válida para hacer el PAI programado por el consistorio. "Por poner un ejemplo es como si te dieran una licencia para hacer una casa e hicieras un bloque de pisos", aclara el abogado.
El tercer motivo por el que se considera no ajustado a derecho es que las propiedades de los vecinos denunciantes deben ser excluidas del PAI por ser suelo urbano consolidado al contar con los servicio propios de la malla urbana. No obstante, dichas parcelas no quedarán excluidas del Plan de Regulación Interna (PAI) de tal forma que "si se necesita expropiar un terreno para hacer una calle se podrá hacer pero con las indemnizaciones correspondientes", aclara el abogado del caso.
Dos años de espera
Los vecinos afectados por el PAI Torre d'Onda presentaron cinco recursos en el año 2006, año en el que se aprobó definitivamente el programa urbanístico. La denuncia se basaba en su disconformidad con las directrices que marcaban el plan y que afectaban directamente a sus parcelas.
Este mismo año, el consistorio modificaba el PAI para incluir alguna de las alegaciones de los afectados, según aseguró el concejal de Urbanismo, Javier Perelló. El edil, quien afirmó que el nuevo proyecto anulaba al anterior, declaró que dicha modificación tendría que servir para que los vecinos retirarán la denuncia.
Los propietarios de las parcelas protagonizaron algunas de las escenas más insólitas en los plenos. Durante dos años, aproximadamente, han asistido a todas las sesiones plenarias, en ocasiones disfrazados de presos, hasta que el entonces alcalde del PP, Alfonso Ferrada, les prohibió la entrada si no iban de paisano.
* Levante-EMV - Nerea Soriano - 6.11.2008
Foto: protestas. Los vecinos afectados asistieron a los plenos disfrazados de presos como protesta en la forma de tramitar el proyecto - vicent mart, levante-emv.com
Imputan al regidor y a cuatro ediles de Trives por prevaricación urbanística
LAVOZ/Ourense* : El Juzgado de Primera Instancia de Trives ha llamado a declarar a los cuatro concejales de la localidad ourensana que en el año 2006 aprobaron la recalificación del solar que antiguamente ocupaba la biblioteca municipal para que se pudieran construir viviendas en él. El juzgado ha pedido al Concello de Trives que le facilite los nombres de esos cuatro ediles, todos ellos del PP, para imputarles un delito de prevaricación urbanística.
El alcalde, Luis Álvarez, que ya está imputado por este asunto, aclaró ayer que los concejales afectados son Constantino Martínez, Isauro Pérez, María del Carmen Barja y Pío Domínguez.
Los hechos a los que se refiere el caso tienen que ver con la antigua biblioteca municipal de Trives. Trasladado el servicio, el inmueble se quedó sin uso y el Concello de Trives decidió cambiar la calificación urbanística del solar de dotacional a urbanizable. Esa resolución se tomó en el año 2003 y tres años después se acordó la venta de la parcela a Construcciones Rodrigo para levantar un edificio de tres alturas para viviendas.
Las obras estuvieron envueltas en polémica desde el principio porque el solar donde se ubicaba la biblioteca es anexo al colegio trivés. El hecho de que el edificio en obras tuviera luces abiertas hacia el patio y de que se instalase una grúa de construcción en su interior provocó las quejas de la asociación de padres.
La Consellería de Educación tomó cartas en el asunto y ordenó la paralización del proyecto. Urbanismo también optó por anular la licencia de obras otorgada al constructor, pero el alcalde no atendió ambos requerimientos y las obras continuaron hasta que, tras las elecciones, cambió el gobierno municipal.
Relación con la moción
Antes de la renovación de la corporación, un anónimo enviado a la Fiscalía llevó el asunto a los juzgados, pero el caso fue desestimado. El nuevo alcalde, el independiente Francisco José Fernández Blanco, ordenó parar las obras y volvió a presentar una denuncia cuando asumió el cargo.
Sin embargo, una moción de censura impulsada por el PP con el apoyo de dos tránsfugas del PSOE devolvió a Luis Álvarez la alcaldía y este autorizó la reanudación de las obras. A pesar de todo, la denuncia presentada por el ex alcalde independiente -que ahora relaciona su censura con intereses urbanísticos- fue atendida por la Fiscalía, que es la que ha solicitado ahora la imputación de los ediles.
* la Voz de Galicia - Miguel Ascón - 6.11.2008
Foto: Trives - ourensenet.com
