ELPAÍS/Cádiz* : Los delitos contra la ordenación del territorio se saldan, en la mayoría de casos, con una simple multa. Un precio demasiado barato, según el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz y coordinador de Andalucía, Ángel Núñez, quien alerta de que estas sanciones son ya asumidas como parte del coste de la construcción y no sirven para disuadir a los infractores.
Ante la poca efectividad de las condenas, el fiscal propone dos medidas: la demolición y el endurecimiento de las penas, sobre todo en los nuevos tipos delictivos en los que no se trata sólo de un particular que construye sin licencia, sino que existe toda una trama en la que participan tasadores, empleados bancarios y arquitectos.
Las condenas podrían llegar a implicar en estos casos un mínimo de tres años de cárcel para los arquitectos y arquitectos técnicos que firman certificados falsos de obra para encubrir la ilegalidad de la construcción. Y sin necesidad de modificar la legislación. Según Ángel Núñez, sólo es necesario un cambio en la interpretación de los hechos: "La calificación jurídica de los hechos debe ser falsedad en documento oficial cometida por funcionario público. ¿Qué ventajas puede tener esto? No sólo que la pena mínima es aquí de tres años de prisión, sino que en la medida en que hemos llegado muy tarde a cientos de conducta de esta naturaleza, los plazos de prescripción son notablemente superiores". El fiscal considera que los técnicos implicados en estos delitos, en el momento de firmar los certificados de obra, realizan un servicio público y, por tanto, su labor puede asimilarse a la de un funcionario. "En el código penal el concepto de funcionariado es más amplio que en el lenguaje laboral".
La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz ya ha comenzado a implantar esta práctica, y ha solicitado prisión provisional para uno de los implicados en la operación conocida como Obra Nueva. La petición, sin embargo, ha sido desestimada. Con todo, Núñez, que ejerce ahora de coordinador de fiscales de toda Andalucía, no se desanima. Sus reclamaciones sobre el urbanismo ilegal han ido calando poco a poco aunque con demasiadas piedras en el camino que han hecho, según admite, "perder un tiempo precioso".
Se esperó hasta 1995 para incluir en el código penal la construcción de viviendas sin licencia y los daños a la ordenación del territorio. Fue tras detectarse la ausencia absoluta de actuación de las administraciones en el control urbanístico. Núñez tuvo que luchar para reclamar a los jueces la consideración de delito urbanístico cuando lo cometía un particular y no sólo un profesional de la construcción. El Tribunal Supremo le dio la razón. También tuvo que esforzarse para conseguir que las sentencias condenatorias incluyesen las órdenes de derribo como norma general ante una edificación ilegal. La Audiencia Provincial de Cádiz terminó asumiendo desde el año pasado este criterio. Ahora su batalla está en el endurecimiento de las penas contra la falsificación de certificados de obra.
Los colegios que protegen los derechos de los arquitectos y arquitectos técnicos siempre han negado que los profesionales denunciados e implicados en operaciones de la Guardia Civil o la Policía Autonómica representen una actuación mayoritaria del colectivo. "Está en juego nuestra imagen. Los garbanzos negros no pueden perjudicarnos a todos", explica el presidente del colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de Cádiz, José Arcos.
Este organismo emprendió el año pasado, tras darse a conocer las investigaciones policiales que acusaban a varios colegiados, un plan para incrementar los controles que validan los certificados de obra. Los profesionales tienen que presentar ante la sede del colegio los documentos para su validación definitiva. Esto retrasa todo el proceso pero se garantiza la máxima transparencia.
* ELPAIS.com - L. PALOMA / P. ESPINOSA - Cádiz - 01/12/2008
Foto: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - wikipedia.org
La Fiscalía pide prisión para los arquitectos con delitos urbanísticos
Treinta colectivos del sur de la provincia exigen la retirada del plan Vigo Íntegra
FARODEVIGO* : Oposición frontal al plan Vigo Íntegra que plantea la Xunta a a través de la Consellería de Política Territorial, para infraestructuras terrestres en la zona sur de la provincia. Este es el mensaje que ayer envió casi un millar e personas, durante la manifestación que recorrió, a mediodía, el centro de la ciudad viguesa.
Representantes de treinta colectivos de distintas comarca próximas a Vigo se dieron cita en la plaza de España y desfilaron por Gran Vía, Urzáiz, colón y Policarpo Sanz, para concluir en la Porta do Sol, donde se leyó un comunicado conjunto de rechazo a los planes de la consellería.
Además de Vigo, los manifestantes llegaron de las comarcas de Val Miñor, Condado, Paradanta, O Morrazo, Baixo Miño, Louriña, Redondela e incluso desde Pontevedra.
Además del rechazo a las obras que se incluyen en el plan de la Xunta, los colectivos presentes en la manifestación reclamaron que el importe que se pretende destinar a las inversiones de esas infraestructuras se destine a mejorar el transporte público, tanto urbano como interurbano, así como a la financiación de proyectos de obras sociales, como hospitales comarcales e instalaciones culturales y deportivas en las zonas afectadas, a fin de evitar desplazamientos por carretera, lo que redundaría en una disminución, según reza el comunicado final, de las intensidades del tráfico.
Un portavoz de la organización de la convocatoria manifestó su satisfacción por la participación alcanzada, "sobre todo porque las malas condiciones del tiempo no eran las más favorables para que las personas de más lejos de Vigo se desplazasen en una mañana de domingo hasta la ciudad".
* Faro de Vigo - a.b. - 1.12.2008
Foto: Los manifestantes, en su recorrido por la calle Urzáiz - farodevigo.es
Última noche en el 'palacio Malaya'
ELPAÍS/Madrid* : La Policía Nacional ha desalojado hoy, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, a las personas que ocupaban desde hace ocho meses el edificio número 49 de la calle Atocha de la capital, sin que se hayan registrado incidentes. El inmueble había sido ocupado el 27 de marzo por un grupo de jóvenes que querían convertirlo en un centro social.
Les han echado de lo que ellos llamaban Palacio Social Okupado Autogestionado Malaya a primera hora de la mañana por orden judicial, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.
El desalojo ha sido pacífico, según fuentes policiales, y vecinos del barrio apuntan que, hacia las 7.00, han escuchado gritos de manifestantes. Los propios okupas explican en la página web www.rompamoselsilencio.net que el Palacio Social Okupado Autogestionado Malaya ha sido desalojado sobre las 5.30 por más de 50 antidisturbios que, hacia las 6.00, han penetrado en el edificio y han hecho salir a las 13 personas que había dentro en ese momento.
Protesta en Antón Martín
Destacan que en el exterior se han concentrado dos grupos que han apoyado a los okupas coreando consignas como "10, 100, 1.000 centros sociales", "Luchar, crear, poder popular", "Espe, Espe, Espe... Especulación" y "Roban en Marbella, defienden en Madrid". Ambos grupos, según la misma web. se encontraron finalmente en la calle Cañizares tras ser desplazados "bajo amenazas de cargas" por los antidisturbios.
Estos colectivos recuerdan que el edificio desalojado está intervenido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que lleva el caso Malaya, "ante la sospecha basada en indicios racionales de que este edificio es parte del patrimonio" del ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, y que "sus actuales propietarios están actuando como testaferros". Aseguran que sus propietarios son María Pilar Román, hija del teniente de alcalde del GIL en Marbella, Pedro Román, y Javier Pérez Villena, ambos implicados en la trama de corrupción.
A estas horas, el edificio permanece custodiado por dos agentes y tres furgones policiales y de su fachada han desaparecido ya los carteles que los okupas habían colgado durante su estancia. Los 13 desalojados que han sido citados a declarar este mediodía en la comisaría de Leganitos. La asamblea del palacio okupado ha convocado una concentración a las 18.30 de hoy en la Plaza de Antón Martín bajo el lema No podrán desalojar nuestras ideas. Malaya vive, la lucha sigue.
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Madrid - 01/12/2008
Foto: Los jóvenes se van con sus pertenencias a cuestas, en una foto tomada de rompamoselsilencio.net
El PE amenaza con congelar los fondos europeos para España si no se resuelven los abusos urbanísticos
EUROPAPRESS* : El informe preliminar del Parlamento Europeo sobre urbanismo en España amenaza con congelar los fondos comunitarios si no se resuelven los abusos denunciados. La Eurocámara reclama una moratoria sobre los nuevos proyectos de urbanización que no sean sostenibles desde un punto de vista medioambiental y no respeten el derecho de propiedad y la paralización de todos los planes en marcha que vulneren la legislación comunitaria.
El texto ha sido elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken para la comisión de Peticiones de la Eurocámara y todavía puede sufrir muchos cambios durante su tramitación. Ahora deberá ser enmendado y votado por esta comisión y a continuación se votará en pleno, probablemente en marzo de 2009. Será el tercer informe crítico con el urbanismo en España que apruebe el Parlamento Europeo.
El informe recuerda que la Eurocámara, en tanto que autoridad presupuestaria, puede congelar los fondos comunitarios "si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud del Tratado o de la legislación de la UE" y mantenerlos en la reserva hasta que los problemas se resuelvan.
Resalta además que también la Comisión Europea podría interrumpir el pago de fondos estructurales e incluso exigir la devolución del dinero que se haya concedido para financiar proyectos que no respeten plenamente las reglas comunitarias.
La ponente exige al Gobierno y a las comunidades autónomas que "revisen cuidadosamente toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios para poner fin a los abusos". Reclama además una moratoria en todos los nuevos planes de urbanización que "no respeten criterios estrictos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social y que no garanticen el respeto del derecho a la propiedad de la propiedad legítimamente adquirida".
La Eurocámara aboga también por "parar y cancelar todos los planes existentes en los que no se han respetado los criterios contenidos en la legislación de la UE, especialmente en lo que se refiere a la concesión de contratos de urbanización y el respeto de las disposiciones sobre agua y medio ambiente".
Asimismo, se pide a las autoridades nacionales y regionales competentes que pongan en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios --en los que se incluya a los defensores del pueblo regionales y nacionales-- para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por legislaciones como la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en la Comunidad Valenciana y la vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV).
La resolución indica que la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica en la legislación vigente en España por lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental es la causa de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica donde, de nuevo, el ciudadano europeo es la víctima principal, pero donde el Estado español también ha perdido considerablemente".
La ponente expresa su preocupación por el hecho de que las autoridades judiciales en España han demostrado ser inadecuadas y estar poco preparadas a la hora de tratar con el impacto de la urbanización masiva en la vida de las personas.
* Europa Press - BRUSELAS, 1 Dic. 2008
Foto: Parlamento europeo - periodismoenlared.com
Greenpeace reclama a Gandia que no recalifique más suelo e invierta en proteger el paisaje
LASPROVINCIAS/Valencia* : Los años del ladrillazo han dejado a Gandia prácticamente sin suelo. El gobierno municipal se verá obligado a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y a recalificar terrenos si pretende que la ciudad siga expandiéndose.
En este sentido, la redactora del informe de Greenpeace Destrucción a toda costa, Pilar Marcos, solicitó al Ayuntamiento de Gandia que deje de transformar suelo para evitar que se siga construyendo y que, por contra, se invierta más en proteger el paisaje.
"El Consistorio Municipal ha de reordenar el suelo artificial existente para que el suelo natural no pierda su valor. Queda muy poco suelo natural para que se siga recalificando", argumentó ayer la representante de la agrupación ecologista.
Estas declaraciones las realizó Marcos con motivo de su participación el viernes por la tarde en los salones de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio en la tertulia-debate del Fòrum del Diàleg que llevó por título "El informe de Greenpeace Destrucción a toda Costa" y que patrocina LAS PROVINCIAS.
Marcos reclamó al Ministerio de Medio Ambiente y a la Generalitat Valenciana que ponga en marcha la estrategia de sostenibilidad de la costa, la cual ha de pasar primero por un acuerdo entre la Comunidad Autónoma y el Estado.
"Si no se impulsa esta medida seguirá la destrucción ambiental". El ingeniero forestal y miembro del Fòrum XXI, Xavier Ròdenas, que también intervino en la tertulia, expresó que el paisaje es necesario para el crecimiento y el progreso de la ciudad.
El paisaje no es un estorbo
"Años atrás se pensaba que el paisaje era un estorbo para el crecimiento, pero ahora la gente ya es más consciente de que es necesario para poder crecer y mejorar la calidad de vida".
El experto, con respecto a la crisis económica, subrayó que esta ha salvado temporalmente el paisaje de la comarca de la Safor. Ródenas señaló en su discurso que con la desaceleración económica ha quedado demostrado que el crecimiento exponencial no existe.
"Las administraciones y las empresas han apoyado la construcción como fuente de crecimiento. Y esto no puede ser así. No se puede crecer hasta el infinito", agregó.
A juicio de Ródenas, hay que ahondar en la calidad de vida y "no crecer sino mejorar industrias, energías alternativas, aportar ayudas al pequeño comercio... en definitiva, diversificar para que la sociedad no se sostenga de una única fuente".
Momento de reflexionar
Ródenas apuntó que es momento de reflexionar y de invertir el dinero en otras cosas, ya que hay limitaciones en el agua, el paisaje y la calidad de vida.
El dossier de Greenpeace de 2008 no califica como punto negro de destrucción urbanística a ningún municipio de la Safor.
En 2007 sí citó los Planes de Actuación Integral (PAI) Vall del Mar y Granota Golf de Tavernes de la Valldigna; la ampliación del puerto deportivo de Gandia "que destruirá bancos de chirla y dañará las playas cercanas" y la urbanización de la zona virgen de Piles.
Marcos aseguró que estos proyectos siguen siendo negativos, pero este año no se han incluido como puntos negros porque se han dado otros más importantes. "Hay que tener en cuenta que el suelo ya está recalificado. Y ahora estamos en tiempos de crisis, pero cuando vengan mejores tiempos, volverá la cultura del pelotazo".
La única mención que se hace de la Safor es en el apartado Degradación por infraestructuras. La Generalitat Valenciana sigue apostando por colmatar su litoral con puertos deportivos, según Greenpeace. Uno de ellos es el de Gandia.
Según los últimos planes del Ejecutivo valenciano se añadirán cerca de 14.000 nuevos amarres a la oferta ya existente 34.
"Utilizando nuevamente el paraguas de la Copa América se intentan reactivar inversiones para la creación de nuevos puertos deportivos a añadir a los 46 existentes (uno cada 11 kilómetros)".
La componente de Greenpeace también habló de la corrupción y urbanística en la Comunitat Valenciana, las irregularidades en los tribunales; y los casos de contaminación más importantes.
Modificar los planes
La mayoría de municipios de la Safor estudian durante esta legislatura modificaciones en sus planes generales de ordenación urbana, que permitan multiplicar por dos, tres y hasta cuatro veces la población actual con la que cuentan. Esto supone que, en caso de salir adelante en los Ayuntamientos los proyectos previstos, la comarca aumentará en un 44% la superficie de suelo urbanizado.
En la última década, la proliferación de planes urbanísticos ha supuesto un notable incremento del suelo construido en detrimento del suelo forestal o protegido. Desde 1997, se han proyectado en la Safor más de 36.000 viviendas. Para construirlas, se generan 21.848.000 nuevos metros cuadrados de suelo urbano.
Estos últimos datos forman parte del libro Macrourbanisme i agressions al paisatge mediterrani. El medi ambient i la societat valenciana, escrito por Roger Cremades, y que fue presentado este verano.
* Las Provincias - 30.11.08 - ZOA SANZ
Foto: Una pantalla de numerosos apartamentos ocupa todo el litoral de Gandia y del resto de la comarca de la Safor - lasprovincias.es
¿Por qué no funciona el mercado de alquiler de vivienda en España?
SOITU/Reportaje* : Pese al frenético desarrollo del mercado residencial español en los últimos 11 años, el parque de viviendas en alquiler se ha mantenido prácticamente inmutable. Desde 2001, no ha superado el 7,7% del total, lo que coloca a nuestro país a la 'cola' de Europa, donde la media alcanza el 30%.
La consultora Aguirre Newman prevé que 2008 finalice con un pequeño incremento de 3 décimas en el porcentaje de alquiler, situándose en el 8% del parque total, y que en 2009 se superen los dos millones de pisos en arrendamiento. Un pequeño avance pese a los intentos del Gobierno por convertir al alquiler en una opción para los que quieren independizarse. ¿Cuál es la fórmula 'mágica' para equipararnos a sus vecinos?
Para Javier García-Mateo, director de análisis de Aguirre Newman, la solución está en manos del Gobierno y es tan sencillo como cambiar la política fiscal y profesionalizar el mercado. Al menos esto es lo que han hecho los países que pueden presumir de tener un activo parque de viviendas en alquiler.
El ejemplo alemán
Es el caso de Alemania, que encabeza el ranking europeo con un 57% del total de sus viviendas en régimen de arrendamiento. De hecho, en este país los distintos gobiernos se han esforzado por impulsar la compra, sin resultados evidentes por el momento. ¿Por qué? Pues porque las leyes benefician al inquilino frente al 'casero'; porque las condiciones fiscales favorecen las inversiones institucionales en alquiler; y porque la inestabilidad económica internacional no favorece la compra, máxime cuando los bancos alemanes están financiando sólo el 60% del precio de la vivienda, teniendo que abonar el 40% restante en concepto de entrada.
En territorio germano, los propietarios pueden ser obligados a realizar obras de rehabilitación en el inmueble alquilado si el inquilino lo considera necesario para el correcto uso y disfrute del inmueble, con riesgo de multa, e incluso expropiación, si no cumple. Si el número de viviendas vacías supera el 10% del parque de un municipio, el ayuntamiento correspondiente puede derribar las casas que considere oportuno. Además, en periodos en los que el acceso a la vivienda es difícil por cuestiones económicas (como ocurre en la actualidad), el propietario de un inmueble está obligado a no superar en un 20% las rentas colindantes; de lo contrario, será multado.
En relación al mercado de inversión, Alemania ofrece condiciones legislativas y fiscales favorables para los inversores de viviendas en alquiler, que gozan de una deducción de gastos financieros, y están exentos del impuesto sobre plusvalía inmobiliaria a partir del décimo año, "lo que favorece que las inversiones se lleven a cabo a largo plazo y no de forma especulativa", explica García-Mateo.
Evitar el desequilibrio
Holanda también está intentando fomentar la adquisición de viviendas. En este país, menos del 23% del parque residencial está ocupado por su propietario. Desde la administración pública se pretende que el porcentaje de viviendas en propiedad alcance cotas del 35% en los próximos años, para evitar el desequilibrio.
En lo que se refiere a medidas legales, en tierras holandesas se permite la ocupación de viviendas que estén vacías durante más de un año, y éstas sólo se devolverán a su propietario en el momento que demuestre que van a ser ocupadas. Sin embargo, esta situación puede variar en breve, ya que el Parlamento prepara una modificación legislativa que pretende penar la 'okupación'. Eso sí, para evitar la especulación, los políticos holandeses plantean que las administraciones locales obliguen a los propietarios de inmuebles vacíos a aceptar inquilinos en alquiler; de lo contrario, serán multados.
Existen, además, importantes subisidios públicos para hacer frente a los pagos mensuales del alquiler. Y el Gobierno ha establecido un precio máximo del metro cuadrado en arrendamiento en determinadas zonas de algunas ciudades para facilitar el acceso.
Viviendas vacías para alquiler social
A pesar de que en décadas anteriores los diferentes gobiernos británicos fomentaron la compra de viviendas, en la actualidad, la Administración Brown tiene como prioridad potenciar el mercado de alquiler, que considera escaso. Para impulsar este mercado, ha creado la agencia estatal de vivienda vacía (Empty Home Agency), que se dedica a la compra de casas deshabitadas con dinero público para destinarlas al alquiler social. Además, algunos ayuntamientos penalizan a los propietarios que mantengan voluntariamente vacías sus viviendas o se nieguen a ponerlas en alquiler, y tienen potestad para obligar al propietario a alquilar o vender forzosamente aquellas casas que lleven más de 6 meses sin inquilino.
Por otra parte, existen incentivos fiscales para los propietarios privados que compren o rehabiliten pisos que luego destinen al alquiler. Sin embargo, "la promoción privada destinada al alquiler es aún relativamente escasa en Reino Unido, mientras que el número de viviendas públicas en alquiler ha aumentado en los últimos años, representando en la actualidad el 32% del parque total del país", apuntan desde Aguirre Newman.
Francia, por su parte, cuenta con un plan de renovación urbanística que data de 2003, y que pretende rehabilitar 400.000 viviendas y construir otras tantas más hasta 2011 para destinarlas al alquiler, así como demoler 250.000 que se han quedado obsoletas. Nuestros vecinos galos también ofrecen desgravaciones fiscales para aquellos propietarios que rehabiliten sus casas para luego arrendarlas; así como gravan los pisos vacíos, llegando incluso a expropiarlos en el caso de que llevan así más de 18 meses. El precio medio de alquiler se revisa anualmente en función del Índice de Coste de la Construcción.
Y España, ¿qué?
La legislación, las características de la oferta en alquiler —en su mayoría obsoleta y necesitada de rehabilitación—, la evolución de los precios y las facilidades de financiación del pasado, han sido las causas de que en España no hayan existido razones consistentes para el desarrollo de un parque de viviendas en alquiler competitivo.
Sin embargo, el momento actual es propicio para conseguir un cambio. Los precios de las viviendas han tocado techo; los bancos han cerrado el grifo de la financiación y exigen un mínimo del 30% del valor del piso a la entrada; el Gobierno ha reconocido que el efecto de las ayudas tardará en notarse; y existe un importante excedente de viviendas sin vender en manos de promotores, banca e inversores, que para conseguir liquidez están dispuestos a alquilarlas. Según García-Mateo, esta situación "aumentará la demanda, así como la calidad de este tipo de producto", ya que se trata principalmente de obra nueva, y hará que "mejore la percepción de los potenciales arrendatarios y les impulse a alquilar".
Además, el objetivo del Gobierno es conseguir que el 40% de las viviendas protegidas que se construyan en los próximos diez años se destinen al alquiler, para alcanzar un parque público en arrendamiento comparable al de nuestros vecinos europeos.
Pero esto no será posible si no se incentiva fiscalmente el alquiler a fin de profesionalizarlo, comenta Fernando Encinar, directivo de idealista.com. En este sentido, Zapatero anunciaba a mediados de octubre la creación de sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, conocidas internacionalmente como REITs. Pero aún está por ver el alcance de esta medida.
En opinión de Encinar, lo "ideal" sería que el Estado emplease los 50.000 millones de euros que va a entregar a la banca "para adquirir el stock de vivienda sin vender por el coste de la hipoteca pendiente". Según este experto, así se matarían varios pájaros de un tiro: "se ayudaría a saldar las deudas de los promotores", para que continuasen con su actividad y no se produjesen nuevos concursos de acreedores y EREs masivos; "la banca rescindiría sus deudas", consiguiendo liquidez para volver a conceder créditos a los hogares; y "el Estado se haría con una gran bolsa de alquiler pública" ya construida, sin tener que esperar varios años para conseguirla, lo que permitiría un acceso más fácil y rápido a los interesados a través de organismos públicos, como la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). Eso sí, para que diese resultado, estas viviendas deberían ofrecerse a distintos tipos de rentas, como se hace en Alemania, apunta Encinar.
De momento, el parque de alquiler español es muy limitado. Está previsto que aumente "coyunturalmente" en los próximos dos años debido a la crisis. No obstante, los expertos coinciden en afirmar que esta tendencia no seguirá así durante mucho más tiempo. "No todo el stock sin vender se destinará al alquiler", afirma Encinar, quien está seguro de que en cuanto se recupere la normalidad en la operativa de los mercados, y las entidades bancarias vuelvan a conceder créditos a quienes los soliciten, el número de viviendas vendidas al año volverá a aumentar. Y en esto coincide con Aguirre Newman, aunque desde esta consultora apuntan a que el alquiler ha empezado a calar en los españoles y seguirá creciendo lentamente.
Según los datos de idealista.com, los alquileres subieron el doble de la inflación en 2007, pero se frenaron en seco a principios de 2008, para empezar a bajar en el tercer trimestre. En opinión de Encinar, con el aumento de la oferta, las rentas mensuales "tenderán a bajar".
* SOITU.es - GEMA FERNÁNDEZ - 11.11.2008
Foto: Se alquila - europapress.es
Borges y El Cabanyal
MANUEL PERIS/Valencia* : Paseen por El Cabanyal y no les será difícil imaginar que si Jorge Luis Borges levantara la cabeza y se diera una vuelta por el barrio, añadiría una nueva página a su Historia universal de la infamia... quién sabe si detrás de El impostor inverosímil Tom Castro, o a continuación de La viuda Ching Pirata. Lo cierto es que hace un par de semanas la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, consiguió demoler la hermosa casa de la palmera de El Cabanyal, junto al mercado del barrio. Un derribo gratuito, chulesco, una victoria pírrica y en definitiva una demolición improductiva, porque Barberá está fracasando en El Cabanyal.
Al destrozo social de su política, que precipita una parte del barrio hacia la degradación, se une ahora el fracaso económico de toda la maniobra. Por un lado, la Unión Europea investiga en Valencia una posible violación de las directivas comunitarias sobre contratación pública por asignar a sociedades mixtas con accionistas privados, como Cabanyal 2010, tareas de ordenación urbanística con cargo al erario público. En paralelo esos socios privados ya han puesto los pies en polvorosa para salir del barrio por motivos puramente económicos. Así las 11 empresas privadas que debían participar en el festín especulativo abandonaron este verano la sociedad mixta Cabanyal 2010, encargada de la operación urbanística, porque la crisis del ladrillo ha llevado a muchas empresas a reorientar las inversiones. Además de las 1.600 viviendas que se pretende derribar, en tres años, Cabanyal 2010 apenas ha conseguido comprar un centenar y empiezan a aparecer sentencias que multiplican por cuatro la factura de las expropiaciones del Ayuntamiento en otras partes del barrio. Algo que aún hace más inviable la operación y que pone de manifiesto cuánta razón tienen arquitectos, vecinos y oposición municipal, al proponer destinar los fondos públicos a la rehabilitación. Pero la Administración pública valenciana carece de posibles, entre otras muchas cosas, porque una parte del pastel se lo está llevando ese patriota fiscal suizo llamado Santiago Calatrava, cuyos emolumentos son "confidenciales" según la respuesta del Consell, en sede parlamentaria, al diputado socialista José Camarasa.
Cuando un político prepotente y con mayoría absoluta comprueba que el devenir histórico no sigue sus delirios, se convierte en un peligro público, como tuvimos ocasión de comprobar con el Aznar de las Azores. Rita Barberá ha fracasado en El Cabanyal y la magnitud del revés da la medida de su dislate. Un fracaso que se extiende también al puerto, a donde no hay más que acercarse para comprobar cómo todo el esfuerzo inversor de la Copa del América ha quedado literalmente patas arriba con ese despropósito perfectamente acotado por vallas llamado circuito urbano.
A los ciudadanos de a pie sólo nos queda la memoria y el testimonio para nuestros hijos, algo que en el caso de la casa de la Palmera dejó registrado el cineasta valenciano Sigfrid Monleón en su película La bicicleta. Un filme que seguro vale la pena volver a ver entre lectura y lectura de cualquiera de los relatos de la siempre actual Historia universal de la infamia.
* ELPAIS.com - Opinión - 25/11/2008
