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ELCONFIDENCIAL* : “Menos mal que nos queda Portugal”, comentaba recientemente en tono jocoso el portavoz de una gran inmobiliaria española en dificultades. Eso mismo deben de pensar grandes entidades, tal que Santander y BBVA, y cajas de ahorros, como Caixa Galicia, que no dan un duro por el sector inmobiliario en nuestro país, pero que sí financian hipotecas para viviendas turísticas en el país vecino.
La gallega Caixanova va aún más lejos, ya que es la principal financiadora del proyecto. Glamour no le falta: entre sus compradores se encuentran personalidades del mundo del deporte como el entrenador del Chelsea Mourinho y entre la veintena de reconocidos arquitectos internacionales que han diseñado los chalets se encuentra, por ejemplo, Álvaro Siza Vieira, conocido por sus desavenencias con la baronesa Thyssen a cuenta de la remodelación del Eje Prado-Recoletos de Madrid.
El proyecto se llama Bom Sucesso- Design Resort, Leissure, Golf & Spa, y consiste en un ambicioso desarrollo de turismo residencial consistente en más de 600 chalets -individuales y adosados-, un hotel con spa y un campo de golf de 18 hoyos Championship en la costa portuguesa. Concretamente, en la villa medieval de Óbidos, a una hora al norte de Lisboa. El propio Gobierno de Portugal ha calificado a Bom Sucesso como Proyecto de Interés Nacional (PIN).
La particularidad de este proyecto consiste en el cuidado diseño de los chalets, que han elaborado 23 arquitectos contemporáneos como Álvaro Siza Vieira o David Chipperfield. Con un objetivo común: integrar las viviendas en el paisaje. Los diseñadores, apoyados por paisajistas, se han ceñido a ciertas normas, como respetar las cubiertas vegetales de las construcciones, optimizar la luz solar o que las separaciones sean naturales o no existan.
De los 601 chalets proyectados, 515 ya están vendidos
De los 601 chalets proyectados, 515 están ya vendidos. El 32% de ellos, a españoles. “Algunos de los clientes españoles interesados, están esperando a vender en España antes de adquirir una de nuestras unidades en Portugal”, afirman portavoces de Bom Sucesso. El perfil comprador es la clase media-alta o alta. Nos dirigimos al 16% del mercado, la parte alta de la pirámide. El proyecto está teniendo muy buena acogida especialmente entre los profesionales liberales: médicos, pilotos, notarios... Nuestro cliente tipo busca una segunda residencia, pero la inversión tiene que ser buena. De hecho, según ha revelado Antonio Caiado Silva Pereira, administrador de la promoción, perteneciente al grupo luso Acordo, los precios de estos chalets se han revalorizado un 80% en tres años.
Los precios oscilan entre los 250.000 euros de las viviendas de una habitación hasta los 400.000 euros de las de tres habitaciones. Las viviendas se pueden adquirir en régimen libre o en régimen turístico. Este último se aplica sobre todo a la adquisición de los adosados. Consiste en la adquisición, en propiedad plena, del chalet, el cual se cede para su explotación turística durante parte del año, y con acceso a compensaciones financieras y a un elevado nivel de servicio. En el precio estarían incluidos los muebles y el equipamiento. La rentabilidad del alquiler mientras no se use, es para el propietario, descontando un porcentaje por la gestión.
Además de las entidades señaladas, Caixa Geral de Depositos, Banco Espirito Santo, Millenium bcp y Barclays figuran como socios de financiación a clientes. Desde su stand en el Salón Inmobiliario de Madrid este año, su administrador asegura que están teniendo una buena acogida por parte de la demanda. “Portugal no está en la misma situación inmobiliaria que España”, asegura.
+ El Confidencial - Fátima Martín.- - 12/04/2008
Foto: Óbidos (Portugal) - iexplore.com
La banca española se dedica ahora a financiar el ladrillo en Portugal
Porto do Son: El fiscal ve indicios de delito en las compras de fincas por Vázquez
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ELCORREOGALLEGO* : El fiscal encargado del caso ha remitido al portavoz de la Fiscalía para su tramitación el expediente abierto al ex concejal de Urbanismo de Porto do Son Juan Manuel Vázquez García, por las irregularidades detectadas en la adquisición de fincas a cuatro vecinos de Portosín que están previstas recalificar en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM).
De esta forma, se formaliza ante el TSXG la querella contra el ex edil por haberse aprovechado presuntamente por su cargo de una información privilegiada con ánimo de obtener un beneficio económico.
Previamente, el fiscal había solicitado al Juzgado de Instrucción de Noia que investigara los negocios urbanísticos de Juan Manuel Vázquez al tener indicios de que pudo cometer dos delitos (artículos 439 y 442 del Código Penal), ya que las fincas al recalificarlas van a doblar su valor de mercado.
Éste es uno de los muchos casos que se dieron en Porto do Son durante el mandato del socialista Ramón Quintáns Vila de irregularidades urbanísticas que poco a poco han ido saliendo a la luz pública. Cuando EL CORREO destapó este hecho, en junio de 2006, el ex alcalde disculpó a su concejal públicamente durante una rueda de prensa, aunque reconoció que su acción "no es ética", y lo mantuvo en su puesto al frente de Urbanismo hasta que el fiscal presentó la denuncia, en septiembre del mismo año, quitándole entonces la delegación. Quintáns defendió a su edil alegando que no hay ley que impida comprar terrenos, pese a su cargo en Urbanismo y a que los mismos se iban a recalificar. En su opinión, este caso no merecía la atención de los medios.
* El Correo Gallego - M.G. • PORTO DO SON - 12.04.2008
Foto: Porto do Son (A Coruña) - cnportodoson.es
Las contratistas cobran 2,1 millones de € por no construir La Romareda
ELPERIÓDICO/Zaragoza* : Cobrar 2,1 millones de euros por no construir el proyecto de nueva Romareda del arquitecto Carlos Lamela en su actual ubicación. Este es el acuerdo que han alcanzado las contratistas Sacyr y Acciona Infraestructuras con el Ayuntamiento de Zaragoza por rescindir el contrato de las obras de construcción del nuevo campo de fútbol que se paralizaron hace ahora dos años por mandato judicial.
Con esta decisión, las dos empresas renuncian expresamente a reclamar cantidades suplementarias al consistorio tanto por la vía judicial como por la extrajudicial.
Gracias a este acuerdo, calificado de "satisfactorio" por el equipo de gobierno PSOE-PAR, la construcción del nuevo estadio en San José, junto al tercer cinturón de ronda, cobra todavía más fuerza. Eso sí, el desarrollo de los 42.500 metros cuadrados de suelo terciario en el entorno de Eduardo Ibarra estará vinculado a la operación San José. El arquitecto Carlos Lamela no cobrará más indemnizaciones pecuniarias --ya recibió 1,5 millones de euros por el pago del proyecto--, pero seguirá teniendo los derechos sobre el desarrollo de la torre de oficinas y los comercios de este entorno bajo la supervisión municipal.
La negociación ha incluido también conversaciones con Isolux-Corsán, la constructora del párking de Eduardo Ibarra. Por el momento no se abonará un euro en concepto de indemnización por el traslado del campo, pero el contrato se revisará dentro de cinco años.
El teniente de alcalde de Urbanismo, que no supo aclarar de qué partida municipal saldrían estos fondos, se mostró "satisfecho" con unas cifras que parecían "inalcanzables" al inicio de las conversaciones, ya que Sacyr y Acciona habían exigido 6,3 millones de euros y defendió el trabajo del área de Hacienda, que había logrado ajustar la indemnización hasta los 2,1 millones de euros y la devolución de los avales.
El martes se aprobará el Plan Parcial del sector 38/4 de San José, en el que se levantará el nuevo campo, y en unas semanas el consistorio convocará un concurso internacional de ideas para su diseño.
El equipo de gobierno PSOE-PAR no ha abordado todavía la posible retirada del recurso que el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene en los tribunales contra la sentencia del juez Javier Albar que obligó a paralizar las obras, tras la presentación de sendos recursos por PP y PAR. Sin embargo, para el portavoz del PAR, Manuel Lorenzo Blasco, el recurso ahora tiene un valor "más testimonial que efectivo" puesto que 28 de los 31 ediles --todos menos los 3 de CHA-- avalan el traslado del campo de fútbol a San José. Tampoco se sabe nada de la partida económica que la DGA está dispuesta a poner para la financiación del estadio.
Esta decisión provocó fuertes críticas por parte del portavoz de CHA y exteniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar, quien llegó a tildar el acuerdo de "estafa" para los intereses municipales. El concejal nacionalista consideró que es la primera en que un equipo de gobierno "tira la toalla" y decide pagar antes de que haya una sentencia firme del Tribunal Supremo.
Los otros dos grupos de la oposición (PP e IU) interpretaron, sin embargo, la resolución del conflicto con las contratistas de forma positiva. Para el portavoz del PP, Domingo Buesa, "el ayuntamiento recupera los 72 millones de euros que vale la pastilla aneja al estadio de fútbol", ya que "por culpa de CHA casi se pierden 100 millones de euros". El portavoz de IU, José Manuel Alonso, este pago "se debería cargar en el debe de quien gestionó mal" este proyecto de reforma del campo de fútbol en la anterior legislatura y añadió que el acuerdo "no es una mala noticia para Zaragoza".
* El Periódico de Aragón - 12/04/2008 MARGA VALIENTE
Foto: Vista área del actual campo municipal de La Romareda/ SOLER, elperiodicodearagon.com
Dueños de zonas verdes de Málaga dicen que el Ayuntamiento "trapichea" con suelos
ELPAÍS* : Quien especula es el Ayuntamiento. Así de claro lo tienen los propietarios de zonas verdes de Málaga que se quejan de que el consistorio les niega los aprovechamientos urbanísticos que legalmente les corresponden y que "trapichea" con ellos.
Las afirmaciones del concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, sobre la existencia de "operaciones especulativas" de propietarios de suelos que el planeamiento reserva para zonas verdes y equipamientos y por los que dijo que pretenden obtener cantidades desorbitadas ha indignado a estos promotores. Uno de ellos, Parque Málaga, ha solicitado al alcalde, Francisco de la Torre, una entrevista en un escrito en el que se queja de la reiterada negativa del Ayuntamiento a reconocerle sus derechos, lo que sostiene le ha "obligado" a pedir la expropiación forzosa del suelo. La ley da un plazo a los ayuntamientos de cuatro años desde la aprobación del PGOU para obtener los suelos reservados para dotaciones y el de Málaga se aprobó hace ya nueve. Actualmente hay cuatro contenciosos-administrativos por la valoración de suelos.
Esta empresa ha solicitado 68 millones de euros por una parcela de 21.000 metros cuadrados en Monte Gibralfaro que compró hace año y medio por 3,6 millones a unas religiosas. Pero niega que haya ningún propósito especulador, e incluso sostiene que ha propuesto al Ayuntamiento que le pague una compensación menor a la que según el planeamiento urbanístico le correspondería, a lo que también se ha negado.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) otorga a los propietarios de los suelos urbanizables en la zona este de Málaga un aprovechamiento urbanístico de 1,67 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. A Parque Málaga por ejemplo le correspondería 35.070 metros edificables en compensación porque la parcela sea zona verde.
El abogado Juan Ramón Fenández Canivell llama la atención sobre el hecho de que mientras el Ayuntamiento se niega a conceder a estos propietarios los aprovechamientos que les corresponden y sólo les ha ofrecido 70 euros por metro cuadrado, ha vendido en la misma área de valoración, en Parque Clavero, una parcela por 2.300 euros cada metro cuadrado en una subasta al mejor postor que fue adjudicada por 10 veces más del valor de salida. Eso si es especulación, según el abogado, quien dice que es el propio ayuntamiento el que ha fijado unos precios que son los que reclaman sus representados.
+ ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 12/04/2008
Foto: Málaga desde Gibralfaro - malagaweb.com
'Tótem': La investigación apunta a que Morales recibió dinero de varios empresarios
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LAVERDAD/Murcia* : No es un cohecho, sino varios. La investigación derivada de la Operación Tótem, centrada en una trama de corrupción desmantelada en Totana, habría ofrecido numerosos indicios que apuntan a que el ex alcalde del PP Juan Morales y actual diputado del Grupo Mixto -ha sido expulsado del partido- recibió dinero de varios empresarios y promotores de la comarca.
Distintas fuentes, conocedoras del contenido de las diligencias judiciales, han confirmado que respecto de Morales se investigan varios delitos de cohecho y no sólo uno, el referido al Grupo Nuaria de construcción, como había trascendido hasta ahora.
Las informaciones conocidas hasta el momento indicaban que Morales, que fue alcalde de Totana durante ocho años -de 1995 a 1999 y del 2003 al 2007-, podría haber pactado el cobro de una comisión de tres millones de euros con el empresario gallego Manuel Núñez Arias -dueño de Nuaria-, a cambio de la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, en los que estaba prevista la construcción de 5.0430 viviendas.
Fuentes próximas al proceso han apuntado que, pese a que hay indicios de que incluso se habría pactado ya un primer pago de un millón de euros entre el munícipe y el empresario, no existen datos que avalen la hipótesis de que hubiera llegado a percibir realmente ese dinero. El hecho de que se desencadenase poco después la Operación Tótem habría abortado cualquier posibilidad de que esos pagos se concretasen en el futuro.
Al margen de este hecho, las mismas fuentes señalan que el cúmulo de pruebas e indicios acumulados contra el ex alcalde es muy importante, e insisten en que hay datos numerosos que llevan a sospechar que recibió diversos pagos de empresarios y promotores cercanos, «en apariencia como muestra de agradecimiento por proyectos que habían salido adelante en Totana».
«Auténtico tercer grado»
Numerosas preguntas que le fueron formuladas al parlamentario, a lo largo de las casi trece horas que estuvo declarando este jueves en el Tribunal Superior de Justicia, fueron en la línea de instarle a dar explicaciones sobre esos posibles cobros no justificados de dinero. Las figuras del fiscal jefe, Manuel López Bernal, y del fiscal anticorrupción José Luis Díaz Manzanera, cobraron en esa línea una relevancia de primer orden durante el interrogatorio, pues fueron particularmente incisivos.
«Fue un auténtico tercer grado», resumía ayer el propio Morales, al recordar la maratoniana sesión, que transcurrió bajo la dirección del magistrado instructor Julián Pérez Templado.
El interrogatorio comenzó pasadas las diez y media de la mañana y finalizó pasada la una de la madrugada, cuando el juez dictó un auto de prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros (algo más de 33 millones de pesetas). El magistrado otorgó un plazo de tres días (hasta este lunes a media mañana) para que Morales formalizase ese trámite y pudiese eludir así su ingreso en la cárcel.
«Profundamente cansado»
A su salida del Palacio de Justicia, pasada la una y media de la madrugada, Morales declaró sentirse «profundamente cansado», aunque se mostró satisfecho por que, «después de cuatro meses es la primera declaración que puedo hacer ante los tribunales, cuando a mí ya se me ha condenado, ejecutado y enterrado». El parlamentario se mostró confiado «en que se haga un juicio justo y se demuestre que soy absolutamente inocente. Y lo voy a demostrar hasta las últimas consecuencias».
Morales, que se encontraba especialmente feliz tras comprobar que no se había dictado una orden de prisión incondicional, y que la podía evitar con el pago de una fianza, advirtió que «me reservo las acciones oportunas contra quienes han atentado contra mi honor, mi intimidad y mi imagen».
Nueva comparecencia
El parlamentario tuvo que regresar ayer mañana al Palacio de Justicia, con el fin de leer detenidamente los más de 70 folios que recogían sus declaraciones del día anterior. Una vez que mostró su conformidad con el contenido de los documentos, los firmó y le fue notificado el auto de prisión eludible con fianza de 200.000 euros.
Abandonó las dependencias judiciales junto a su letrado, José María Caballero Salinas, e insistió en que «en este tiempo me ha condenado ya quien no es juez, y me han enterrado quienes no son sepultureros». Pero evitó hacer otras consideraciones y entrar en el fondo del asunto -el de los hechos que se le imputan-, aduciendo que las diligencias siguen estando declaradas secretas.
* La Verdad - R. FERNÁNDEZ / M. BUITRAGO - 12 abril 2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
La Fiscalía apremia a la juez para investigar la Cidade da Cultura
ELPAÍS/Santiago* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha solicitado al juzgado que lleva el caso de la Cidade da Cultura, el de instrucción nº1 de Santiago, la entrega de la documentación que haya recabado a los tres peritos policiales que se encargan de investigar desde hace un par de semanas las supuestas irregularidades en el macrocomplejo arquitectónico del monte Gaiás.
El escrito menciona expresamente el informe que realizó el Consello de Contas sobre las obras y el dictamen que la comisión investigadora del Parlamento gallego emitió a finales del pasado mes de diciembre. Ambos concluyeron que el Gobierno de Manuel Fraga es responsable del descontrol económico de las obras del Gaiás, que triplicó su presupuesto inicial hasta superar los 400 millones de euros.
El ministerio público también ha solicitado a la Fundación Cidade da Cultura - el organismo dependiente de la Xunta que gestiona el proyecto- el resto de los documentos que no aportó en su momento a la investigación judicial. Esta medida refuerza la intención de la Fiscalía de Galicia de llevar el peso de las investigaciones para determinar si hubo irregularidades en la gestión del macroproyecto que la Xunta del PP acometió en el monte compostelano.
Fue precisamente el ministerio público que dirige el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza, Carlos Varela, el que recuperó la instrucción judicial de la Cidade da Cultura. La primera denuncia había sido presentada el pasado agosto por dirigentes sindicales de la CIG en la Administración autonómica, y fue archivada en un primer momento por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, María Elena Fernández Currás.
El pasado 22 de enero, la magistrada admitió el recurso presentado dos meses antes por la Fiscalía contra el sobreseímiento, al estimar que podría haber indicios de hechos "penalmente relevantes". "Si hay que enterrar algo, hay que hacerlo como se debe, públicamente y con los ritos correspondientes", había comentado en su momento Carlos Varela. El juzgado compostelano, actualmente regido por una juez sustituta a la espera del nombramiento de una titular, había decretado entonces que las diligencias a efectuar deberían ser periciales. Asimismo, solicitaba a la Fiscalía que designase los aspectos a indagar y los peritos que desarrollasen esa labor.
La Fiscalía requirió entonces la ayuda de la Jefatura Superior de Policía, que comisionó a un equipo de tres expertos en delitos económicos y en blanqueo de dinero, dirigidos por un inspector jefe. "Las cuentas pueden cuadrar contablemente, pero lo que hay que ver es si detrás de los números hay actuaciones punibles, y para ello nada mejor que el método detectivesco", señalan fuentes de la investigación. Lo que la pesquisa pericial trata de establecer es si hubo desvío o apropiación de fondos, tanto en el contrato con el arquitecto Peter Eisenman, por un valor superior a 12 millones de euros, como en las adjudicaciones realizadas por el anterior Gobierno gallego, varias de ellas cuando ya estaba en funciones.
El resultado de las averiguaciones, en caso de ser positivo, le permitiría al fiscal encargado del asunto, José Luis Lojo, la posibilidad de llamar a declarar a ex altos cargos de la Xunta como testigos o incluso como imputados. La anterior juez había negado una primera petición en ese sentido. La segunda solicitud, caso de haberla, recaería en la nueva titular del Juzgado de Instrucción Número 1.
* ELPAIS.com - XOSÉ MANUEL PEREIRO - A Coruña - 12/04/2008
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - cidadedacultura.es
Fijadas entre 6 y 12 meses de cárcel las penas por licencias ilegales en Marbella
MÁLAGAHOY* : El pacto que intentan cerrar la Fiscalía y los ex ediles del GIL imputados en delitos urbanísticos para agilizar los casos por licencias ilegales en Marbella y concentrar las penas, pendiente de recibir el visto bueno de los órganos superiores del Ministerio Público, contempla tres condenas diferentes de seis, nueve y 12 meses de cárcel por delito en función de la Corporación a la que pertenecieron los acusados.
Según fuentes cercanas a la negociación, la de 1995 estaría en lo más alto de la tabla, con un año de prisión, seguida por la de 1999 y la de 2003, que es la que presidió la ex alcaldesa, Marisol Yagüe. El Código Penal prevé hasta dos años de cárcel para este tipo de delito.
Los grupos se han establecido por los años de gobierno en el Ayuntamiento, circunstancia vinculada a si los concejales de turno autorizaron el proyecto básico de las obras o el de ejecución. Según dijo ayer el abogado Ernesto Osuna, uno de los aspectos que habría tenido en cuenta la Fiscalía para castigar con una pena más alta la actuación de los ediles de la comisión de gobierno de 1995 es que aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, el promovido por Jesús Gil que nunca fue aprobado por la Junta y que dio cobertura a todas las licencias ilegales de Marbella.
El objetivo del pacto es agilizar las causas porque existe un límite legal de cumplimiento de condena, ya que los delitos urbanísticos se consideran conexos. El Código Penal establece que ese tope de condena sería el triple de la pena impuesta, es decir, en caso de que el acuerdo se cierre en los términos actuales, los ex concejales cumplirían un máximo de tres años, 27 meses o 18 meses de prisión, según el caso.
Este acuerdo aún no está cerrado y debe recibir el visto bueno de la Fiscalía Superior de Andalucía y la Fiscalía General del Estado. "Va avanzando, pero las cosas de palacio van despacio", apuntó Osuna. Otras fuentes cercanas a la negociación indicaron que uno de los escollos para culminar el acuerdo es la exigencia del Ministerio Público de que todos los afectados, independientemente del grupo en el que se encuentren, deben ingresar en la cárcel, aunque sea por poco tiempo. El futuro pacto se ciñe exclusivamente a los casos por delito urbanístico, se limita a las licencias ilegales y no afecta al resto de procedimientos en los que están imputados algunos ex concejales de Marbella, como Malaya o las investigaciones de los convenios urbanísticos que dirige la Fiscalía Anticorrupción.
Mientras tanto, las citas judiciales continúan para los ex concejales. Ayer se sentaron en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal número 6 el ex alcalde Julián Muñoz y otros ocho ex ediles por conceder una licencia a la empresa Proinsa para construir una promoción de viviendas en un suelo clasificado como zona verde deportiva. El resultado fue similar al de la última vista, celebrada en enero pasado, y los acusados se conformaron con la petición formulada por la Fiscalía, motivada por las negociaciones en las que están enfrascadas ambas partes.
Julián Muñoz, Manuel Calle, Marisa Alcalá y Dolores Zurdo fueron condenados a un año de cárcel, pena que en el trámite de ejecución se conmutó por una multa de 7.200 euros (24 meses a 10 euros diarios). Rafael González, José Luis Troyano, Tomás Reñones, Javier Lendínez y José Luis Fernández Garrosa fueron penados con nueve meses de prisión, sustituibles por una multa de 5.400 euros (18 meses a 10 euros diarios). La juez, Juana Criado, también declaró la nulidad de la licencia y explicó a los procesados que el juzgado "no tiene inconveniente" en que la multa se pague a plazos.
El propio Ernesto Osuna, tras la conformidad de los acusados, explicó que las penas impuestas van en la línea de lo que recogerá el futuro acuerdo que los abogados defensores negocian con la Fiscalía. Aclaró también que uno de los ex ediles condenados, del que prefirió no dar su nombre, prefiere cumplir la pena de prisión y no abonar la multa.
* Málaga Hoy - Esperanza Codina - 11.04.2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
'El Estado está perdiendo lucha contra la corrupción', asegura el juez Torres
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TERRA* : El que fuera juez instructor del Caso Malaya, Miguel Ángel Torres, ha aseverado que 'el Estado está cada vez más retrasado y perdiendo la lucha contra la corrupción', una situación que ha atribuido a 'la carencia de medios'. 'La corrupción anida en el urbanismo, en la contratación pública y en la financiación de los partidos políticos'
Torres, participante en la mesa redonda sobre 'Corrupción. La gran amenaza al Estado Democrático' en Salamanca, ha advertido de que en España 'se ve la corrupción como algo normal y en algunos casos, como defraudar a Hacienda, está bien vista'.
A esta situación contribuyen, a su juicio, la falta de unidades policiales y juzgados especializados y a que 'no todo el mundo está dispuesto a luchar contra la corrupción'.
El juez ha abogado por 'aumentar los medios para conseguir pruebas', al tiempo que ha reclamado la 'regulación de las intervenciones telefónicas' y la mejora en 'la obtención de información de la Agencia Tributaria y de las entidades bancarias'.
Además, se ha mostrado partidario de 'modificar los tipos penales' y de que 'se avance en la devolución de los bienes sustraídos más que en las penas'.
Torres ha lamentado que los jueces tengan cada vez 'menos autoridad' y ha criticado que en los medios de comunicación 'aparezca la versión de los abogados de los implicados' en los casos de corrupción, algo que, según ha dicho, no sucede con los jueces, fiscales y policías, 'porque no hablamos de estos temas'.
Otro de los ponentes en la Mesa Redonda, el catedrático de Derecho Penal en la Universidad de La Coruña Carlos Martínez-Buján ha indicado la necesidad de nuevas leyes de 'financiación de los partidos políticos y de los municipios', ya que, según ha expresado, 'la corrupción anida en el urbanismo, en la contratación pública y en la financiación de los partidos políticos'.
En este sentido, ha llamado la atención sobre las recalificaciones de suelo, cambios que, según ha aseverado, 'están amparados por decisiones públicas' y se ha preguntado 'cómo con un papel surgen enormes beneficios privados', una situación que 'no existe en otros países de nuestro entorno'.
* Terra Actualidad - EFE - 11-04-2008
Viñeta Peridis - ELPAIS.com
