ELPAÍS* : La legislación actual "es insuficiente para lograr una total coordinación entre el Registro de la Propiedad y la acción administrativa urbanística" y, por tanto, no garantiza "la protección de terceros". Es la conclusión de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ), que pide en una sentencia a la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia en materia de urbanismo, que modifique la Ley del Suelo.
En concreto, este tribunal sugiere al Gobierno regional que debe reformar la legislación para imponer a los ayuntamientos la obligación de anotar de manera preventiva la apertura de expedientes de disciplina urbanística en el Registro de la Propiedad para no perjudicar a quienes adquieran inmuebles de buena fe sin saber que éstos son objeto de un expediente disciplinario. "Y que el legislador estatal efectuará igualmente las reformas necesarias para que en los supuestos de ejercerse la acción pública en materia urbanística se procediera de manera obligatoria a la anotación preventiva de la demanda", añade el fallo judicial. En éste, se recuerda que la legislación de Galicia es la más "novedosa y avanzada".
La sentencia del TSJ obedece a un recurso contencioso-administrativo que se presentó contra una decisión del Ayuntamiento de Alpedrete. Por silencio administrativo, el Consistorio había rechazado la petición de daños y perjuicios del titular de un edificio, utilizado como residencia de ancianos. El propietario reclamaba porque el Consistorio le había suspendido la licencia de obras de ampliación, la tramitación de la licencia de apertura de la residencia y había decretado la paralización urgente de las obras que se estaban realizando en la parcela.
El titular "no dispuso de toda la información que hubiera deseado tener en el momento de la adquisición del edificio en cuestión, a fin de tomar la decisión que hubiera sido más conveniente para sus intereses", reconoce el Tribunal Superior de Justicia. También considera que la responsabilidad no era del Ayuntamiento, que no tenía potestad para haber inscrito en el Registro de la Propiedad la situación urbanística del inmueble. De ahí, que el tribunal reclame el cambio legislativo.
Sin embargo, el fallo de este tribunal no es vinculante para la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, podría considerar la sugerencia de la sentencia, ya que recientemente ha prometido -durante el debate del estado de la región- la futura reforma la Ley del Suelo.
* ELPAIS.com - S. A. A. - Madrid - 03/10/2009
Foto: edificio Comunidad de Madrid - wikimedia.org
Madrid: El Tribunal Superior reclama al Gobierno regional que reforme la Ley del Suelo
Zamora: El TSJ obliga al Ayuntamiento a invertir 4 millones en ampliar y conservar el suelo municipal
ELNORTE* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) sentencia que la normativa urbanística es meridiana en este caso y que «no caben interpretaciones flexibles en una disposición tan clara: el fin último de la enajenación de suelo municipal es obtener dinero para destinarlo a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social».
Por ese motivo, los magistrados del TSJ estiman parcialmente la demanda planteada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el año 2003 y anula los pliegos de condiciones de la venta de dos parcelas de propiedad municipal en Benedictinas y Trascastillo, en las que actualmente se levantan varios bloques de pisos construidos, respectivamente, por Hergumar y Vía Tertia.
El fallo no tiene consecuencias para los propietarios de las viviendas, pues la sentencia no anula la compra-venta de los pisos a terceros sino los actos administrativos previos, aunque sí obliga al Ayuntamiento a reservar la misma cantidad de dinero que ingresó por la enajenación de esas parcelas en una caja separada, con el fin de destinarlo a los usos a los que le obliga la normativa urbanística, es decir, la ampliación y conservación del patrimonio de suelo.
El fallo no tiene consecuencias para los propietarios de las viviendas, pues la sentencia no anula la compra-venta de los pisos a terceros sino los actos administrativos previos, aunque sí obliga al Ayuntamiento a reservar la misma cantidad de dinero que ingresó por la enajenación de esas parcelas en una caja separada, con el fin de destinarlo a los usos a los que le obliga la normativa urbanística, es decir, la ampliación y conservación del patrimonio de suelo.
Esa cantidad se cifra en casi cuatro millones de euros, una cuantía que, dada la situación crítica de las arcas municipales, es inviable. No obstante, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Guarido, indica que la lectura de la sentencia es política y que las consecuencias tienen que ser «que el equipo de Gobierno del PP reconduzca la situación y contemple la sentencia tanto en el presupuesto del 2009, ya que aún no se han redactado los pliegos para la venta prevista de otras parcelas, y en el anteproyecto de los Presupuestos Municipales del 2010». De lo contrario, «pediremos la ejecución de la sentencia».
Sin embargo, desde la Alcaldía se considera que la sentencia sobre la enajenación de parcelas del 2003 ya está cumplida «porque el dinero que el Ayuntamiento ha destinado desde el año 2003 a la conservación y ampliación del patrimonio municipal supera los 3,9 millones obtenidos con la venta recurrida».
Inversiones en barrios
En concreto, argumentan las mismas fuentes municipales, el grueso de la cuantía se dedicó a partidas para expropiaciones, al parque de Puerta Nueva, a la construcción de nuevas sepulturas, al aparcamiento subterráneo de San Martín y la adquisición de inmuebles. Aseguran que tan sólo «una pequeña parte» fue para inversiones en infraestructuras básicas de los barrios, como la renovación de aceras o alumbrado público.
* El Norte de Castilla - 03.10.09 - M. J. PASCUAL | ZAMORA
Foto: Viviendas en la zona de Trascastillo. / LUIS CALLEJA, nortecastilla.es
Málaga: Urbanismo ha intentado expropiar una parcela suya
LAOPINIÓN* : La burocracia que enmaraña la tramitación en la administración pública ha estado a punto de jugar una mala pasada al Ayuntamiento de Málaga y a la Gerencia de Urbanismo, que inició los trámites para expropiar una pequeña parcela de propiedad municipal. Después de dos años de papeleos, la Gerencia de Urbanismo acordará mañana la anulación del expediente de expropiación de esa pequeña parcela que no es necesario enajenar pues ya es propiedad pública.
En marzo de 2007 se iniciaron los trámites para la expropiación de varios suelos en Churriana para la construcción de dos viales en el sector de Plaza Mayor, entre ellos una pequeña parcela de 88,9 metros que se pensaba que era de propiedad privada y que fue valorada en 588 euros.
Se pusieron anuncios en un diario local y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para dar con el "titular desconocido de la finca número 4", sin ningún resultado satisfactorio, hasta que más de dos años después de iniciado el proceso en Urbanismo advirtieron finalmente que la parcelita forma parte de un camino que "fue incluido entre los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento de Málaga", lo que en realidad significa que "la titularidad es municipal".
Dinero para expropiaciones. Solucionado el entuerto, la Gerencia de Urbanismo aprobará mañana anular el proceso de expropiación que se había puesto en marcha.
De otra parte, el consejo de Urbanismo deberá aprobar también una modificación del presupuesto para incrementar en 5,8 millones de euros la partida correspondiente al pago de expropiaciones ya que existen actualmente al menos 17 expedientes sin financiación, entre ellos varios referentes a la obra de ampliación de la calle Pinosol o de remodelación del Camino de Antequera. El más importante de ellos, con un coste de casi 2 millones de euros, afecta a los suelos que permitirán la ampliación del cine Albéniz. El dinero para hacer frente a estas expropiaciones se detraerá de la partida destinada a inversión nueva en infraestructuras de uso general.
* LaOpinión de Málaga - JAVIER GARCÍA RECIO - 1.10.09
Foto: Pinosol. La calle está lista, pero faltan expropiaciones por pagar. - g. t. -laopiniondemalaga.es
