ELMUNDO/Valencia* : El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos interpuestos por la Generalitat y la Administración del Estado contra una sentencia anterior de ese tribunal que anulaba la resolución del Ministerio de Educación y Cultura de enero de 2001 y ordenaba "retrotraer" el expediente del plan municipal de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia.
Según el fallo dado a conocer este martes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS considera que no ha lugar a esos recursos de casación y deja abierta la vía para revisar la legalidad de la prolongación de esa avenida sobre el barrio marítimo de El Cabanyal.
La sentencia, de la Sección Quinta, no es recurrible y remite al Ministerio de Cultura la decisión sobre si la apertura de la avenida al frente marítimo, que conllevaría el derribo de varios bloques de viviendas, es o no ilegal.
La decisión deberá tomarse, según el TS, "conforme a los parámetros legales y reglamentarios aplicables al caso y con relación a los exhaustivos informes de los arquitectos de la Inspección de la Conselleria de Cultura Valenciana, de la Sindicatura de Greuges, y de la Facultad de Derecho y la Universidad de Valencia, aportados en el expediente de expolio hipotéticamente ocasionado por el Plan del Ayuntamiento".
La decisión del TS llega después de que, el pasado mes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estimara los recursos presentados por el Ayuntamiento de Valencia y la empresa municipal AUMSA contra la sentencia que mantenía paralizados varios derribos en el barrio de El Cabanyal-Canyamelar, situación que paralizaba a su vez la prolongación de la avenida.
Esos recursos contencioso-administrativos se referían a 12 licencias de derribo concedidas entre 2005 y 2006, de las que siete se encuentran en el ámbito del Bien de Interés Cultural (BIC) "y el resto dentro del conjunto histórico pero no del BIC", según explicaron entonces fuentes municipales.
En la sentencia conocida este martes, el Tribunal Supremo apunta que "ahora" sabe que existió una denuncia por expoliación y que ello dio lugar a un procedimiento independiente, y concluye que el motivo de casación presentado por la Generalitat "no puede ser acogido".
La plataforma vecinal Salvem el Cabanyal ha declarado que la sentencia del Supremo es "de enorme importancia" dado que, según ha apuntado, afirma la competencia sobre el caso de la Administración del Estado y "obliga al Ministerio de Cultura a expresar y motivar si considera expolio la irrupción de (la avenida) Blasco Ibáñez sobre El Cabanyal".
En un comunicado en el que aplaude la decisión del TS, la plataforma ha anunciado que pedirá al Ministerio de Cultura que declare que el Plan de El Cabanyal supone "un expolio para el patrimonio histórico de los valencianos" y obligue, por ello, a la detención de las expropiaciones y los derribos.
Por otro lado, los servicios jurídicos municipales del Ayuntamiento de Valencia estiman que el Tribunal Supremo, con la decisión de pedir al actual Ministerio de Cultura que razone por qué se consideró que no había expolio en El Cabanyal, "no discute la legalidad y ejecutividad" del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio de El Cabanyal, según informaron en un comunicado fuentes del equipo municipal de gobierno.
* EL Mundo - EFE - 9.06.09
Foto: Valencia, barrio Cabanyal - publico.es
El TS pide a Cultura que razone por qué no consideró expolio en El Cabanyal
Un juez ordena demoler un edificio de Sanxenxo sin acceso a la vía pública
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LAVOZ/Pontevedra* : Nuevo varapalo para la gerencia de Urbanismo del Concello de Sanxenxo. El Juzgado de lo Contencioso administrativo nº3 de Pontevedra ordena la demolición de un inmueble localizado en la calle Progreso y que el organismo municipal había autorizado. La empresa tramitó el permiso para construir un edificio de dos bloques separados.
La polémica comenzó cuando la gerencia concedió a la constructora licencia para modificar el permiso municipal administrativo y poder así ejecutar el edificio en dos bloques: A y B. Ante esa situación, la abogada que representó al denunciante, Ana Villaluestre Hermida, solicitó la nulidad de la licencia concedida y pidió la restitución de la legalidad urbanística «ordenando demoler la obra denominada bloque B».
El Concello de Sanxenxo y la constructora disponen de un plazo de quince días para interponer un recurso de apelación ante el juzgado que le dará traslado a la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Fuentes municipales señalaron que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están analizando la sentencia para formular el recurso.
El fallo del juzgado pontevedrés firmado el 29 de mayo del presente año precisa que la parcela para la que se otorgó la licencia «no goza de la condición de solar en lo que afecta al bloque B ... ya que no tiene frente alguno a vial porque se accede al mismo a través del bloque A, y por tanto valiéndose de una servidumbre».
También refleja que el bloque B «debería estar adosado a la medianera por el linde sur». Además, de acuerdo con los términos de la sentencia, la estructura «incumple la normativa sobre retranqueos laterales» que exige el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El fallo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 también apunta a que, según Ana Vallaluestre Hermida, la construcción incumple «la normativa sobre edificabilidad máxima».
La sala judicial reconoce que el Concello puede conceder una licencia para edificaciones sobre dos parcelas, pero ello no impide reclamar a la Administración local que «aún en el caso de conceder una licencia en forma conjunta para dos parcelas, se ocupe de asegurar que las obras que se licencian cumplen con la normativa urbanística de aplicación a estas dos parcelas, por separado». El bloque A consiste de sótano, planta baja, tres pisos y ático, mientras que el B está formado por dos sótanos, planta baja y dos pisos, de acuerdo con los proyectos presentados en el 2006.
* La Voz de Galicia - Nino Soto - 9.06.09
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Los jóvenes deben dedicar el 86% del sueldo para comprar una vivienda
ELPAÍS* : Las dificultades que encuentran los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad llevan aumentando de forma exponencial en los últimos ocho años. Y para una vez que bajan los precios y se reduce la presión de los tipos de interés, tal y como ha sucedido en los últimos meses, va y el ascenso del paro se encarga de disolver los efectos beneficiosos de estos factores a la hora de comprar una casa.
Así, según ha hecho público hoy el Observatorio Joven de Vivienda con datos del último trimestre de 2008, un joven debería destinar el 86% de su sueldo para adquirir una casa, un porcentaje que es inferior al de 2007 por primera vez desde 2001 pero que queda diluido por el mencionado aumento del desempleo.
Para superar estas dificultades, una vez descartado que todos los jóvenes puedan llegar a cobrar los más de 3.400 euros necesarios para cumplir la premisa de no dedicar más del 33% del salario a la vivienda en lugar de la media de 1.200 euros actuales, el Observatorio aboga por incentivar el mercado de vivienda pública, tanto de alquiler como en propiedad. Aunque, añaden, en cualquier caso lo primero es reactivar el mercado de trabajo.
* ELPAIS.com - Madrid - 09/06/2009
Foto: casa - periodistadigital.com
El PGOU de Málaga mantiene proyectos "inviables" para el medio ambiente
ELPAÍS* : Sostenella y no enmedalla. El Ayuntamiento de Málaga, que preside Francisco de la Torre (PP), no va a modificar los proyectos incluidos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que han sido considerados como "inviables" en los distintos informes sectoriales emitidos por otras administraciones.
El pleno de Málaga celebrará mañana una sesión extraordinaria para aprobar una serie de modificaciones al documento para dar cumplimiento a estos informes sectoriales y para corregir errores, pero no se tocarán proyectos que han tenido algún reparo como la construcción en Arraijanal, última parcela libre en primera línea de playa, las torres de Repsol o el desarrollo de los suelos que ocupó la antigua central térmica junto a la playa de La Misericordia. El Ayuntamiento prevé ingresar 170 millones de euros por los convenios firmados con los propietarios de estos terrenos.
En total, el pleno verá 162 modificaciones que, según la asesoría jurídica municipal, no suponen una alteración sustancial del planeamiento aprobado provisionalmente el 14 de agosto de 2008. Por ello, no será necesario convocar un nuevo periodo de información pública.
Especialmente significativa es la desconsideración del consistorio hacia el informe de impacto ambiental que emitió la Consejería de Medio Ambiente. Este departamento considera inviables proyectos como la urbanización en Arraijanal, en los terrenos al norte de la ronda de circunvalación y en la vega del río Campanillas, lo que afecta a unas 8.000 viviendas, prácticamente la tercera parte de las proyectadas en el nuevo PGOU.
Los 500.000 metros cuadrados de Arraijanal ya se preservan como suelo no urbanizable en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) a punto de ser aprobado por el consejo de Gobierno de la Junta. Pese a que el Ayuntamiento de Málaga conocía esta consideración, firmó con la promotora Vallehermoso un convenio para construir 664 viviendas, hoteles y equipamiento comercial por el que recibirá 28 millones de euros.
El Ayuntamiento considera que el informe ambiental es una invasión de competencias municipales por parte de la Junta. En noviembre, el consistorio pidió a la consejería que modificara su estudio de impacto amparándose en un informe de la asesoría jurídica municipal. El equipo de gobierno sí ha modificado nueve puntos derivados del informe de impacto ambiental, pero sobre cuestiones menores.
Una vez aprobado por el pleno, el Ayuntamiento remitirá el paquete de modificaciones a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que es a la que compete la aprobación definitiva del PGOU, y que, a la vista de la persistencia de estos proyectos ambientalmente inviables, decidirá presumiblemente dejarlos en suspenso. La oposición ha criticado la actitud del alcalde, Francisco de la Torre. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, entiende que trata de "eludir los controles de las demás Administraciones", y considera que se requeriría una nueva aprobación provisional con información pública porque sí hay modificaciones sustanciales. El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, critica que el alcalde "se empeña en la defensa de los intereses privados de unos cuantos".
Las torres de los terrenos de Repsol conservan su altura
La Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, conminó al Ayuntamiento de Málaga a reducir las alturas de ocho edificios de más de 100 metros proyectados por el nuevo PGOU en los suelos que ocuparon los depósitos de petróleo de Repsol y en el área de la desaparecida central térmica junto a la playa de La Misericordia al considerar que afectaban a la seguridad aérea. A diferencia de lo ocurrido con los informes de impacto ambiental, que han sido ignorados, el equipo de gobierno de Francisco de la Torre sí ha introducido modificaciones al plan para dar cumplimiento al texto de Aviación Civil, pero sin llegar a la reducción taxativa de las alturas, que se contemplan como una mera posibilidad.
Para la reordenación de los suelos de Repsol, favorecidos además por el soterramiento de las vías del tren que lo atraviesan, el Ayuntamiento contempla un conjunto de edificaciones. Entre ellas se incluye el que será rascacielos más alto de la ciudad, un bloque de 45 plantas con 186 metros de altura. Además, se proyectan otras tres torres de 131, 124 y 117 metros; de entre 31 y 27 plantas. La modificación introducida consiste en añadir a la consideración de máximas de estas alturas en la ficha urbanística la posibilidad de que se puedan reajustar a la baja "en función de las superficies limitadoras de las servidumbres aeronáuticas reflejadas en el plano o en su caso la que finalmente se establezca por la administración competente en dicha materia". El Ayuntamiento aún confía en que Aviación Civil pueda revisar su informe.
La modificación contempla además de que en caso de que se produjera la rebaja de alturas se haga un reparto de la volumetría entre el resto del sector para no perder la edificabilidad prevista y acordada por el consistorio con los promotores del proyecto, que abonarán 84 millones de euros.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 08/06/2009
Foto: Málaga, ayuntamiento desde Gibralfaro - wikimedia.org
