ELPAÍS* : Si Salvador Dalí, exponente del surrealismo por excelencia, pudiera levantar la cabeza, quizá no llegara a entender nunca la surrealista (valga la redundancia) trayectoria por la que ha pasado, y pasa, su única plaza en Madrid. Se encuentra entre el cruce de la avenida de Felipe II y las calles de Antonia Mercé, Lombía y Fernán González, el mayor espacio abierto del barrio de Salamanca. Ahí, donde El Corte Inglés de Goya (que financió parte de la obra) contempla impasible las docenas de skaters que golpean sin piedad el suelo, un enlosado de granito gris que es ahora objeto de la penúltima controversia de esta plaza, que se inauguró el 17 de julio de 1986.
El suelo no es el original. Fue modificado en la reforma que realizó el arquitecto Patxi Mangado en 2003, bajo las directrices del alcalde José María Álvarez del Manzano, que haciéndose eco de calificaciones del estilo de plaza "soviética" o "moscovita" tenía la intención de hacerla desaparecer repartiendo sus distintos elementos por Madrid, según un informe del arquitecto director del proyecto Alfonso Güemes.
La oposición vecinal y la Asociación Salvar el Dolmen de Dalí, entre otros, lo impidieron. Incluido el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón que apostó por conservar la obra daliniana. Varios colectivos reclamaron que fuera declarada bien inmueble (BI). Tras un largo periplo por los tribunales, el Supremo obliga en 2009 a la Comunidad de Madrid a que la califique así y la dote de protección.
La Dirección General de Patrimonio cumplió la sentencia el pasado 13 de julio de 2010 y se abrió el periodo de alegaciones que acaba de concluir. Algunas de ellas, las de Juan Barranco, el entonces alcalde que inauguró la plaza porque Enrique Tierno Galván falleció unos meses antes, se centran en reclamar que se recupere el enlosado original de varias piedras naturales (o lo que quede de él) porque consideran que está dentro del perímetro protegido.
La Comunidad de Madrid debe dictar la resolución definitiva antes del 23 de noviembre. El Consistorio ha dicho que hasta que la Comunidad no dicte la resolución no se pronunciará.
La plaza de Salvador Dalí -que contiene, entre otros elementos, un dolmen y una estatua de bronce de Newton cuya disposición responde a la idea que Dalí tenía del cosmos- fue una iniciativa que surgió del entorno de Tierno Galván, que se había implicado en la campaña "Viva la Gala", esposa y musa del artista, y la promotora artística Ararte, según varios informes.
Dalí agradecido, aceptó la propuesta de diseñar la plaza (25.000 metros cuadrados) que llevaría su nombre. El proyecto recayó sobre Güemes porque entonces estaba enfrascado en ordenar el urbanismo caótico de esa zona, un cruce de calles por las que los autobuses campaban por sus fueros. Güemes viajó a casa de Dalí en Figueres varias veces. "Fue un proyecto muy complicado", recuerda el arquitecto ya jubilado. "Dalí estaba en silla de ruedas. A mí me daba un poco de pena verlo solo en medio de una sala de 100 metros cuadrados al lado de una mesita llena de medicinas. Pero su cabeza y su voluntad estaban intactas. Y cuando no le gustaba algo de los proyectos que le presentábamos, echaba rayos y centellas, como pasó cuando se le entregó la primera estatua de Newton que hizo el maestro Eduardo Capa. Entonces hizo que nos enseñaran el Museo de Figueres donde hay otra estatua dedicada al científico para que viéramos lo que quería y ahí comprendí el genio de Dalí. Se hizo todo lo que quería él", añade.
Sobre el pavimento, aclara: "Estaba diseñado con las mismas directrices poéticas que el resto del conjunto, a modo de una explosión cósmica en la que se repetían los círculos expandiéndose hasta el infinito. Pero resulta difícil saber si lo dibujó, porque ya no dibujaba nada. Eso sí, si no le hubiera gustado el original lo hubiera dicho, eso sin duda, porque veía todos los planos que le íbamos presentando".
El portavoz de la Asociación Salvar el Dolmen de Dalí, Juan Antonio Aguilera, tiene sin embargo muy claro que el suelo que se colocó tras la reforma es un atentado contra la idea original de Dalí. "A pesar de que hemos ganado varias batallas judiciales para que se protegiera la plaza, el enlosado sigue sin ser considerado obra de Dalí", se queja. Aguilera opina que esa plaza ahora "no es ni la plaza de Dalí, ni la de Mangado y malviven los dos conceptos radicalmente distintos".
Más implacable es la opinión del arquitecto Mangado. "Dudo de que Dalí trabajara en eso, él no estaba bien y no definió nada. Hizo un dibujito y a partir de ahí se fue inventando todo. El problema no es el enlosado. Es que un espacio público que nació para ser recuperado, porque ahí no había nada, y para que lo disfrutaran los vecinos, se sigue maltratando y ocupando por el negocio privado. Yo no hubiera conservado ni el dolmen, pero me obligaron. Decir que eso es una obra de Dalí es un maltrato hacia él", concluye.
Han pasado casi 25 años y aún no se ha cerrado último capítulo.
La plaza en datos
- Fue inaugurada el 17 de julio de 1986 por Juan Barranco, aunque la iniciativa surgió con Enrique Tierno Galván que falleció meses antes.
- Costó 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) y abarca un perímetro de 25.000 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, al lado del Palacio de los Deportes.
- 2007. Una sentencia del TSJM dice que debe ser declarada Bien Inmueble, tal y como reclamaban algunos colectivos, y delimita el entorno de protección. La sentencia fue recurrida por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. En 2009, el Supremo ratifica el fallo.
- La Comunidad la cumple el 13 de julio de 2010. Algunas alegaciones piden que se recupere el suelo original.
El Gobierno regional deberá pronunciarse antes del 23 de noviembre.
* El País - 27.09.10
Foto: Estado de la plaza de Felipe II, donde se encuentra la estatua de Dalí.- elpais.com
Dalí se pierde en el laberinto de Madrid
Chiclana.- Vecinos de Pago del Humo piden el proyecto de los sistemas generales
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DIARIODECÁDIZ* : Las Asociaciones de Vecinos Los Rosales, Cerrillo del Tesoro, Pozo de la Boyal, El Rodeo, Caño Juan Cebada, El Olivo, Santa María de las Canteruelas, Camino Cádiz de la Boyal, San Amaro y El Carrascal, todas ellas ubicadas en el Pago del Humo, muestran su sorpresa por el anuncio realizado desde el Ayuntamiento sobre el proyecto de los sistemas generales de esta zona.Desde estas asociaciones, se aplaude el cambio de criterio realizado por el alcalde, José María Román, "al darnos la razón sobre la necesidad de acometer estas obras sin condicionarlas a la regularización, como así nos exigió en la reunión que tuvo lugar en la Federación del Pago del Humo con la presencia de los presidentes de las entidades vecinales"
En esa misma reunión de hace unos meses, afirman las asociaciones, "nos anunció que se estaba realizando el proyecto recientemente presentado y que contaría con la colaboración y el beneplácito de los vecinos antes de su presentación, asegurando que no se realizaría ninguna actuación que no fuera consensuada con nosotros".
Así, los citados colectivos vecinales aseguran que "la supuesta colaboración en la elaboración del proyecto ejercida por los vecinos a través de Rafael Oliver carece de validez para nosotros, ya que no nos sentimos representados por los actuales dirigentes de la Federación de Pago del Humo, algo que conoce el alcalde, y a los que en los últimos meses venimos pidiendo la dimisión de sus cargos ya que no cuentan con nuestra confianza.
Asimismo, dicen no entender "la necesidad de crear miedo, inquietud e incertidumbre desde el Ayuntamiento con la publicación del Avance del nuevo PGOU donde se declaraba inundable una zona del Pago del Humo, ya que como se reconoce desde el Ayuntamiento, estas obras ahora presentadas, lo van a solucionar. Por tanto, consideramos que la alarma creada podría haberse evitado si hubiera existido una mejor comunicación entre la Gerencia de Urbanismo y la empresa redactora del plan urbanístico, si como es cierto, este proyecto lleva realizándose 10 meses".
Las entidades vecinales reconocen que "estas obras son necesarias, y a pesar de todas estas actuaciones impropias de un Ayuntamiento, reiteramos nuestra disposición al diálogo para conseguir una solución consensuada y definitiva que acabe con los problemas que padecemos. Por ello, solicitamos formalmente al Ayuntamiento que facilite copia del proyecto a las Asociaciones, para su estudio y poder dar su aprobación antes de presentarlo a la Junta de Andalucía y así evitar situaciones similares a las ocurridas con las Ordenanzas de Regularización de las AGB".
"Como se reconoce desde el Ayuntamiento, -continúan- este proyecto además de dotarnos de los servicios básicos, a medio plazo, resolvería definitivamente los problemas de inundación que padecemos, pero no es menos cierto, que necesitamos otra serie de actuaciones a muy corto plazo para evitar las terribles inundaciones que sufrimos hace unos meses". En este sentido, indican que "hasta la fecha no se ha solucionado el problema, y ya que la época de lluvias está cada vez más cerca, reiteramos una vez más al Ayuntamiento la necesidad de acometer de manera inminente las actuaciones necesarias para evitar que además de las desgracias materiales, se produzca una desgracia personal.
* Diario de Cádiz - 27.09.10
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales Pago del Humo - diariodecadiz.es
Seis de cada diez municipios valencianos llevan más de una década sin actualizar el catastro
LEVANTE* : El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es el principal tributo que recaudan los 542 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, más de 1.233 millones de euros esperaban ingresar el pasado año por este concepto. Es decir, que casi uno de cada cinco euros que entran en los ayuntamientos vía impuestos llega por la contribución urbana y rústica. El IBI establece su valor porcentual en relación con el valor catastral que se aplica, que viene a ser un 50% sobre el valor de mercado del bien inmueble. Así, cargará un tipo de IBI más bajo aquel ayuntamiento que haga más tiempo que no revisa su catastro, un deber que están obligados a acometer cada 5 o 10 años.
Sin embargo, una revisión catastral deriva siempre en un incremento espectacular del IBI, de ahí que muchos consistorios sean reacios a cumplir con esta obligación u menos aún un año de antes de las elecciones. Prueba de ello es que casi el 60% de los municipios de la C. Valenciana, 313 en total, no actualizan su catastro desde hace más de una década. Entre estos ayuntamientos se encuentran tres de las cinco ciudades valencianas de más de 100.000 habitantes. Alicante y Castelló no han revisado su catastro desde 1996, y Valencia desde 1998. Entre las ciudades de 50.001 a 100.000 habitantes, Elda no lo actualiza desde 1986, y entre los municipios intermedios (de 20.001 a a 50.000 vecinos), la palma se la lleva Ontinyent, cuya última revisión data de 1987.
Imp. de bienes e inmuebles
La Ley de Haciendas Locales establece para el IBI un mínimo del 0,4% y un máximo del 1,10% sobre el valor catastral del inmueble. En este sentido, ocho de cada 10 municipios de la C. Valenciana aplican una tasa igual o superior al 0,6% al IBI urbano, siendo apenas 19 (el 3%) con una contribución por encima del 1%, mientras que 57 (el 10%) carga el 0,5% o menos. Cabe destacar que 54 de estos ayuntamientos con el IBI más bajo tienen menos de 5.000 vecinos.
A la hora de considerar los ayuntamientos que más cobran por el IBI tanto urbano como rústico, hay que valorar no sólo el coeficiente que aplica sino también cuándo ha hecho la revisión del catastro. Entre los municipios que han actualizado su catastro en los últimos cinco años, la contribución más elevada la cobra Segart, que mantiene un porcentaje del 0,95% pese a haber revisado el catastro este año.
Ninguna de las cinco grandes ciudades valencianas ha actualizado el catastro en el último lustro. La contribución urbana más elevada la cobra Torrevieja, cuyo catastro es de 2004 y tiene un coeficiente del 0,59%. Torrent, con un tipo del 0,66 y un catastro de hace dos años, tiene el IBI urbano más alto entre las ciudades de más de 50.000 vecinos. En los municipios intermedios la contribución más elevada es la de Alaquàs, con un 0,85 y un catastro de 2010.
Entre los pueblos más pequeños, el IBI máximo lo encontramos en el ya citado caso de Segart. En este segmento, donde casi dos tercios de los 385 ayuntamientos de menos de 5.000 vecinos hace más de 10 años que no actualizan el catastro, sólo 22 aplican el tipo mínimo del 0,4%.
El tipo más bajo para este año lo ha acordado Chera, que tras revisar su catastro en 2009 aplica un 0,33%. Hay que tener en cuenta que Hacienda permite reducir del 0,4 al 0,1 el coeficiente mínimo durante los tres años siguientes a la modificación catastral. Cabe destacar que aunque 77 municipios que han revisado su catastro en los últimos tres años podrían aplicar este tipo superreducido sólo uno se ha acogido a esta cláusula para gravar menos el bolsillo de sus vecinos.
El IAE
El Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que supuso en su momento grandes ingresos para los municipios, sólo lo pagan hoy día aquellas sociedades mercantiles que facturan más de un millón de euros al año. Aún así, el año pasado los ayuntamientos valencianos esperaban recaudar por este concepto 147,6 millones de euros. Es el tercer puntal de la carga impositiva municipal.
En este caso la horquilla va de un coeficiente máximo del 3,80 que aplican 16 municipios liderados por Torrevieja, que es la única gran ciudad que alcanza este tope, hasta el 0,50 con que cuentan Benidoleig, Sierra Engarcerán y otros 12 pueblos de menos de mil habitantes. Entre los municipios que cargan ese 3,80 máximo hay cinco municipios intermedios (Alzira, Burjassot, Xàbia, Alaquàs y Mutxamel) y cuatro pueblos de más de 5.000 vecinos (l'Eliana, Benetússer, Almàssera y Rocafort).
Rodaje
El Impuesto de sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conocido como rodaje, es el segundo más importante. El pasado ejercicio los municipios valencianos contemplaban ingresar por esta vía 273 millones de euros.
En el caso de los turismos, el rango de motores de 1.600 a 1.999 cm3 es el mayoritario, seguido del de 1.200 a 1.599 cm3, representando ambos casi ocho de cada 10 coches. Los primeros se encontrarían en el tramo del impuesto que va de los 8 a los 11,99 caballos fiscales o de vapor (cv), mientras que los segundos entrarían en el de 12 hasta los 15,99 cv. Hacienda establece para el tramo con más turismos un impuesto mínimo de 34,08 euros al año, que los ayuntamientos pueden aumentar como máximo hasta el doble de esta cantidad, 68,16 euros.
Sólo seis municipios valencianos cobran dicho tope máximo. Castelló es la única gran ciudad que lo aplica. Entre los 49 ayuntamientos intermedios únicamente tres exigen el máximo: l'Alfàs del Pi, Xirivella y Novelda.
En segundo tramo con más turismos, de 12 a 15,99 cv, la horquilla que establece la ley va desde un mínimo de 71,94 euros, hasta un tope de también el doble. Un total de 74 municipios cobran más de 120 euros, y sólo 8 el máximo de 143,88 euros. Entre ellos Castelló y cuatro municipios de 20.000 a 50.000 habitantes (Xirivella, Ontinyent, Algemesí y Novelda).
Construcción y obras
El Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) aplica un porcentaje sobre el presupuesto de la obra o reforma a realizar. El tipo máximo que contempla la ley es del 4%, porcentaje que aplican 69 ayuntamientos valencianos, liderados por las tres capitales provinciales más Torrevieja. El mínimo legal previsto, el 0,4%, no lo contempla ninguno de los 532 ayuntamientos que han introducido este impuesto.
Salvo Confrides, consistorio sobre el que el Ministerio de Economía y Hacienda no ofrece ningún dato, hay 9 pueblos que no aplican el ICIO, de los cuales sólo superan los mil vecinos Benirredrà y Jalance. Los siete restantes, que cuentan con menos de 250 vecinos, son Alcocer de Planes, Millena, la Mata de Morella, Estubeny, Llocnou de la Corona, Herbés y Villores.
Mientras no llega al 13% de los municipios valencianos aplican el máximo legal, la mitad de ayuntamientos cobran más de un 3%, mientras que sólo 86, todos ellos por debajo de los 5.000 habitantes, exigen menos del 2% del valor de la obra.
* Levante - 26.09.10
Foto: Alicante - absolutalicante.com
Un trozo de Murcia está en el banquillo
LAVERDAD* : Hubo un tiempo, no muy lejano, en que Juan Antonio Roca era un señor; o en que se le tenía por tal. Nada que ver con el villano que sacaron a la luz las grandes operaciones policiales y judiciales sobre el saqueo de Marbella y, sobre todo, la ya mítica 'Operación Malaya'. Antes de tornar en apestado recorría su Cartagena natal con el pecho hinchado, montaba saraos, invitaba a marisco en restaurantes del Mar Menor, se codeaba con relevantes empresarios y escuchaba incluso las solícitas peticiones de algún alcalde para que acometiera proyectos estratégicos en su municipio.
La redada que hace casi cinco años puso patas arriba el Consistorio marbellí transformó de golpe a este cartagenero en 'el hombre a quien nadie conocía' y en 'el hombre con quien nadie nunca se había reunido', pero a la vez sirvió para que esa gran parte de la sociedad que no está 'en la pomada' comenzara a saber quién era Roca -no el de los sanitarios- y qué enorme patrimonio estaba amasando en la Región con el dinero supuestamente ilícito que amasaba en Marbella.
«¡Tenías que ver la que estoy montando en Murcia...! Lo que interesa es invertir en Murcia. ¡Murcia es la hostia!», se pavoneaba, no sin razón, ante otro empresario en una conversación que fue intervenida por la Policía. Murcia era el lugar elegido para levantar su imperio.
La imponente finca 'La Loma'
Un día estalló la 'Malaya' y la presencia de furgones policiales en la carretera de Torre Pacheco a Los Alcázares, entrando y saliendo de una finca agrícola, desveló la existencia de 'La Loma', una propiedad de cientos de miles de metros cuadrados de cuidados huertos, en los que se había construido una lujosa mansión que no tardó en llenar de antigüedades, obras de arte, coches y carruajes antiguos y de cabezas disecadas de bestias que abatía en sus cacerías por todo el mundo.
Después se conoció que además estaba desarrollando dos urbanizaciones de lujo en Los Alcázares -Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf- y que estaba construyendo un hotel de cuatro estrellas en el mismo municipio; un proyecto que, según él mismo ha declarado, acometió por indicación del entonces alcalde socialista. «Fue Juan Escudero quien me dijo que si podía mediar con el señor Olivo (Tomás) para construir un hotel en la parcela de éste (...). Todo esto fue en Marbella. Con posterioridad, en el despacho del alcalde (...) le dije que ya había llegado a un principio de acuerdo con Olivo para construir el hotel», manifestó en una de sus comparecencias en los Juzgados de San Javier.
Pero aún tenía más. Mucho más. A lo largo de meses de investigación, que les permitieron desenredar en parte la madeja de sociedades interpuestas con las que operaba, los agentes de la UDEF-BLA descubrieron que Roca era propietario de otras fincas rústicas y de inmuebles urbanos en Cartagena, Los Alcázares, San Javier, Torre Pacheco, Murcia, Mazarrón y La Unión, entre otras localidades. Un reinado construido a golpe de talonario. No en vano, la Policía y el fiscal estiman que el cartagenero invirtió y gastó unos 200 millones de euros -fundamentalmente en Murcia y Andalucía- en la década anterior a ser detenido y encarcelado.
La red de colaboradores
Todo era de Roca, y a la vez nada era suyo. El presunto 'cerebro' de la Malaya operaba a través de 71 sociedades diferentes que los cinco responsables de un despacho legal madrileño manejaban con habilidad de trileros. Esos cinco abogados -Manuel Juan Sánchez Zubizarreta, Manuel Sánchez Martín, Francisco Soriano Pastor, Juan Luis Soriano Pastor y Francisco Zurita- son la pieza fundamental para conocer cómo Roca invertía en la Región a través de sociedades como Compañía Inmobiliaria Masdevallía, Condeor o Inmuebles Urbanos Vanda, y encabezan la amplia nómina de colaboradores que se sentarán en el banquillo, a partir de este lunes, por haber ayudado a Roca a camuflar sus millonarias posesiones y sus relevantes proyectos.
Junto a ellos cinco y al propio Roca se sentarán la elegante y glamourosa Monserrat Corulla, otra abogada que gestionaba con guante de seda y mano de hierro los intereses de Roca en Murcia, especialmente velando por la buena marcha del proyecto hotelero de Los Alcázares; Julio Blasco Bazo Garrido y Gonzalo Astorqui Zabala, que supervisaban la construcción de las urbanizaciones de lujo, y el pachequero Ernesto Ramón Celdrán Gelabert, quien presuntamente adquiría propiedades inmobiliarias para el 'malayo' y que fue quien le ayudó a comprar y montar la finca la 'La Loma'.
También se sentarán en el banquillo la esposa del principal imputado, María Rosa Jimeno, su hija María y su cuñado Antonio, directivo de banca (todos ellos murcianos), acusados junto a la empleada Karin Marika Mattson de adquirir y cobrar un gran número de décimos de lotería premiados con los que blanquear cantidades millonarias de dinero sucio: 'lavaron' más de 600.000 euros en seis meses.
Por último, varios empresarios que llegaron e invirtieron en la Región de la mano de Roca, como Enrique Ventero o Javier Arteche, también serán juzgados. Y, por encima de todos, el cartagenero Tomás Olivo, quien habría pagado 2,5 millones de euros para poder adquirir un edificio público en Puerto Banús y abrir en el mismo un centro comercial.
Se inicia el acto final del 'caso Malaya'. «Audiencia pública. Los testigos no pueden pasar».
* La Verdad - 26.09.10
Foto: Policías judiciales de la UDEF-BLA penetran en la finca La Loma, en marzo del 2006, tras desencadenarse el 'caso Malaya' - laverdad
Málaga.- Barrios paralizados, vecinos sin servicios
SUR* : Viviendas de altas calidades, a diez minutos de Málaga capital y con todas las comodidades y servicios. Cuando a Sandra y a Luis les mostraron hace dos años un piso en Parque Victoria, al norte de La Cala del Moral, la promotora les aseguró que en pocos meses empezarían a construir una zona comercial con tiendas frente a su urbanización, un supermercado, instalaciones deportivas y un centro educativo. El colegio, después de cuatro años de retraso, abrió sus puertas para el ciclo de Infantil el pasado día 10. Pero el resto de proyectos previstos se han quedado por el camino.
El único negocio abierto en todo ese tiempo es el pequeño quiosco que surte a más de dos mil personas de las seis promociones levantadas al norte de la autovía al abrigo del boom inmobiliario. «Faltan plazas de aparcamiento y no hay servicio de limpieza. Prometieron que llegaría una línea de autobús y no se sabe nada desde hace dos años», dice Pepe Castaño, vecino de la zona.
La crisis ha frenado en seco el desarrollo de las áreas residenciales de expansión de la provincia, donde se calcula que existe un 'stock' de 23.000 casas sin vender, según la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP). Los problemas para colocar los pisos ya edificados en el mercado, sumado a las dificultades para conseguir créditos de los bancos, han dejado sin liquidez a las promotoras, que han guardado en el cajón el resto de proyectos previstos, desde nuevas viviendas a espacios comerciales. La coyuntura económica también ha reducido los recursos de los Ayuntamientos, que afrontan serios obstáculos para dotar de servicios e infraestructuras a estos sectores.
Incomodidad y abandono
Mientras, abandonados por unos y otros, los vecinos de estas parcelas residenciales afrontan las incomodidades de vivir entre solares vacíos y sin los servicios básicos. Los afectados podrían ascender a 15.000 en toda la provincia, a tenor de los cálculos realizados por este periódico a partir de informaciones de las promotoras. «Nos sentimos engañados; nos encanta nuestro piso, cuenta con vistas al mar, pero cuando sales del recinto te encuentras con calles sucias, zonas ajardinadas sin cuidar, acerado estropeado o bombillas del alumbrado público que no se reponen», enumera Víctor Gómez, presidente de la comunidad de vecinos del complejo Calazul, en Parque Victoria.
«El problema es que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha estado cuatro años sin recepcionar la zona a la espera de que se vendiesen más inmuebles y las constructoras arreglasen los desperfectos existentes. Las promotoras, por su parte, no tienen liquidez para acometer esas reformas», indica Rafael Peláez, administrador de las urbanizaciones Vista Bahía y Colinas de Procusán. «Hasta ahora nos decían poco menos que debíamos dar las gracias por recoger la basura y arreglar la maleza de la carretera dos veces al año, pero lo cierto es que los vecinos ya pagan sus impuestos al municipio sin recibir nada a cambio», continúa.
Parque Victoria no es el único caso, aunque el hecho de estar aislado por la autovía lo convierte en uno de los más sangrantes. Casi todos los municipios costeros cuentan con alguna urbanización a medias. En Rincón de la Victoria, el nuevo concejal de Urbanismo, José Rodríguez, indica que Los Jarales, el Sur de Añoreta, Altos de Locea y la zona del campo de fútbol están en la misma situación. En estas urbanizaciones, unas mil viviendas construidas se han quedado sin vender, según explica. «Llevamos años luchando para que se hagan cargo de los espacios verdes, calzada, iluminación y recogida de basuras en Altos de Locea», reivindica Lydia Montes, una de las representantes de la urbanización.
Un problema que se repite
En el resto de la provincia el panorama es similar. El Cañaveral, Soliva, El Pizarrillo y Atalaya de Jarazmín en la capital, los pisos de la Ciudad Deportiva (en Cártama), Santa Clara (en Alhaurín de la Torre) o Santangelo (también al norte de la autovía en Benalmádena) son solo algunos de los múltiples barrios afectados.
En Cártama, Jorge Gallardo, concejal de Urbanismo, confirma que el desarrollo residencial se ha venido abajo en el municipio en los últimos meses. Muchos proyectos se han quedado en papel mojado y otros han visto paralizadas las obras, dejando las viviendas en el esqueleto. «Algunos vecinos están teniendo problemas con el suministro de agua», indica.
En la capital, el espacio entre Soliva y Puerto de la Torre -El Cañaveral- se ha convertido en un oasis de tres edificios en mitad del campo. En uno de estos inmuebles, José Mancera resume su indignación. «Llevo aquí siete meses y estoy pensando en poner el piso a la venta porque esto no es lo que nos prometieron: no hay servicio de basura y ni siquiera tenemos agua, usamos la de obra», indica. Su vecina del bajo, Loli García, cree que les vendieron una vida de comodidades en un lugar idílico pero que les han dejado aislados. «No sé cuánto soportaremos esta dejadez», afirma.
En Churriana, en la barriada de El Pizarrillo, solo se han desarrollado el 20% de las viviendas previstas, según revela el concejal del distrito, José Hazañas. Pero, a pesar de la paralización de los proyectos, un centenar de vecinos ya viven en sus casas mientras que conviven con falta de luz por el saqueo de transformadores, suciedad y ausencia de mantenimiento de las zonas verdes. Lo mismo ocurre con enclaves cercanos como El Retiro o El Cuartón.
* SUR - 26.09.10
Foto: Cala del Moral (Málaga) - mma.es
Fabra ya tuvo que aclarar otro ´pelotazo´
LEVANTE/Castelló : Definitivamente, las declaraciones de renta no se le dan bien a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castelló. El hombre fuerte del PP de la provincia -hoy acusado de fraude fiscal al dejar de ingresar al fisco una cuota de 880.000 euros- ya tuvo sus primeros problemillas con los inspectores de Hacienda en el año 1999, cuatro años antes de que un empresario, Vicente Vilar, se querellara contra él en los juzgados de Nules por cobrar comisiones millonarias. En aquella época, Anticorrupción ni siquiera había empezado a tirar de la madeja de cuentas, cheques y préstamos que atrapa ahora al líder provincial del PP.
Según se desprende de la declaración judicial que Fabra hizo ante el juez de Nules el pasado jueves, los problemas fiscales comenzaron hace once años. "He tenido una inspección de Hacienda en el año 1999 y mi mujer también. Pero nos devolvieron el dinero", asegura Fabra en su comparecencia. ¿Quién le devolvió el dinero? ¿Por qué le inspeccionaron las cuentas ya en el año 99? Ninguna de estas cuestiones las aclaró Fabra ante el juez, como tampoco dijo que en aquellos días de finales de la década de los 90, Juan Costa Galindo, padre de Juan Costa Climent, ex ministro de Ciencia y Tecnología, era delegado de Hacienda en Castelló -un cargo dependiente del Gobierno central-.
Juan Costa empezó como inspector y escaló puestos hasta llegar a ser el máximo responsable de la delegación de Hacienda hasta la victoria del PSOE en el año 2004.
En su declaración judicial, Fabra asegura que cuando fue requerido para aclarar sus cuentas aportó "toda la documentación que se me requirió". "La inspección fue un poco rara, porque la tenía que haber hecho un funcionario de Hacienda", insinuó el presidente de la diputación.
Pero si la inspección no la hizo un funcionario del Estado, como marca la ley, ¿quien fiscalizó entonces el patrimonio personal del político popular? ¿Supervisó Juan Costa padre aquel expediente?
A preguntas de su abogado, Carlos Fabra intenta salir del jardín en el que se ha metido y aclara: "Dicha inspección fue muy detallada y me atribuyeron una ganancia patrimonial no justificada, que fue aclarada".
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado quince años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargo público para el presidente de la Diputación de Castelló por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública. En total, los inspectores le acusan de dejar de ingresar una cuota de más de 880.000 euros entre los años 1999 y 2004. Así consta en el escrito de calificación que el fiscal ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, que el pasado 1 de julio decidió continuar el procedimiento abierto contra Fabra, su esposa, María Amparo Fernández Blanes; el empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives Plaja. El fiscal pide también cuatro años de cárcel para Vilar y su ex mujer y ocho para la esposa de Carlos Fabra por fraude fiscal. Además, solicita para el presidente de la diputación diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa total de 2.330.000 euros por cinco delitos de fraude fiscal y uno de cohecho continuado.
Linares acusa al fiscal de acosar a su líder
La secretaria provincial del PP de Castelló, Marisol Linares, calificó de "vergonzoso" que el fiscal Anticorrupción considere que el juicio contra el presidente de la Diputación provincial, Carlos Fabra, "debería estar resuelto antes de primavera, casualmente antes de las elecciones municipales y autonómicas".
Linares realizó estas declaraciones en un comunicado tras conocer las afirmaciones del fiscal Anticorrupción en las que consideraba que el juicio contra Carlos Fabra podría haber terminado antes de la próxima primavera, coincidiendo con las semanas previas a la campaña electoral de las comicios municipales y autonómicos de 2011.
Según la dirigente popular, "esto demuestra la política de acoso y derribo de la Fiscalía hacia la persona que más ha hecho por esta provincia, Carlos Fabra".
Linares recordó que Fabra dijo el pasado jueves que el "único compromiso que los socialistas han cumplido en Castelló" ha sido el que en la campaña electoral de 2004 hizo el candidato Jordi Sevilla, cuando "anunció que si ganaban las elecciones" le "mandaría" a la Fiscalía Anticorrupción para investigarle.
Por su parte, el presidente en funciones de la diputación, Francisco Martínez, contestó ayer a las declaraciones del concejal socialista, Juli Domingo, quien criticó el uso de cuatro escoltas por Fabra en su comparecencia en los juzgados. "Un presidente de la diputación lo es las 24 horas del día, no a tiempo parcial. Y debe de llevar la escolta que corresponde a la importancia de su cargo. Al igual que sucede con el presidente del gobierno cuando visita a su familia en León. Y el número de escoltas lo deciden lo técnicos en esa materia", añadió.
* Levante - 26.09.10
Foto: Carlos Fabra, el pasado jueves, durante su comparecencia en el juzgado de Nules.- levante
