INFORMACIÓN/Alicante* : Cerca de 200 personas desafiaron ayer las condiciones meteorológicas para sumarse a la marcha convocada por la asociación Amigos de Sierra Escalona (ASE) contra la urbanización de 2.286 viviendas de lujo en la zona perteneciene al término municipal de Orihuela de Sierra Escalona. Con la marcha, los participantes pudieron acceder a la zona de la sierra devastada por las obras de urbanización del PAU-21, y que sorprendieron a muchos de los asistentes, según reconocieron.
La protesta reivindicaba la suspensión del plan urbanístico (aprobado por el Ayuntamiento de Orihuela con el visto bueno de la Generalitat Valenciana) y la ocupación por parte de la empresa urbanizadora de la Cañada Real, cerrada al público y ayer, día de la protesta, abierta «por sorpresa hasta la subida a la zona donde se está construyendo el PAU-21», indicó el presidente de ASE, Miguel Ángel Pavón.
La marcha, que contó con el respaldo de distintas formaciones políticas, se efectuó por un recorrido de 3,5 kilómetros, caminando por la vereda del Camino Real en término de San Miguel de Salinas, desde la urbanización Los Carteros, hasta la zona de las obras del PAU-21.
Los participantes encontraron carteles de «Prohibido el paso» en la intersección con caminos privados «que nos indicaban muy bien que sólo podíamos ir por la zona de la vereda y no salirnos de ahí», indicó Pavón. Durante el trayecto, los asistentes pudieron comprobar in situ los destrozos efectuados en el interior de la sierra así como los desmontes y talas provocados por las obras. Pavón denunció los destrozos sufridos debido a estas obras en el barranco de la Cañada del Espartal, ocasionados por la construcción de un puente.
El presidente de ASE y otros asistentes recalcaron la presencia de cuatro personas que vigilaron el recorrido de la marcha «y que seguramente pertenecen a una empresa de seguridad privada contratada por la urbanizadora».
El acceso público a la zona del PAU-21, vendida comercialmente como Las Colinas, está vetado desde el inicio de los trabajos de movimientos de tierras por miembros de una empresa de vigilancia privada contratada por la urbanizadora.
* Diario Información - S.LL. - 22 de octubre de 2007
Foto: Participantes en la marcha por Sierra Escalona durante el recorrido ayer - diarioinformacion.com
Una marcha de 200 personas protesta ante la zona devastada en la Sierra Escalona
El TSJC desestima el recurso de una empresa que quería construir casi 200 viviendas en Colindres
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EUROPAPRESS/Santander* : La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso interpuesto por Mercantil Otersa contra un acuerdo del Ayuntamiento de Colindres por el cual se comunicó a la empresa que en ningún modo, "ni tácita ni expresamente" le había sido aprobado provisionalmente un Plan Parcial en el que se planteaba la construcción de 192 viviendas en terrenos protegidos por el Plan de Ordenación del Litoral (POL).
Según se explica en la sentencia, hecha pública hoy, los hechos se remontan a mayo del año 2004, cuando el Ayuntamiento de Colindres aprobó de forma inicial el Plan Parcial, pero con varios condicionantes, entre otros, la necesidad de incluir en el planeamiento todos los terrenos del sector -como exigía el Plan General de Ordenación Urbana-, limitar a 188 el número máximo de viviendas, y las limitaciones que pudieran derivarse de los informes sectoriales.
Sin embargo, tal como expone la sentencia, la empresa no presentó un nuevo proyecto del Plan Parcial ajustado a las determinaciones del PGOU y, además, se constató que el Plan Parcial era "incompatible" con la clasificación de los terrenos como protección de ribera en el POL. Por todo ello, el Consistorio en diciembre de 2004 adoptó el acuerdo de comunicar a Otersa que no se podía considerar como aprobado el Plan Parcial.
Esta es la resolución que la empresa recurrió ante el TSJC, alegando que el Plan Parcial sí cumplía las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana y tachando el POL de inconstitucional. Pero ninguno de sus argumentos ha sido atendido por la Sala de lo Contencioso, que avala tanto la constitucionalidad del POL como la legalidad del acuerdo del Ayuntamiento de Colindres.
Respecto a este último, la sala insiste en que la aprobación provisional fue "condicionada" y después no se dieron los requisitos para darla por válida porque la empresa no presentó un proyecto de Plan Parcial ajustado a las determinaciones del PGOU. Junto a ello, también recalca que los terrenos estaban incluidos en la protección de ribera del POL, como "reconoce expresamente" la propia empresa.
Y en cuanto a la constitucionalidad del Plan de Ordenación del Litoral, la Sala cree que "no cabe invocar la infracción de los derechos de participación social" para justificar una supuesta inconstitucionalidad, porque el derecho de audiencia propio de los planeamientos afecta exclusivamente al ámbito reglamentario, y en este caso se trata de una ley.
Asimismo, tampoco cree que se vulnere la Constitución por el hecho de que el anexo sobre los espacios considerados de protección de ribera no tenga rango de reglamento o por el hecho de no haber permitido a los afectados cuestionar algunos aspectos del anteproyecto de ley antes de su aprobación como proyecto de ley por el Consejo de Gobierno.
* El Diario Montañés - 22.10.07
Foto: Mercantil Otersa quería construir 192 viviendas en Colindres./DM
Medio millar de personas protestan contra el urbanismo «ilegal» en Cabo de Gata
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SUR/Almería* : Unas 500 personas 'tomaron' el tramo de la carretera que une la Iglesia de las Salinas con la barriada de La Fabriquilla, en Cabo de Gata, para mostrar su rechazo más absoluto al proyecto de construcción en 15 hectáreas de este entorno de una urbanización con 151 viviendas. La marcha, que concluyó con una concentración en la zona en la que se pretenden levantar estas casas, fue apoyada por 13 colectivos conservacionistas, sindicatos y formaciones políticas y se caracterizó por el uso de paraguas por parte de los manifestantes para 'protegerse' simbólicamente del ladrillo que empieza a caer sobre Cabo de Gata-Níjar.
Ante la pancarta en la que podía leerse 'Stop. Urbanismo ilegal en el parque natural', el coordinador de Ecologistas en Acción en Almería, Francisco Toledano, criticó la falta de «voluntad política» por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Níjar (PP) para frenar este plan -avalado por una sentencia del Tribunal Supremo que declara suelo urbanizable el terreno-, e instó a que la historia se resuelva «de forma tranquila» gracias a un acuerdo.
Amenazado
Asimismo, pidió la protección de un patrimonio natural «que es de todos», que ha sido heredado y es necesario que se conserve para futuras generaciones, y reclamó que «no prevalezca» el interés privado en detrimento del público. En ese mismo sentido se pronunció la portavoz del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), Fuensanta Alcalá, que detalló que la nueva urbanización está prevista a ambos lados de la carretera que queda a espaldas de La Fabriquilla y valoró que vendría a ampliar de modo excepcional un núcleo de población «que no tiene más de 60 casas y que está muy amenazado por la dinámica litoral».
Y es que, según recordó Alcalá, los temporales de los últimos años «ya se han encargado de apropiarse de La Fabriquilla» y «no tendría sentido hacer una urbanización de este tipo cuando estamos con el cambio climático y con una elevación del nivel del mar que podría en peligro esta zona».
El proyecto lleva años planteado pero la pugna entre los propietarios de los terrenos y la Junta en los tribunales lo ha mantenido paralizado hasta el momento. Una sentencia judicial fue la que dio la razón a los dueños en cuanto que la tierra debe de considerarse urbanizable mientras que la administración autonómica trata ahora de llegar a un acuerdo, sobre todo con el Ayuntamiento de Níjar, para que no salga adelante la construcción. La opción, han explicado una y otra vez desde la Junta, pasa por una permuta de los terrenos para evitar que se urbanice esta finca.
Otros casos
El caso de La Fabriquilla no fue el único contra el que se manifestaron los participantes en la marcha-concentración de la mañana de ayer. Los convocantes hicieron extensiva la acción de denuncia a otros proyectos que, a su parecer, «amenazan» el parque natural y entre los que destacan la urbanización Marinas de Agua Amarga (Níjar), en el que se refleja la construcción de un hotel y 350 viviendas, o el desarrollo residencial de dos sectores incluidos en el paraje de 'El Algarrobico' (Carboneras), donde están previstas otras 1.500 viviendas, además del polémico hotel que se pretende derribar por parte del Gobierno central.
De igual modo, la manifestación puso de relieve la ampliación del suelo construido en el espacio protegido pese al vigente Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la que fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1997 .
* Diario SUR - 22.10.07 - ANA LÓPEZ
Foto: Hasta 13 colectivos secundan la iniciativa para proteger el parque natural / CHEMA ARTERO (SUR)
La Fiscalía pide más sentencias de derribo de construcciones ilegales
EUROPASUR* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz considera que la situación urbanística en el Campo de Gibraltar, al igual que en el resto de la provincia, está “fuera de control”. Su titular, Ángel Núñez, destaca las irregularidades en el frente litoral. Asimismo, alerta sobre las construcciones ilegales en los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho, con especial hincapié en este último. La Fiscalía ha conseguido que el criterio general de la Audiencia Provincial sea ya el de ordenar la demolición de las viviendas ilegales. Así, en este ejercicio se han dado ya más de una veintena de sentencias en este sentido, la mayoría de ellas en Chiclana y Puerto Real, aunque también hay casos en Sanlúcar o Algeciras.
No obstante, Núñez echa en falta más sentencias de demolición por parte de los jueces comarcales a través de los Juzgados de lo Penal de Algeciras. “Es el criterio general en la Audiencia de Cádiz, pero no tanto en la sección de Algeciras. Una situación que dificulta acabar con la sensación de impunidad por parte de los infractores”, recalca a este diario el fiscal de Medio Ambiente. Una percepción que está recogida en la Memoria de 2006 y que pone de manifiesto la fiscal especializada en esta materia en el Campo de Gibraltar, Inmaculada Budiño.
Núñez explica que si se imponen penas y los particulares no tienen antecedentes, las casas ilegales se quedan en pie. Un fallo que sale en definitiva rentable a los particulares, al no llevar implícita la demolición de la edificación.
El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz es contrario a los procesos de regularización de las viviendas por parte de los ayuntamientos ya que, afirma, de este modo se crea un “efecto llamada”. Unas iniciativas que planean la mayoría de los consistorios comarcales en aquellos casos que no atenten contra la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
“No se puede hablar de fraude de ley. Los ayuntamientos disponen de herramientas para legalizar las viviendas a través de la Ley Urbanística. Ante esto poco podemos hacer si lo ratifica la Junta. Sin embargo, considero que no es la solución, ya que otros particulares pueden construir cerca con la esperanza de que en un futuro se abra otro proceso”, apunta.
Núñez argumenta que aquellas viviendas edificadas en suelo privado pero rústico acaban suponiendo un gasto para el resto de ciudadanos. “Acaban convirtiéndose en grupos de presión. Los vecinos no pagan los servicios pero exigen ser dotados de éstos por parte de los ayuntamientos”, indica. Una circunstancia que se da en varios municipios de la comarca.
La Fiscalía quiere que los Juzgados de lo Penal sigan el criterio general de la Audiencia de ordenar las demoliciones. “Hasta ahora, cuando los casos iban por la vía administrativa, se iniciaban recursos que pasaban por las diferentes instancias y el proceso era muy largo. En el caso de los procesos penales, una vez que la sentencia es firme no cabe ulterior recurso”, argumenta Núñez, que añade que si se supera el plazo otorgado por la Justicia, la Fiscalía pediría que se llevara a cabo la demolición de forma subsidiaria.
En la Memoria de la Fiscalía de 2006 se citan tres procedimientos abreviados en los que los juzgados de lo Penal uno y dos de Algeciras dictaron sentencias de derribo.
Asimismo, destacan unas diligencias previas abiertas por parte del Juzgado de Instrucción número dos de San Roque donde se investigan delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística referentes a la construcción de varias urbanizaciones ilegales levantadas en suelo no urbanizable dentro del término municipal sanroqueño.
La Fiscalía también hace mención a procedimientos abiertos por la colocación de casas de madera en los parques naturales de la comarca, pese a ser suelo no urbanizable de especial protección, citando casos en los municipios de Algeciras, Los Barrios y Tarifa.
Núñez, en su informe, destaca la necesidad de contar con más medios personales y materiales para combatir este tipo de delitos. Asimismo, ve imprescindible contar con instancias periciales imparciales e independientes tanto en materia medioambiental como urbanística desde la fase de investigación del Ministerio Fiscal. También considera necesario contar con especialistas en estas materias dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Una memoria, la de Núñez, que ha sido calificada de “magnífica” por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
* Europa Sur - R. Montes, Algeciras - 21/10/2007
Foto: Chiclana (Cádiz), el marquesado - lavozdigital.es
Presentan dos recursos para frenar las obras del complejo de Villanueva de Gómez
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NORTECASTILLA/Ávila* : Ecologistas en Acción y Centaurea presentaron ayer dos recursos contencioso-administrativos para exigir la paralización de los trabajos en la urbanización de Villanueva de Gómez (Ávila) y ya anuncian que están dispuestos a llegar a la vía penal para depurar responsabilidades. Según explicó a Europa Press el presidente de Centaurea, Carlos Bravo, uno de los recursos se ha presentado en Valladolid contra la Consejería de Medio Ambiente por no declarar Área Crítica el pinar de Villanueva de Gómez, donde anida una pareja de águila imperial ibérica y ha sacado pollos con éxito en las dos últimas temporadas.
«Hay un decreto de la Junta del 2003 que obliga a que cuando se constate la presencia y reproducción del águila imperial en una zona que no esté incluida en el plan de recuperación tendrá que ser declarada Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) y Area Crítica», manifestó Bravo, quien señaló que «ya han pasado muchos meses desde que varios grupos solicitamos a la Junta que aplicara su propia normativa, no nos han contestado y entendemos que hay una dejación».
El otro recurso se ha presentado en un juzgado de Ávila contra la construcción de viales y los sistemas generales de la urbanización. Al respecto, Bravo señaló que se han abierto al menos 30 kilómetros de calle en los que se podrían haber talado unos 10.000 pinos y aseguró que los trabajos se han llevado a cabo «sin que se haya tramitado nada» y sin llevar a cabo el trámite obligatorio de impacto ambiental. Centaurea y Ecologistas en Acción piden por ello que las obras sean declaradas nulas y que se ordene paralizar los trabajos y se restaure la zona.
Bravo acusó además al alcalde de Villanueva de Gómez, José Martín, de «saltarse todos los trámites de forma ilegal» y manifestó que el único documento del que dispone el Ayuntamiento es «una resolución del alcalde diciendo que él mismo autoriza los viales». «Él no puede hacer eso, lo tiene que hacer la Comisión Territorial de Urbanismo», declaró el presidente de Centaurea, quien ya anunció que si los recursos presentados prosperan se acudirá a la vía penal.
Nueva denuncia
Al respecto, anunció que se está preparando una denuncia porque la urbanización «no tiene ninguna base legal». También advirtió que si en un breve plazo de tiempo no se responde a las alegaciones por la ocupación de la vía pecuaria Vereda de Salamanca, presentarán otro recurso.
Por su parte, el alcalde del municipio declaró ayer que el pinar de Villanueva de Gómez «no puede perder la categoría de suelo urbanizable» y se mostró confiado en que el proyecto urbanístico, que incluye la construcción de 7.500 viviendas y tres campos de golf, continúe adelante.
«El suelo es urbanizable desde 1980 y ahora no puede perder esa categoría», aseguró el regidor, quien destacó que más de la mitad de la finca, con más de 700 hectáreas, es urbanizable «y no se le puede quitar nada a esas 400 hectáreas». En cuanto a los recursos presentados por los ecologistas consideró que «no afectaran en nada al proyecto».
* El Norte de Castilla - 20.10.07
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), pinos talados - HENAR SASTRE (nortecastilla.es)
