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LAVERDAD/Murcia* : Las detenciones se han producido como consecuencia de las investigaciones relacionadas con el proceso de urbanización del paraje protegido de La Zerrichera. La Policía Nacional ha detenido hoy en Lorca al notario Sebastián F.R., y a un constructor, cuya identidad no ha sido desvelada, como presuntos autores de sendos delitos de cohecho y prevaricación, han informado fuentes cercanas al caso.
Las detenciones las ha efectuado la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, en colaboración con agentes de la Jefatura Superior de Murcia, por orden de un juzgado de esta ciudad, que ha decretado el secreto del sumario.
Según las fuentes, esta operación, que continúa abierta, se remonta a varios "meses atrás" y es fruto de unos indicios delictivos que surgieron a raíz de la investigación del proceso de urbanización del paraje protegido de La Zerrichera (Águilas).
El notario, cuyas dependencias están siendo registradas por la Policía, es el propietario de un terreno en el que pretendía construir el empresario también detenido y su imputación de prevaricación, según las mismas fuentes, se debe al hecho de "haber adoptado a sabiendas una resolución injusta".
En cuanto al constructor, la fuente ha explicado que se le considera presunto autor de un delito de cohecho al haber sobornado al notario.
Los dos detenidos se encuentran en la comisaría de la Policía Nacional de Lorca en situación de "tránsito" a la espera de ser trasladados a la Jefatura de Murcia, ciudad en la que está previsto que pasen mañana a disposición del juez instructor.
La agencia EFE ha precisado que, ante su primera información, que apuntaba a la detención del gerente de Urbanismo de Lorca y ex director general de Vivienda del Gobierno regional, Manuel Alfonso Guerrero, éste ha dicho esta mañana a la propia agencia, en conversación telefónica, que se encuentra en Caravaca de la Cruz, su ciudad natal, y que no sabía nada de su presunta implicación en los hechos. Además, preguntado por el notario Sebastián F.R., Guerrero ha dicho: "no tengo ni idea ni he oído nombrar en mi vida de esta persona".
Los investigadores de delitos económicos y fiscales de la Policía Nacional trabajan desde hace meses en este caso y no descartan que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones.
* La Verdad - EFE - 5.05.09
Foto: La Zerrichera (Murcia) - Paco Alonso (La Verdad)
Detenidos un notario y un constructor de Lorca por presunto cohecho y prevaricación
La fiscal pide 7 años al 'número dos' de Fabra por permitir vertidos
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ELPAÍS* : La Fiscalía de Castellón ha pedido siete años de cárcel para Vicent Aparici, número dos de Carlos Fabra en la Diputación, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y por prevaricación medioambiental. Según el escrito de la fiscal, Aparici, en su etapa de alcalde de La Vall d'Uixó, no solo autorizó el vertedero y los vertidos de residuos tóxicos y peligrosos, sino que, "conocedor de las diversas ilicitudes por carecer de todo tipo de licencia, no inició ningún tipo de actividad sancionadora".
Por ello, le pide siete años de cárcel y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público y que se le inhabilite para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la gestión de vertederos cuando, precisamente, en la Diputación tiene asignadas las competencias de Medio Ambiente.
La solicitud de apertura de juicio oral remitida a la Audiencia señala también a los responsables del urbanismo local entre 1995 y 2003, los concejales populares Alfonso López y Enrique Segarra, como presuntos autores del mismo delito de prevaricación ambiental al considerar que conocían la situación y "teniendo competencias para iniciar las oportunas actuaciones administrativas, no lo hicieron, permitiendo de esa manera que el vertedero continuara su actividad". Para ellos, el fiscal pide dos años de cárcel y ocho de inhabilitación. En la causa también figura como acusado el empresario que en aquel momento realizaba la recogida y tratamiento de residuos para La Vall d'Uixó.
Ni Fabra, ni Aparici quisieron comentar ayer el asunto. La secretaria provincial del PP, Marisol Linares, aseguró que Aparici y el partido lo desconocían.Los hechos por los que la Fiscalía pide 7 años de cárcel para Vicent Aparici se remontan a 1998. Desde aquella fecha y hasta 2002, según recoge el escrito de conclusiones provisionales, se depositaron en un vertedero no autorizado de La Vall d'Uixó residuos procedentes de actividades domésticas e industriales, "pese a no tener ningún tipo de autorización municipal, ni licencia, ni estudio de impacto". Aparici, entonces alcalde, autorizó al empresario que realizaba la recogida y tratamiento de los residuos en el municipio para que "de manera periódica, se efectuaran vertidos y depósitos de todo tipo de residuos industriales y domésticos". En unos casos, la empresa realizaba directamente el vertido y, en otros, actuaba "controlando los de muy diversa procedencia que, con su consentimiento y control, se efectuaban cobrando incluso diversas cantidades por ello", según la fiscal.
Durante la instrucción de la causa, abierta hace 10 años, han realizado informes periciales el ecotoxicólogo forense y el Instituto Nacional de Toxicología y se han tomado muestras en el barranco Del Garrut. De su estudio, la fiscal considera que los vertidos "contenían sustancias catalogadas como tóxicas y peligrosas" que en algunos casos fueron depositadas directamente, como los metales pesados, y, en otros, de manera indirecta "al mezclarse entre las mismas". Los continuos vertidos han producido lixiviados que han ido a parar al cauce del barranco Del Garrut, afluente del río Belcaire, y han provocado filtraciones que han afectado "de manera grave al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud de las personas expuestas". Además, la fiscal detalla los resultados de los análisis de muestras tomadas en 1999 y en 2002. En el primer caso, se detectó la presencia de cromo y boro y, en el segundo, de cromo, boro y cloruros en cantidades que "excedían, con mucho, los parámetros permitidos como valores máximos", indica la fiscal. En pequeñas dosis, tanto el boro como el cromo pueden provocar irritaciones en la nariz, garganta y ojos, pero pueden llegar a afectar gravemente al estómago, los riñones o el hígado.
El vertedero en el que se hicieron los vertidos "no reunía las condiciones para limitar los efectos nocivos para el ecosistema o la salud de las personas". Tampoco se adoptó ninguna medida paliativa como impermeabilización, separación de pluviales, recogida de lixiviados o selección de residuos. Lo único que hizo el Ayuntamiento, en noviembre de 1999, fueron unas obras de emergencia para "adecentar exteriormente la imagen del vertedero".
Según la fiscal, el entonces alcalde no era el único que conocía el problema. Los concejales de Urbanismo en el periodo en el que se realizaron los vertidos, Alfonso López y Enrique Segarra, tenían competencias para actuar y no lo hicieron "permitiendo que el vertedero continuara su actividad".
"Los efectos del vertedero, aunque actualmente en desuso, siguen produciéndose", tal como relata la fiscal. Pese a ello, el Ayuntamiento no ha extraído los materiales y sustancias depositadas para su tratamiento. Por todo ello, la fiscal no solo acusa a Vicent Aparici y a sus dos concejales, sino también al empresario, a la vez que declara al Ayuntamiento de La Vall d'Uixó como responsable civil subsidiario.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 05/05/2009
Foto: La Vall d'Uixó (Castellón) - uv.es
Imputado por el 'caso Gürtel' otro diputado madrileño de Aguirre
ELPERIÓDICO* : Sin prisa pero sin pausa. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar hoy como imputado a Benjamín Martín Vasco, parlamentario de la Comunidad de Madrid. Es el segundo aforado que comparece ante el juez que investiga la trama corrupta vinculada al PP.
El juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, remitió al TSJM los datos que había encontrado contra Martín Vasco, el exviceconsejero de Deportes Alberto López Viejo y Alfonso Bosch. El TSJM asumió la competencia de este caso el pasado 31 de marzo. Los jueces de la sala civil y penal explicaron que los parlamentarios podrían haber percibido "importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas" de la trama que dirigía Francisco Correa.
LAS IMPUTACIONES
El tribunal desveló que otros imputados señalaban que Martín Vasco --diputado de la Asamblea de Madrid desde 1995 y presidente de la Empresa Pública de Fomento de Arganda del Rey desde 1997 a 1999-- llevó a cabo "labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos" de esta localidad madrileña. También que percibió "notables cantidades de dinero" de personas "relacionadas con sociedades favorecidas por esta adjudicación".
En concreto, Garzón le acusó de cobrar 437.166 euros. En su escrito de inhibición, el juez de la Audiencia Nacional afirmó que el diputado de Aguirre, según grabaciones investigadas por la fiscalía anticorrupción, se dedicó a intermediar "para conseguir adjudicaciones urbanísticas a la empresa Martinsa en el ayuntamiento de Arganda del Rey". Esta empresa, según el magistrado, había pagado comisiones a Correa.
Además, según la documentación intervenida al jefe de esta trama, entre el 2003 y el 2008 la red corrupta le abonó facturas por billetes de avión, estancias en hoteles, alquiler de coche, organización de boda, viaje de novios (28.888 euros), compras en la joyería Suárez de Madrid (13.975 euros) y entregas en efectivo, algunas procedentes de Suiza.
Hoy también comparecerá ante el juez Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa. Crespo se encuentra en prisión desde febrero. Garzón le acusa de dar las instrucciones para que los funcionaros públicos sobornados cobrasen sus prebendas en metálico o en especie. También se encargó de gestionar el patrimonio de Correa y de dirigir las empresas que organizaban actos para el PP.
EL PROCESO
Fuentes jurídicas confirmaron ayer que la investigación avanza a buen ritmo, aunque la policía todavía no ha analizado la documentación intervenida. Estas fuentes apuntan que la instrucción refleja que ha existido un enriquecimiento de las personas implicadas, pero descartan, de momento, que haya habido financiación ilegal del partido que dirige Mariano Rajoy. El magistrado Pedreira prorrogó ayer un mes el secreto del sumario.
* El Periódico - MARGARITA BATALLAS - MADRID - 5.05.1955
Foto: Madrid, sede Audiencia Nacional - AFP
Condenan al ex alcalde de Arenas a ocho años de inhabilitación por autorizar 27 viviendas en suelo no urbanizable
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SUR/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Arenas, Victoria García Cuadra (IU), y al ex edil de Urbanismo, José Antonio Alcoba García (PP), a la pena a cada uno de ellos de doce meses de multa, a razón de 10 euros diarios, e inhabilitación especial para cargo público durante ocho años, además de al pago de las costas procesales por un delito de prevaricación urbanística.
La sentencia, que es firme y tiene fecha de 30 de abril, considera probado que en abril de 2003, Victoriano García, entonces alcalde de la localidad, y José Antonio Alcoba, como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, habían concertado una licencia para la construcción de 27 viviendas en el paraje Las Casillas «a sabiendas de que el terreno era no urbanizable y sin que se llevara a cabo expediente administrativo alguno».
Asimismo, señala el tribunal que la construcción se llevo a efecto hasta su paralización por la nueva corporación municipal.
En la actualidad, las viviendas, que están en el límite con el municipio de Vélez-Málaga, están construidas y habitadas en su totalidad, según el Ayuntamiento.
El fallo del juzgado concede a petición de los acusados el fraccionamiento de la multa (3.600 euros), que podrán realizar en dos pagos de 1.800 euros cada uno, el primero el 27 de mayo de este año y el segundo, el 27 de junio.
Según expresa la sentencia, los acusados habían mostrado en el juicio oral su conformidad con la exposición realidad el Ministerio Fiscal, así como con la calificación jurídica de los hechos, interesándose las partes por una sentencia de conformidad.
Conformidad
El titular del juzgado expresa en la sentencia que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación urbanística y que los hechos se consideran probados en atención a la conformidad sobre los mismos realizada por los acusados en el trámite de juicio oral.
En este sentido, el magistrado hace constar en Fundamentos del Derecho que del delito son autores los acusados por haber realizado, material, directa y voluntariamente, las conductas de esta figura delictiva.
En el fallo se acuerda la toma de testimonio para enjuiciamiento aparte de un tercer acusado.
* SUR - 05.05.09 -AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: Arenas (Málaga) - malagacar.com
