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ELPAÍS/Alicante* : El gobierno local de Calp acumula más problemas en los juzgados. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias contra el líder del PP y primer teniente de alcalde, Javier Morató, por una recalificación de terrenos que gestionó en su etapa de alcalde en 2005 y que habría beneficiado al propietario al multiplicar por diez el valor de la parcela, al pasar de rústica a dotacional. Morató es ahora la mano derecha del alcalde, el nacionalista Ximo Tur.
La actuación fue denunciada a la Sindicatura de Comptes por el ex alcalde socialista Luis Serna a principios de octubre de este año, pocos días antes de la moción de censura firmada por BNV, PP y PSD que apartó del poder al PSPV. A su vez, la Sindicatura la remitió al Tribunal de Cuentas en Madrid, que ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. El PSPV adjunta a la denuncia la grabación de un pleno celebrado en junio en el que Morató admite: "De la noche a la mañana, a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería ya que con la nueva calificación aumentaban a 2.903 las unidades de aprovechamiento urbanístico a las que tenía derecho". Antes, a la parcela, de unos 14.000 metros cuadrados, solo le correspondían 290 unidades. El edil del PP añadió: "[A los dueños] les hemos hecho unos capitanes generales".
El PSPV sostiene que la operación se realizó con informes negativos de los técnicos y en contra de los "intereses del Ayuntamiento". El Consistorio negociaba con la propiedad la compra de la parcela para poder seguir instalando allí una carpa de fiestas y eventos que el gobierno del PP había ocupado sin el consentimiento de los dueños. El PSPV sostiene que los terrenos se deberían haber expropiado cuando eran rústicos, antes de que con la operación realizada por Morató su valor se disparara.
En el gobierno de Ximo Tur hay más concejales investigados por los juzgados: es el caso del segundo teniente de alcalde, Antonio Romera, del PSD, al que una asesora ha denunciado por coaccionarla, y del regidor del PP Juan Roselló, imputado en el caso Aguas de Calpe.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - 19.12.2008
Foto: Calp (Alicante) - elpais.com
El fiscal indaga al PP de Calp por una recalificación
Greenpeace presenta un recurso contra la "legalización encubierta" del hotel de El Algarrobico
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TELEPRENSA/Almería* : Greenpeace ha presentado hoy, 18 de dicembre, ante la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso(1) en el que demanda la anulación definitiva del último Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, aprobado por la Junta de Andalucía en febrero de 2008.
Previo al recurso, Greenpeace consiguió que la Sala decretara la suspensión cautelar del PORN, lo que constituye el primer paso para acabar con la legalización encubierta que pretende llevar a cabo la Junta del hotel que se asienta ilegalmente en el paraje de El Algarrobico.
En el nuevo PORN, El Algarrobico perdía su grado de protección y pasaba a ser calificado como "área degradada" lo que permitiría "nuevas edificaciones y la rehabilitación de las existentes para el desarrollo de actividades ligadas al turismo". El TSJA consideró que este cambio tendría un "efecto devastador" en la zona. Por su parte, la Junta de Andalucía se ha apresurado a recurrir esta decisión del Tribunal, defendiendo una vez más con argumentos ambiguos la legalidad de sus actuaciones. Unos argumentos que, durante 2008, varios tribunales se han encargado de desbaratar.
Todas las resoluciones judiciales existentes hasta la fecha son contrarias a la legalización del Hotel Azata del Sol. Cinco autos y seis sentencias, la última del día 17 de diciembre, de los diferentes tribunales han fallado en contra del hotel.
"Greenpeace espera que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía impida que todas las ilegalidades que han rodeado a este hotel queden impunes y que obligue a quienes las han cometido, como la Junta de Andalucía, a proteger el paraje de El Algarrobico y a cumplir su papel en defensa del interés general y del medio ambiente" ha declarado María José Caballero, responsable de campañas de Greenpeace.
— Greenpeace
Nota:
(1) En el recurso que ha presentado hoy la organización ecologista se hace un repaso a algunas ilegalidades cometidas en el transcurso de los años:
El Plan Parcial urbanístico debió de adaptarse a la Ley de Costas al haber sido aprobado definitivamente con posterioridad al 1 de enero de 1988. El Plan Parcial tuvo que ser revisado para ajustarlo al artículo 23 de la citada ley que fija una servidumbre de protección de 100 metros en vez de los 20 que figuran en el Plan Parcial.
El Plan Parcial se desarrolló cuando el espacio era protegido y no urbanizable y nunca fue adaptado al PORN publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en 1994. El sector donde se ubica el hotel de El Algarrobico dejó de ser urbanizable el mismo día que se publicó dicho PORN. Pero no sólo no se revisó el Plan Parcial, sino que, tres años después (en octubre de 1997), se aprobó el Proyecto de Urbanización.
Las Normas Subsidiarias (NN.SS) de Carboneras se aprobaron en 1998 sin tener en cuenta el PORN de Cabo de Gata. Al estar este Plan en vigor, dichas NN.SS. no podían, desde el punto de vista legal, clasificar el Algarrobico como urbanizable, de acuerdo con los artículos 5 y 19 de la Ley 4/89 sobre Espacios Naturales que daban prevalencia a los PORN sobre la normativa urbanística.
Los planos en los que El Algarrobico aparece como urbanizable, carecen de todo valor jurídico. La Consejería de Medio Ambiente modificó la planimetría del PORN para adaptarla a la de las NN.SS sin expediente alguno, sin exposición pública, sin previa consulta con los interesados, ni con los intereses sociales e institucionales afectados, ni con las asociaciones, sin publicarse en el BOJA y sin conocimiento de la Junta Rectora del Parque. La propia Consejería ha reconocido que esta modificación se hizo al margen de la legalidad y el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Almería ha encontrado indicios de presuntos delitos en esta alteración, tal y como ha quedado reflejado en varias sentencias.
La Consejería de Obras Públicas defiende en todos los foros que El Algarrobico es urbanizable y que la servidumbre de protección es de 50 metros (frente a los 100 que marca la Ley de Costas) para salvar la estructura del hotel, ya que así sólo habría que demoler las instalaciones anejas situadas junto a la servidumbre de tránsito. Tras un informe de esta Consejería recomendando que El Algarrobico fuera urbanizable, se produjo la modificación del PORN que eliminó el grado de protección que tenía el área y así facilitar la legalización del Hotel Azata del Sol.
La Junta de Andalucía no ha tenido en cuenta el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Costas contrario a que El Algarrobico se califique como zona C3 ("áreas degradadas") dentro del PORN ya que esta calificación no garantiza el cumplimiento de la Ley de Costas al permitir cambios de uso del suelo en el futuro.
Se ha disminuido el nivel de protección de El Algarrobico con respecto al anterior PORN. La regulación aprobada, en vez de incluir El Algarrobico en las zonas de máxima protección que es la zonificación denominada "zonas de reservas", se le incluye en la escala de menor protección, denominada "zonas de regulación común", y dentro de ésta, a su vez en la del grado más bajo.
* Teleprensa - 18.12.2008
Foto: Actuación de Greenpeace en el Algarrobico - teleprensa.es
Arteixo: El Superior ordena derribar las obras ejecutadas en el polígono de Suevos
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la resolución de la Consellería de Política Territorial que ordenaba la demolición de las obras de urbanización ejecutadas el polígono de San Martín de Suevos por vulnerar la ley de costas. Este polígono industrial ocupa los terrenos del antiguo matadero de Mafriesa y su instalación fue posible a través de la tramitación de un plan especial de ordenación que calificaba como industriales los terrenos y que fue aprobado en el año 2003, época en la que ostentaba la Alcaldía el popular Manuel Pose.
La sentencia del TSXG no es firme y es susceptible de recurso de casación ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo.
La sentencia deniega a una de las empresas ubicadas en el polígono de Suevos su solicitud de impugnar la resolución de la Xunta del 25 de diciembre de 2005. Los demandantes aducían dos motivos para requerir su anulación. De una parte, apelaban a la prescripción del expediente de reposición de la legalidad urbanística de los terrenos ubicados al sur de punta de Aguadoce, actualmente clasificados como suelo rústico de protección de Costas. Por otra, aducían que los terrenos en los que se ubica el polígono estaban clasificados como suelo urbano en los informes del arquitecto municipal de 27 de enero de 2004 y del 25 de abril de 2005.
El TSXG desestimó ambos argumentos al considerar que, en el momento en que fueron concedidas las licencias, las normas subsidiarias clasificaban el suelo como no urbanizable. Las razones aducidas por los demandantes son similares a las que sostuvo, en su momento, el anterior regidor local, Manuel Pose. El ex alcalde defendió la legalidad de los permisos concedidos a dos empresas promotoras para ampliar y construir nuevas edificaciones en el parque empresarial de Suevos que, indicó, estaban avaladas por los preceptivos informes técnicos. El anterior mandatario aseguró que la ordenación urbanística municipal de los terrenos reconocía su uso industrial y la posibilidad de ampliar hasta en un 20% la superficie destinada a la actividad de las empresas.
Pose admitió que la instalación de un polígono industrial en el exterior del recinto de Mafriesa podía ser discutible al tratarse de una nueva actuación en un suelo protegido, pero incidió en que la calificación como suelo industrial del antiguo matadero estaba ya consolidada. Al tiempo, el ex alcalde aseguró que las obras se limitaron a la reconstrucción de las naves existentes y que no se incrementó el volumen de ninguno de los edificios ni se levantaron tampoco nuevas construcciones.
La Administración autonómica, sin embargo, interpretó que el viejo edificio de Mafriesa fue derruido y construido de nuevo, por lo que no puede considerarse suelo consolidado y, como tal, exento de las exigencias que establece la ley urbanística vigente.
La Consellería de Política Territorial abrió en 2005 un expediente de reposición de la legalidad urbanístico y ordenó, como medida cautelar, la paralización de las obras del parque de Suevos. En el momento en que se ordenó la suspensión de las obras, las promotoras que desarrollaban el polígono habían vendido ya la mayor parte de las parcelas del polígono. La Consellería de Política Territorial advirtió ya en aquel momento que, en el caso de que las empresas hubiesen sido adquiridas a pesar de la orden de paralización, las promotoras deberían ser quienes afrontasen la sanción.
* La Opinión Coruña - ANTARES PÉREZ - 19.12.2008
Foto: Parque empresarial de Suevos, ubicado en los terrenos del antiguo matadero de Mafriesa. / carlos pardellas, laopinioncoruna.es
Desahucio, demolición y a la calle
ELPAÍS/Málaga* : Apenas llegó la policía, las siete familias que habitaban el edificio de calle Calvo, 21, abandonaron sus casas sin oponer resistencia alguna. Pasaban pocos minutos de las ocho de la mañana. La última noche en el edificio en el que muchos de ellos han habitado desde hace más de 30 años fue de vigilia y angustia. Todo ha sido demasiado rápido.
El 17 de noviembre se cayó un trozo de un muro de medianería y los técnicos municipales certificaron que el edificio, una de las pocas casas que quedan en pie del antiguo Perchel, se encontraba en ruina y se decretó el desahucio.
La mayoría de los 21 vecinos sostienen que no saben dónde ir, ni lo que harán. Unos dicen haber encontrado acomodo provisional en casa de familiares, como Rocío y su marido, que tienen un niño de un año; otros en una pensión, y otros se encogen de hombros. La concejal de Asuntos Sociales, Mariví Romero, afirma sin embargo, que todos menos uno había informado que tenían un lugar donde vivir y que luego se retractaron, cuando los grupos políticos de la oposición "contactaron con ellos y les manipularon y convencieron de que podían obtener un piso". Sólo una mujer de los 21 residentes del inmueble aceptó la ayuda de 1.200 euros para un alquiler ofrecida por el Ayuntamiento. "Y con eso qué, cuando pasen dos meses qué pasa", pregunta una de las desahuciadas.
Los herederos de la propietaria se desentendieron del edificio hace 29 años y los vecinos se constituyeron en comunidad y han velado por él. En 2006 fue expropiado, y ha pertenecido a la Junta hasta que hace un 21 días lo permutó con el Ayuntamiento en un convenio sobre vivienda. Esa es la gran paradjoa, el edificio es de propiedad pública.
El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, tiene un informe de un arquitecto que sostiene que el edificio no está en ruina y que se puede reparar el muro desprendido. Pero se queja: "Eso pasa a segundo plano. En primer plano está que es una vergüenza y lamentable que en menos de un mes, sin contestar un recurso y sin dar ninguna salida a los vecinos, se mande a la policía y unas máquinas para ponerlos en la calle".
A mediodía, cuando la excavadora ya habían reducido a escombros el edificio, los vecinos van al pleno municipal, donde el PP vota en contra de la propuesta del PSOE de realojarlos inmediatamente. Se indignan y los vecinos no entienden que la concejal de Asuntos Sociales les hable de que se han cumplido los protocolos. "Están en la calle y no tienen donde ir, el ayuntamiento tiene la obligación de darles una solución urgente", insiste la concejal del PSOE Mariluz Reguero.
Mariví Romero reprocha a Mariluz Reguero que se le quiebre la voz cuando habla del asunto, y la invita a pasar un día en su área para inmunizarse. "Evidentemente, somos distintas, mientras yo me emociono, usted firma documentos", le reprocha la socialista. Los vecinos explotan, gritan y el pleno se interrumpe porque es la hora de la copa de Navidad que la corporación ofrece a la prensa. "Demagogos", masculla repetidamente el alcalde ante los bancos socialistas.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 19/12/2008
Foto: Los vecinos contemplan la demolición de sus viviendas- JULIÁN ROJAS, elpais.com
Múgica denuncia la situación urbanística del puerto vigués
ELPAÍS* : El Defensor del Pueblo no ha ahorrado adjetivos para referirse a la situación urbanística del Puerto de Vigo, una institución que ha sido incapaz de tramitar en 16 años el Plan de Utilización de Espacios Portuarios al que le obliga la ley, de 1992. "Resulta lamentable", zanja Enrique Múgica, en respuesta a una queja formulada por el colectivo Bouzas-Móvete.
La comunicación del Defensor también denuncia que la Autoridad Portuaria de Vigo "ha continuado otorgando autorizaciones y concesiones" sin el denominado Plan de Usos. "Es indiscutible que para poder llevar a cabo proyectos, resulta obligado que se redacte, tramite y apruebe el preceptivo Plan de Utilización de Espacios Portuarios", señala.
Continúa Enrique Múgica con el aviso de que reanudará sus actuaciones "si a la fecha anunciada de finales del próximo año 2009" el Plan de Usos "aún estuviera pendiente de aprobación". El Defensor también informa de su intención de "dar cuenta a las Cortes Generales" de sus actuaciones, "dada la muy grave demora" del citado plan.
Múgica descarta en cambio la caducidad de proyectos en marcha. Entre ellos, el de mejora de la operatividad de los muelles comerciales, que contempla una gran ampliación mediante rellenos de las terminales portuarias, y el de almacenamiento de coches en altura en Bouzas. No obstante, se emplea con dureza contra una situación urbanística basada en "instrumentos más que insuficientes".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - 19.12.2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
Las ciudades y los vecinos frente a la crisis
JOAN SUBIRATS* : La crisis golpea en todas partes, pero se deja notar con mayor fuerza en las ciudades, en esas tramas urbanas que han crecido con fuerza en los últimos años en España. Y en ese escenario cuenta cada vez más la capacidad de las comunidades locales para afrontar los problemas de la crisis cotidiana, con todos sus matices y recovecos. Los protagonistas de las cumbres de Washington o Bruselas sobrevuelan los problemas. Los alcaldes y los vecinos se los encuentran cada día cara a cara. No es lo mismo hablar de la crisis que padecerla cotidianamente al pagar el billete de metro, afrontar la factura del gas o del agua, o devanarse los sesos pensando cómo seguir pagando la hipoteca.
Los precios y tasas de los servicios públicos y sus mecanismos de actualización se fijaron en momentos muy distintos de los actuales. Y las perspectivas de aumento en algunas ciudades superan el 3% o el 4%. La tarjeta más usada en el transporte público de la conurbación metropolitana de Barcelona subió hace unos días más del 7%.
Por otro lado, la noticia de la reducción de la inflación y del índice de precios al consumo, aparentemente favorable para ese concepto impersonal que es la economía, ha provocado que la actualización automática de las pensiones (que se fija a partir de la variación del IPC interanual de cada mes de noviembre, este año un 2,4%) provoque una reducción drástica de las expectativas de contar con un poco más de recursos para los millones de personas que sólo tienen acceso a las pensiones más bajas. Para una viuda de más de 65 años, el aumento será sólo de 33 euros. Personas situadas en la escala más baja de prestaciones sociales no notarán para nada la reducción del IPC, basado esencialmente en la rebaja del precio del petróleo, y en cambio cada 10 céntimos de subida en los bienes básicos como alimentación, textil, vivienda o servicios esenciales como agua o transporte suponen un verdadero terremoto en sus frágiles economías. Y en esos aspectos la tendencia de los precios ha sido al alza (6,6% de aumento en los gastos asociados al hogar, un 3,2% en la alimentación). ¿Quiénes van a salir peor librados de esos ajustes? Está claro que van a ser los pensionistas, en especial las viudas, y los jóvenes, abrumadoramente precarios de trabajo discontinuo y, por tanto, los más afectados, junto con los inmigrantes, por el aumento del desempleo. Es evidente que la conflictividad va a ir en aumento, ya que el contraste entre planes millonarios de rescate por arriba y miserias por abajo no podrán soportarse por mucho tiempo.
¿Qué hacer ante ese panorama? Las respuestas de los Gobiernos apuntan a los grandes parámetros de actividad económica. Sus multimillonarios planes de rescate y ayuda se dirigen al sector bancario o algunos ámbitos industriales especialmente significativos por el impacto de la crisis y por su gran carga de puestos de trabajo directos o indirectos que suponen, como es el caso de la industria del automóvil. Mientras, vamos descubriendo nuevas estafas revestidas de honorabilidad financiera. En España, al margen de lo ya mencionado, destaca el acuerdo del pleno del Congreso del pasado 27 de noviembre, en el que el presidente Zapatero asumió la importancia de los gobiernos locales en los procesos de recuperación económica y estableció un significativo crédito para los municipios. Calificar ese plan de ayuda a los municipios como de "aspirina", como ha hecho Rajoy, demuestra hasta qué punto la necesidad de descalificar al Gobierno acaba por despreciar una de las pocas medidas concretas que pueden afectar directamente a la población en forma de puestos de trabajo, mejora de servicios y revitalización económica local.
Seguramente sería mejor que las ayudas no estuvieran tan condicionadas en tiempo y forma. Podemos caer fácilmente en el peligro de que "solución busque problema", y que para no perder las ayudas, se improvisen obras o se acometan construcciones que luego sean difíciles de mantener.
Pero el problema de las ciudades y de los ciudadanos no es sólo coyuntural, es estructural. Y lo es ya que la importancia de las ciudades y de los gobiernos locales en el bienestar y la supervivencia ciudadana no se corresponde con las estrecheces económicas en la que viven los ayuntamientos españoles. Las ciudades son hoy decisivas en el bienestar individual y colectivo. Y en cambio, las agendas locales siguen fuertemente condicionadas por las limitaciones que impone un porcentaje del gasto público que está lejos de la que es a la mayoría de países europeos.
Mientras las comunidades autónomas han pasado de no existir a controlar más de una tercera parte del gasto público, los municipios siguen anclados en cifras que rondan el 15% de ese gasto público total, lejos del 24% en que sitúa la media comunitaria. Para gastar, hay que recibir transferencias y recaudar. Y tanto en una cosa como en la otra, la rigidez de ingresos en la que se encuentran los municipios españoles es total.
Bienvenidos, pues, los miles de millones de euros que de manera extraordinaria y urgente se conceden ahora a los ayuntamientos, pero sería necesario que se aborde de manera más estructural el reforzamiento presupuestario ordinario de los gobiernos locales. Recordemos que quedan lejos las alegrías del boom inmobiliario que permitía disfrazar y atenuar las penurias de los presupuestos municipales y que provocaron fenómenos de desgobierno y corrupción, muy minoritarios, pero que perjudicaron seriamente la demostrada capacidad de gestión de muchos gobiernos locales.
Algunas ciudades empiezan a notar de manera clara los excesos de la época de vacas gordas. La deuda de los municipios españoles es, en algunos casos, francamente significativa. La deuda de Madrid representa la mitad del total de endeudamiento municipal, seguida a mucha distancia por Valencia, Barcelona, Zaragoza, Málaga o Sevilla. La Federación Española de Municipios y Provincias asegura que son miles de millones de euros los que se gastan los municipios españoles en tareas que no les corresponden legislativamente hablando, pero que asumen dado que (como decía un alcalde) "donde no llegan mis competencias, empiezan mis incumbencias". Y esas incumbencias crecen a medida que nos adentramos en la crisis y sus efectos en personas y familias.
Ha pasado la época de los fastos municipales. La época en que las ciudades competían para ver quién hacia el plan urbanístico más fantástico, el edificio o el puente más atrevido del arquitecto-estrella más de moda. La época en que contaba más la apariencia que la solidez social y la cohesión ciudadana. El gasto que dedican las ciudades a las políticas sociales, la capacidad de ayudar de manera concreta a los sectores y personas más vulnerables, será a partir de ahora la clave.
La vida de los ciudadanos está hoy más llena de incertidumbres y de dudas que hace unos años. Estas incertidumbres planean sobre la realidad social y afectan la vida de pueblos y ciudades. La política local tiene que ver hoy en día con cotidianeidad, estilos y formas de vida. Y son las ciudades y sus equipos de gobierno los que deben gestionar y tratar de implicar conjuntamente a la ciudadanía en la gobernación de la vida local. Hemos de aceptar que el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos depende cada vez más de la capacidad de servicio y de la capacidad de gestionar servicios y recursos desde la cercanía de los gobiernos locales. Los problemas de la gente requieren sin duda planteamientos globales que busquen salidas estructurales a un capitalismo enfermo de sus propias dinámicas, pero requieren asimismo políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos.
En definitiva, necesitamos alcaldes y ciudades comprometidos con la solidaridad. Sin gobiernos y comunidades locales más fuertes no aseguraremos salidas a la crisis que consigan que sus costes sean los menos dramáticos posibles y que la nueva era pueda hacerse sobre nuevas bases de compromiso y responsabilidad compartida.
* Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.
* ELPAIS.com - Opinión - 18.12.2008
