ELPAÍS/Pontevedra* : En el municipio de Marín llueve sobre mojado, al menos, en lo que a gestión del suelo se refiere. Desde lo alto de O Monte Pituco los vecinos divisan la explanada portuaria sobre la que acaba de recaer una sentencia que anula el mayor relleno de Galicia, de unos 300.000 metros cuadrados. Más allá, asoman los núcleos de Mogor, Aguete, Loira, Teoira y Casás con 300 viviendas que habitan en el limbo administrativo mientras se caen a pedazos.
Y girando la vista hacia el linde con Pontevedra, se otea la Praza de Praceres, atravesada por una vía ferroviaria sobre la que pesa otro fallo judicial que recoge el clamor vecinal por recuperar un espacio público. Ahora, el Gobierno local de Marín plantea desarrollar un parque industrial en la cima del Pituco con una inversión de 13 millones de euros, en un espacio protegido -de los pocos que alberga el municipio- por su riqueza natural y arqueológica.
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"Es alegal y atenta contra el patrimonio", afirman los vecinos
"Es alegal y atenta contra el patrimonio y las directrices de ordenación del territorio", aduce Paz Castro, portavoz de los vecinos afectados. "Yo, lo que no quiero, es que dentro de 10 años me den la razón", como sucedió a los críticos de Praceres. El proyecto afecta a medio centenar de propietarios. "Seamos muchos o pocos, la ley es igual para todos y en el siglo XXI no se puede gestionar el territorio en función de la contestación social que tenga un proyecto".
Según los vecinos, de seguir adelante esta actuación, que afecta a unos 400.000 metros cuadrados, "volveremos a tener un Praceres II". Ya han recabado el apoyo de diversos colectivos sociales y ecologistas como la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), Colectivo Nacionalista de Marín, Federación Ecoloxista Galega, organizaciones vecinales de A Brea, San Xulián y Seixo o Comunidad de Montes de Salcedo y Lourizán. En línea con el malestar del Colectivo Nacionalista hacia el Plan de Solo Empresarial de la Xunta (que apunta a Pituco y Pastoriza), la Plataforma Defende O Monte Pituco presentará alegaciones.
Su lucha ya ha calado en las redes sociales, con un blog que da cuenta de una recogida de firmas y las entrevistas mantenidas con los grupos políticos municipales. Todos menos el PSOE, que encabeza el alcalde Francisco Veiga, el único en no recibirles y que tampoco ha querido contestar a este periódico.
El Gobierno local (BNG y PSOE) ha echado mano a este proyecto, guardado en el cajón durante años, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza el relleno portuario de Marín. No obstante, entonces como ahora, la fuerte pendiente complicaría la creación del polígono y la conexión ferroviaria, uno de los requisitos de la Autoridad Portuaria para dar luz verde al puerto seco. Los críticos con el planteamiento del gobierno coaligado apuntan otros suelos: A Pastoriza, Macenlle, A Brea o Vista Alegre, dos ubicaciones éstas últimas, que fueron desestimadas por la oposición vecinal. Por ello, y sin ánimo de abrir viejas heridas, en Pituco reiteran la posibilidad de estudiar A Pastoriza (como ya propuso el PP local) como alternativa por las perspectivas de crecimiento de las que carece el Pituco, que otros valoran como una oportunidad para subir a Marín al tren del progreso.
La defensa del monte empezó ya en plena fiebre repobladora, cuando los vecinos rechazaron pinos y eucaliptos para seguir tirando de los recursos forestales que el Pituco ofrecía. A ese aprovechamiento doméstico, se suman gran cantidad de viñedos y fincas que se surten de los tres manantiales (tanto para regadío como para consumo) que ofrece un espacio salpicado por petroglifos y otros hallazgos rupestres que conforman un gran atractivo para los senderistas que descubren este balcón a la Ría de Pontevedra. De hecho, existe un proyecto para la recuperación ambiental del Pituco avalado por la APDR que consiste en crear una ruta desde el petroglifo de Caeiro pasando por Sete Camiños hasta Salcedo, siguiendo una gran superficie de grabados rupestres.
Para sus residentes "no hay dinero que pueda pagar la destrucción" de este espacio. La creación de este parque industrial daría una nueva vuelta de tuerca a ese tramo de la fachada marítima, con el complejo fabril de Ence a un lado y la industrialización del Pituco al otro. Otra pincelada a un cuadro que los vecinos de Combarro, al otro lado de la ría, conocen bien.
* ElPAIS.com -21.02.10
Foto: Marín - teleformacion.edu
Marín proyecta un parque industrial en suelo protegido
Vitoria: Denuncian que un promotor quiere vender chalés tasados como libres
ELCORREO/Álava* : Los chalés adosados de precio tasado de Ibaiondo han dado muchos quebraderos de cabeza porque se han construido sobre suelo público y bajo el paraguas protector del Ayuntamiento, empeñado en posibilitar el acceso a viviendas unifamiliares a las clases medias. Las voces críticas contra el apoyo municipal a este tipo de urbanizaciones de alto nivel y contra la forma en que se adjudicaron no han dejado de oírse desde que hace trece años se inició su construcción.
El último episodio denunciado por el arrendatario de uno de estos chalés, en concreto, del sector 8B de Ibaiondo, deja claro el choque de intereses cruzados que se produce por estas casas.
La familia de Sonia Terrero -el matrimonio y dos hijos- vive una situación angustiosa porque puede verse abocada a abandonar su actual casa, en la calle Urederra, si no se resuelve el pleito que mantiene con su casera, una de las inmobiliarias que promovieron estos adosados. Sonia y Jorge entraron a vivir, en régimen de alquiler, a uno de estos chalés, en 2005. Según el acuerdo firmado entonces, deben entregar la llave el 23 de marzo de 2010. Pero, junto al contrato de arrendamiento, -unos 1.000 euros al mes, además de gastos de comunidad- las dos partes firmaron el derecho a una opción de compra.
«Cuando tratamos de ejecutar ese derecho y hablamos con la inmobiliaria, se nos da verbalmente un precio como si fuera libre. Nos piden 70 millones de las antiguas pesetas-420.000 euros-, cuando todavía estamos dentro de los plazos legales de los precios tasados. Es decir, que el abanico de costes va de 39 millones de pesetas -239.000 euros- a 46 millones de pesetas -277.000 euros-», una vez actualizados con los aumentos establecidos para las viviendas de protección oficial. «Fue una sorpresa, porque nosotros ya renunciamos a incluir los más de 60.000 euros que hemos pagado de alquiler en el precio final», relata Sonia.
Amparo al Ayuntamiento
Los arrendatarios solicitaron amparo al Ayuntamiento. «Después de llamar a muchas puertas nos enviaron un informe de Urbanismo en el que se dice que los chalés son tasados durante diez años desde la firma de las escrituras, un plazo que no finaliza hasta el 2 de junio. Por ello, vamos a pedir formalmente, mediante notario, una requisitoria para que en un plazo de 48 horas nos hagan una oferta», añaden los denunciantes.
La inmobiliaria no se ha pronunciado de momento sobre el asunto, pese a que EL CORREO requirió su opinión. Como al propio Ayuntamiento, si bien se conoce el contenido del informe en el que se da la razón al arrendatario al afirmar que se trata de «una vivenda de precio tasado» con precios máximos de venta que en 1997 estaban a 198.701 pesetas el metro cuadrado y, en 2008, a 1.933 euros. «En cuanto a la fecha hasta la que son aplicables las condiciones de venta a precio tasado, el infome recuerda los derechos del Ayuntamiento a tanteo y retracto cuando haya transmisiones onerosas durante un plazo máximo de diez años, desde el 2 de junio de 2000». Esa es la fecha a la que se aferra Sonia Terrero para conseguir comprar la casa a precio tasado y no libre.
* El Correo - 21.02.10
Foto: La pareja afectada, junto a su adosado situado en el sector 8B de Ibaiondo. :: BLANCA CASTILLO, elcorreo.com
Europa impone su ley en el urbanismo valenciano
ELPAÍS : La Unión Europea impone su ley en el urbanismo valenciano. El borrador presentado el pasado 16 de febrero por el consejero de Urbanismo, Juan Cotino, elaborado por tres de los mejores especialistas de España en Derecho Administrativo, acaba con el pulso que el Consell sostuvo durante la llamada década prodigiosa del urbanismo con las leyes españolas y comunitarias -ley del suelo, de contratos públicos, directiva sobre evaluación medioambiental estratégica, etcétera-.
"Aunque faltan cosas, este borrador lo que dice es que para hacer la calle de una urbanización debe utilizarse el mismo trámite administrativo que para construir una carretera", explica Gerardo Roger, arquitecto, profesor universitario y padre de la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), pensada para desencorsetar la gestión del suelo. El Tribunal Supremo ya ha emitido unas cuantas sentencias en las que resuelve que las obras de urbanización son obras públicas. "Lo que pide la Comisión Europea [que denunció la legislación valenciana ante el Tribunal de Luxemburgo], ya lo está diciendo el Supremo en España", subraya Roger.
El Gobierno valenciano ni lo reconoce ni lo reconocerá en público, pero la presión de Europa y, sobre todo, de los tribunales -que acumulan miles de contenciosos por el urbanismo- les ha hecho recapacitar. Y por no dejarse a nadie, la crisis económica, que ha cortado en seco el auge inmobiliario, también explica este regreso al sentido común después de años de maraña legal y exceso en el crecimiento.
Los ayuntamientos recuperan la iniciativa del planeamiento frente a estos años atrás en los que el diseño de los municipios quedó en manos de los promotores inmobiliarios. El documento que sirve de base para la futura reforma legislativa acaba con los planes reclasificatorios de suelo aprobados a espaldas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, con los conciertos previos y los instrumentos que alentaron el urbanismo más especulativo.
Para Pasqual Vernich, presidente de la Agrupación de Urbanistas del Colegio de Arquitectos autonómico, lo más sobresaliente del borrador que firman los catedráticos José María Baño, Luciano Parejo y Rafael Gómez-Ferrer Morant, es el esfuerzo de transparencia en la gestión de los proyectos. "Es un gran avance. Luego lo que hace falta es que se cumpla". Esta propuesta pone a cada uno en su sitio: los ayuntamientos recuperan la iniciativa del planeamiento, los agentes urbanizadores deben ser calificados como contratistas de obra pública y son responsables de ejecutar la obra. "Con eso se pueden evitar muchos desmanes", continúa el presidente de los urbanistas, uno de los primeros que pidió una simplificación de la farragosa legislación autonómica.
La caída en desgracia de los convenios urbanísticos -desautorizados incluso por algún tribunal- es otro avance a los ojos de los profesionales. Los ayuntamientos, generalmente cortos de presupuesto, vieron en la época dorada de los PAI un filón en esta fórmula, con mejoras de dinero en metálico que cada ayuntamiento gastó a su antojo.
Si se respeta su espíritu, el borrador además de la simplificación legal, traerá un cambio conceptual del modelo de crecimiento. Fabián Llisterri, ex decano del Colegio de Arquitectos autonómico, destaca el proceso de participación abierto y la oferta a la oposición de pactar la reforma.
"Es una especie de vuelta a lo público. Es vital evitar las operaciones urbanísticas que sólo son puro negocio y no responden a ningún otro criterio", subraya Llisterri. El ex decano valora sobre todo la "caducidad" de los PAI -se han presentado a cientos- que se propone en el borrador. Son los PAI que hayan reclasificado suelo y que no estén en marcha doce meses después de que se apruebe la nueva LUV. El contrato con el agente urbanizador se perderá y el consistorio podrá llevarlo adelante por el sistema de cooperación o dejar que se extinga. Es uno de los grandes hallazgos del documento, en palabras del ex decano. En la actualidad existen muchos PAI aprobados que no se ejecutan por la crisis.
En los círculos profesionales se especula si este borrador, encargado por el fallecido José Ramón García Antón, que precedió a Cotino en el cargo, puede ser un globo sonda para conocer la reacción de los sectores implicados. Se verá con el tiempo, porque el Consell decidirá con qué se queda y qué desecha.
La opinión de estos profesionales es que el texto es positivo, aunque faltan cosas. El borrador no hace ninguna mención de la distribución de las plusvalías urbanísticas. "Lo lógico es que cuanto más rentable sea un proyecto, más debería beneficiarse el ayuntamiento. ¿Por qué entonces limitarlo a un 10%", subraya Roger. No establece un criterio básico de crecimiento, algo que se deja para la Estrategia Territorial global o los planes territoriales. Tampoco se cita la rehabilitación, que parece que será el futuro del sector inmobiliario. "Porque, PAI, vamos a ver poquitos más", apostilla el arquitecto.
Otros profesionales, como Vernich, echan de menos la mención al reglamento del Paisaje o el freno a las modificaciones puntuales de los PGOU. "Un arma que tienen los ayuntamientos para jugar con el suelo urbano y urbanizable. Hay consistorios que suman más de 400 modificaciones puntuales", dice el urbanista, partidario de que se acumulen y se aprueben de golpe cuando se revise el PGOU.
El borrador no toca tampoco las reglas de la disciplina urbanística -inspección y sanciones-, con lo que aporta poca novedad para evitar casos como los de Montroi, Zarra, Catral o Llíber. La vigente LUV y el resto de normas obliga a los ayuntamientos a perseguir la construcción ilegal y trasladar los casos a la fiscalía. Es un delito no hacerlo. Pero ha tenido que ser el Ministerio Público el que exigiera a los alcaldes que cumplieran con sus obligaciones.
Las casas construidas en terreno rústico no urbanizable de uso común, ilegales a todas luces, tienen un futuro incierto. La ley valenciana prevé en los artículos 27 a 30 un proceso de legalización que pasa por recalificar el terreno de no urbanizable a no pormenorizado, elaborar un PAI y convertirlo en pormenorizado, que significa urbanizar con límites y puede suponer derribos.
Entre los promotores inmobiliarios a falta de un estudio técnico con detenimiento, el texto ha caído como una bomba. Benjamín Muñoz, secretario de la federación autonómica, ve una vuelta a legislaciones antiguas, donde la iniciativa privada pierde protagonismo y se gana en rigidez. A título personal, Muñoz critica la condena de los convenios urbanísticos y subraya las dificultades que tendrán infinidad de ayuntamientos si tienen que hacer frente ellos solos al planeamiento. "¿Quién pagará todo eso si los ayuntamientos están como están", cuestiona.
La futura reforma de la Ley Urbanística
- Planes Generales: Este instrumento recupera su competencia en la planificación urbanística. Desaparecen los conciertos previos y los planes parciales reclasificatorios de suelo.
- Programas de Actuación Integrada (PAI): Se separa el planeamiento (competencia municipal) de su ejecución, que puede ser directa (pública), indirecta (agente urbanizador) o en cooperación. Los PAI reclasificatorios caducarán al año de la entrada en vigor de la nueva LUV si no están en marcha.
- Información Pública: La apertura de información pública de los planes generales deberá anunciarse, además de en el DOCV y en un periódico, por medios electrónicos. El plazo de exposición será como mínimo de dos meses y el plan debe ser accesible para cualquier ciudadano.
- Crecimiento: No se limita el crecimiento, pero sí se establece que cuando el plan urbanístico suponga un aumento del 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado, deberá revisarse el PGOU.
- Agente Urbanizador: Deberá cumplir a rajatabla la ley de contratos del sector público cuando presente una propuesta para ejecutar un PAI. El precio deberá ser cerrado y no podrá incluirse mejoras a cuenta de los propietarios.
- El 'metro por metro': Se suspende esta figura creada por el entonces consejero Rafael Blasco para que por cada metro de suelo reclasificado se reservase otro metro de suelo protegido. Se ha puesto poco en práctica.
* ELPAIS.com - 21.02.10
Foto: Parlamento Europeo - ugr.es
La tragedia urbana brasileña y latino-americana
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BRUNO LIMA* : La ciudad de Río de Janeiro tiene 6 millones de habitantes de los cuales más de 2 millones viven en cerca de 700 favelas. La zona metropolitana tiene en su total unos 10 millones y las condiciones de vida son las mismas. Todos los años el hecho de vivir en cerros lleva a que la tierra se deslice y casas y vidas sean destruidas. Esto es el padrón de ocupación de la costa del estado, y la favelización es un fenómeno de distintas zonas del litoral y de la sierra.
En este fin de 2009 y principio de 2010, en una bellísima región, la ciudad de Angra dos Reis y sus alrededores, fue donde más llovió llevando a matar a casi un centenar de personas. Se puede afirmar que la región de la Bahía de la Isla Grande (litoral sur del Estado de Río de Janeiro, donde queda el municipio de Angra) es una síntesis del Brasil.
Fue allá que los cerros se deslizaron, matando decenas de personas y dejando sin casa a centenares de familias en los últimos días de diciembre y primeros días de enero. Buena parte de la ciudad favelizada convive como mano de obra barata para complejos de ocio y de lujo, como resorts, marinas particulares, con gran circulación de lanchas, barcos y yates y hasta islas privadas. Como hace por lo menos 40 años que existe esa convivencia, aún con la retracción del polo naval (varios astilleros cerraron y ahora retornan con la Petrobrás), habría sido posible la urbanización ordenada mediante una política distributiva. Sería racional prever la tasación de proyectos inmobiliarios con fines turísticos y de ocio y con eso financiar una ocupación urbana sin residencias en áreas de riesgo. Ocurrió lo opuesto.
La misma "lógica" nacional (y continental) entiende la especulación inmobiliaria como expansión de la construcción civil, sirviendo como termómetro de la economía. Es una inversión del concepto de economía como utilización racional de recursos finitos. Obedeciendo a una racionalidad mínima, programas como Mi Casa Mi Vida (del gobierno nacional, de Lula, llevando vivienda barata mediante préstamos gubernamentales) no alimentarían el oligopolio de las empresas de construcción civil y sí, primero, se dedicarían a la urbanización de favelas, la remoción -después de remunerar la salida de gente que vive en áreas de riesgo- y el aprovechamiento de todos los millones de inmóviles parados. A la vez, exigiría la universalización del sistema cloacal y sanitario (que en las ciudades brasileñas no llega a ocupar el 25%) y el más que urgente tratamiento de aguas. Es un absurdo paradojal debatir el futuro sostenible en Copenhaguen y no prever que cualquier edificación privada necesita de sanidad urbana más allá de los muros de los condominios.
En el tema medio ambiente, el absurdo estructural brasileño continúa. Tenemos la legislación ambiental más avanzada del mundo y el discurso de agentes económicos y operadores políticos es que "tanta ley" traba el progreso. Pura trampa del lenguaje neoliberal. Preservar la Mata Atlántica (región de floresta del litoral, la más devastada desde 1500), en el caso de Isla Grande (un parque natural localizado en una isla), es siempre más importante que levantar un proyecto inmobiliario de residencia o turismo. De eufemismo en eufemismo, "flexibilizan" la defensa de los recursos naturales colectivos y no renovables en pro del interés particular de algunos oligopolios. Cuando la tragedia humana es fruto de la omisión y del mal gobierno por décadas, el hecho, además de trágico, es un acto criminal.
Los argumentos de arriba no implican caer en la tentación autoritaria. Por el contrario. Entre cualquier sentido de orden y el ejercicio del derecho, la vivienda es prioridad. No se puede responsabilizar a la población carente, que construye su residencia donde pueda y no donde quiera. Tampoco es lícito exigir disciplina a las favelas y liberar el hambre de las bestias sin fin de las empresas de construcción civil que erigen grandes obras residenciales.
El problema es político. Como ya constaté en artículos anteriores, la actividad-fin de los mandatarios es la acumulación de poder y la actividad-medio es la proyección de la auto-imagen en el ejercicio de sus mandatos. La preocupación con el bien común está detrás de la atención a los inversores del consorcio político-electoral y de la supervivencia política.
En este ambiente, el acto de gobernar queda enterrado, sólo existiendo en la base la presión directa de agentes sociales organizados. En este caso, es urgente aumentar el poder ciudadano para el control social del Estado y el recurrente acotamiento de la expansión de los agentes económicos del sector de la construcción civil. Si en el mediano plazo no resolvemos la urbanización brasileña, entonces en todo inicio de verano tendremos criminales tragedias como la de Angra dos Reis con sus decenas de muertos.
Infelizmente, la experiencia directa y la convivencia con hermanos latino-americanos de otros países me demuestran que el título de ese artículo es acertado. El surgimiento de una urbanización no reglada, donde los pobres se amontonan en áreas geográficamente no aptas y los fondos públicos son puestos en la construcción civil para apartamentos y condominios de lujo o clase media alta, es un patrón de los capitales y las grandes ciudades del continente de Bolívar y Artigas.
Lo que dice la derecha brasileña a través de sus medios
El editorial del periódico El Globo de 07 de enero de 2010 (trae el título "Causa y efecto"), y aborda el tema de el hacer la vista gorda de gobernantes en función de la ocupación de tierras urbanas irregulares, incluyéndose en estas las áreas de riesgo. Vale recordar que este periódico es parte del Grupo Diarios América (GDA) y se trata del segundo mayor periódico impreso del Brasil y es el diario oficial del 5º mayor conglomerado de comunicaciones del mundo (las Organizaciones Globo, familia Marinho). El argumento no es de todo errado, pues está reclamando la baja calidad de la representación política en el país y afirmando que hay un acuerdo tácito "y cínico" entre ocupantes del Ejecutivo y los candidatos que operan en estos rincones favelizados. Aún exagerando el concepto de favela fuera del triángulo de Rio-São Paulo-BH (pues en las favelas el territorio es parcial o totalmente controlado por fuerzas para-legales locales), la existencia del candidato a edil (que también es ocupante de tierra para fines comerciales) o del diputado estadual, que operan como comerciantes informales inmobiliarios, es un hecho.
Estos, según el editorialista de confianza de la familia Marinho (la más poderosa dueña de medios corporativos de Brasil), estiran votos y negocian "sus áreas" con más de 2/3 de los votos de allá (mayoría absoluta). La relación cínica sería de los gobiernos con estos mafiosos chicos que se dedican a la politiquería y el asistencialismo barato con familias carentes de todo.
Uno a esta altura del partido ya no puede ser inocente en este tema. Y, además, cualquier persona que se haya envuelto en la lucha por vivienda sabe de la existencia de estos comerciantes de tierra urbana controlando a las familias de bajo poder financiero. Pero, por la lógica expresada por uno de los poderes mediáticos oficiosos del Brasil, la suma de alianza entre coroneles urbanos y candidatos fuertes al Ejecutivo es lo que permite la existencia y aumento de la favelización. Como era de esperarse, ellos no relacionan al aumento de viviendas irregulares con la poca dedicación de recursos para proyectos de Residencia Popular. Y, por supuesto, cuando estos proyectos ocurren, la plata va para las grandes empresas que construyen y llegan a las familias mediante préstamos a la gente y no como repaso o distribución de riqueza por el Estado.
La criminal omisión de gobierno
El ordenamiento directo del suelo urbano y de los espacios geográficos de grandes concentraciones poblacionales en áreas irregulares es deber del nivel de gobierno municipal. Llegan años y se van años, comienzan y terminan mandatos y el problema central no es abordado. ¡Favela, vila, mocambo, palafita, bajada y otras denominaciones regionales brasileñas para vivienda en mala condición no debería ser parte del paisaje! Al ser vista como tal, lo que es un crimen de Estado "por omisión de décadas consecutivas" la favela queda como parte "normal" de la ciudad. La misma barriada debería recibir agua tratada, residencias reformadas y calles más anchas. No se hace ni el mínimo y después la gente es llevada a acostumbrarse a ver familias pobres llorando en la tele por la muerte de seres queridos. ¡Cuanta hipocresía!
Reconozco que es imposible promover la regularización territorial de las áreas irregulares, con título de posesión, sanidad, apertura de calles y vías públicas y presencia del Estado con el conjunto de servicios, en un periodo de cuatro años. Pero, el reconocimiento a través de fotografías aéreas, la localización de las áreas de riesgo y la decisión política de impedir la expansión de casas donde el acto de construir puede implicar la muerte de esos habitantes, esto sí es algo posible. Y, es perfectamente posible interrumpir cualquier tentativa de "flexibilizar" leyes ambientales, en especial en aquello que implicar expandir la especulación inmobiliaria con el deterioro de áreas verdes.
La contraparte es el absurdo del progreso de pocos en nombre del progreso de todos. No es argumento válido contraponer el supuesto desarrollo económico a la "flexibilización" de leyes ambientales. La legislación brasileña de medio ambiente es excelente, y sirve como freno a la especulación inmobiliaria y al hambre voraz de obras faraónicas, ejecutadas por consorcios privados y casi siempre financiadas con el dinero del contribuyente depositado en el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el mayor banco de fomento del mundo) o en la Caja Económica Federal. En el caso de las ciudades, la omisión histórica en Angra dos Reis (para triste ejemplo ilustrativo) es la materialización del concepto de que la actividad-fin de la mayoría de los gobiernos de turno es permanecer ocupando una parcela de poder o expandiendo su control sobre presupuestos y cargos. La actividad-medio es el acto de negociar con las fuerzas sociales, respetando las relaciones asimétricas, atendiendo de entrada a los agentes económicos en general y a los inversores de sus propias candidaturas en particular.
La publicidad de gobierno crea un clima de euforia anunciando millones de metros cúbicos de concreto empleados, cuando deberíamos conmemorar tubos de cloacas y aguas tratadas. El dinero va para las mega empresas de construcción mientras la basura sigue acumulándose (con poca reciclaje) y los coliformes fecales van para los espejos de aguas y sus márgenes. Por la lógica racional -o la falta de esta en función de la cultura de prebendas, clientelas y patrimonialismo- la planificación de las ciudades, previendo su expansión, viene primero. Hacer crecer la malla urbana implica poner metro, tren de superficie (urbano y metropolitano) y condiciones de vida sostenibles como la limpieza del aire y del agua. Esto viene concomitante a la idea-guía de que regular el suelo urbano implica crear redes de tubos cloacales y tratamiento de aguas.
Aquí se hace lo contrario y todo año mueren brasileños en función de la desidia y de la criminal omisión en los tres niveles de gobierno. ¿Hasta cuando?
* Bruno Lima Rocha, militante libertario brasileño, es politólogo (PhD), docente universitário y participa en el frente de medios del Elaopa.org
http://www.estrategiaeanalise.com.br
* Kaos en la Red - Opinión - 17.02.10
Foto: Río de Janeiro (Brasil), favelas - kaosenlared.net
Fuera de ordenación, un limbo jurídico urbanístico
JAIME CONCHEIRO DEL RÍO/A Coruña* : Se ha afirmado que en ningún país europeo se puede privar tan fácilmente a un particular de su propiedad como en España, ya que como consecuencia de cambios, por ejemplo en la legislación de costas, carreteras o urbanismo, se privan o limitan las facultades del propietario sin indemnización compensatoria. Un ejemplo paradigmático lo constituye la situación de los bienes declarados «fuera de ordenación» como consecuencia de una actuación urbanística, de tal modo que edificaciones construidas con licencias otorgadas legalmente al amparo de planes anteriores, de repente se convierten en incompatibles con las determinaciones del nuevo plan, y, en consecuencia, adquieren dicha condición.
La situación de un edificio u obra que se encuentre «fuera de ordenación» comporta que no pueden otorgarse licencias para obras de mejora o de reedificación, autorizándose tan solo aquellas de pequeña reparación, higiene, ornato y conservación del inmueble que se encuentre en dicha situación.
El legislador en disposiciones recientes reconoce una serie de perjuicios que afectan a los edificios calificados como «fuera de ordenación»: por lo que respecta al valor catastral, se corrige a la baja su valor, aplicándole un coeficiente de 0,80 por ciento; se cercena la posibilidad de hipotecarlos al prohibir a las entidades de crédito la titulización de las hipotecas sobre dichos bienes, facultándose a los bancos, como consecuencia de la disminución del valor del bien, para exigir en su caso garantías adicionales; las indemnizaciones derivadas de un siniestro asegurado solo se limitarán al valor real de un bien tasado como «fuera de ordenación». Asimismo, la propia Ley del Suelo dispone que el valor de tasación de esta clase de bienes se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil, sin embargo, a pesar de reconocer el perjuicio experimentado por los propietarios, excluye la posibilidad de que estos sean indemnizados. Nos encontramos en presencia de un supuesto más de expropiación legislativa, pues, de no mediar esta declaración del legislador, nos encontraríamos ante un supuesto de daño reparable por la vía de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
En La Coruña, la revisión del Plan General de Ordenación establece un límite de alturas de los edificios que dejará fuera de ordenación un gran número de ellos. La Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia establece en el artículo 47 un determinado número de metros librea y de zonas verdes por cada 100 metros cuadrados edificables. Esta exigencia plantea un grave problema para dejar sin efecto la calificación de «fuera de ordenación» de los edificios afectados, en el supuesto de que hayan sido asignados a otras edificaciones con objeto de autorizar las alturas correspondientes. Por ello entiendo que lo más conveniente para reconducir la situación urbanística a su primitivo estado, tal como al parecer es lo que pretende el Ayuntamiento, quizá sea ineludible acudir a una revisión del plan, con lo cual se ganará en seguridad jurídica.
* Registrador de la propiedad
* La Voz de Galicia - Opinión - 18.02.10
