ELPAÍS/Andalucía* : La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido al Estado y a la Junta que dispongan el "crédito suficiente (...) para las subvenciones" prometidas a los propietarios de viviendas libres en alquiler y que, pese a cumplir todos los requisitos, no las han recibido "por las limitaciones presupuestarias". También ha reclamado que se informe a los demandantes de subvenciones de las limitaciones impuestas por la falta de crédito. Una resolución del Defensor a una queja dirigida a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda destaca las "numerosas" quejas recibidas de propietarios que "han visto defraudadas sus expectativas al haberse denegado sus solicitudes".
Estas subvenciones fueron incluidas en el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Posteriormente, fueron incorporadas a la normativa autonómica, en primer lugar, al entonces vigente Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y posteriormente al Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.
"Aunque inicialmente se conveniaron 2.157 actuaciones, finalmente se han otorgado 7.537", señala el Defensor, que admite que "estas subvenciones han estado siempre limitadas por las disponibilidades presupuestarias". Aunque la normativa de las ayudas fue derogada "un gran número de solicitudes fueron presentadas mientras han estado vigentes".
En esas ayudas, la cuantía de la subvención era de 6.000 euros e iba destinada a cubrir los gastos que se ocasionaran ante posibles impagos y desperfectos. A cambio, el titular de la vivienda, además de ceder la misma en alquiler por el plazo mínimo de cinco años, debía fijar una renta máxima anual inicial del 5,5% del precio máximo legal de referencia de la vivienda.
El Defensor sugiere para próximas campañas que se incluya en la publicidad de las ayudas una mención expresa a que "se encuentran limitadas por las disponibilidades presupuestarias" y el máximo de solicitudes admisibles.
* El País - 22.11.10
Foto: Sevilla, pisos zona sur - diariodesevilla.es
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LAVOZDEGALICIA* : Por desinterés, por desidia o por desconocimiento. Lo cierto es que el intenso debate político que destapó la inclusión en la primera reforma de la Lei do Solo promovida por el Gobierno de Feijoo de la posibilidad de legalizar viviendas construidas sin licencia y anteriores a esa norma no se ha visto correspondido por un aluvión de solicitudes de los propietarios. Todo lo contrario. En los seis meses transcurridos desde que entró en vigor la cuarta reforma de la Lei do Solo, y al contrario de las solicitudes de información realizadas por los empresarios sobre las naves en situación alegal, Urbanismo no ha percibido movimiento alguno entre propietarios de viviendas construidas sin permiso y fuera de ordenación para regularizarlas.
La controversia que suscitó esa apuesta llevó a la Xunta a evitar poner cifras al alcance de una medida abierta a miles de casas en núcleos rurales. Pero el trabajo de los tres grupos parlamentarios en la ponencia sobre la reforma legal sirvió, tanto en las naves como en las viviendas, para acotar la incidencia de esa regularización, al quedar sujeta a una serie de condiciones y plazos concretos.
En las viviendas edificadas sin licencia, los propietarios disponen de dos años para darles cobijo legal, de los que han consumido la cuarta parte. El procedimiento es, en líneas generales, el mismo que en las instalaciones industriales, pero el dueño tiene que pagar al Concello una tasa equivalente al 10% del aprovechamiento urbanístico. Es lo que se conoce como la repercusión del suelo, y se realiza a través de una tasación. Si se trata de una urbanización, tendrá que afrontar a mayores el coste de los servicios complementarios y equipamientos requeridos para su legalización.
* La Voz de Galicia - 21.11.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
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ELCORREO/Sevilla* : Mientras que el movimiento ‘okupa’ sigue con los mismos frentes ‘tradicionales’, la actuación de personas con problemas de exclusión acentúa este fenómeno. El movimiento okupa en Sevilla, pese a los reveses sufridos por los últimos desalojos (como el de la Fábrica de Sombreros, la Fábrica de Vidrio de la Trinidad o Casas Viejas), mantiene sus frentes abiertos en enclaves como el antiguo taller de hostelería situado en la calle Muro de los Navarros 38 y el ya histórico centro cultural y de acción social autogestionado -como lo denomina el colectivo- de San Bernardo, así como en el Huerto del Rey Moro y el Pumarejo, radio de acción okupa. Frente a este perfil clásico del okupa, ahora la crisis económica ha hecho que no pocas personas con pocos recursos y que se han quedado sin un techo rompan la puerta de casas vacías que no son de su propiedad para vivir en ellas hasta que la Justicia o la Policía les haga salir o lleguen mejores tiempos.
Esto provoca que casos haya muchos pero denuncias no tantas, porque varios de estos inmuebles son de promotores que, también por la crisis, no tienen ahora proyectos concretos. Por ello, prefieren denunciar cuando llegue el momento.
Por ejemplo, uno de los bares de los Jardines de Murillo fue ocupado en los últimos meses, al igual que al menos tres casas de Nervión. El antiguo mercado de la Puerta de la Carne ha sufrido varios intentos de asalto, después de que sus inquilinos sin papales fueran desalojados hace ahora dos años. Cuando los servicios de limpieza y la Policía Local entraron en el edificio regionalista sólo quedaba un perrito y pertenencias abandonadas.
Según Manuel Espino, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, el fenómeno de la ocupación ilegal de edificios, casas o pisos "suele resurgir en los tiempos de dificultades económicas", de ahí que se hayan detectado más casos en los últimos meses, por ejemplo en zonas como el Polígono Sur.
No obstante, muchos propietarios no denuncian, de ahí que haya muchos casos en distritos como Macarena y Centro que no están registrados ni por la Policía ni por los Juzgados. Así lo aseguran los vecinos. En el caso del Polígono Sur, el propio sindicato de la Policía Nacional ha denunciado un repunte de los saqueos y ocupaciones en bloques de las 624 y 800 viviendas: 60 casas asaltadas, 30 desvalijadas y otras 10 tomadas por personas "probablemente del mundo de la droga", según Espino. El Comisionado, Jesús Maeztu, sólo reconoce que hace dos semanas se registraron tres casos de ocupación ilegal que habían sido "subsanados". A su juicio, la crisis económica hace que muchas personas opten por la salida más fácil, la ocupación de una vivienda desocupada.
Junto a estos casos de ocupación de viviendas, el movimiento okupa -Sevilla ha sido una de las ciudades con más actividad en España- se señala como algo más, como una filosofía de vida, al margen de problemas económicos coyunturales. El centro Sin Nombre, en la calle San Bernardo 42, se define a sí mismo como "un espacio de encuentro y convivencia; un medio para la acción político-social, la generación de alternativas contraculturales y de ocio, desde la autogestión y la autonomía", según reza en su web. Frente al modelo casi familiar del Huerto del Rey Moro, Sin Nombre se ajusta mejor a la imagen tópica del okupa, con una gestión asamblearia muy vinculada a la cultura alternativa. Con todo, se mantiene tras cinco años.
Por contra, el objetivo de la Plataforma La Noria, que coordina todas las acciones del Huerto del Rey Moro, es evitar que se construyan los 800 metros cuadrados que permite el PGOU para así preservar la antigua huerta medieval, declarada junto a la Casa del Rey Moro (una construcción de finales del XV) Bien de Interés Cultural. Urbanismo ya se comprometió a que el conjunto se convertirá en una zona verde.
Una de las iniciativas que no cuajó fue la ocupación de la Fábrica de Vidrio de la Trinidad. Lo cierto es que el movimiento okupa no tuvo el suficiente peso para conservar este frente, quizás demasiado ambicioso.
* El Correo de Andalucía - 21.11.10
Foto: Sevilla, okupación fábrica sombreros - indymedia.org
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DIARIODEMALLORCA* : El juez José Castro está ultimando los trámites para solicitar una comisión rogatoria dirigida al FBI para que investigue si el ex presidente del Govern, Jaume Matas, tiene bienes a su nombre, o a través de testaferros, en Estados Unidos. Los expertos que están investigando el presunto enriquecimiento ilícito del también ex ministro mallorquín están convencidos de que Matas aprovechó su estancia profesional en Estados Unidos para blanquear dinero que habría obtenido, supuestamente, de una forma ilícita tras su paso por la política. Los investigadores llevan meses buscando información para conocer cuáles son los pasos a seguir para solicitar la ayuda de las autoridades norteamericanas.
La conclusión a la que se ha llegado es que en el país que preside Obama no es sencillo que se presten a investigar a un sospechoso, con independencia de quién se trate, si el juez extranjero que solicita esta ayuda no aporta pruebas muy sólidas que justifiquen estas gestiones policiales. Si en la comisión rogatoria solo se facilitan indicios, esta colaboración será rechazada, según explicó un experto. En cambio, si esta gestión se realizara en un país europeo la tramitación sería mucho más sencilla.
Ha sido la Guardia Civil la que ha aconsejado al juez Castro la necesidad de dar un paso adelante en la investigación sobre el patrimonio de Jaume Matas. Los agentes consideran que todo lo que se tenía que investigar en España con relación al ex presidente ya se ha hecho, y que ahora ha llegado el momento de que estas pesquisas traspasen las fronteras. El juez apoya la iniciativa de los investigadores, pero les ha pedido que presenten un detallado informe que concrete cuáles son las pruebas, o al menos indicios sólidos, que justifiquen solicitar formalmente la colaboración del FBI para que ayude en este caso. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la abogacía de la Comunidad Autónoma, que ejerce la acusación particular, mostrarán su apoyo al juez para que reclame la ayuda de las autoridades estadounidenses.
Jaume Matas estuvo residiendo en EEUU durante dos años. El día que anunció que abandonaba la política para dedicarse a la empresa privada reveló que trasladaría su residencia al extranjero. Primero estuvo en Washington trabajando para una importante empresa hotelera de capital mallorquín, pero a los pocos meses fue fichado como experto en medio ambiente en la oficina de Nueva York de una prestigiosa firma de asesores. Al retirarle el juez su pasaporte, y por tanto, al impedirle que pudiera salir al extranjero, Matas tuvo que renunciar a su empleo.
El ex presidente y su esposa crearon en Estados Unidos una sociedad llamada Aremas. Durante mucho tiempo utilizaron esta sociedad para gestionar sus ingresos y sus gastos económicos, pero ahora se quiere comprobar si la pareja también la utilizó para adquirir alguna propiedad inmobiliaria que, si existe, aún no ha sido localizada. Matas ha reiterado varias veces, a través de sus representantes legales, que no tiene ningún temor a que se siga el rastro de sus negocios en EE UU porque no tiene allí ninguna propiedad. Su abogado ha detallado las entidades bancarias donde disponía de cuentas, aunque ha aclarado que las anuló todas al regresar a España.
* Diario de Mallorca - 21.11.10
Foto: Matas ha reiterado que no tiene bienes en Estados Unidos, pero los investigadores no le creen.- diariodemallorca
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ELPAÍS* : La Comunidad de Madrid podrá vender los terrenos que están obligados a cederle los promotores privados y los Ayuntamientos cada vez que desarrollan un plan urbanístico. De esta forma, el Gobierno regional podrá hacer negocio con parte del suelo que ha recibido de forma gratuita para pagar sus inversiones. Para ello, la Comunidad de Madrid modifica el artículo 91.3 de la Ley del Suelo. "Los suelos integrantes de las redes supramunicipales [terrenos para construir parques, vivienda pública, equipamientos públicos...] cedidos a la Comunidad de Madrid tendrán la condición de bienes patrimoniales...", reza el nuevo artículo. Al convertir estos suelos en "bienes patrimoniales" permite su venta.
"No quiere decir que se vaya a hacer", sostiene un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. "No hay ninguna norma que establezca que las cesiones de suelo sean bienes de dominio público [que no se pueden enajenar]. El uso de esos terrenos seguirá siendo social", sostiene el portavoz regional.
El Gobierno regional, que preside Esperanza Aguirre, ha aprovechado la Ley de Acompañamiento de los presupuestos para introducir seis modificaciones en la Ley del Suelo. La medida ha recibido duras críticas de los sindicatos y el PSM. Juan Luis Martín, responsable de UGT, señala que "esta norma facilita las recalificaciones de suelo".Esperanza Aguirre utiliza la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, conocida como ley escoba, para realizar modificaciones normativas de última hora acortando su debate y la tramitación. Durante todos los años de su mandato ha aprovechado esta vía para modificar la Ley del Suelo. Esto le ha granjeado duras críticas de la oposición que le exige que si quiere modificar la norma siga los trámites normales. Este año ha modificado hasta seis artículos de la mencionada ley.
Los cambios de este año despertarán recelos entre los Ayuntamientos de la región. Estos entregan por ley un 20% del suelo de sus desarrollos urbanísticos a la Comunidad de Madrid para "redes supramunicipales" [suelos para parques, jardines o vivienda social que tienen carácter de dominio público]. La medida ha provocado estupor en el Ayuntamiento de Madrid, según fuentes municipales. La Ley del Suelo preveía que la tercera parte del suelo cedido por promotores y Consistorios se dedicará a "la red de viviendas públicas o de integración social". Ahora la Comunidad podrá vender ese suelo para financiarse.
"Permite hacer negocio a la Comunidad a costa del suelo entregado para una función social. Aguirre hace un urbanismo a la carta", lanza el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. Pese a que desde el Ejecutivo autonómico aseguran que no se cambiará el uso social de los terrenos, lo cierto es que las modificaciones que han introducido en la Ley del Suelo lo permite.
Para cambiar el uso de estos suelos, modifica el artículo 67.1 de la norma. Con este artículo hace una excepción en el proceloso procedimiento para hacer cambios en los planes urbanísticos para "los terrenos integrantes de una red supramunicipal". Así, la Comunidad de Madrid podrá modificar el uso social con un simple plan especial que aprobará ella misma.
Desde UGT detallan, además, otros cambios en la Ley del Suelo introducida por Aguirre. La norma permite a los Ayuntamientos hacer pequeñas modificaciones en sus planes urbanísticos sin necesidad de hacer un informe de impacto territorial, ni del preceptivo avance de modificación. El argumento del Gobierno regional es que agiliza los trámites. Pero Juan Luis Martín, responsable de Servicios Públicos de UGT, no opina lo mismo: "Da más autonomía a los Ayuntamientos. Aprueba un mecanismo a través del cual, sin necesidad de realizar una modificación global del plan general, puedan alterar el planeamiento urbanístico de un municipio". Y prosigue: "Una cosa es agilizar procedimientos y otra abrir la puerta a hacer una barra libre de cambios urbanísticos". Ahora la norma deberá pasar por la Asamblea de Madrid donde los grupos de la oposición (PSOE e IU) presentarán enmiendas, pero la mayoría parlamentaria del PP será suficiente para sacarla adelante.
* El País - 20.11.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
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LEVANTE/Valencia* : Técnicamente no está en la situación de un okupa, tampoco en la de un inquilino, ni es un ilustre invitado del vecino de enfrente, Alfonso Rus, ni un propietario al uso como tantos ciudadanos que han hecho realidad el sueño español de tener una casa propia, aunque sea a medias con el banco. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps -como todos los que le han antecedido en el cargo, empezando por Josep Lluís Albiñana- habita el Palau como máxima autoridad de un Consell cuya situación jurídica, respecto al edificio, es un poco la síntesis de todas las descritas. Camps vive, jurídicamente, en precario.
Porque en los 31 años que han pasado desde que la diputación cedió la propiedad del inmueble a la entonces embrionaria Generalitat, de la misma manera que se cedieron los hospitales u otras infraestructuras, la Administración Autonómica no ha podido materializar ese contrato de cesión en forma de escritura. Fue la primera cesión de inmueble perseguida por el equipo de Albiñana, quien se instaló en el Palau en el año 1979.
No ha elevado a público lo que es un acuerdo entre partes -diputación y Generalitat- por los problemas registrales que arrastra el Palau desde mucho antes de que le fuera transferido por la diputación. El origen del problema se remonta a las obras de reforma del edificio gótico del XV que se acometieron a mediados del siglo pasado -se finalizaron en 1953- consistentes en ampliar el cuerpo central del edificio y crear un acceso desde la Plaza de Manises, donde se levantó el torreón que le da simetría al edificio y en el que, por cierto, tiene Camps su despacho. Para acometer las obras, la diputación adquirió unas viviendas. Esa operación acarreó problemas registrales en las compra-ventas, que, como una especie de cargas, se traspasaron a la Generalitat en 1982. Hasta hoy.
El edificio forma parte del inventario de bienes autonómicos, pero en el registro de la propiedad figura a nombre de la institución provincial que preside Alfonso Rus. No tener el documento de cesión de propiedad elevado a escritura pública significa, en el caso de un ciudadano particular, que nunca puede hipotecarlo. Ni él ni un tercero comprador que no pudiera abonar la transacción a tocateja y necesitara recurrir a un préstamo hipotecario.
Unas circunstancias, la venta del edificio o su hipoteca, que, obviamente, son inimaginables en el caso del Palau. Y no porque la situación económica de la Generalitat no sea dramática. Pero, para tranquilidad general conviene recordar que estos bienes públicos son legalmente inembargables.
* Levante - 20.11.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
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LAPROVINCIA* : El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Javier Ródenas, califica de "extraordinariamente positivo" que la reforma del Código Penal endurezca las penas relacionadas con la corrupción urbanística y amplíe la responsabilidad de los funcionarios en los procesos de concesión de licencias. "Son muchos los alcaldes imputados que obtienen mayorías absolutas porque la sociedad no tiene conciencia de la gravedad de estos delitos", aseguró el representante del ministerio público en una de las ponencias que ayer cerraron las jornadas sobre la reforma penal celebradas en la capital grancanaria. Ródenas tachó de "dantesco" el panorama de "invasión" del dominio público que se ha apoderado de la costa, y situó el germen del problema en la falta de conciencia social. "Hemos fallado todos, incluida la Administración de Justicia, porque el pequeño propietario de un terreno sigue creyendo que puede construir lo que quiera como si fuera un conquistador del lejano Oeste", subrayó el fiscal.
También señaló con el dedo acusador a las administraciones, especialmente los ayuntamientos, por la "ineficacia de la disciplina urbanística" para vigilar y controlar la legalidad de las edificaciones. Los reproches alcanzaron a los propios jueces y fiscales. "No hay que confundir el principio de intervención mínimo que rige en el Derecho Penal con el de vagancia máxima", espetó Ródenas en clara alusión a las investigaciones que se quedan sobre la mesa por la complejidad de la materia.
Más investigaciones
En esa línea cuestionó las absoluciones que vienen dictando los juzgados penales en los delitos contra la ordenación del territorio, incluso reclamó a los jueces de lo Contencioso Administrativo que dedujeran más testimonios a la vía penal para investigar las polémicas actuaciones de las corporaciones en temas urbanísticos.
Y es que el Código Penal anterior sólo permitía perseguir bajo el paraguas de la prevaricación urbanística los actos concretos de concesión de licencias. Sin embargo, ahora, con la reforma legislativa que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre, se amplía el catálogo delictivo a la calificación y recalificación de terrenos, proyectos de urbanización y cualquier otra actuación relacionada con los instrumentos de planeamiento municipales. De ahí que el legislador extiende la responsabilidad penal de los funcionarios y de las autoridades públicas en esos procesos administrativos.
Después de la ponencia de Javier Ródenas, en horario de tarde, intervinieron el magistrado César Romero Pamparacuatro, que habló de los delitos de cohecho y la asociación ilícita, así como el fiscal del Tribunal Supremo Antonio del Moral, cuya conferencia versó sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, quizá la reforma más ambiciosa e importante del Código Penal. El debate posterior fue moderado por el abogado José María Palomino.
Por la mañana le tocó el turno a la fiscal delegada de delitos Socioeconómicos y Contra la Hacienda Pública en Las Palmas, Evangelina Ríos. La fiscal también destacó la escasa conciencia social que existe en la sociedad sobre los fraudes a las arcas autonómicas y estatales.
Antes, por la mañana, el fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga, Javier García Cabañas, abordó la nueva regulación que afecta a los delitos contra la salud pública, cuyas penas se reducen de los nueve a los seis años de prisión. Asimismo intervino José Manuel Maza Martín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
* 20.11.10
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