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LAVOZ/Pontevedra* : El Concello de Sanxenxo continúa con la tramitación de un proyecto urbanístico que la Xunta trata de paralizar. Se trata del denominado suelo urbanizable número 25, en el lugar de Telleiro, en la parroquia de Noalla, parcela en la que se prevé levantar 143 chalés.
De hecho, la gerencia municipal de urbanismo probablemente notificará mañana la aprobación definitiva del proyecto de estatutos y bases de actuación de la promoción. En septiembre del año pasado, la Consellería de Medio Ambiente, dirigida por el socialista Manuel Vázquez, instó al gobierno local, encabezado por la popular Catalina González, a paralizar el proyecto por no haberlo sometido al estudio de impacto ambiental. No obstante, el Concello hizo públicos unos informes en los que constaba que el departamento autonómico había eximido al Ayuntamiento de someter el plan para Telleiro al trámite de evaluación ambiental. La fecha de registro de salida de la Xunta del expediente fue el 16 de marzo del 2007.
Sin embargo, el requerimiento de anular el desarrollo urbanístico número 25 se produjo en septiembre del año pasado. Medio Ambiente amenazó con interponer un contencioso-administrativo en caso de que el Concello no frenase de oficio dicho desarrollo urbanístico, cuya edificación se proyecta sobre una parcela de 67.000 metros cuadrados situada en el entorno de A Lanzada.
Contencioso-administrativo
Dos meses más tarde, en noviembre, y ante la insistencia del Concello de continuar adelante con el plan, el organismo autonómico cumplía su amenaza y presentaba el recurso, según relataban ayer fuentes de la Consellería de Medio Ambiente.
El Ayuntamiento, sin embargo, procede con el plan urbanístico, puesto que, como ya habían indicado fuentes municipales, «tiene la absoluta certeza de que su tramitación se ha realizado de forma correcta».
Pero la batalla legal de Medio Ambiente no se limita al proyecto del complejo de viviendas de Telleiro. Todo lo contrario, esta urbanización es la tercera que la consellería pretende paralizar. En junio, el departamento autonómico instó al Concello a actuar de oficio para anular la construcción de 161 chalés en Major y otros 38 en Montalvo. La Xunta, en ambos casos, también interpuso un contencioso-administrativo.
* La Voz de Galicia - Nino Soto - 11.06.2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Sanxenxo continúa tramitando una urbanización que la Xunta pretende paralizar
La CHJ pide al juez poder derribar en un día las cien casas ilegales del delta del Palancia
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LEVANTE/Valencia* : La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha pedido autorización al Juzgado para poder demoler en un día las casi cien casetas que hay en el delta del río Palancia con tal de regenerar ambientalmente el lugar, como tiene previsto desde hace años.
Este derribo se pretende acometer antes del próximo mes de agosto, según han apuntado fuentes del organismo, que admitían que "sólo resta que nos llegue el permiso".
Los trámites para expropiar los terrenos a más de cien propietarios siguen su curso pero, según ha podido saber este rotativo, "el día en que se reciba la autorización judicial, las palas entrarán en la zona y en una mañana dejarán todo listo para la adecuación del paraje", según informan desde el CHJ.
Los afectados por las expropiaciones siguen con incertidumbre las noticias relativas al caso y algunos consultados por Levante-EMV admitían estar confusos, pero resignados a perder construcciones o terrenos que muchos frecuentan en sus horas libres. Las distintas situaciones en las que se encuentran los afectados dificultan la unificación del proceso pues existen propietarios con y sin escrituras, parcelas en zona marítimo terrestre y en el propio cauce. No obstante, está previsto que todas las parcelas sean ocupadas al mismo tiempo.
Pese a esta previsión oficial, el abogado de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y de un colectivo de afectados, Eduardo Faus, rechazaba que las demoliciones puedan producirse a la vez y señalaba: "Podrán entrar en aquellas parcelas en las que tengan firmada la ocupación, pero en las demás deberán esperar hasta obtener este permiso".
El colectivo de propietarios representado por el abogado de AVA ha rechazado los precios que les han ofrecido por las expropiaciones, de unos 10 euros por m2, al considerar que la cifra "está muy lejos de sus pretensiones", según explicaba el letrado Eduardo Faus.
Desacuerdo con la expropiación
Lejos de esta cantidad, algunos afectados han demandado seis veces más, es decir, unos 60 euros. Como argumento, aseguran que se les debe indemnizar como si la zona fuera suelo urbano, teniendo en cuenta que su remodelación la convertirá en un parque de uso público; una calificación distinta a la que posee realmente el lugar, considerado como no urbanizable.
A falta de llegar a un acuerdo sobre los precios, a finales de mes, se firmarán las actas de ocupación de las parcelas ubicadas en zona marítimo terrestre.
* Levante-EMV - Armando Valdearcos, Sagunt - 11 de junio de 2008
Foto: Degradación. La remodelación del delta obliga a demoler las casetas.
dani tortajada, levante-emv
Greenpeace no cederá «al chantaje» de las inmobiliarias que amenazan con demandarla
LAVERDAD/Murcia* : «Estupefactos». Así afirmaron ayer responsables de la ONG ecologista Greenpeace sentirse después de que cuatro inmobiliarias les exijan 27,1 milllones de euros por los supuestos daños provocados por la campaña sobre cambio climático de la organización, que mostraba un fotomontaje sobre cómo quedaría La Manga si el nivel del mar subiese apenas medio metro.
Los ecologistas han hecho llegar a esta redacción dos de las cartas en las que un bufete de abogados -en representación de las inmobiliarias Inversiones Dos Mares S.L., Faher Holydays S.L., Bureau Investment y Nuevo Pozo Estrecho S.A.- exigen a Greenpeace daños al considerar que su campaña «ha provocado el hundimiento del mercado inmobiliario y de servicios de la zona afectada».
«Nos honra que piensen que está en nuestra mano hundir el mercado inmobiliario, pero creo que esto sólo responde a que nos quieren intimidar y chantajear, pero no vamos a ceder», afirmaba ayer Mario Rodríguez, director de Campañas de la ONG ecologista. Rodríguez acusa a las firmas de «cargar contra el más débil», ya que Greenpeace lanzó esta iniciativa después de que en el 2005 más de 50 expertos -muchos de ellos participantes en el panel sobre cambio climático de Naciones Unidas y con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente y varias universidades- advirtieran de que La Manga sería uno de los territorios más y antes afectados por una hipotética subida del nivel del mar debido al calentamiento global.
Las inmobiliarias solicitan la indemnización para reparar los daños causados, «incluido el daño moral» y amenazan con emprender «acciones legales» si Greenpeace renuncia a un «acuerdo amistoso».
Fuentes de la ONG aseguraron que «esperaban» algo así después de detectar en prensa anuncios de bufetes en los que se trataba de movilizar a los «afectados» por el fotomontaje de Greenpeace sobre La Manga.
* La Verdad - GUILLERMO HERMIDA - 11 junio 2008
Foto: La Manga fotomontaje - greenpeace
Marbella tiene embargadas 300 fincas municipales
ELPAÍS* : El cementerio no es el único bien de servicio público que el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tiene embargado por las deudas acumuladas durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL). Los juzgados tienen bloqueadas otras 300 fincas municipales - sobre todo por impagos a bancos- entre las que hay otros bienes inembargables por definición, como calles, parques o dependencias municipales.
La ausencia de plan urbanístico en la ciudad, unida al descontrol de la época del GIL, ha hecho que los acreedores reclamen parcelas que no podrán poseer de forma práctica.
"El cementerio está adjudicado, pero no va a dejar de serlo porque es un bien de dominio público, inembargable e inalienable", explicó ayer el portavoz del equipo de gobierno (PP) Félix Romero. La semana pasada un juzgado forzó su adjudicación a la Liga de Fútbol Profesional como pago de una deuda de medio millón de euros contraída durante el mandato del fallecido Jesús Gil.
La parcela en la que se encuentra el camposanto, de 64.000 metros cuadrados, obtuvo en 1993 una licencia municipal para un complejo lúdico deportivo, con pistas de karts, guarderías, chiringuitos, túnel de lavado y piscina. El permiso se emitió cinco años después del primer enterramiento, en noviembre de 1989, según datos de la delegación de Urbanismo. La concesión nunca se llevó a cabo.
Por la misma vía, otros juzgados han decretado el embargo de varias calles y parques. "Se han dado situaciones muy raras en Marbella en estos años", asegura el coordinador de Hacienda Carlos Rubio. Para levantar esos embargos, el Ayuntamiento puede pleitear -alegando que son inembargables por ser de uso público- pero para recobrar la escritura del resto ha de poner dinero sobre la mesa.
La ciudad se las apaña con una deuda que gira en torno los 500 millones de euros. Aunque tienen varios frentes de deuda abiertos con la Seguridad Social o con Hacienda, ya casi han cerrado el capítulo de los bancos, a los que deben 43 millones de euros.
La primera gran operación fue la negociación de la deuda con del BBVA y el Banco Local de Crédito. La Comisión Gestora, que gobernó tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya, pactó un calendario de pagos que redujo el montante de 63 millones a los 43 actuales.
Las negociaciones favorecieron el desbloqueo de algunas de las propiedades embargadas desde 1991, entre las que estaba el cementerio de San Pedro Alcántara, tres tenencias de alcaldía, tres centros de salud y numerosos centros educativos.
El año pasado saldaron las cuentas con Unicaja, que reclamaba 12 millones, y ayer la Junta de Gobierno Local aprobó un pago de 557.000 euros a Cajasur. Este último desembolso cancela la deuda de 1,1 millones que Marbella mantenía con la entidad de ahorro cordobesa.
"Esta es una legislatura sanadora", afirmaba ayer el portavoz del gobierno marbellí Félix Romero. "Hay que buscar liquidez que nos permita ir quitando todos estos embargos y en paralelo ir estudiando la viabilidad de otras reclamaciones que nos llegan", añadía. Las amenazas llegan de todos los frentes.
Las cuentas de Marbella
- La arcas tienen agujero de unos 500 millones y sus principales acredores son la Seguridad Social y Hacienda.
- Unas 300 propiedades municipales han sido embargadas sobre todo por impago a bancos.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 11/06/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
Denuncia por construcción ilegal en l'Albufera
ELPAíS/Valencia* : La Fiscalía de Valencia ha presentado una denuncia contra el representante legal de la empresa Hostelería Ademuz, S L, y contra Juan Luis B. M., arquitecto municipal de Sueca adscrito a la entidad local del Mareny de Barraquetes, por un delito contra la ordenación del territorio por una construcción dentro del parque natural de l'Albufera.
Según consta en la denuncia, el pasado 25 de mayo se comprobó que en la parcela 37 del polígono 34, en término de Sueca, en suelo no urbanizable protegido, dentro del área de uso agrícola y de huerta, en el ámbito del Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural de l'Albufera, hay unas grandes naves. Tras realizar averiguaciones preliminares, la Fiscalía constató que esas construcciones no contaban con la autorización del consejo directivo del parque, que emitió un informe desfavorable, y no habían obtenido la declaración de Interés Comunitario.
La denuncia contra el arquitecto municipal se sostiene en que el 28 de diciembre de 2007 firmó un informe favorable a sabiendas de que infringía al menos dos artículos del Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural de l'Albufera.
La Fiscalía pide que sean citados a declarar ambos denunciados, que se obtenga toda la información registral de la empresa propietaria de las naves, que se solicite a la Consejería de Medio Ambiente que remita informes varios y al secretario de la entidad local de El Mareny (perteneciente a Sueca) que aporte la certificación urbanística de la parcela en cuestión.
* ELPAIS.com - L. GARRIDO - Valencia - 11/06/2008
Foto: Valencia, l'Albufera - elmundo.es
El Juzgado admite a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre el Canal de Badajoz
HOY* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Badajoz ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por el asunto del Canal de Badajoz. A partir de este momento será la magistrada titular de este juzgado, María Dolores Fernández Gallardo, quien dirija la investigación sobre las presuntas irregularidades urbanísticas en la zona del Canal.
La Fiscalía Anticorrupción, o Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos, que es su nombre oficial, inició a principios de 2006 las pesquisas sobre la comisión de supuestas irregularidades urbanísticas en Badajoz. La denuncia ante la Fiscalía partió de Izquierda Unida. Las averiguaciones de los fiscales han concluido con la presentación de la citada querella. En principio, está dirigida contra dos técnicos municipales y dos empresarios.
La querella fue presentada el 26 de mayo en los juzgados de Badajoz. La magistrada ha analizado la documentación que se le facilitó y ha acordado admitirla a trámite. Ello supone la apertura de diligencias previas y el inicio de la investigación judicial propiamente dicha para determinar si existen o no los delitos que la Fiscalía ha imputado.
La magistrada tendrá que acordar la práctica de las pruebas e interrogatorios que considere pertinentes, ya sean por propia iniciativa o porque los pidan las partes, ya sea la acusación o las defensas de las personas que han sido acusadas. La acusación pública la llevarán directamente fiscales de Anticorrupción, no los adscritos a la Fiscalía de Badajoz.
Este proceso que ahora se abre puede concluir bien en la apertura de juicio oral, si la juez estima que hay elementos incriminatorios suficientes, o bien con el sobreseimiento de las actuaciones si considera que no hay delito en los hechos denunciados.
La presentación de la querella produjo diversas reacciones políticas: el Grupo de Gobierno Municipal defendió a los técnicos que han sido acusados y se felicitó porque no haya ningún político implicado; Izquierda Unida aseguró que esta querella es sólo «la punta del iceberg» y el PSOE opinó que existe una «trama urbanística».
* Hoy - 11.06.08 -M. M.
Foto: Badajoz, canal - elperiodicoextremadura.com
