PD/Agencias* : "El 32% de los ingresos de las corporaciones locales proceden de las actividades e impuestos relacionados directamente con el sector inmobiliario, según un informe del Servicio de Estudios del BBVA, que señala que la administración local es la que está más estrechamente relacionada con la evolución de este sector.
Por su parte, las comunidades autónomas han obtenido un volumen de recursos procedentes del mercado inmobiliario del 8% de todos sus ingresos no financieros.
A continuación y ocupando el tercer lugar aparece la Administración Central, cuyos ingresos directamente relacionados con la actividad inmobiliaria representan el 4,5% del total.
BBVA advierte de que la mayor dependencia de las corporaciones locales de los ingresos derivados del sector inmobiliario implica que los municipios serán las administraciones que más notarán una desaceleración del mismo, al tener vinculada gran parte de su financiación (el 32% de sus recursos) a este negocio.
En este sentido, la entidad financiera prevé un descenso del número de transacciones inmobiliarias superior al 12%, hasta situarse en torno a 1,2 millones en 2010, por lo que el descenso de la recaudación procedente del sector sería muy acusada.
En concreto, estima que, sin modificaciones de la normativa fiscal, la participación de los ingresos ligados al sector inmobiliario se podría reducir un punto porcentual, hasta situarse en niveles próximos al 2% del PIB.
SUPONE EL 3,2% DEL PIB.
Actualmente, las actividades relacionadas con el sector inmobiliario y los tributos que gravan este tipo de operaciones aportan el 9,3% del total de ingresos de las administraciones públicas (27.000 millones de euros en 2004), hasta alcanzar el 3,2% del PIB, según las estimaciones realizadas por el BBVA.
Así, tributos como las licencias municipales de obras, el Impuesto sobre la Construcción, el IVA, el IBI, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentaos (ITP-AJD) o las ganancias patrimoniales incluidas en el IRPF, junto con operaciones como la venta de terrenos de propiedad municipal y de aprovechamientos urbanísticos están detrás de uno de cada diez euros que ingresan las administraciones públicas, en línea con el importante desarrollo de la construcción en los últimos años.
Por figuras impositivas, el IVA relacionado con actividades inmobiliarias aportó el 2,2% del total de los ingresos no financieros de las administraciones públicas en 2004, con 6.313 millones de euros, seguido del IBI (el 2,1% y 6.029 millones), transmisiones patrimoniales (1,9% y 5.387 millones), IRPF (0,9% y 2.692 millones) y Actos Jurídicos Documentados (0,5% y 1.360 millones).
CRECE EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES.
En el caso concreto del ITP-AJD, un tributo que grava las transacciones inmobiliarias de segunda mano, sus ingresos presentan una tasa de crecimiento medio anual superior al 18% desde 1997, alcanzado a cierre de 2004 un importe equivalente al 1,4% del PIB, frente al 0,8% que representaba en 1997.
En todo caso, BBVA señala que debe tenerse en cuenta que parte del incremento de la recaudación de este tributo se debe también al aumento de los tipos impositivos, que han pasado en todas las comunidades autónomas del 6% al 7% en Transmisiones y del 0,5% al 1% en Actos Jurídicos.
Ladrillos, 07.02.07
http://blogs.periodistadigital.com/ladrillos.php/2007/02/07/mas_de_un_tercio_de_los_recursos_de_los_
Un tercio de los recursos municipales son del sector inmobiliario
Emergencia urbanística
Editorial ElPAÍS* : "La corrupción urbanística que se está destapando en los municipios españoles amenaza con contaminar a algunos Gobiernos autónomos, renuentes a sancionar las tropelías inmobiliarias de los ayuntamientos de su mismo color político.
Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupción son muy débiles. Los municipios obtienen financiación abundante de la especulación inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores públicos que envilecen la administración municipal.
Al caso del Gobierno balear, del PP, viene ahora a sumarse la sospecha que recae sobre la presidencia autonómica canaria. En Baleares, parece que el Gobierno arrastró los pies durante diez meses antes de trasladar a la fiscalía una denuncia de agentes forestales por construcciones ilegales en una zona protegida de Andratx, punto fatal de la marea negra inmobiliaria. Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupción son muy débiles. Los municipios obtienen financiación abundante de la especulación inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores públicos que envilecen la administración municipal. No es muy alentador ver a los responsables políticos autonómicos o nacionales cuyos ayuntamientos están implicados en casos de fraude urbanístico escudarse en distinciones jurídicas para no actuar con dureza.
La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas suscita la sospecha de que la eclosión de los casos de corrupción inmobiliaria que salpican al PP y al PSOE sea un instrumento táctico más para debilitar las posiciones del adversario y que, por tanto, después de las elecciones la persecución policial y judicial de los escándalos urbanísticos se relegue a la trastienda de la política. Si los grandes partidos políticos, con responsabilidades autonómicas y municipales significativas, desean reducir la corrupción en los municipios están obligados a pactar una estrategia que incluya cambios legales profundos -modificación de la ley de financiación de los partidos, control de la propiedad del suelo de los ayuntamientos, nuevas fuentes de financiación municipal-, una Administración de justicia volcada en la persecución de los delitos inmobiliarios, incluida la información privilegiada, y códigos de conducta que transmitan confianza a los ciudadanos. Es desde luego deplorable que imputados en escándalos urbanísticos sean aun candidatos en las próximas elecciones, como sucede con varios casos del PP. Los votantes deberían hacer pagar semejante torpeza al partido que la cometa.
Nunca se ponderará lo suficiente el papel que pueden jugar los controles internos de los ayuntamientos en esta batalla contra la recalificación desmesurada, los bloques de viviendas sin urbanizar y el pelotazo sobre suelo protegido. Debe reforzarse la independencia de los interventores municipales, sometidos hoy a la arbitrariedad de las decisiones de alcaldes o comisiones municipales que pueden sentirse afectadas por su fiscalización. La actual disposición adicional segunda del Estatuto de la Función Pública no parece ir por este camino. La corrupción urbanística ha llegado a extremos que sólo puede ser combatida con planes de emergencia. La mejor demostración de que los partidos se toman en serio esta lacra sería que acordasen un plan de acciones legales y políticas contra ella.
El País,11/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Emergencia/urbanistica/elpepuopi/20070211elpepiopi_2/Tes
