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ELPAÍS/Alicante* : El gobierno de La Vila, del PP, engañó al juzgado de lo contencioso administrativo nº3 de Alicante para no ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló en 2008 la permuta de más de 10.000 metros de techo en primera línea de mar, de propiedad municipal, por el conocido como chalé Centella, 3.445 metros de zona verde contiguos a un colegio y 1,2 millones de euros de compensación por la diferencia de las valoraciones a favor del consistorio.
La permuta fue anulada porque la parcela edificable provenía del Patrimonio Municipal del Suelo y debió destinarse a la construcción de viviendas protegidas.
El consistorio comunicó en febrero al juzgado que la sentencia del TSJ era inejecutable porque "las fincas propiedad de la mercantil codemandada objeto de la permuta, así como la diferencia de valor (1,2 millones) han sido destinadas a la construcción e instalación de un museo arqueológico en el inmueble denominado chalé Centella y a la ampliación de las instalaciones del colegio público Mare Nostrum y a la renovación y electrificación del tramo Villajoyosa-Benidorm de la línea Alicante-Denia de FGV". Sin embargo, el chalé aludido, calificado en parte como zona verde, sigue como cuando se permutó y permanece cerrado sin actividad. Solo se usa esporádicamente para alguna exposición o como colegio electoral. Es más, el pleno de La Vila aprobó en mayo la ubicación del Museo Arqueológico en el antiguo colegio Doctor Esquerdo, no en el chalé, una reforma que pretende financiar con los fondos del Plan Confianza. Tampoco la parcela contigua al colegio ha sido habilitada como patio y sigue vallada, ni Valdeprocasa ha construido en el bien que recibió. Sin embargo, este periódico ha podido confirmar que la mercantil hipotecó con Bancaja el solar de primera línea y tiene ya solicitadas y pagadas las tasas de la licencia de obras, cuestiones que tampoco fueron comunicadas por las partes al juzgado.
Atendiendo a las circunstancias descritas por el Ayuntamiento vilero, el juzgado admitió en un auto de marzo la propuesta de La Vila para que "sustituya a metálico el reintegro del valor de los bienes afectos al Patrimonio Municipal del Suelo en su día permutados por importe de 7.578.224,21 euros". Es decir, que por no devolverle a Valdeprocasa 1,2 millones y revertir la propiedad de los bienes permutados, La Vila deberá pagar seis millones de más en los próximos 40 años. El edil nacionalista Vicent Serra, responsable de urbanismo antes de la moción de censura, sostiene que la sentencia es ejecutable y argumenta que "no se puede hipotecar el pueblo hasta 2049 por la mala gestión del anterior alcalde".
El terreno adjunto al colegio, de 3.455 metros y calificado como zona verde, del que fue expropiada una pequeña parte para el tren, ya fue objeto de un pelotazo en 2004. Lo compró una mercantil de Antonio Solana, Birmingham Inversiones, SL, por 420.780 euros. Menos de un año después fue vendido a Valdeprocasa, que luego culminó la permuta, dándole un valor de 3,11 millones de euros. Todo ello en la época del anterior alcalde del PP, José Miguel Llorca.
La Vila acumula varias sentencias contrarias por la enajenación de su patrimonio de suelo por un importe de más de 22 millones de euros, de las que solo ha ejecutado una. Con ese suelo que debió destinarse a viviendas protegidas, el gobierno de Llorca financió el Teatro Auditorio (9,6 millones), unas escaleras mecánicas para bajar a la playa (2,9) o las obras en el campo de fútbol (1,9). Otra decena de sentencias judiciales por impago, más intereses y costas, a contratistas suman casi dos millones de euros más.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 23/06/2009
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es
La Vila elude cumplir un fallo que anuló una operación urbanística
Un juzgado de Almería tumba otra licencia del Ayuntamiento de Roquetas y ordena el derribo de un edificio de 129 viviendas
TELEPRENSA* : Después de que en octubre de 2006 el TSJA revocase la licencia de apertura del centro comercial Gran Plaza, la Justicia ha vuelto a tumbar una licencia del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, concedida en este caso a la promotora Aifos para la construcción en Playa Serena de un edificio de 129 apartamentos.
El fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Almería, que ha sido ya objeto de recurso ante el alto tribunal andaluz por el equipo de Gobierno que encabeza el presidente provincial del PP, Gabriel Amat, revoca la licencia otorgada en 2003 y ordena el derribo del inmueble al contravenir éste la normativa urbanística.
El edificio promovido por Aifos en dos parcelas de Playa Serena cuenta con cuatro alturas y con más de 8.600 metros cuadrados edificados, frente a los 1.342 que podían construirse según el Plan de Ordenación Urbanística. Además de multiplicar por seis la edificabilidad permitida para las dos parcelas sobre las que se alza el inmueble, éste debió albergar según la normativa no más de catorce viviendas cuya altura, a su vez, no podía exceder las dos plantas, frente a las cuatro edificadas.
La sentencia refrenda los argumentos de la administración andaluza, que ya transmitió sus reservas sobre la construcción de este inmueble que ahora peligra en el momento en el que el consistorio concedió la licencia a Aifos. Entonces, la Junta de Andalucía pidió al Ayuntamiento que revisara de oficio la licencia otorgada, algo que nunca se produjo, lo que motivó la apertura del procedimiento judicial que podría acabar con el derribo del edificio en una provincia en la que el 9 de enero de 2008 ya se ejecutó la demolición de una vivienda en Vera, cuyo consistorio otorgó una licencia que fue declarada ilegal un año después al afectar la vivienda a suelos no urbanizables y al haber sido cursada para una instalación de carácter agrícola y no para una vivienda habitual.
Pese a este antecedente, en el que se optó por ejecutar la orden de derribo que meses después sería anulada por el Tribunal Constitucional, lo cierto es que el futuro del edificio de Playa Serena seguirá siendo durante meses una incógnita, puesto que el recurso planteado por el consistorio tendrá que ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Éste fue precisamente el órgano que en octubre de 2006 revocó la licencia del centro comercial Gran Plaza que, sin embargo, sigue en pie pese a haber admitido los tribunales que contraviene la normativa urbanística.
* Teleprensa - 23.06.09
Foto: Almería, juzgados - teleprensa.es
Manifiesto para que se le dé un uso cultural a la Fábrica de Gas de Oviedo
RTPA* : Unas sesenta personas del mundo académico y cultural de Oviedo y más de una decena de organizaciones sociales y políticas han suscrito un manifiesto en el que solicitan que se dé un uso público y cultural a la Fábrica de Gas de Oviedo y a los chalés de la Fábrica de La Vega. El documento señala que ambos espacios son dos de los más significativos y emblemáticos del pasado industrial de la ciudad y se hallan "desprotegidos y amenazados por la especulación urbanística".
El manifiesto, remitido al Ayuntamiento de Oviedo y al Gobierno regional, emplaza a ambas instituciones a ponerse de acuerdo para proteger ambos conjuntos arquitectónicos y a ponerlos al servicio de la ciudadanía "tal y como se ha hecho en otros muchos lugares de España y del resto del mundo con antiguos edificios industriales".
Así, piden la rehabilitación de la Fábrica de Gas y su transformación en un centro cultural y artístico multidisciplinar, y locales para asociaciones, ONG's, entidades juveniles y culturales, así como equipamientos para el barrio en el caso de los chalés de La Vega
Entre los firmantes figuran personas del mundo académico como el decano de la Facultad de Geografía e Historia Octavio Monserrat y otros profesores de la Universidad de Oviedo como Lluis Xabel Álvarez,Benjamín Rivaya, Pilar García Cuetos, Aladino Fernández, Sergio Tomé, Rubén Vega y Amparo Pedregal.
Asimismo lo suscriben críticos teatrales como Boni Ortiz, actrices como Sheila Montes o Paula Alonso, músicos como Jorge Otero, Xabel Vegas, Dark laEme, Garikoitz Gamarra, Marcos Montoto, cineastas como Alberto Arce, artistas como Fernando Alba o Bernardo Sanjurjo y escritores como Sofía Castañón o Manolo D. Abad.
Entre los colectivos que se han adherido a esta iniciativa se encuentran el Foro de Urbanismo Crítico de Oviedo, la Asociación de Artistas Visuales de Asturias, Ecologistas en Acción, la Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo, Cambalache o Xente Gai Astur.
* Radio Televisión del Principado de Asturias - 23.06.09
Foto: rtpa.es
El fiscal sostiene que Barberá favoreció los intereses del Valencia
ELPAÍS* : La Fiscalía de Valencia sostiene que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y dos concejales favorecieron los intereses del Valencia CF en la permuta del solar sobre el que se levanta el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas. La junta de gobierno local aprobó esta operación por 45 millones de euros, cuando un informe de la Agencia Tributaria en manos de la fiscalía eleva la tasación de los 80.000 metros cuadrados del citado solar hasta los 75 millones.
Los 30 millones de euros de diferencia a favor del club son producto en buena medida de una decisión posterior, adoptada por Barberá y los ediles Alfonso Grau y Jorge Bellver, que permitió, entre otras cosas, la construcción de un hotel en la parcela. El precio no se revisó al alza a pesar de la mejora. Así se lo ha trasladado el fiscal Vicente Torres, que investiga una denuncia de dos representantes vecinales del barrio de Benicalap, al fiscal superior, Ricard Cabedo, quien, por el contrario, entiende que no hay pruebas de ello. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidirá.
El Valencia CF y el Ayuntamiento de Valencia alcanzaron un acuerdo por el que el solar de la avenida de las Cortes Valencianas pasaba de uso deportivo público a privado. Se hicieron entonces tres tasaciones para que el Valencia CF compensase a la ciudad por este solar. La Universidad Politécnica estimó su valor en 33 millones de euros, y otros dos informes privados elevaron esta cantidad hasta los 43 y 45 millones de euros, respectivamente. Las partes acordaron que el valor más ajustado era el de 45 millones. A cambio, el club entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad de Valencia -valoradas en 28 millones de euros- y otros 17 millones de euros en metálico. Toda la tramitación de la operación pasó por Jorge Bellver, edil de Urbanismo, y Alfonso Grau, titular de Grandes Proyectos, además de la alcaldesa.
La Fiscalía de Valencia considera que la permuta fue claramente perjudicial para los intereses del Ayuntamiento y favorable a los intereses de un particular. Y pretende investigación la actuación de Barberá, aforada al ser diputada autonómica. La decisión compete por tanto a la Fiscalía Superior.
El convenio suscrito en diciembre de 2005 entre la alcaldesa y el club establecía que el solar se recalificaría para su uso terciario. Pero ese compromiso tuvo que modificarse.El convenio entre la alcaldesa y el entonces presidente del club, Juan Soler, suscrito en diciembre de 2005, pretendía que los más de 80.000 metros cuadrados de solar -considerado en el PGOU de Valencia para uso deportivo público- fueran recalificados a uso terciario, aunque sin alterar su edificabilidad. Cuando se aprobó el expediente de modificación en el consistorio, las protestas de los vecinos y la oposición cerrada de los socialistas consiguieron que el gobierno local de Barberá lo dejara en suelo deportivo de uso privado. Un destino que, según las normas urbanísticas, impedía o "prohibía", según recordó ayer el concejal Rafael Rubio, el uso hotelero.
Arrancó entonces toda la maquinaria de valoraciones, tasaciones y tramitación de la permuta. Con posterioridad, en 2008, el equipo de Barberá modificó el PGOU para permitir solo en ese solar el uso hotelero. Lo denunció entonces el concejal socialista Vicente González Móstoles. Así el campo de fútbol consumirá la mitad de la edificabilidad prevista en la parcela -unos 40.000 metros- y el resto lo absorberá el complejo hotelero.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento valenciano, Alfonso Grau, visiblemente enfadado, tuvo que comparecer ayer para dar explicaciones sobre la permuta de solares. Grau negó que el Ayuntamiento haya querido beneficiar al club de fútbol y cargó contra los socialistas, informa Lidia Maseres. El teniente de alcalde dijo que el PSOE y "quienes lo corean andan enloquecidos por implicar a la alcaldesa Barberá y al equipo de gobierno en alguna irregularidad". El edil se negó, sin embargo, a valorar el informe de la Agencia Tributaria, que eleva en 30 millones de euros los beneficios que habría debido ingresar la ciudad por esta permuta y que se ahorró el Valencia. Grau amenazó con presentar una denuncia ante la fiscalía "para ver de dónde han sacado la información los medios de comunicación". No explicó, sin embargo, por qué la permuta no se ha llevado a cabo casi cuatro años después de suscribirse el convenio con el club de fútbol.
Por su parte, el concejal socialista González Móstoles manifestó que, aunque el PSPV no coincide con la cantidad en la que la Agencia Tributaria ha tasado el terreno -los socialistas apuntaban a más de 100 millones de euros, mientras que la fiscalía lo valora en 30-, sí que comparten el "fondo" del asunto. Según Móstoles, lo que comparten con la fiscalía "es que es un procedimiento irregular".
Fuentes del Valencia CF achacaron ayer a razones burocráticas el retraso en la formalización de la permuta. También admitieron que están pendientes de pagar los 17 millones de euros, informa Nadia Tronchoni.
Otras fuentes, estas municipales, agregaron que el Valencia CF ya trasladó por escrito al Ayuntamiento de la ciudad -concretamente en julio de 2007- que las 19 parcelas previstas en la permuta estaban disponibles. En concreto, la sociedad Belnave, SL, vinculada, según estas fuentes, al club deportivo, fue la que se encargó de comprarlas. La mayoría de ellas son parcelas de campo o huerta y, al parecer, el consistorio no las aceptó ni las registró porque planteaban problemas. Concretamente, tenían problemas de lindes o estaban atravesadas por acequias, y en esas circunstancias el Ayuntamiento no estaba dispuesto a registrarlas. Han pasado dos años desde aquello y nada se sabe. La exigencia de pagar los 17 millones de euros coincide además con un momento en que la situación económica del Valencia CF es delicada.
Grau ha insistido en más de una ocasión en que el solar donde se levanta el nuevo estadio es todavía de titularidad municipal y que si el club no cumple, la ciudad tendrá "un estadio de fútbol gratis".
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO / CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 23/06/2009
Foto: Valencia, nuevo Mestalla (archivo) - kaosenlared.net
Tenerife: Defensa desoye a la Justicia
ABC* : El Ministerio de Defensa ha iniciado la «expropiación forzosa» de unos terrenos, situados en Tenerife, que el departamento de Chacón debería haber entregado o pagado a los herederos de su inicial propietario, tal y como estableció el Tribunal Supremo el 20 de julio de 2007.
La decisión de Defensa, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado día 16, se produce después de que un juez canario volviera a dar la razón a los legítimos dueños y fijara un plazo de seis meses para que el Ministerio cumpliera la sentencia del Supremo, que es firme. Defensa señala que esos terrenos son «necesarios» para mantener «en su actual ubicación» la base militar de Hoya Fría.
Fuentes jurídicas han explicado que la expropiación es, en este caso, un acto «radicalmente nulo», pues no hay duda de que su finalidad es no obedecer al Supremo. La ley que regula la jurisdicción Contencioso-Administrativa afirma en su artículo 103.4 que «serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento».
Para buscar el origen de este contencioso hay que retroceder hasta el 5 de marzo de 1937, en plena Guerra Civil. Ese día, Álvaro Rodríguez López hizo entrega ante notario al entonces jefe del Estado de unos terrenos (dos fincas con una superficie de 470.000 metros cuadrados) valorados en 22.188 pesetas. Allí se instalaría el «Campo del general Franco» -hoy base de Hoya Fría- destinado a instrucción militar y de tiro.
Pasaron la guerra y los cuarenta años de dictadura. Y llegó el año 1997, fecha en la que Defensa sacó a subasta pública una parcela, que fue finalmente adjudicada a la cooperativa de viviendas «Hespérides». Fue entonces cuando los herederos de Álvaro Rodríguez López reclamaron la devolución de los terrenos (o el pago de su valor actual). El motivo: el Ministerio había modificado el uso para el que las fincas fueron donadas.
La reclamación llegó hasta el Supremo, que dio la razón a los demandantes y recordó a Defensa que la donación «nunca se pensó» para la construcción de viviendas ni para la «transmisión con ánimo de lucro». Antes de vender, el Gobierno debía haber devuelto las fincas a sus propietarios. Pero la sentencia es papel mojado para Defensa que, dos años después, ni ha devuelto los terrenos ni ha pagado a los demandantes. Es más, ha pasado al contraataque con la amenaza de expropiación.
Fuentes del Ministerio señalaron a ABC que es «del máximo interés» mantener la propiedad de los terrenos y que la controversia se refiere a una parcela de 191.000 metros cuadrados, cuando la finca tiene 700.000.
Según los demandantes, la reclamación afecta a unos 235.000 metros cuadrados, cifra resultante de restar a la superficie donada en 1937 los 170.000 metros adjudicados a «Hespérides» (la cooperativa ya ha saldado de forma amistosa su deuda con los demandantes) y los 65.000 que ahora ocupa una autopista.
En la demanda de ejecución de sentencia, la familia explica cómo desde 2007 hasta ahora ha intentado ponerse en contacto con Defensa para, «de forma amistosa, leal y recta, llegar a una solución extrajudicial (...) sin que se haya obtenido la más mínima atención ni respuesta».
Petición del Congreso
Los demandantes no son los únicos interesados en que Defensa desaloje la finca. La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso aprobó en mayo de 2007 una proposición no de ley en la que insta al Gobierno «a iniciar los trámites oportunos para el traslado, en el menor plazo de tiempo posible», de la base. La Cámara responde así a la modificación del Plan General de Ordenación Municipal de Santa Cruz de Tenerife.
* ABC - NIEVES COLLI - 22-06.09
Foto: abc.es
