+-+eldiariomontanes.es.jpg)
ELDIARIOMONTAÑÉS* : La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) que el Gobierno de Cantabria aprobó el 25 mayo de 2006 porque el Ejecutivo no sometió a información pública la Evaluación de Impacto Ambiental.
Con esta sentencia, un total de 29 ayuntamientos que representan un tercio del territorio regional aunque con menos del 5 por ciento del población, quedan privados de una serie de criterios urbanísticos básicos para regular la construcción en sus municipios, pues dichas normas eran de aplicación directa allí donde se carecía de plan general o de normas subsidiarias.
Los 29 ayuntamientos ocupan exactamente el 38,5% del territorio, si bien en tan extenso espacio tan sólo se encuentra el 4 por ciento de la población total de Cantabria. La relación es la siguiente: Anievas, Cabezón de Liébana, Camaleño, Cieza, Cillorigo de Liébana, Herrerías, Lamasón, Liendo, Luena, Miera, Penagos, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Rasines, Ruesga, San Pedro del Romeral, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Udías, Valdáliga, Valdeprado del Río, Valderredible, Valle de Villaverde, Vega de Liébana, Vega de Pas y Villafufre.
Según la sentencia, la Sala anula las NUR por no haber sometido a información pública su estudio de impacto ambiental, un requisito que era obligatorio desde unos días antes. De este modo, la sentencia acepta el recurso que presentaron una serie de ayuntamientos (ver recuadro) que alegaban, entre otros motivos, una cuestión de procedimiento como la falta de información pública de aquel trámite ambiental.
Recurrir o subsanar
La primera reacción del Gobierno a esta sentencia ha sido un comunicado para anunciar un probable recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que supone que dicha sentencia del TSJC no es firme. Tampoco han descartado subsanar la laguna de procedimiento censurada por el TSJC sometiendo a información pública lo requerido.
El abogado Francisco Javier Fernández González, que llevó el recurso de los ayuntamientos, estima que con un recurso ante el Supremo se puede crear «una inseguridad jurídica» en materia urbanística y que puede dar lugar lugar «a una situación de esquizofrenia»: el Gobierno considera aplicables las NUR porque la sentencia no es firme, pero los ayuntamientos pueden plantear que las NUR no se apliquen porque cualquier recurso que se presente en adelante va a ser estimado por el TSJC.
Las NUR recibieron el visto bueno del Gobierno a mediados de 2005 y durante dos meses se sometieron a información pública. El texto se envió a los ayuntamientos para su consulta, pero no se adjuntaba el Informe de Impacto Ambiental. Las referidas Normas Urbanísticas Regionales acabaron siendo aprobadas en mayo de 2006, pero poco después se adaptaba a la legislación española una directiva europea que establecía la obligatoriedad de presentar y acompañar el informe medioambiental. Una norma con efectos retroactivos y que, por tanto, afectaba a las NUR pese a estar aprobadas con anterioridad.
Según se señala en la sentencia, el TSJC considera que de acuerdo con la nueva normativa básica, «la consulta al público en general del informe ambiental pasaba a ser necesaria y preceptiva». Sin embargo, la Sala lamenta tener que «adoptar tan drástica solución (anular las Normas) frente a una Administración que ha dado muestras sobradas de receptividad a la normativa comunitaria ambiental». Tanto que el propio TSJC califica de «paradójica» la situación de que un Gobierno como el cántabro, «que viene dando muestras sobradas de sensibilidad en materia medioambiental», vea anulado un Decreto «que incrementa la protección en este ámbito».
Frente a la postura del recurso de casación que anuncia el Gobierno, el letrado Fernández González entiende que el Ejecutivo y los ayuntamientos afectados «deben sentarse a dialogar» con posturas flexibles «para consensuar unas medias razonables».
En su opinión, el camino del recurso que anuncia va a tomar el Gobierno «puede dar lugar a una inseguridad jurídica» porque si bien las NUR son aplicables al no haber sentencia firme, la Sala estimará cualquier recurso que se presente contra las NUR. Y esa inseguridad jurídica puede alargarse entre tres y cinco años, el tiempo estimado en conocer el fallo del Tribunal Supremo.
«El Gobierno no se puede poner una venda en los ojos», estima el abogado Fernández González, «por mucho que se recurra al Supremo». Considera que ambas partes, Ejecutivo y ayuntamientos «deben aplicar el sentido común y buscar soluciones, y sobre todo, deben buscar una seguridad jurídica»
* El Diario Montañés - TEODORO SAN JOSÉ - 22 enero 2008
Foto: Vista de un barrio de la población de La Hayuela, en el municipio de Udías, uno de los recurrentes y afectados por la anulación de las Normas Urbanísticas Regionales / eldiariomontanes.es
Cantabria: El TSJC anula las Normas Urbanísticas Regionales para 29 ayuntamientos
El juez también imputa al alcalde de Telde el delito de prevaricación en el ´caso Yrichen´
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Telde, Miguel Ángel Agüero, ha acordado imputar al alcalde Francisco Santiago, al concejal Ildefonso Jiménez y a los ex ediles Marcelino Galindo y Julián González la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y otro contra la ordenación del territorio al permitir la construcción de la sede de la ONG Yrichen -dedicada a la atención a los drogodependientes- en un suelo emplazado en el barrio de La Pardilla y que no contaba con la calificación de urbano en el momento de iniciarse los trabajos.
Según los datos obtenidos por este medio, Agüero dictó a finales de noviembre un auto por el que acordaba la apertura de juicio oral por este pleito y la remisión de la causa a los juzgados de lo Penal de la capital grancanaria. Previamente, el magistrado acordó asumir las peticiones cursadas por el fiscal del TSJC Carlos Fernández Seijo, quien en su escrito de calificaciones, que obra en poder de este rotativo, solicitaba la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de nueve años para Santiago y el resto de políticos, mientras que para los arquitectos Elisenda M. y Antonio B. interesaba dos años de prisión, una multa global de 5.400 euros e inhabilitación en el ejercicio de su profesión por el tiempo de dos años.
Básicamente, el representante del ministerio público arguye en su texto que los imputados plantearon el edificio en un suelo rústico agrícola no protegido y que, siete años después, en 2002 había pasado a tener la consideración de suelo urbanizable, pero sólo para acoger un parque urbano y en ningún momento un inmueble.
Fernández entiende que los imputados tenían que haberse pertrechado de informes técnicos y jurídicos que diesen cobertura legal a la ubicación del bloque en ese punto "pese a no ser preceptiva la licencia municipal de obras". El escrito también deja la puerta abierta a la posibilidad de que se tenga que demoler el centro, algo que intentará evitar el Ayuntamiento, según reconoció ayer el edil del área, José Antonio Perera.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ / TELDE - 21-01-2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
El Ayuntamiento de Valencia edifica sobre el antiguo camping del Saler
LEVANTE* : En enero de 1999 el Ayuntamiento de Valencia tomó la decisión de cerrar el camping municipal que tenía construido y explotaba en plena Devesa del Saler. En el marco de las actuaciones de recuperación del parque natural, se anularon los contratos de los campistas y se desmantelaron las instalaciones de "obra dura" derribando hasta diez edificaciones, símbolo de otros tiempos y otras formas de entender el urbanismo y el medio ambiente.
Siete años después del cierre y derribo, la concejalía de Devesa-Albufera ha impulsado el proyecto "El lugar de los sentidos", constituido por una residencia, talleres y un museo del parque natural accesible a los disminuidos y que supone volver a edificar en el parque natural aunque, según los responsables, con la obra mínima necesaria.
El ayuntamiento pensó desde el principio en algún tipo de instalación para este espacio basándose, según los informes, en que "ya se encuentra antropizado" aunque en los años transcurridos desde el desmantelamiento se han sucedido varias campañas de plantación de vegetación autóctona. Los edificios de nueva planta se situarán en un área que se reservó para dotaciones públicas. Según los técnicos, el proyecto no está sometido a la declaración de impacto ambiental pero sí será necesario el visto bueno del mismísimo Consejo de Ministros ya que linda con la zona de protección marítimo-terrestre donde Costas sólo permite las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación y prohíbe expresamente el alojamiento excepto si se justifican razones de utilidad pública.
El ayuntamiento ya construyó un retén de bomberos en el parque natural. Con esta nueva obra, y para que el impacto en el paisaje no sea grande, está previsto que el edificio o edificios tengan pocas plantas y queden cubiertos por arena y vegetación a modo de duna. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la utilización de energías renovables y la elección de materiales respetuosos con el medio.
"El lugar de los sentidos" incluirá varios usos, los principales (residencia, talleres y museo) estarán vinculados al parque natural. Los talleres combinarán actividades lúdicas y docentes y la residencia permitirá que los colectivos escolares que participen puedan pernoctar en el edificio. El museo o área de exposiciones estará abierto al público en general y el complejo también hará funciones de oficina de información y orientación.
Una de las principales características -y condiciones- del proyecto es que sea accesible a personas con cualquier tipo de minusvalía. En este sentido, colaborará con el ayuntamiento la Fundación Once. El ayuntamiento acaba de convocar el concurso para contratar la consultoría y asistencia técnica de redacción del proyecto (con un precio de licitación de 164.478,40 euros), para lo que se prevé un plazo de cinco meses. Los cálculos de los técnicos municipales sobre el anteproyecto estiman que las obras tendrán un coste total de 6.103.081 euros. La oposición votó en su día a favor de este proyecto.
* Levante-EMV - 22 de enero de 2008
Foto: Obras de derribo de las antiguas edificaciones del camping de El Saler/ alberto sáiz, levante-emv.com
Córdoba: El anónimo que levantó la liebre
ELPAÍS* : El o la denunciante se presentaba como una persona preocupada por el deterioro urbano y rural provocado por las edificaciones ilegales en Córdoba en el preámbulo del escrito que envió a la Guardia Civil el 25 de julio de 2007. La carta no tenía firma, pero sí adjuntaba un plano dibujado a mano en el que se señalaba la ubicación exacta de la parcelación ilegal de Torreblanca.
Porque el dedo acusador del anónimo señalaba a esa urbanización y a una pareja de agentes de la Policía Local de Córdoba que trabajan en la unidad de protección del medio ambiente y que se han levantado allí una casa ilegal, según la detallada información que manejaba este desconocido.
El Ayuntamiento mantiene abierta una investigación en este momento para tratar de averiguar si en el seno de esta unidad de la Policía Local, que entre otros cometidos tiene el control de las infracciones urbanísticas, se ha podido cometer alguna irregularidad. Hasta el momento, se sabe que cinco agentes municipales, entre los que está la pareja denunciada de forma anónima, se han construido cuatro edificaciones en un suelo de Torreblanca que compraron a medias en 1997.
El escrito sin firma se recibió en la Guardia Civil el seis de agosto de 2007, según consta en el registro de entrada. Los agentes de este cuerpo visitaron la parcelación, que está en trámites de legalización, aunque todavía no está permitido edificar allí. Y tomaron nota de la matrícula de un vehículo que estaba estacionado en la zona. Posteriormente, el 27 de noviembre, la Guardia Civil reenvía a la Policía Local y a la Gerencia de Urbanismo el escrito anónimo e informa de las pesquisas que ha realizado y de la presencia del coche aparcado a las puertas de uno de los chalés ilegales.
Tres días después, el jefe de la Policía Local de Córdoba responde con otra misiva a la Guardia Civil en la que se detalla quién es el propietario del vehículo. Se trata de Francisco D., uno de los cinco municipales que compraron en 1997 aquel terreno que luego dividieron en cuatro. Sin embargo, éste no es ninguno de los dos miembros del matrimonio de policías al que el escrito anónimo señalaba.
El responsable de la Policía municipal adjunta en su respuesta a la Guardia Civil la relación de denuncias que hay contra el propietario del vehículo. La primera es por la construcción de un "cerramiento" y data de 2000. La segunda es de 2001 por un "cuarto trastero". Y la última está fechada en 2003 y se levanta por la construcción de la casa de dos plantas.
¿Por qué no se facilitó información sobre el resto de agentes y ex agentes con una edificación en esa parcelación? Fuentes municipales apuntan que quizás se deba a que sólo se consideró pertinente adjuntar las denuncias que pesaban sobre el propietario del vehículo señalado. Y estas mismas fuentes esgrimen como un argumento de peso las dos actas de denuncia que constan en los archivos de la Policía Local contra la construcción de los agentes de la unidad medioambiental y contra un tercer policía que actualmente trabaja como guardaespaldas de la alcaldesa Rosa Aguilar. Ambas denuncias tienen fecha de 26 de septiembre de 2007.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 22/01/2008
Foto: Córdoba, urbanización - abc.es
El juez y el fiscal citan al equipo del ex alcalde de Puerto Rosario
+-+bbc.co.uk.jpg)
CANARIAS7/Fuerteventura* : A partir de hoy y hasta el lunes, declararán seis ediles, cuatro funcionarios y dos arquitectos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística en la concesión de 17 licencias en suelo rústico en 2002. El equipo de gobierno del ex alcalde Manuel Travieso comienza a partir de hoy, y durante varios días, a declarar ante el juez por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística en la concesión de 17 licencias en 2002 para la construcción de viviendas en suelo rústico de edificación dispersa.
El fiscal Guillermo García Panasco asiste a la toma de declaraciones de estos seis cargos públicos, cuatro funcionarios y dos arquitectos, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Las 17 licencias municipales se otorgaron para levantar 31 viviendas que legalmente no se deberían haber autorizado, según la Fiscalía de Medio Ambiente: 16 en Casillas del Ángel, ocho en Tetir, dos en Los Estancos, dos en Los Llanos de laConcepción y promociones individuales en La Asomada, La Matilla y Tetir. Las penas solicitadas por el fiscal rondan entre los dos y cuatro años de prisión, además de entre cinco y diez años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
A entender de la Fiscalía, los permisos se otorgaron de manera «reiterada» y actuando «con total y absoluto incumplimiento de unas normas que eran suficientemente claras y conocidas, y con evidente desprecio por su literalidad y su finalidad». La lista de irregularidades a la hora de otorgar las licencias engloba desde que las parcelas no tenían acceso a un camino público hasta que carecían asimismo de conexión a la red de abastecimiento y suministro eléctrico.
En activo
Manuel Miranda, actual consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular y entonces teniente de alcalde por el Partido Popular (PP), es el único de los cuatro acusados que todavía ejerce un cargo público. El ex alcalde Manuel Travieso, el edil nacionalista Domingo Rodríguez, los entonces populares Esteban Acosta y Antonio Alonso Patallo y Luis Lorenzo Mata (Independientes de Fuerteventura) han abandonado la política activa.
Los funcionarios que prestarán declaración a partir de hoy en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 son la interventora Cristo Sánchez Berriel, la secretaria Mercedes Contreras Fernández, el secretario accidental Juan Manuel Gutiérrez Padrón y la secretaria accidental Sandra Domínguez Hormiga. También están implicados los arquitectos municipales José María García Alcolea y Candelaria Franquis de León.
* Canarias 7 - Catalina García - 22 enero 2008
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk
El alcalde de L'Atzúvia desvía agua de riego a chalés ilegales
,+++pedan%C3%ADa+de+Forna+con+chal%C3%A9s+-+lasprovincias.es.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : El alcalde de L'Atzúvia, Manuel Reig, del PP, ha autorizado el abastecimiento de agua para los lujosos chalés levantados en suelo no urbanizable con licencia para casas de labranza a través de la red de distribución de riego. Esta iniciativa del regidor, adoptada en su calidad de presidente de comunidad de regantes del municipio (La Sociedad Agraria de Transformación -SAT- Cristo del Milagro) carece de cobertura legal, según recoge la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar a una denuncia presentada por el colectivo ecologista local Gelibre.
El organismo hidrológico ha abierto una investigación sobre esos hechos y sobre una segunda decisión del primer edil, también en función de su cargo de presidente de la SAT Cristo del Milagro, relativa a la firma de un certificado en el que garantiza la disponibilidad de agua para una urbanización en la Moleta sobre la base de futuras cesiones de recursos de la comunidad de regantes. La CHJ considera que el certificado del alcalde carece de cobertura legal y, por tanto, que el PAI no tiene acreditado el abastecimiento de agua. La Confederación ha dado traslado de los hechos al servicio de Guardería Fluvial.
El promotor del PAI de la Moleta es el empresario Jaime Ten. El constructor y otras seis personas se censaron en un chalé en obras de su propiedad unas semanas antes de los pasados comicios municipales, extremo que les permitió votar en las elecciones pese a no haber residido jamás en el municipio.
Los lujosos chalés, una docena de viviendas ubicadas al sur del núcleo urbano de la localidad, han sido levantados por un promotor alemán. La construcción de estas viviendas es objeto de una investigación que dirige el Juzgado número 1 de Dénia. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha remitido al Consistorio un requerimiento para que anule las licencias otorgadas al promotor.
* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 22/01/2008
Foto: Valle donde se enclava L'Atzúvia y la pedanía de Forna con chalés al fondo, en la ladera de la montaña, una zona donde se han presentado varios programas urbanísticos, cerca de donde se construyeron los chalés ilegales/ lasprovincias.es
El Obispado de Ávila gana 19 millones al vender unos terrenos que recalificó el gobierno local
SER* : El Ayuntamiento de Ávila ha propiciado un pelotazo urbanístico de la Iglesia. El Obispado de esta ciudad ha ganado 19 millones de euros al vender unos terrenos rústicos que habían sido recalificados previamente por el gobierno local del PP. La Iglesia ha tapado con este dinero el enorme agujero económico de la Universidad Católica promovida en su día por el Arzobispo Antonio Cañizares y por el entonces alcalde de Avila, Ángel Acebes.
El Obispado de Ávila disponía desde el año 1969 de una inmensa parcela, de más de un millón de metros cuadrados de suelo rústico que puso en manos de la Iglesia su propietaria, la Marquesa de Muñoz, a través de una fundación religiosa que lleva su nombre. Unos terrenos cuyo valor se disparó cuando el Ayuntamiento de Ávila los recalificó para uso industrial en el año 2005.
De esa parcela, el obispado de Ávila vendió casi un millón de metros cuadrados el pasado mes de mayo a la empresa Iniciativas Empresariales Habit S.A. que pagó por ellos 19 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER. El Ayuntamiento de Ávila justificó la recalificación en que la ciudad necesitaba más suelo industrial cuando lo cierto es que el actual polígono de Ávila apenas se ha desarrollado en un 60%. Además con esta recalificación el Ayuntamiento no consiguió ni un solo metro cuadrado industrial público puesto que todos los terrenos siguieron en manos privadas, fundamentalmente de la Iglesia.
El fiasco de la universidad que impulsó Acebes
Con los 19 millones de euros conseguidos en la venta, el Obispado ha saldado la deuda que arrastraba Universidad Católica estimada por sus propios gestores en aproximadamente 1.000 o 1.200 millones de pesetas.
La Universidad Católica acumulaba esta deuda desde su creación en el año 1996, una iniciativa liderada por el entonces obispo de Ávila, Antonio Cañizares, y promovida, entre otros, por Ángel Acebes, entonces alcalde de Ávila, y Sebastián González, ahora número tres del Partido Popular y entonces presidente de la Diputación Provincial de Ávila.
* Cadena SER - 21-01-2008
Foto: Ávila, ayuntamiento - lawebmunicipal.com
El desinterés europeo frena la segunda residencia en la costa
+-+Rodriguillo+(wikipedia.org).jpg)
ELPAÍS/Alicante* : "La gente está a la expectativa. Se están esperando a ver qué pasa. Eso no quiere decir que dejen de comprar o de venir a la Costa Blanca, pero sí que se han tomado un tiempo", explica Johan de Wit, miembro del Foro Internacional de L'Alfàs, colectivo que agrupa a todas las asociaciones de ciudadanos europeos en el municipio.
De Wit es un holandés que regenta el establecimiento Albir Muebles, donde ha notado una disminución de ventas de hasta un 25%, caída que asocia al parón del mercado inmobiliario. El comentario del ciudadano holandés corrobora los datos de distintos profesionales del sector inmobiliario de Alicante que cifran desde un 25% y hasta un 70% la bajada de las ventas de segunda residencia en la costa a la clientela extranjera, básicamente británica.
Un cliente europeo de una agencia inmobiliaria en Xàbia asegura haber comprado una casa en el sur de Italia por entre 80.000 y 90.000 euros. La subida de precios, la aparición de nuevos destinos turísticos y el fuerte crecimiento urbanístico pasan factura. Alicante, la provincia que en el segundo trimestre de 2007 acumuló más del 90% de las ventas inmobiliarias a extranjeros no residentes en la Comunidad Valenciana, sufre una merma de ventas que ha puesto en jaque a algunas pequeñas agencias dirigidas al público europeo, principalmente inglés. Algunas están cerrando, otras reducen personal, según profesionales de distintos puntos de la costa alicantina. Inmobiliarias de Xàbia y Torrevieja detectaron un parón de ventas al turista alemán hace tres años, que en alguna zona incluso "está vendiendo" para trasladarse a países como Yugoslavia, según la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, Marifé Esteso. En el caso inglés, el principal turista europeo de la Comunidad Valenciana, "algo se vende, pero muy poco", explica Esteso. En poblaciones como Xàbia "lo único que se está vendiendo en segunda residencia es a madrileños y valencianos", añade.
El porcentaje de caída varía según a quién se le pregunte, pero la tendencia es similar. Lynn Harley, de J.B. Property, en la playa Flamenca de Orihuela, cifra la bajada de ventas a irlandeses del norte, el público al que se dirigen, en un 25%. "En los últimos meses las ventas van más despacio", subraya. Harley dice que el euro está "muy alto" para los ingleses y asegura que muchos británicos están poniendo en venta sus casas en la costa para irse al interior. La evolución del mercado extranjero es, en definitiva, "un daño añadido", asegura Esteso, a una situación de "crisis y preocupante porque no sabemos cuánto va a durar".
"La caída de las ventas entre los extranjeros empezó antes que la de los españoles, hace dos o tres años, por una subida de precios que no se corresponde en absoluto con la calidad de las viviendas y los servicios que ofrecen las poblaciones", explica Miguel Arnaiz, de la agencia Trenor de Benidorm. "Berlín ahora es más barato que Benidorm", apostilla. Arnaiz explica que los extranjeros dejan de comprar viviendas en la Costa Blanca para hacerlo en Marruecos o en países del Este de Europa, "donde tienen tranquilidad y precios más baratos". Va más allá y considera que el urbanismo salvaje también ha jugado su papel. Explica que europeos que llevan 20 años en la zona se están yendo por la masificación. "Se perdió el turismo alemán, después se ha perdido el francés y ahora se está perdiendo el inglés". Esta apreciación es compartida por los representantes del partido Claro (organización radicada en la costa Orihuela que aglutina a los extranjeros residentes en La Vega Baja). "En este punto de la costa el caótico urbanismo con decenas de urbanizaciones a medio hacer, con calles sin asfaltar y sin servicios ha acabado por ahuyentar a los compradores extranjeros", señala Antonio Cerdán, miembro de esa formación política.
Optimismo de futuro
Pese a este frenazo, hay quien todavía mantiene el optimismo ante una eventual inflexión al alza de las ventas. El concejal del Partido Popular (PP) en L'Alfàs del Pi Eric Svanberg conoce con detalle la realidad del colectivo del que forma parte, ya que él nació en Noruega: "Van a continuar invirtiendo. En este momento es lógico que estén indecisos, porque todo apunta a que los precios van a bajar. De lo que estoy convencido es de que van a llegar en masa dentro de un par de años".
Svanberg coincide con Johan De Wit en considerar que se avecina una ola de jubilados europeos. "En 2009 muchas personas que nacieron tras el boom de la Segunda Guerra Mundial cumplen 65 años y están deseando jubilarse para abandonar el país", explica este edil. "Tienden a ir al sur, principalmente por las condiciones climatológicas. Por eso estoy convencido de que en poco tiempo se reactivará el sector", asegura.
El también holandés De Wit coincide con el concejal. El comerciante de mobiliario afincado en L'Alfàs del Pi afirma que en su país de origen "hay muchos nacidos cuando finalizó la guerra que han sacado adelante Holanda, y ahora quieren venirse a vivir aquí. Son gente que ha ahorrado durante toda su vida y tiene un elevado poder adquisitivo. Es cuestión de cuatro o cinco años".
* ELPAIS.com - ROSA BIOT / SERGI CASTILLO - Alicante / Benidorm - 21/01/2008
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
La jueza investiga cohecho y fraude en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo
+-++ayto-fuentealamo.es.jpg)
LAVERDAD/Murcia* : La Justicia investiga en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto.
Fuentes judiciales informaron hoy además de que la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de la localidad murciana de San Javier, Arantxa Moreno, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de las diligencias que se instruyen en este caso, tras los requerimientos judiciales efectuados el pasado verano en ambos ayuntamientos.
En este caso, iniciado por una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por presuntas irregularidades administrativas en ambos consistorios, la jueza ha tomado declaración a 14 imputados, y el procedimiento "continúa parcialmente bajo secreto de sumario".
El 19 de junio de 2007 funcionarios judiciales se personaron en el ayuntamiento de Torre Pacheco para recabar documentación relacionada con la gestión del consistorio desde 2004 referida a planes parciales, expedientes sancionadores, de contratación de obra pública y de proyectos de urbanización realizados en el término municipal.
El pasado 27 de junio el juzgado devolvió parte de la documentación que se había llevado del ayuntamiento.
Pocos días después, el 3 de julio, una delegación judicial se personó en el consistorio de Fuente Álamo para recoger documentación sobre planes parciales de urbanismo tramitados en el municipio, expedientes relacionados con la sociedad Construcciones Torre Pacheco, del empresario Facundo Armero, que el pasado 6 de noviembre declaró ante la jueza por este caso.
Ese mismo día lo hicieron también la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, del PP; la edil de Obras y Servicios Públicos, Inés Mendoza; el arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini, y la ex concejala de Urbanismo, María del Mar Pedreño, que salieron en libertad sin cargos.
No obstante, Armero y Martini tienen la obligación de comparecer mensualmente ante la Justicia.
* La Verdad - 21.01.08 - EFE | MURCIA
Foto: Fuente Álamo (Murcia) - ayto-fuentealamo.es
