La Guardia Civil requisa expedientes de Urbanismo de Castro Urdiales

20MINUTOS/Cantabria* : La Guardia Civil ha requisado esta tarde por orden judicial varios expedientes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Castro Urdiales. Un equipo de la Benemérita, en funciones de Policía Judicial, ha inspeccionado durante esta mañana y primeras horas de la tarde la Gerencia de Urbanismo de Castro Urdiales, dentro de unas diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción nº2 de la ciudad.

Los agentes han abandonado las oficinas poco antes de 16.00 horas, con una carretilla cargada de expedientes. Las diligencias se mantienen por el momento secretas, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que se iniciaron por unos hechos ocurridos en el 2006 y fuentes municipales han aclarado que están relacionados con una operación urbanística que abarca tanto esta legislatura como la anterior.

Las solicitudes de documentación por parte de la Policía Judicial a este ayuntamiento de la costa oriental de Cantabria -el tercero de la comunidad en población- comenzaron ayer por la tarde y han continuado hoy con la visita de los agentes a las dependencias municipales.

En la actualidad el Ayuntamiento de Castro Urdiales está dirigido por el alcalde Fernando Muguruza, expulsado del PRC, con el apoyo del PP y de Acuerdo por Castro, un partido formado en las pasadas elecciones municipales por ediles expulsados del PSOE.







* 20 Minutos - Agencias - 27.03.2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr

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Orihuela: La causa del chalé y el Rolls de Medina lleva 18 meses de retraso

ELPAÍS/Alicante* : Estalló como el paradigma de la corrupción municipal en el ámbito de la Comunidad Valenciana. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, presentó en marzo de 2006 una denuncia general, desglosada en 16 causas, contra el Ayuntamiento de Orihuela por supuestos delitos de corrupción derivados de la gestión urbanística y contable del Consistorio, en manos del PP desde 1986.

La causa principal de la denuncia iba dirigida contra el ex alcalde, José Manuel Medina, por el uso de bienes (un lujoso chalé en la costa oriolana y dos llamativos coches, un Rolls Royce y un Audi A-8) propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales de planes urbanísticos. Este sumario lo instruye el Juzgado número 4 de la localidad, que no ha practicado las nuevas pruebas solicitadas por el fiscal un año y medio después del interrogatorio, en calidad de imputado, al entonces todavía primer edil.

Las nuevas pruebas que solicitó el representante del ministerio público estaban relacionadas con los plantes urbanísticos del municipio, y especialmente con las calificaciones de suelos tipificadas en el planeamiento urbano vigente cuando se hicieron las adjudicaciones. El fiscal sostiene que algunos de esos planes afectaban a suelo no urbanizable de especial protección. En este supuesto se encuentra el PAI de las Asomadas, adjudicado al promotor Joaquín Grau Pomares. Este empresario es el propietario de un lujoso chalé en la costa de oriolana en el que vive José Manuel Medina y también el dueño de un Rolls Royce utilizado habitualmente por el alcalde. La acusación pública también pidió la práctica de otras pruebas, entre ellas el contrato de alquiler del chalé y la documentación para acreditar la propiedad del elitista turismo. Ninguna de esas pruebas se ha practicado un año y medio después, según han confirmado a esta redacción fuentes del caso.

El Juzgado número 4 también ha sufrido un cambio de titular en plena investigación del llamado caso Orihuela. La investigación la inició la magistrada Lidia María Paloma Montaño. Sin embargo, hace diez meses ésta pidió el cambio y su plaza ha sido ocupada por el juez Fernando Madrid.

Las 15 causas restantes de la Fiscalía Anticorrupción tampoco han tenido más éxito por lo que respecta al avance de su instrucción. Los jueces se han limitado a las pruebas preliminares, entre ellas, el interrogatorio del testigo de cargo del fiscal, el ex interventor de la Corporación, José Manuel Espinosa.







* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 27/03/2008
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com

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El Plan General de Boadilla del Monte no cumple con la vivienda protegida

BOADILLADIGITAL/Madrid* : El TSJ de Madrid en una reciente sentencia notificada al Ayuntamiento en el Pleno de 29-2-2008, ha confirmado que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no reservó los suelos suficientes destinados, reserva que hace la Ley del Suelo de la CAM para garantizar el acceso a la vivienda a las clases más desfavorecidas (jóvenes y rentas bajas)...
... y que obligatoriamente impone el artículo 110 de la Ley 9/1995, del Suelo de la Comunidad de Madrid, texto que fue aprobado por el Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid.

El Ayuntamiento se verá obligado a la modificación de los Planes Parciales de los Sectores residenciales SUR 2 Olivar 3º Fase, SUR 3 Camino Bajo, SUR 5.2 A.C.N., SUR 6.2 A.C.S., SUR 7 LOS FRESNOS, SUR 8 L.CARCAVA, SUR 9 EL ENCINAR, SUR 10 EL PASTEL, SUR 11 VALENOSO, SUR 12 BONANZA.

El PGOU destinó más de 3.450.000 m2 de suelo a la construcción de viviendas (más de 7.000 viviendas) recalificados en el nuevo Plan General, que ya fue anulado por sentencia de la Sección Octava del TSJ de Madrid en el año 2.003, por vulnerar los derechos fundamentales de los Concejales del PSOE.

El Ayuntamiento destinó únicamente 1.022.948 m2 de todo suelo residencial clasificado cuando tenía que haber destinado 1.739.737 m2, lo que equivale a que los sectores residenciales del PGOU de Boadilla tengan que cambiar su clasificación del suelo pues faltan más de 700.000 m2 que deberán modificarse para destinarse íntegramente a vivienda de protección pública, en cumplimiento de la sentencia de más alto Tribunal de la Comunidad Autónoma. “Hemos solicitado el urgente cumplimiento de la sentencia pues varios sectores residenciales se encuentran ya casi terminados (SUR 7- Los Fresnos o SUR 12- Bonanza) pero la mayoría de los que incumplen la norma autonómica, se encuentran en fase de urbanización y ejecución de las calles y el Ayuntamiento no tiene intención de cumplirla porque ya ha dicho que ha recurrido, es decir, que no quieren vivienda para jóvenes y rentas bajas en Boadilla” manifestó el Portavoz de Alternativa por Boadilla, Angel Galindo.

La política de vivienda del Alcalde Panero, veda el acceso a la vivienda a los jóvenes y ciudadanos de Boadilla de rentas más bajas, lo que ha supuesto que muchos hayan tenido que irse de Boadilla. La prueba de que el derecho a la vivienda en Boadilla se ha restringido es la propia política municipal de vivienda que sigue Panero pues las últimas 80 viviendas públicas que ha hecho la Empresa Municipal de la Vivienda tienen un precio de entre 300.000 y 400.000 euros (entre 50 y 65 millones de las antiguas pesetas) y muchos vecinos han tenido que renunciar a ellas por no poderlas pagar. “Hasta el propio Rajoy se sorprendió cuando en plena campaña electoral fue preguntado por un joven de Boadilla si la política de vivienda del PP era la de Boadilla. Rajoy se quedó sorprendido” resalta el Concejal de APB, Angel Galindo.

El PGOU, los Planes Parciales y las Juntas de Compensación son dirigidas por el mismo arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren que hizo el PGOU, estando procesado en varios municipios de Madrid por tráfico de influencias y negociación prohibida. Hasta uno de los Planes Parciales de Boadilla (SUR 11-Valenoso) fue iniciado por el mismísimo Enrique Porto Rey (Exdirector General de Urbanismo de Esperanza Aguirre, imputado por la Fiscalía Anticorrupción en una presunta trama de corrupción urbanística en otro municipio de Madrid. Su relevo en este Plan Parcial no podía ser otro, Leopoldo Arnáiz Eguren, a través de una de sus empresas de consultoría.

“Las cosas pintan muy mal en Boadilla para el Ayuntamiento porque los controles municipales no funcionan, todo estaba informado favorablemente por los técnicos y es ilegal. Ya sólo tenemos la esperanza de que la justicia ponga orden” concluyó el citado Concejal.






* Boadilla Digital - 27.03.08
Foto: Boadilla del Monte (Madrid) - madridiario.es

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El TSJA desestima el recurso contra la paralización cautelar de la obra del hotel en el Algarrobico

EUROPAPRESS/Almería* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y la promotora Azata del Sol contra el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número dos que, en febrero de 2006, ordenó la paralización de la construcción del hotel en el paraje de El Agarrobico.

La sentencia de la Sección Tercera, a la que tuvo acceso Europa Press, considera 'conforme a derecho' la medida cautelar que el magistrado Jesús Rivera fundamentó en la prevalencia del interés general de la Ley de Costas, cuya parte dispositiva transitoria tercera obligaba al Consistorio a revisar el Plan Parcial por ser posterior al 1 de enero de 1988 y, por tanto, a ampliar la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre de 20 a 100 metros.

Al hilo de esto, refuerza este argumento con la reciente sentencia dictada por la Audiencia Nacional que, con fecha de 23 de enero, validó la orden ministerial de deslinde que dio lugar al expediente de expropiación parcial del hotel y que, según subraya, se basa en el mismo criterio aplicado en primera instancia por el juzgado almeriense.

El Alto Tribunal andaluz ratifica así la conveniencia de parar las obras del inmueble, que en un 60 por ciento de su superficie contraviene el deslinde ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) en noviembre de 2005, ante una posible anulación de la licencia municipal que, en caso de que el hotel entrase en servicio, supondría --sostiene-- 'un montante indemnizatorio mayor que el derivado de la demora del derecho a edificar' adquirido por Azata del Sol.

El fallo alude, asimismo, a que contencioso-administrativo que dio lugar a la adopción de la medida cautelar pretende dirimir si existe un posible uso del suelo 'incompatible' con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar y con la Ley de Costas, que, de verificarse, sería 'irreversible' de haber continuado la construcción mientras que la promotora --concluye-- 'siempre podría reclamar indemnización en concepto de daños y perjuicios' si, finalmente, se validase la licencia municipal.
El TSJA desestima también el argumento de la casi finalización de la obra, que un informe técnico cifra en un 94,41 por ciento en el momento del cese de actividad, al considerar que el auto carecería de utilidad sólo en el caso de que ya hubiese sido otorgada la licencia de primera ocupación.

En la misma línea, valora como 'desproporcionada' la petición de Azata del Sol para fijar una contracautela de más de 12 millones de euros a cuenta del colectivo conservacionista 'Salvemos Mojácar' que interpuso el recurso ya que, dado su naturaleza no mercantil, la asociación no podría hacer frente a la citada cantidad por lo que, según el Alto Tribunal andaluz, 'el objeto del recurso perdería su finalidad de reversibilidad' de declararse nula la licencia municipal.

La promotora fijó, solo en concepto de perjuicio por el cese en la construcción, un coste de 4,7 millones de euros por daños en el inmueble a lo que sumó otros 9,9 millones de euros que se derivan de la pérdida del incentivo regional contenido en el Plan de Desarrollo Turístico aprobado para Carboneras, así como el cannon de arrendamiento por dos años a la empresa que se hiciera cargo de la explotación del establecimiento.







* Terra Actualidad - Europa Press - 26-03-2008
Foto: Hotel El Algarrobico (Almería) - J.Rojas (El País)

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Málaga: 52 viviendas en un jardín regionalista

ELPAÍS* : Villa Fernanda, una de las últimas mansiones levantadas por la burguesía malagueña de principios de siglo XX en la falda del Monte Limonar y que dispone de un jardín regionalista en el que están catalogadas 26 especies diferentes, no va a escapar a la voracidad constructiva de comienzos del siglo XXI y acabará convertida en 52 viviendas al uso, de precio prohibitivo, pese a tener el mayor grado de protección contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El pleno del Ayuntamiento de Málaga tiene hoy previsto aprobar el estudio de detalle que ordena los volúmenes y edificabilidad de, teóricamente, las zonas libres del jardín. En el PGOU de 1983, Villa Fernanda se reservó como zona verde pública, pero en el vigente, aprobado en 1998, se cambió a urbanizable para ciudad jardín, aunque manteniendo la protección, lo que permite que se pueda construir.

La promotora Piquio proyecta construir las 52 viviendas en dos edificios que ocuparán las dos construcciones de estilo regionalista existentes en la parcela. El defensor del ciudadano de la provincia, Francisco Guitérrez, ha emitido un informe a petición de de más de 400 vecinos que se oponen al proyecto en el que duda de la legalidad de la actuación, porque entiende que en realidad se hace un cambio de uso del suelo indebidamente y no se han pedido informes sobre la afección de los bienes protegidos. El arquitecto Salvador Moreno Peralta, que también lo entiende así, va más allá al apuntar una "razonable sospecha de que estamos ante la eventualidad de un caso de especulación urbanística" porque "se ha comprado un bien protegido y luego se ha levantado esa protección sin causa justificada". El PSOE pide que se mantenga la protección y se negocie con la propiedad posibles compensaciones, mientras IU aboga por expropiar.






* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 27/03/2008
Foto: Perspectiva del edificio principal de Villa Fernanda, en el Paseo de Miramar, con parte del jardín contiguo/ G. Torres, laopiniondemalaga.es

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Valladolid: El Ayuntamiento se salta otra vez una ley de urbanismo en el aparcamiento de Cáritas

20MINUTOS* : En este caso ha incumplido la ley de urbanismo de Castilla y León y ha concedido la licencia de obras para la construcción del edificio destinado a aparcamiento subterráneo en los terrenos de la Fundación Emilio Álvarez, en la calle José María Lacort (donde hasta ahora se encontraba Cáritas).

El permiso lo ha dado sin que se haya publicado en el boletín oficial de la provincia (BOP) el estudio de detalle, algo a lo que obliga taxativamente el artículo 60 de la norma regional.

La licencia fue aprobada el 9 de agosto, después de que el estudio de detalle se aprobase en el Pleno Municipal el 9 de mayo de 2006. Sin embargo, nunca ha llegado a publicarse en el BOP.

La Federación de Personas Sordas ya ha presentado numerosas alegaciones contra este proyecto que ejecuta Parkosa.

Incluso, según ha podido saber 20 minutos, se está estudiando la posibilidad de que esta obra se haya podido iniciar gracias al Plan B de urbanismo, que fue manipulado después de su aprobación en Pleno.







* 20 Minutos - DANIEL PASCUAL. 26.03.2008
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

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La Fiscalía tramita una denuncia contra el Ayuntamiento de El Rosario por prevaricación

EFE/Tenerife* : El portavoz del grupo municipal de IR-Verdes, Escolástico Gil, informó hoy de que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formulado una denuncia contra el grupo de gobierno (PSC-PSOE) en el Ayuntamiento de El Rosario por presunta prevaricación en relación con el Plan Parcial El Varadero.

Una vez formulada la denuncia, apuntó Gil en rueda de prensa, será el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife el que decida si se archiva la causa o bien la remite al Juzgado de lo Penal, con la correspondiente imputación del grupo de gobierno del municipio tinerfeño de El Rosario, en manos del PSC-PSOE.

Añadió, que IR-Verdes se "va a personar en la causa, ejercitando la acción pública, como medida inmediata ante la investigación abierta".

"Este paso significa que el caso Varadero ha abandonado, tras cuatro años de oposición de IR-Verdes, el terreno de las especulaciones para centrase en el de las responsabilidades jurídicas", opinó Gil.

Para ello, indicó, se llevará a cabo una investigación judicial que se hará sin duda "con independencia y partiendo de la presunción de inocencia".

Aún así, Gil recordó que el Plan General de Ordenación (PGO) contempla en la actualidad la provisionalidad del Plan Parcial de Varadero, "a pesar de contar con tres sentencias contrarias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y un auto judicial que rechaza su aprobación".

Afirmó, que el Plan Parcial de Varadero contaba con informes negativos de los técnicos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTMAC), por lo que el alcalde de El Rosario, Macario Benitez, solicitó vía fax a la COTMAC la retirada del Plan Parcial en la reunión en la que se iba a aprobar o suspender.

"La sentencia del TSJC nos da la razón, e indica que no entiende como la COTMAC no actúo en su momento al respecto y permitió que se aprobase el Plan Parcial de Varadero por silencio administrativo, cuando el Ejecutivo fue informado en 2006 por nuestro partido de las irregularidades del plan", indicó Gil.

Ahora, añadió, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial se escuda al afirmar que se están esperando los informes del órgano consultivo, "pero creemos que estos informes no son más relevantes ni tienen más importancia que las sentencias dictadas ya por el TSJC y otros autos judiciales".

Es más, recordó que desde el primer momento IR-Verde como partido de la oposición se posicionó en contra de este plan que pretendía incrementar "el cemento" en una zona declarada de protección por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).






* Canarias Ahora - EFE - 26/03/2008
Foto: El Rosario (Tenerife), Tabaiba - ayuntamientoelrosario.org

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El PAI de Llíria que se revisará en el Parlamento Europeo acumula tres recursos ante el TSJ

LEVANTE/Valencia* : El proyecto de campo de golf, hotel y 2.600 viviendas Coto del Catalá que se proyecta en Llíria y que la próxima semana se analizará en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo también acumula tres contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Según confirmaron fuentes de la Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat [propietarios que ya residen en la zona y que se han visto afectados por el programa de actuación integrada (PAI)] los recursos se interpusieron contra la declaración de impacto del proyecto y contra la alternativa técnica presentada por Residencial Maimona (participada por Sedesa, la empresa de la familia Cotino).
Además, están a la espera de que se exponga a información pública la reparcelación del PAI (contra la que han presentado alegaciones pero que desconocen a pesar de ser propietarios de terrenos en la zona. Los afectados por el PAI Coto del Catalá afrontan con relativo optimismo el debate en el Comité de Peticiones ya que luchan desde 2002 para que se reconozcan sus derechos sin que hayan tenido mucho éxito.
Sobre el nuevo debate del urbanismo que se producirá en el Parlamento Europeo, el diputado del PSPV en las Corts, Francesc Signes, aseguró ayer que el Consell "necesita sustituir la ilegalidad cometida por la decencia urbanística". Según Signes, "la única reacción del Consell al debate sobre las denuncias por irregularidades en cinco PAI de Llíria, Parcent y Benasau, es proteger a sus alcaldes frente a las denuncias", como ha ocurrido con el nombramiento como Senador del exalcalde de Burriana, para evitar que sea juzgado por un delito urbanístico. Según el responsable socialista, "el Consell promueve la impunidad urbanística, permitiendo que el urbanismo valenciano se haya convertido en una constante fuente de denuncias ante Europa", lo que se traduce en "una deplorable publicidad para la Comunidad Valenciana y en motivo de vergüenza para todos los valencianos. El urbanismo valenciano necesita un urgente lavado de cara, que acabe con las numerosas ilegalidades consentidas".
Por último, el presidente de Abusos Urbanísticos NO (AUN), Enrique Climent, mostró ayer su satisfacción porque "el Comité de Peticiones continúa preocupado por los abusos relacionados con las leyes urbanísticas y medioambientales en la Comunidad Valenciana que se han extendido a otras partes de España". AUN asistirá al debate en el Comité de Peticiones.






* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 26 de marzo de 2008
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es

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