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LAVOZ* : El Cabildo de Lanzarote ha interpuesto un total de 29 procedimientos judiciales contra licencias urbanísticas municipales que incumplen el Plan Insular de Ordenación del Territorio, lo que supone unas 12.000 camas turísticas recurridas.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) o el Tribunal Supremo (TS) han confirmado nada menos que 21 sentencias anulando esas licencias otorgadas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, y de esas 21 sentencias anulatorias, 17 son firmes, lo que significa que hay 8.197 plazas ya anuladas. A estas hay que sumar otros recursos contra edificaciones en dos planes parciales de Playa Blanca, cuyas licencias han sido suspendidas judicialmente. En total, se han recurrido 20.772 plazas alojativas, algunas con obras finalizadas y otras no.
El Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote abordó durante la mañana de este miércoles, 11 de junio, una convocatoria extraordinaria para ofrecer un balance, expuesto por el abogado Agustín Domingo Acosta, de los recursos interpuestos contra licencias urbanísticas. Los integrantes del Consejo reclamaron la necesidad de difundir a la población toda esta información para evitar “debates virtuales” y mostrar los hechos ya consumados, pero el debate del Consejo fue más allá de desmenuzar los casos de los planes parciales ilegales y planteó la necesidad de ejecutar las sentencias y definir el futuro modelo territorial de Lanzarote. Fernando Ruiz, representante de la Fundación César Manrique (FCM), señaló que más allá del ámbito jurídico, que ya se está planteando -en el caso de la FCM con la personación en 20 pleitos y 14 sentencias en firme favorables que afectan a 8.219 camas-, éste es el momento de aportar información transparente y pública sobre los procesos, de poner sobre la mesa “las compensaciones justas al interés general” y de “negociar el futuro, para que dentro de siete años no tengamos el mismo problema”.
Acorde a la visión planteada por Ruiz sobre la existencia de dos modelos diferentes de Isla (apuesta por el interés general o por el libre mercado) que han supuesto un conflicto “de enorme envergadura”, por cuanto se ha producido “un enfrentamiento a gran escala para derribar lo que le ha costado construir a esta sociedad, con normas bien fundamentadas”, el investigador y catedrático Wilfredo Wilpret, representante de la Universidad de La Laguna, afirmó que “aunque compartiría medidas drásticas” ante la ilegalidades urbanísticas de Lanzarote y de toda Canarias “la Isla está dando una lección importante”, con la celebración de este Consejo, “que se puede exportar al resto del Archipiélago”. Wilpret insistió en la aplicación de la Justicia “con todo el peso de la Ley” y expresó su preocupación por “los niveles de prevaricación y corrupción” que afloran en las islas.
La propuesta del representante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Roque Calero, también fue compartida, como el resto de apreciaciones, por la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, quien dijo apoyar la ‘exigencia’ de crear un plan de desarrollo sostenible integral que contemple aspectos como previsiones de impactos sobre viviendas, centros educativos, sanidad, agua potable, energías alternativas, consumo energético, etcétera.
Las intervenciones, de reconocimiento a la labor realizada por el Cabildo, por el abogado Agustín Domingo Acosta y por todo el equipo de la Oficina del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) con respecto a la apertura de recursos judiciales contra licencias que no se ajustaban a este plan a pesar de las reacciones contrarias por parte de ayuntamientos y promotores, solicitaron en su mayoría la concreción de los efectos de las sentencias, cuyas consecuencias están previstas por Ley: los establecimientos alojativos con licencia anulada por los tribunales deben iniciar un expediente de legislación para restablecer el orden jurídico.
A este expediente de legalización se le aplicarán las mismas ‘reglas’ que para la obtención de una licencia. Se examinará si el establecimiento alojativo se ajusta al PIOT, si puede obtener la licencia o no, esto es, si existe un informe favorable de compatibilidad con las normas insulares, que es una de las causas para impugnar licencias. Durante el Consejo se comentó que, en general, los únicos expedientes de legalización que pueden resultar favorables son los relativos a aquellos proyectos cuya ilegalidad se basa en la ‘temporalización’ de las camas construidas y que este periodo ya haya podido cumplirse, por ejemplo. El representante de los colectivos, Pedro Hernández, propuso el cierre de los establecimientos que tienen sentencia anulatoria de licencia mientras dura este proceso.
Actualmente no hay ningún plan parcial adaptado a la Revisión del PIOT y sólo tres planes de pequeñas dimensiones (Puerto Calero, Las Coloradas y Castillo del Águila) están adaptados al PIOT de 1991. Tal como aclaró Agustín Domingo Acosta, aunque el TSJC haya anulado la Revisión del Plan, esto debe ser confirmado por el Tribunal Supremo, que puede revocar esta nulidad. Esto significa que la Revisión del PIOT “goza de presunción de legalidad y es vinculante desde su entrada en vigor en mayo de 2000”, indicó el abogado.
La exposición de Acosta partió de los planes urbanísticos previstos para la Isla en 1973 con la construcción –no consumada- de casi 500.000 plazas turísticas y las reacciones posteriores hasta llegar a la desclasificación directa, con el PIOT de 1991, de 250.000 camas y el establecimiento de un techo alojativo de 111.000 camas en Lanzarote. Todos los planes parciales debían adaptarse al PIOT de 1991, pero algunos ayuntamientos, especialmente Yaiza y Teguise, concedieron licencias sin siquiera informar al Cabildo. Las sentencias establecen doctrinas jurisprudenciales sobre el alcance del PIOT y señalan que las normas del PIOT son superiores y vinculantes.
Así, serán licencias nulas las otorgadas sin informes de compatibilidad del PIOT o las que hayan superado el 50% de la programación del cupo temporal. Los planes parciales afectados son Plan Parcial Costa Teguise, Montaña Roja, Las Coloradas, Castillo del Águila, San Marcial del Rubicón, Playa Blanca, Papagayo Arenas, Mercantil Costa Roja, etcétera. Son motivos de impugnación la vulneración de la suspensión de licencias que se produjo de 1998 a 2000, los informes negativos del PIOT, la omisión de los trámites esenciales al procedimiento o el incumplimiento de normas sectoriales, entre otros. Según indicó el representante del Partido Socialista y antiguo consejero de Política Territorial, Carlos Espino, quien calificó de “día importante” la jornada de información del Consejo, los procedimientos judiciales del Cabildo contra las licencias ilegales han evitado la construcción de 10.000 camas nuevas.
* La Voz de Lanzarote - Ruth Corujo Saavedra • 11 de junio de 2008
Foto: Teguise costa (Lanzarote) - lavozdelanzarote.com
Un total de 21 sentencias judiciales respaldan al Cabildo de Lanzarote anulando licencias turísticas ilegales
El presidente del TSJM pide leyes más estrictas contra la corrupción urbanística
MADRIDIARIO* : El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Javier María Casas, abogó este miércoles por una legislación "más estricta" sobre urbanismo ante el incremento de la corrupción administrativa en este campo y subrayó que "el real sometimiento a las normas dependerá de que las técnicas de control sean cada vez más efectivas".
El máximo responsable del TSJM inauguró en la sede del Consejo General del Poder Judicial las jornadas 'Licencias Urbanísticas y Corrupción Administrativa', acompañado de la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Paloma Sobrini.
En su discurso, Casas aludió a los datos incluidos en el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2007, en el que se recogen un total de 2.267 quejas sobre esta materia. Así, recalcó que "la indudable fuente de poder económico" que entrañan las cuestiones urbanísticas hace que este ámbito sea susceptible a su "utilización corrupta".
Por ello, consideró imprescindible que se aborden debates sobre los aspectos jurídicos en el tratamiento de los delitos urbanísticos desde "una perspectiva plural para profundizar en un fenómeno cuya trascendencia lo convierte en un reto para el conjunto de la sociedad". Por su parte, Sobrini criticó "la arbitrariedad" que se da en el campo de la concesión de licencias, pese a ser "un acto reglado". "No es razonable que cada cual tire por donde quiera en las licencias. Al final, el arquitecto siempre está perdido", denunció.
Desde el pasado septiembre, el COAM trata de homogeneizar los procedimientos de regulación en la tramitación de licencias a fin de evitar que se den supuestos como el 'caso Guateque', en el que se investiga una supuesta trama de funcionarios corruptos del Ayuntamiento de Madrid que agilizaban licencias a cambio de elevadas cantidades de dinero.
* Madridiario - 11-06-2008 - MDO/EP
Foto: Madrid, sede de la Comunidad - google
Sevilla: Especulación inmobiliaria, construcciones y delitos urbanísticos, el pan nuestro de cada día
GAS* : El futuro de Sevilla se ve color de ladrillo. A pesar de la crisis inmobiliaria y de la ya de por sí elevada construcción en el Área Metropolitana de Sevilla, el futuro de Sevilla es seguir aumentando la conurbanización entre la capital y los pueblos de su periferia: Alcalá, Dos hermanas, el Aljarafe, etc.
Los últimos años han sido de crecimiento espectacular en las poblaciones “dormitorio” sevillanas; así, en cuarenta y ocho localidades de la provincia se han dado de alta en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) 59.000 viviendas durante los últimos seis años. Estas cifras, que no engloban a la totalidad del territorio sevillano, ya dejan ver el “boom” urbanístico del último lustro.
De entre las localidades que más aumentan, se encuentran Dos Hermanas, que está viviendo una expansión urbanística sin precedentes. Los últimos planes urbanísticos reflejan la creación de 7.000 viviendas de protección oficial (VPO), tras los que se esconde la creación de otras 14.000 viviendas de renta libre. Esta dinámica de crecimiento incontrolado, reflejada en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente, incumple el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Otra localidad que muestra señales de multiplicar su población es Alcalá de Guadaira. Así, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de la Junta en Sevilla ha aprobado la modificación del plan parcial de La Isla. En dichos suelos, de 65 hectáreas, se construirán 2.500 viviendas de renta libre y otras 1.145 de VPO, además el nuevo estadio municipal de fútbol y un nuevo hospital, reservándose 3,2hectáreas para usos terciarios. Esta medida traerá consigo la conversión en vía urbana de la antigua N-334 y la creación de una circunvalación que impactará directamente en el río Guadaira al tener que cruzarlo con un nuevo puente. A esto hay que sumar la construcción de unas 4.500 viviendas en la zona de contacto con el Parque del Guadaíra.
Ya dentro de Sevilla, la expansión de la ciudad se plantea por el noroeste y el sur; por el noroeste, en los terrenos de Santa Bárbara, se prevé utilizar una parcela de 380 hectáreas para continuar el llamado desarrollo urbanístico de la conurbanización de Sevilla. El proyecto comenzará el próximo octubre, planteándose 17.000 viviendas, siendo 6.000 de protección oficial. Será la empresa DUSE SL, participada por Sando, Realia y Noriega la encargada de las obras. Este terreno nuevo barrio se situará entre Sevilla Este y el Aeropuerto.
Sin embargo, es el sur el que se pretende inundar completamente de viviendas y urbanizaciones. De este modo, en los próximos 15 años nacerán cuatro nuevas zonas residenciales para lo que las infraestructuras se multiplicarán: por un lado, se construirán nuevas conexiones por carretera (el Paso Territorial Sur) entre el sur del Aljarafe, Dos Hermanas y Los Quintos, y las líneas férreas se completarán con la Línea 1 de Metro ya en ejecución. Así, se pueden entender las obras de creación de la S-40 y los desdobles de diversas carreteras en la periferia sevillana.
Las zonas elegidas serán Cortijo de Cuarto, Entrenúcleos, Palmas Altas y Villanueva del Pítamo, además de los equipamientos que aportará la ordenación de los terrenos del Guadaira y del Puerto de Sevilla. Contarán con 5.000, 20.000, 3.000 y 12.000 viviendas, respectivamente.Las viviendas, que serán casi la mitad de protección oficial, pretenden convertir algunos de esos enclaves en los llamados “barrios del siglo XXI”, con espacios verdes bien distribuidos, comunicaciones por carretera, tren y bicicleta, con centros como la futura Ciudad del Conocimiento, parques tecnológicos, equipamientos, espacios comerciales, etc. Las obras en algunos de estos espacios comenzarán en el año 2009, y ya las inmobiliarias han adquirido los suelos así como han comenzado la construcción de los centros comerciales. Sin embargo, este edén de fantasía y vida “americana”, conllevará la supresión de tierras de cultivo por viviendas innecesarias, el cambio del cauce del río Guadaira, así como el impacto en la flora y fauna de esos espacios.
Esta práctica constructora frenética, unido a la crisis en el sector, hace que se llegue a la contradicción de tener, actualmente, 7.000 pisos nuevos sin vender, y 19.000 en construcción y paralizados. Esta situación hace que las administraciones diseñen planes para que las casas se vendan y la crisis se frene: es la nueva política de las VPO. Viviendas pagadas en parte por la administración para personas con bajos recursos, lo que a su vez da a los políticos un aire populista. Por lo tanto, las administraciones están pagando a las constructoras para que no desaparezcan y tengan negocios, sin replantearse si son necesarias.
La contradicción se hace patente cuando vemos la actuación que se lleva a cabo en el centro de Sevilla: se destruyen casas, corrales de vecinxs, se echan a lxs vecinxs y se especula con ellos, construyendo nuevos apartamentos de lujo para las capas altas de la sociedad, que pasan a vivir en estos centros históricos, que, además, se están convirtiendo en verdaderos espacios “impolutos” con las medidas represivas tales como la ordenanza “cívica” que se quiere aprobar, las cámaras de “seguridad”, la ley antibotellón, etc. Y la población termina segregada en barrios periféricos, con una calidad de vida peor y sosteniendo a las empresas constructoras. A esta situación hay que añadir los centenares de espacios desocupados y vacíos de la ciudad.
Esta política, que se deja ver en diferentes medidas, tiene su ejemplificación en el tema de la vivienda cuando vemos que el Consorcio de la Vivienda de la Gran Sevilla tiene pactadas 10.000 VPOs o que la Junta prevé construir 27.440 VPO más en el área metropolitana de Sevilla. De hecho, se invertirán 12.000 millones el nuevo Plan de Vivienda y Suelo que pretende conseguir, antes del 2012, que 4 de cada 10 viviendas construidas sean de protección oficial.
Y, por si no fuera poco, estas decenas de miles de viviendas que se construyen, degradan los espacios naturales del territorio, saturan los acuíferos, implantan modelos de transporte perjudicales y hacen crear infraestructuras gigantescas que no hace más que repercutir sobre el medio ambiente de la zona en la que se implanta. Los datos, de la Fiscalía de Medio Ambiente sevillana, revelan que entre 2005 y 2007, el 61% de los más de mil cien asuntos relacionados con delitos ecológicos y del patrimonio se con infracciones urbanísticas. Según datos del Seprona, entre enero del 2005 y septiembre del 2006, se detectaron 1.400 construcciones ilegales y 309 parcelaciones ilegales en 21 municipios de la provincia la mitad de las construcciones irregulares de Andalucía.
Ante esta coyuntura de irregularidades en las poblaciones andaluzas y sevillanas, ha nacido una plataforma, “Vivir en el campo”, impulsada por el alcalde de Marchena, que pide la regularización de las viviendas ilegales.
* Grupo de Acción Social - 07/06/2008
Foto: Sevilla, área metropolitana - diariodesevilla.es
Madrid: Las organizaciones ambientales exigen la paralización inmediata de la M-501
SOITU* : WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Amigos de la Tierra exigen el cumplimiento de la sentencia por parte de la Comunidad de Madrid y la paralización inmediata de la M-501. Además, las cuatro organizaciones ecologistas internacionales piden la eliminación de la fianza impuesta por el TSJM a Ecologistas en Acción para hacer efectiva la suspensión cautelar mientras se analiza el recurso de la Comunidad de Madrid.
Los grupos ecologistas promoverán un cambio legislativo para que no se impongan fianzas o cauciones en acciones de asociaciones de utilidad pública contra la mala gestión de las administraciones.
WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y Amigos de la Tierra solicitan que se haga efectiva la paralización de las obras de la Comunidad de Madrid en la carretera M-501, conocida como la «carretera de los pantanos», tal y cómo ha acordado la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Además, solicitan que se lleve a cabo sin necesidad de presentar fianza alguna . La paralización tiene como objetivo evitar un grave perjuicio para el medio ambiente que es uno de los deberes encomendados a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no puede considerarse a la Comunidad de Madrid como perjudicada por cumplir con su obligación de paralizar unas obras demostradamente dañinas para la naturaleza.
Reforma de la ley de procedimiento administrativo
Según los grupos ecologistas, resulta urgente restablecer el equilibrio entre los intereses generales y los públicos y privados, por lo que solicitarán modificaciones legislativas que completen y perfilen el marco del derecho a la justicia gratuita en temas ambientales.
La legislación actual permite a los tribunales imponer fianzas, garantías o cauciones a la hora de aplicar medidas cautelares si de ellas pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza. En algunos casos, los tribunales se acogen a esta potestad para imponer estas garantías, con cuantías imposibles de cumplir para las organizaciones ecologistas, a la hora de acordar paralizaciones cautelares que garanticen, hasta que se dicte sentencia, que no se destruye el medio ambiente.
La imposición de estas fianzas genera que el acceso libre a la justicia establecida por la Ley 27/2006 quede dañado, ya que el derecho de acceso solo queda reconocido de manera parcial en caso de establecimiento de este tipo de garantías. Hay que recordar que estos grupos ecologistas son entidades de utilidad pública que tienen por objeto la conservación de la naturaleza y que sólo pleitean contra las administraciones cuando éstas no hacen bien su trabajo.
* Soitu.es - 11-06-2008
Foto: Madrid, obras carretera de los pantanos - elpais.com
