*Greenpeace ha presentado hoy diez medidas para conseguir un urbanismo sostenible concebido para aumentar la calidad de vida de la población y el respeto al territorio donde se desarrolla. La acumulación de escándalos, investigaciones y procesos judiciales relacionados con el urbanismo ponen de manifiesto que en España el funcionamiento efectivo del control de la edificación (disciplina urbanística) es la gran asignatura pendiente.
La organización ecologista considera que la situación actual del urbanismo en España se ha venido gestando desde hace mucho tiempo, por lo que resulta incomprensible que todavía no se hayan planteado fórmulas para poner freno a la destrucción del territorio en la que nos hayamos inmersos. A pesar de que existe suficiente legislación para actuar de forma contundente contra la ilegalidad, una gran parte de las infracciones urbanísticas se acaban consolidando, en gran parte debido a la prescripción de las mismas por el transcurso del tiempo sin actuación por parte de la Administración.
Los problemas derivados del urbanismo actual se acrecientan en la franja litoral debido a los movimientos de asentamiento, temporal o definitivo, de habitantes de las zonas del interior de la península y de ciudadanos del Norte de Europa, especialmente hacia la costa mediterránea. Estos desplazamiento, que se iniciaron hacia mediados de los años 60 del pasado siglo, se han incrementado desde entonces favorecidos por la mejora de las infraestructuras de comunicación, por la entrada de España en la Unión Europea y, posteriormente, por la unificación de la moneda europea y la bajada de los tipos de interés.
“Desde Greenpeace consideramos que sólo será posible un cambio de tendencia de la situación urbanística actual mediante un pacto real entre todos los partidos políticos y, sobre todo, mediante una mayor implicación de la ciudadanía en la concienciación de los graves perjuicios que se derivan de esta situación y la actuación más efectiva de quienes pueden contribuir a la erradicación del problema” ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.
Propuesta para una mejora del planeamiento urbanístico
Greenpeace considera que no existen fórmulas mágicas para solventar el grave problema de crecimiento descontrolado en el que está inmerso el territorio español. Sin una concienciación colectiva y sin una erradicación inmediata del modelo de crecimiento pronto la situación será irreversible. Por tanto, es necesaria una voluntad colectiva de cambio, especialmente en dos aspectos: la redacción de los planeamientos urbanísticos (territoriales, generales o municipales), así como la disciplina urbanística.
1. Deben modificarse los criterios de planificación urbanística, partiendo de la protección de todo el suelo no urbanizable y de la obligación de demostrar la necesidad y racionalidad de modificación de esa protección por necesidades de crecimiento de los núcleos de población.
2. Los modelos territoriales del planeamiento deben tener un marco de referencia supramunicipal que dé una coherencia territorial y de funcionamiento de los servicios, del abastecimiento y de los equipamientos.
3. El crecimiento urbanístico debe limitarse al 10% de incremento en cada planeamiento. Al mismo tiempo debe impedirse la recalificación de suelo hasta que no se haya ejecutado, al menos, el 90% del suelo clasificado en el planeamiento general en vigor. Es imprescindible acabar con el urbanismo concertado a través de los convenios urbanísticos, contratos privados entre los constructores y el ayuntamiento para hacer modificaciones a los planes de ordenación urbana.
4. En los municipios litorales, tanto las comunidades autónomas como los municipios deben decretar la prohibición de construcción en la franja no ocupada de los primeros 500 metros de costa.
5. Los planeamientos territoriales y generales o municipales nunca deben responder a intereses privados de promotores, grupos de presión o de personas próximas a quienes ostentan la facultad de decisión en el proceso de tramitación y aprobación del planeamiento urbanístico o su ejecución.
6. Deben articularse los mecanismos necesarios para establecer procesos efectivos de participación ciudadana y control del urbanismo, tanto en la fase de redacción de los planes territoriales, como para los planes generales o municipales, así como en el proceso de desarrollo y ejecución de éstos.
7. Deben reducirse las posibilidades de cambios de clasificación de suelos no urbanizables a urbanos o urbanizables, así como de los cambios de uso e incremento de edificabilidad y densidad, circunscribiendo dichos cambios exclusivamente a las revisiones o adaptaciones de los planes generales o municipales. Deben prohibirse expresamente cambios a través de modificaciones puntuales de los planes urbanísticos.
8. La planificación urbanística debe priorizar el mantenimiento del paisaje, así como de la estructura y tipología de los núcleos urbanos. Asimismo debe priorizarse la concentración urbana mediante la rehabilitación de los núcleos urbanos existentes y la remodelación de los degradados, evitando ocupar nuevas superficies de suelo en el exterior de los cascos urbanos.
9. La planificación urbanística debe identificar las necesidades de los recursos básicos: energía, agua, etc. y establecer para ellos fórmulas de gestión sostenible. Los informes de la Administración en materia de agua (garantía de abastecimiento) y de energía deben ser obligatorios y vinculantes antes de la aprobación de un plan urbanístico o de realizar una modificación del mismo. Además, los planes urbanísticos deben contemplar obligatoriamente la demanda de servicios que generará (depuración de aguas residuales, recogida y reciclaje de residuos…).
10. Deben prohibirse los proyectos edificatorios de tipo residencial ligados a instalaciones insostenibles tales como los campos de golf, canales fluviales o marinos y nuevos puertos deportivos.
*Greenpeace, 12 marzo 2007
Foto (Greenpeace): Hotel construido en dominio público en el litoral malagueño
Greenpeace presenta un decálogo de medidas para un urbanismo sostenible
Casi 200 guardias civiles combaten desde hoy la "delincuencia urbanística" a tiempo completo
diarioDirecto* : "Un total de 194 agentes integran las Unidades de la Guardia Civil para la lucha contra la Delincuencia Urbanística que comienzan a trabajar hoy en todas las provincias españolas, según anunció el director de la Policía y del Instituto Armado, Joan Mesquida. Cualquier actividad delictiva que tenga relación con la construcción en alguno de sus tramos será objeto de investigación por parte de estas nuevas unidades, ya se trate de corrupción, atentados contra el medio ambiente o blanqueo de capitales.
De estos casi 200 guardias civiles, 25 estarán integrados en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, la estructura especial de actuación en el ámbito de policía judicial, y el resto se repartirán por las 54 comandancias que hay en España, a razón de tres agentes por cada una de ellas. Los primeros auxiliarán a los segundos cuando éstos lo requieran y en las investigaciones de mayor trascendencia.
Además, de esta nueva plantilla, siete especialistas han sido derivados al Equipo de Inspección Central Medioambiental del SEPRONA, centrados en las infracciones al medio ambiente derivadas de la ordenación del territorio. En palabras de Mesquida, estas Unidades "suponen un refuerzo en la lucha contra este tipo de delitos que, por una parte, generan un descrédito para los representantes de los ciudadanos, causan una importante alarma social y tienen una consecuencia directa con la especulación y con el encarecimiento de la vivienda".
Todos los agentes seleccionados han recibido un curso en materia de Urbanismo, así como la formación que requiere la investigación en el trabajo de policía judicial, su especialidad a partir de ahora. Actuarán por iniciativa propia, en colaboración con otras unidades, investigando denuncias presentadas previamente o por requerimiento judicial o fiscal.
Por ello, y según destacó Mesquida hoy en la presentación de las nuevas Unidades, mantendrán una estrecha colaboración con la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, así como con la Fiscalía Anticorrupción, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con el Ministerio de Vivienda.
Mesquida: "No son políticos, son delincuentes"
Consultado Mesquida por la colaboración que puedan presentar los Ayuntamientos a estas Unidades, el director de Policía y Guardia Civil dijo estar "convencido" de que se les prestará desde los Consistorios una "buena" cooperación porque, a pesar de los casos de corrupción conocidos, "un grano no hace granero". Además, recalcó, la corrupción no tiene "un signo político u otro", ya que sus protagonistas son simplemente "delincuentes".
Mesquida también fue interrogado por el hecho de que el jefe de la UCO, el coronel Félix Hernando, sea sometido a juicio desde hoy en la Audiencia Provincial en un caso vinculado a los fondos reservados. El director del Cuerpo rechazó hacer valoración alguna sobre un proceso judicial, pero destacó que desde que él llegó a la Guardia Civil tiene "plena satisfacción" con el trabajo de Hernando al frente de "una Unidad muy importante".
*diarioDirecto 12/03/07
Urbanizar, no recalificar
JuanVILLACORTA* : "Los políticos -no los técnicos, que se limitan a la parte verdaderamente profesional- hablan públicamente y diseñan el urbanismo como si urbanizar las ciudades fuera exclusivamente reclasificar espacios urbanos, calificaciones como 'urbanizable delimitado' o 'no delimitado', 'rústico' y otros tecnicismos, que convierten los propios planes de urbanismo en una bonoloto de la especulación o, cuando menos, en un galimatías de espacios y fronteras harto nebulosas.
Esos mismos políticos definen modelos de ciudad con un florido abanico de adjetivos que van desde el 'desarrollo sostenido y sostenible' al 'equilibrio urbano de áreas metropolitanas', 'barrios periféricos' y 'crecimiento cohesionado, armónico' y orientado a los cuatro puntos cardinales; ora este-oeste, ora norte sur. Cosas de este estilo entretienen a los políticos del urbanismo, que nunca olvidan la acechadora sombra alargada de promotores, constructores y especuladores sin cuento. El problema es que lo que dicen los políticos urbanistas -y más en épocas electorales- no afecta lo más mínimo a los intereses de los ciudadanos, que asisten, entre perplejos y somnolientos, a la ceremonia de la confusión urbanística.
¿Han pensado los políticos que la calle ayuda a que las poblaciones y los individuos se mezclen? ¿Han meditado que en la ciudad tradicional en muchas áreas el espacio no tiene ya significado? ¿Han cavilado que las ciudades históricas son museos cada vez menos adaptados al mundo actual? ¿Han comprendido que, pese a todo, el espacio es aún la característica esencial de la ciudad y que hemos de conservar nuestras relaciones emocionales con los lugares que hay en ella, porque en la ciudad habita toda la complejidad del ser humano?
Urbanismo es so-lucionar las dificultades en el suministro de energía o de agua potable, en la congestión del tráfico, en la mala calidad del aire, evitar la desaparición bajo el asfalto de espacios naturales y de fértiles tierras agrícolas, paliar la saturación de los sistemas de gestión de residuos. La sostenibilidad local consiste en mejorar esos problemas sin deteriorar las áreas no urbanas ni estrangular la viabilidad económica, cultural y social, es decir, instaurar al hombre como eje del urbanismo.
Urbanismo es diseñar un modelo de ciudad compacta y limitada en su expansión, más que alimentar la dispersión suburbana; es la conservación de los espacios ecológica o agrícolamente productivos existentes dentro de los límites urbanos o en su entorno inmediato; es la rehabilitación del espacio deteriorado (centros históricos y regeneración de barrios envejecidos); la pacificación de las calles y el fomento de la proximidad y la convivencia social; las facilidades para el transporte público y la bicicleta como alternativa viable a la congestión, la contaminación y el ruido; la no segregación funcional de los espacios; la lucha contra la dispersión suburbana con un medio urbano vital, diverso y activo, con abundancia de servicios y oferta cultural.
El concepto de urbanismo trasciende a la visión arquitectónica y se enraíza con el llamado 'modelo de ciudad', no es posible diseñar un plan de ordenación urbana sin tener en cuenta factores estructurales como la pobreza y su distribución; las desigualdades urbanas económicas y sociales; el crecimiento sin control del consumo entre los ciudadanos; el déficit educacional entre capas sociales, barrios, familias y personas; la minimización del tiempo libre; la ausencia de tranquilidad y seguridad y, en definitiva, la convivencia humana en el respeto a la diversidad la diversidad por diferente que sea. El urbanismo será el espacio creativo y evolutivo de la vida humana en toda su integridad o no servirá para nada. Los políticos siguen sin comprender.
*JUAN VILLACORTA/PERIODISTA Y ESCRITOR
*El Norte de Castilla, Lunes, 12 de marzo de 2007
La gestora de Marbella ha enviado 12 causas al fiscal Anticorrupción
JuanaVIÚDEZ* : "Desde que comenzó su mandado, la Comisión gestora de Marbella ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga al menos una docena de casos, entre los que hay pagos por obras que finalmente no se realizaron y facturas sospechosamente abultadas o que podrían haberse cobrado dos veces.
En este tiempo, también se han detectado ingresos realizados por promotoras en concepto de aprovechamientos que podrían rondar los 65 millones de euros, según el presidente de la gestora Diego Martín Reyes.
Ese dinero fue recibido por el Ayuntamiento en virtud de convenios urbanísticos que fueron retirados y no se han llevado a cabo, por lo que es muy probable que ese dinero sea reclamado por las empresas, ya que no los han podido ejecutar.
Según Martín Reyes, se está tratando de acomodar en el nuevo Plan General a 27.000 de las 30.000 viviendas ilegales construidas durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL). El futuro del resto, será estudiado caso por caso, ya que la población cuenta con una gran necesidad de equipamientos públicos.
A comienzos de año, la comisión gestora rechazó las primeras demoliciones ordenadas por los tribunales, que afectan a 70 viviendas ocupadas, y envió un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que abogaba por "soluciones más mesuradas".
La semana pasada también se pidió el aplazamiento del derribo de una nave de materiales de construcción, también ilegal, "hasta que se aclaren las operaciones y acuerdos municipales que beneficiaron a la empresa propietaria".
*ELPAIS.com - Marbella - 12/03/2007
Foto: Marbella - Costasur
