DIARIODEMALLORCA* : El juez de instrucción 2 de Palma ha encausado en una pieza separada del caso Son Oms, la presunta trama de corrupción político-empresarial en torno al polígono industrial del mismo nombre, a Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens, Miquel Àngel Flaquer, y Miquel Àngel Grimalt, que en la pasada legislatura ocuparon cargos de responsabilidad en el Consell de Mallorca, gobernado por Unió Mallorquina (UM). Munar, presidenta del Parlament, Nadal, conseller de Turismo, y Grimalt, conseller de Medio Ambiente han sido citados ya a declarar para mediados de este mes y acusados de formar parte de un entramado político empresarial que desvió cientos de miles de euros de fondos públicos a fines delictivos.
El magistrado Juan Ignacio Lope Sola levantó ayer el secreto de sumario de una pieza abierta en el mes de marzo, a petición de los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach. El pasado 21 de octubre se desató, dentro de estas pesquisas, la llamada operación Maquillaje, que dio pie a numerosos registros en despachos y sedes de empresas de los supuestos implicados, entre ellos el antiguo bufete del conseller Nadal y la asesoría de Miguel Sard Vicens, primo de la esposa del anterior. La Policía también recabó datos en mano en la sede central del Consell de Mallorca y en las oficinas de la Radio y Televisión de Mallorca.
Dos productoras
Básicamente, las pesquisas giran en torno a dos empresas productoras de radio y televisión: Studio Media Comunicació, relacionada con los presuntos testaferros de Vicens, Alfredo Conde Bonnin (alto cargo de IB3 televisión), y su esposa Elisabet Diéguez; y Video U, vinculada a Miguel Oliver, el que fuera responsable de la Televisión de Mallorca tras su creación, y participada indirectamente por Miguel Sard.
En la querella de la fiscalía anticorrupción que dio pie a la pieza separada se imputa a varios dirigentes del anterior Consell de Mallorca el haber pagado cientos de miles de euros a estas empresas, en forma de subvenciones, ayudas o contratos directos.
Conde, presunto testaferro de Vicens, participó en la puesta en marcho de la radio pública insular, Ona Mallorca. Mientras que Video U colaboró en la creación de la televisión de Mallorca.
Estos trasvases de fondos públicos también se habrían hecho incumpliendo la legislación de contratación pública.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE - 1.12-09
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
Son Oms: Imputan a Munar, Nadal, Vicens, Flaquer y Grimalt por corrupción
Murcia: La Unión Europea 'juzga' los años de boom urbanístico en la Región
LAVERDAD* : Los años del boom urbanístico en la Región de Murcia serán examinados mañana con lupa en el Parlamento Europeo, que deberá decidir en una primera instancia si el Gobierno regional y 43 de los 45 municipios violaron el derecho comunitario en materia ambiental a raíz de la proliferación de planes generales, parciales y especiales de urbanización.
La denuncia fue puesta por Pedro García Moreno en nombre de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Pidió que se abriera una investigación por parte de la autoridades comunitarias. La Comisión Europea se puso a la tarea y el mes pasado emitió su informe dejando claro que ni el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel ni los 43 municipios señalados han violado la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.
La Comisión hace la puntualización de que «es prematuro» deducir que se hayan cometido irregularidades porque la mayoría de planes urbanísticos murcianos «se encuentra en proceso de estudio y no han sido aprobados por la autoridad competente». Los funcionarios comunitarios han estado recabando información a las administraciones autonómica y local sobre los desarrollos urbanísticos que denunció la Asociación de Naturalistas del Sureste, según los datos a los que ha tenido acceso 'La Verdad'. La última palabra en cierto sentido la tendrá mañana la Comisión de Peticiones, que debatirá la queja presentada y emitirá un informe. El dictamen previo de la Comisión podría ser relevante para 'absolver' a los gobernantes murcianos.
Pedro García denunció que las autoridades regionales y locales estaban actuando contra la legislación de la Unión Europea como responsables de la aprobación de planes de desarrollo urbano general, planes parciales y planes especiales «que permiten una urbanización excesiva con graves repercusiones sobre el medio ambiente». Subrayó que se vulneró constantemente la Directiva 2001/42, al considerar que las autoridades no realizaron en muchos casos una evaluación ambiental estratégica sobre los proyectos de urbanización. Añadió que existía «falta de transparencia» y reclamó una investigación.
Se cumple la normativa
Lo que se realizará mañana, según el orden del día previsto, es una especie de examen sobre el modelo urbanístico desarrollado en los últimos años y su respeto a la Directiva europea, en el que la propia Comisión, como organismo que ha llevado a cabo la investigación, no ve irregularidades. En su informe, señala que los planes y programas urbanísticos que hayan tenido «un acto preparatorio» posterior al 21 de julio del 2004 y los que estuvieran pendiente de trámite administrativo en los dos años siguientes, no tenían por qué someterse a la evaluación estratégica. En este sentido, apunta que los casos denunciados por ANSE se refiere a planes tramitados antes de esta fecha.
Especifica asimismo que dicha evaluación sólo es necesaria si los Estados miembros deciden que pueden tener efectos significativos en el medio ambiente. Ésta es la quinta intervención directa de la UE sobre el urbanismo en Murcia en los últimos años.
* La Verdad - M. BUITRAGO - 1.12.09
Foto: Una grúa transporta ladrillos en un edificio en construcción en Murcia. :: MARTÍNEZ BUESO, laverdad.es
Madrid: Imputado por tráfico de influencias el concejal del PP del barrio Salamanca
ELPAÍS* : El juez Santiago Torres, que instruye el caso Becara, informó ayer al concejal del distrito de Salamanca Iñigo Henríquez de Luna del delito de tráfico de influencias del que se le acusa, por su implicación en esta causa relacionada con presuntas irregularidades en la concesión de licencias de esta tienda ubicada en plena milla de oro de la capital.
Pasado más de un año de sus primeras declaraciones, el juez Santiago Torres citó tanto a Henríquez de Luna como al ex jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo, Óscar Acero, para concretarles la imputación, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas. En septiembre de 2008, Henríquez de Luna manifestó al juez que la competencia de las licencias era de Urbanismo del Ayuntamiento. Desde que le imputaron, el concejal popular ha achacado su implicación a "una venganza" de la familia que denunció las presuntas irregularidades del local. María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle de Juan Bravo, denunciaron irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia de Urbanismo en la concesión de licencias a Becara.El caso Becara es una ramificación del caso Guateque, la trama de corrupción municipal que otorgaba licencias a locales a cambio de dinero.
La titularidad del local de Becara corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, SL, cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, marido de una de las propietarias. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó en 1998 y 1999 la licencia de obras y apertura. En marzo de 2000, Becara abrió sin licencia de funcionamiento porque se le denegó por quebrantar la normativa urbanística al ser un edificio calificado de fuera de ordenación. En la solicitud de aquel año consta que el permiso lo tramitó Mariano Carlos de la Fuente Pinillos, socio en una empresa inmobiliaria de Fernando Ruiz Torrejón, uno de los funcionarios de Urbanismo imputados por el caso Guateque y firmante de la licencia que se concedió a la tienda de muebles.
La denominación de fuera de ordenamiento obliga a la tienda a tener la misma actividad que tenía cuando se concedieron las primeras licencias. Anteriormente, la actividad era de compra y venta de vehículos.
El inicio de funcionamiento de la tienda sin licencia propició que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase ilegal el local por infringir la norma urbanística. Por ello, el alto tribunal madrileño anuló en 2005 un permiso de funcionamiento que autorizó el Consistorio de Madrid.
"No tramité la licencia"
En su primera comparecencia ante el juez, el edil Íñigo Henríquez de Luna insistió en que la Junta Municipal no tramitó ninguna licencia para Becara que a la Gerencia de Urbanismo. Adujo entonces que el departamento que dirige Pilar Martínez se encargó en diciembre de 2006 de una solicitud de modificación del local para reestructurar las plantas del mismo. Ello, según el concejal, obligó a "Urbanismo a ocuparse del resto de las licencias", entre ellas la de funcionamiento. Admitió que la Junta de Salamanca fue informada de que la tienda no tenía licencia de actividad, si bien aclaró que esta incidencia se remitió al Área de Urbanismo del Ayuntamiento.
El concejal, por su parte, compareció el pasado año ante el pleno del Ayuntamiento y admitió que puede haber cometido "errores" en el ejercicio de sus funciones, porque en una Junta Municipal hay "exceso de trabajo" y él firma al año 10.000 expedientes.
* ELPAIS.com - 1.12.09
Foto: Madrid, barrio de Salamanca - flickr.com
El fiscal pide imputar a un ex alcalde del PP en la Pretoria
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PÚBLICO/Barcelona* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Baltasar Garzón que impute en el caso Pretoria a otras cinco personas, entre las que figuran el ex alcalde de San Andreu de Llavaneres (Barcelona) Víctor Ros, del PP, y al ex teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de dicha localidad, del PSC, Antoni Jiménez, confirmaron fuentes fiscales.
El pasado 27 de octubre agentes de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento de dicha localidad y solicitaron el convenio urbanístico de 2006, firmado por el anterior Gobierno municipal, que encabezaba Ros.
De hecho, tanto Ros como Jiménez fueron citados el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar en relación con la firma de un convenio por el que el Consistorio adquiría una guardería privada para hacerla municipal y, a cambio, cedía cuatro parcelas para construir viviendas privadas.
En el auto dictado por Garzón el 30 de octubre se menciona que entre las operaciones investigadas figuran unas relativas a guarderías, aunque las sitúa en Santa Coloma de Gramenet, en el ámbito de actuación del entonces concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. El ex edil se encuentra en prisión, junto al ex alcalde de dicha localidad Bartomeu Muñoz, el ex diputado del PSC Luis García y los ex dirigentes de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Los otros cuatro imputados quedaron en libertad bajo fianza.
Varios convenios
Además de ese convenio, el Consistorio de San Andreu de Llavaneres remitió otros al juez Garzón, para comprobar si contenían las irregularidades que se investigan en la causa. La resolución explicaba que la trama seguía unas pautas comunes en todos los municipios implicados.
El Ayuntamiento aprobaba un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, por sus contactos con el equipo de Gobierno y con empresarios. Luego repartía las cantidades que estos le pagaban. Se modificaba el plan urbanístico y siempre se beneficiaba al adjudicatario, que vendía al constructor a un precio final mucho mayor.
La Plataforma SOS Llavaneres también denunció a Ros por la recalificación de un terreno en La Riera con el que presuntamente habría beneficiado a unos primos suyos con 24 millones de euros en plusvalías.
Las que finalmente no están en la lista de nuevos imputados que presentó el viernes Anticorrupción son las esposas de Alavedra y Prenafeta, pese a que la Guardia Civil las interrogó en esa condición.
* Público - ÁNGELES VÁZQUEZ - 30.11.09
Foto: Llavaneres (Barcelona) - infomet.am.ub.es
Ames: El TSXG tumba un plan parcial de 521 viviendas en Milladoiro
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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : El Concello de Ames recibía días atrás una notificación judicial que trastoca los planes urbanísticos y capa la capacidad de crecimiento del núcleo de población más importante del municipio, O Milladoiro. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumba el plan parcial de ordenación urbanística del sector 15 Travesía do Porto Sur de la localidad en el que estaba prevista la edificación de 521 viviendas, así como dos parcelas para equipamientos públicos.
El fallo judicial estima el recurso presentado por un particular contra el acuerdo del 3 de marzo de 2007 del pleno de Ames por el que se dio aprobación definitiva a este plan y anula "dicho acto por ser contrario a derecho". Asimismo, la sentencia desestima otra parte del recurso del particular dirigida de forma indirecta contra el PXOM de 2002 de dicho municipio.
El dictamen judicial se basa en el exceso de edificabilidad prevista en el plan parcial para la zona, asegurando que "el Plan Parcial litigioso rebasa el límite de la superficie edifcable total señalado en la ley del suelo de Galicia 9/2002".
En este sentido, el alcalde de Ames, Carlos Fernández, explicó a este diario que la apreciación de la Justicia se debe a "la inseguridad jurídica" existente, a su parecer, en el terreno urbanístico, debido a la promulgación de tres leyes del suelo en tres años. Así, explica que la planificación del S-15 se realizó en base a la previsión que contemplaba para esta zona el PXOM, aprobado en el pasado año 2002.
Sin embargo, la Ley del Suelo autonómica posterior modificaba al planeamiento municipal y obligaba a una reducción de la edificabilidad a los planes que se aprobasen a partir de un periodo a partir de tres años después de la normativa anterior. En el caso del plan parcial S-15 el alcalde considera que la sentencia nace de "una interpretación de la ley dependiendo del momento en el que empiecen a computarse esos tres años". Indica que "para el Concello todavía no había transcurrido este periodo por lo que se aplicó la edificabilidad prevista en el PXOM". Por este motivo, anuncia ya que los servicios jurídicos municipales están preparando el recurso a la sentencia debido a que esta posibilidad se contempla ya en el fallo judicial.
Cesión al Sergas
A la espera de un posible segundo dictámen tras el recurso de la sentencia esta, a priori, conlleva consecuencias de gravedad para el urbanismo de O Milladoiro. En concreto, deja en el aire la ejecución del nuevo centro de salud, que se proyectaba en este sector, cuyo plan es ahora mismo nulo.
El Concello de Ames cedió a Sanidade una parcela ubicada en este terreno para la construcción del edificio, que actualmente se encuentra en fase de licitación. Sin embargo, la ejecución de la sentencia podría obligar a suspender temporalmente el proceso, una vez adjudicado, aunque el Concello mantiene que, dado que el fallo no es firme, podría seguirse adelante con la edificación mientras el proceso esté recurrido legalmente.
* El Correo Gallego - ALBA TALADRID - 1-12-09
Foto: Imágen de satélite del terreno afectado por el plan parcial S-15 - elcorreogallego.es
Piden 9 años de inhabilitación para el concejal de Urbanisme de Creixell
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DIARIDETARRAGONA* : El ex alcalde de Creixell y actual concejal de Urbanisme, Juan José Conesa (Conesa per Creixell, CPC), se enfrenta a una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público así como a pagar una multa de 9.000 euros. La Fiscalía de la Audiencia de Tarragona le acusa de un delito contra la ordenación del territorio.
Así se recoge en el escrito de calificación, al que ha tenido acceso el Diari, por unos hechos que se remontan a hace más de seis años, en abril y mayo de 2003. El juicio podría celebrarse en el primer semestre de 2010.
Según asegura el Ministerio Público en sus conclusiones provisionales, Juan José Conesa desempeñaba el cargo de alcalde de Creixell desde el 4 de julio de 2001 hasta el fin de esa legislatura. El 16 de mayo de 2003 concedió, mediante un decreto de Alcaldía, la licencia de obras a la empresa Euromar 2000 SL para la construcción de tres viviendas unifamiliares aisladas (como primera fase de un proyecto de cinco) en los terrenos situados en la calle Juan Gris de la urbanización La Coma. Y el día 30 otorgó la otra licencia para las dos viviendas restantes.
Dudas en la compraventa
Dicha actuación del alcalde iba en contra del criterio del arquitecto municipal, Juan Manuel Muñesa, y del secretario, Josep Mª Piqué. Ambos emitieron sendos informes desfavorables a la petición de Conesa argumentando que esos terrenos en la calle Juan Gris no cumplían con la condición de solar establecida en la Ley 2/2002 de Urbanisme de la Generalitat.
Además, el fiscal recuerda que los terrenos que se presentaron para su construcción habían sido adquiridos por el acusado como administrador de la empresa Conesa Estabilizaciones y Jardinería SL por el precio de 25.548 euros. Conesa ya era alcalde de Creixell cuando compró los terrenos en la urbanización La Coma, puesto que en el registro de la propiedad figuran como suyos desde el 11 de noviembre de 2002, 16 meses después de acceder al cargo.
Y los vendió en contrato privado, de fecha 7 de diciembre de 2002, a la empresa Castellmar-Euromar 2000 SL por un precio de 90.101,82 euros, multiplicando por tres su valor inicial. El representante legal de la empresa compradora solicitó la licencia de obras, no habiendo otorgado la escritura pública de compraventa hasta el 30 de mayo de 2003 (después de obtener las licencias).
¿Hubo prevaricación?
Esta compra-venta de los terrenos en la urbanización creixellense (que con la licencia de obras concedida por el alcalde se revalorizaron), y según el informe inicial que la Fiscalía envió al Juzgado de El Vendrell de 2005, estaría supeditada a un posible delito de prevaricación puesto que la concesión de la licencia (que tenía la negativa del secretario e interventor municipal) a la empresa Castellmar-Euromar 2000 SL podría encajarse en un presunto delito de prevaricación, puesto que se firmó el decreto aún sabiendo que Juanjo Conesa debía inhibirse de este acto por ser parte interesada.
El Diari intentó ayer hablar con el concejal de Urbanisme sin poder localizarlo.
Protesta y pleno obligado
Aparte de los problemas personales de Conesa, hoy se espera una nueva protesta ciudadana (con el apoyo de los partidos de la oposición CiU y PSC) para recriminar al actual consistorio el aumento desmedido de los impuestos y tasas de 2010. La concentración está prevista al mediodía y se hará frente al edificio del Casal. La petición de la protesta ya ha sido remitida a la Policía Local y a los Mossos.
Además de estas quejas populares, el Ayuntamiento ha convocado para el martes (16.30 horas) un pleno extraordinario –solicitado por los partidos de la oposición– para responder a las acusaciones y preguntas sobre el retraso de las obras de la urbanización La Coma y proponer que no se paguen más cuotas hasta que no se liquiden todos los trabajos.
* Diari de Tarragona - À. Juanpere-J. Cabré - 29/11/2009
Foto: Creixell (Tarragona) - mma.es
El alcalde de La Nucia comparte un bloque con promotores urbanísticos
ELPAÍS/Alicante* : Las excelentes relaciones comerciales que mantiene el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, con los empresarios que tienen intereses urbanísticos en la localidad llegan hasta el extremo de compartir con ellos la propiedad de la práctica totalidad de un bloque de apartamentos frente al Club Náutico de Altea en el que incluso ha llegado a comprar una vivienda la madre del regidor.
Ángela García Sáiz compró, casi al mismo tiempo que su hijo adquiría dos apartamentos, un piso con plaza de garaje en la finca donde también son propietarios de otras cinco viviendas Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme a través de diferentes sociedades. Ambos tienen cargos en las empresas que ostentan la condición de agente urbanizador de los planes urbanísticos de la Serreta y Pie de Monte, en La Nucia, además de haber sido agraciados con unas permutas de suelo que les permitieron doblar su valor en menos de un año, con un beneficio de más de 17 millones de euros.
La promotora a la que Cano y su madre compraron casas en Altea es la sociedad Rotja 2000, Promociones SA, que tiene como administradores a Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna. Este último también tiene intereses en La Nucia y es el propietario de un chalé en el municipio conocido como "el Choco", donde diferentes empresarios y políticos de la comarca y algunos imputados en la trama Gürtel han acudido a celebraciones en las que no faltó el componente sexual.
La madre de Cano ha invertido 303.502 euros en comprar al contado un piso de 72 metros cuadrados útiles, aunque, como en el caso de su hijo, la notaría que escrituró la vivienda anotó que 87.396 euros, pagados en tres plazos entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, no habían sido acreditados, es decir, que no aportó los justificantes de un ingreso en efectivo y dos transferencias por ese importe ante la fedataria pública María Dolores Signes Verdera, que está obligada a advertirlo en la escritura pública.
Bernabé Cano tampoco ha acreditado hasta ahora el pago de 215.302,78 euros por la compra de dos pisos en el mismo edificio, uno de ellos un ático dúplex de 247 metros con 116 útiles. El alcalde nuciero compró por 823.000 euros las dos viviendas, según figura en las escrituras, aunque diversas fuentes del sector inmobiliario han confirmado que sólo el precio del ático de su propiedad ya valía en el momento de comprarlo más de un millón de euros. Cano ha justificado el origen del dinero con una relación de cuentas bancarias de la familia y dos donaciones de su madre, pero no ha mostrado los justificantes de un ingreso en metálico y tres transferencias bancarias que les sirvieron para pagar un ático escriturado en casi 470.000 euros al contado.
Otras cinco de las 12 viviendas del inmueble están escrituradas a nombre de las sociedades limitadas Zentimar, Gothouse, Spass Gestión y R&S Noción, vinculadas a Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, ambos con intereses urbanísticos en La Nucia. Una de las empresas de estos dos empresarios -Saga Bonperal, SL- ya urbanizó en 2002 el sector La Favara, que era propiedad de la madre y el tío de Bernabé Cano. Allí se construyeron 400 viviendas, otros tantos garajes y decenas de locales comerciales.
La relación de Rocamora y Riquelme con Cano ha continuado en el tiempo con fluidez. El 8 de junio de 2005 le compraron a Dragados a través de la sociedad Gestrumar 10 parcelas en los PAI de la Serreta y Pie de Monte con una superficie total de 362.866 metros. Dragados había permutado el mismo día al consistorio ese suelo a cambio de tres obras municipales. En menos de un año Gestrumar obtuvo unas plusvalías de 17.210.000 euros con la venta de 9 de las 10 parcelas, y aún se quedó la más grande, de más de 115.000 metros, en Pie de Monte.
Esta operación les sirvió para tener el peso necesario en las empresas que obtuvieron la condición de agente urbanizador de ambos planes urbanísticos. Figuran con diferentes cargos en Cases del Pinar, SL, empresa liderada por Andrés Ballester para urbanizar la Serreta, de 2,7 millones de metros en los que se pretende construir 3.884 viviendas y un campo de golf, y Montemar la Nucia, SL, la concesionaria de la urbanización Pie de Monte. Allí está aprobada la construcción de casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo.
Las últimas informaciones referidas a las propiedades del alcalde de La Nucia ya indujeron al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a solicitar públicamente que Bernabé Cano diera explicaciones públicas, aunque no lo ha hecho. Cano fue elegido el 9 de noviembre presidente del PP de La Nucia. Allí estuvo la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en representación del presidente provincial José Joaquín Ripoll. Cano no hizo esta vez en su discurso alusión alguna a Camps, con quien estuvo tan identificado en otros tiempos, y se deshizo en elogios hacia la dirección provincial alicantina, en un cambio de rumbo político evidente. El alcalde de La Nucia sigue siendo diputado provincial de Deportes.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 01/12/2009
Foto: La Nucia - tagarinet
