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La sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1, a la que tuvo acceso Europa Press, obliga al Ayuntamiento roquetero a revisar de oficio el permiso, tal y como solicitó la Administración autonómica, que pidió, asimismo, que se acordase la "restauración de la legalidad urbanística" en un suelo sobre el que se han construido los inmuebles objeto de pleito, ya habitados.
El fallo, contra el que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apunta que el Consistorio vulneró dos instrumentos de planeamiento al modificar el Plan Parcial promovido en la zona por la mercantil Carinaga SL. En concreto, impulsó un cambio en el uso de suelo de la parcela, que pasó de hotelero-turístico a residencial pero, tal y como sostiene el juez, ni atendió el artículo 73 del POTPA ni cumplió la obligación en cuanto a unas dotaciones de "calidad y proporcionales" al incrementar en número de viviendas por metro cuadrado.
La modificación del citado Plan Parcial supone, así, que la licencia de obras concedida en febrero de 2005 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local para un sótano-garaje y 265 viviendas "adolece de vicio de nulidad de pleno derecho", por lo que procede según el magistrado Tomás Cobo la revisión de oficio instada por la Junta de Andalucía e inadmitida a trámite por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (PP) en octubre de 2007.
* Europa Press - 2.03.10
Foto: Roquetas (Almería) - andaluciarustica.com
Juez declara nula la licencia municipal de 265 viviendas en Roquetas al vulnerar la LOUA y el POTPA
Santa Coloma: Gramepark adjudicó a dedo y sin proyecto obras por seis millones
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ELPAÍS/Barcelona* : En enero de 2009 las advertencias sobre irregularidades en Gramepark fueron insistentes. Maite Carol, ex interventora de Santa Coloma de Gramenet alertó de que la empresa pública de servicios, hoy en el centro de la investigación de la trama Pretoria, adjudicó a dedo, sin que hubiera ningún proyecto, obras por más de seis millones de euros. Ese mismo mes, una auditoría externa que situaba a la sociedad al borde de la quiebra técnica señaló que el Ayuntamiento encargaba obras a Gramepark sin que éstas estuvieran presupuestadas.
La empresa municipal adjudicó en 2007, por encargo del Ayuntamiento y sin concurso público, las obras de unos locales de la plaza de Olimpo adonde debían ir los Servicios Territoriales y un centro cultural a la constructora Faus por 6,14 millones de euros. En diciembre de 2008, Gramepark reclamó al Ayuntamiento que le abonara esos gastos. Cuando esta petición llegó al despacho de la interventora un mes después, en enero de 2009, ésta lo rechazó y emitió un informe negativo al considerar que la adjudicación por vía de urgencia no estaba justificada.
Maite Carol argumentó que la junta de gobierno encargó a Gramepark que realizara las gestiones para reubicar las dependencias municipales el 16 de enero de 2007, mientras que el Consejo de Administración de la sociedad pública aprobó los gastos correspondientes a las obras el 18 de diciembre de 2008. "No se puede afirmar que se haya producido una situación de urgencia, a la vista de la duración de todo el proceso productivo, de más de años", apuntó la interventora en el documento.
El informe fue remitido al entonces gerente de Gramepark, Manel Sierra, que fue destituido por los administradores de la Oficina Antifraude cuando éstos hallaron supuestas irregularidades en su gestión. No era el único que conocía ese informe. Según consta en los documentos a los que ha accedido este diario, Sierra mandó una copia de la respuesta a este informe al ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz; al actual primer teniente de alcalde, Joan Carles Mas; al ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, y al secretario general del Consistorio, Francisco Javier Ezquiaga.
La respuesta de Sierra, del 14 de mayo de 2009, ocupa cuatro folios en los que muestra la "sorpresa generalizada" que causó en Gramepark que la interventora considerara que no era urgente la reubicación de las oficinas municipales, que entonces estaban en la calle del Doctor Ferran, a pesar de que tuvo dos años para ejecutarla. Según Sierra, el destino final de esas dependencias no se conoció hasta julio de 2007, por lo que el tiempo transcurrido era en realidad de un año y medio y no dos.
La obra era urgente "en ese momento y no antes" porque había peligro en los edificios donde debían hacerse las obras. Según dijo Sierra en la respuesta al informe de la interventora, "se creó un problema grave de salubridad" con la "aparición de ratas", por lo que debía cambiarse toda la red de saneamiento. Además, dijo que en un local colindante se detectó un problema de "aluminosis".La ex interventora, que el Ayuntamiento apartó de sus funciones la semana pasada, también advirtió en su informe de que el proyecto de la plaza de Olimpo se había aprobado "sin el proyecto correspondiente". La respuesta que dio por escrito el antiguo gerente de la empresa pública Gramepark fue: "Ya nos habría gustado que hubiera sido posible, ya que todo es mucho más sencillo si el proyecto está redactado".
Es más, Sierra aseguraba en el informe de respuesta que el consejo de administración iba definiendo lo que "se debía instalar" de forma progresiva, lo cual complicaba la tarea de reubicar las dependencias. "¡Pero si una vez redactado tuvimos que replantearlo!", exclamó Sierra en el documento.
Estos argumentos -la aparición de ratas, la presunta aluminosis de un local que todavía estaba vacío y la indefinición de las obras de destino- justificaban, según Sierra, que la interventora rectificara su informe. En todo caso, el ex gerente también pidió que, en caso de que ésta no diera marcha atrás, su informe se incluyera dentro del expediente de aprobación de las Cuentas Generales de la Corporación.
Sierra aprovechó su comunicación con la interventora para reclamarle la financiación necesaria para pagar los gastos de las obras. "Que esta financiación aún no se haya encontrado y que, por consiguiente, no se haya abonado ese coste, está ocasionando graves problemas de tesorería a esta empresa", manifestó Sierra.
En realidad, los problemas de tesorería se arrastraban ya de antes. Un informe de una auditoría externa que ayer avanzó este diario ya señalaba que, con datos de octubre de 2008, Gramepark estaba sometida a "serias tensiones de tesorería", que en caso de que no se adoptaran medidas serían más graves "a medio plazo".
Las dificultades se iban a agravar, según los auditores, por las "necesidades de financiación" para las operaciones que ya estaban en curso, pero también para "las promociones que se iban ejecutando a medida que iban siendo certificadas por los contratistas" y por los costes financieros que llevaban asociados. Y, por último, para atender a los costes de estructura de la propia Gramepark, de más de 3,5 millones de euros. De hecho, la sociedad aseguró a los auditores externos que requería de más de 14 millones de euros en el plazo de nueve meses a pesar de que entonces estaba a punto de recibir un préstamo de 25 millones.
La auditoría, que fue encargada por la interventora a una empresa independiente, también examinó las relaciones del Ayuntamiento con Gramepark. Ello se debe a que la sociedad pública ejecutaba obras de urbanización y ordinarias que iban a cargo de las arcas municipales, según fijaba un convenio entre el Consistorio y la sociedad.
El informe de los auditores destapó "deficiencias" en los "procedimientos de encargo" de estos trabajos a Gramepark tras hallar "actuaciones" de la sociedad para las cuales el Ayuntamiento de Santa Coloma no contaba con la consignación presupuestaria necesaria para atender esos pagos. Hasta octubre de 2008, por ejemplo, el Ayuntamiento tuvo que atender pagos por 2,17 millones de euros procedentes de Gramepark. De esta cantidad, sólo la mitad, 1,36 millones, tenían su correspondiente dotación presupuestaria y estaban reconocidas por el Ayuntamiento, mientras que 817.000 euros no tenían consignación.
* ELPAIS.com - 2.03.10
Foto: Santa Coloma (Barcelona) - picnica.ciao.com
ARCA dice que la democracia "está enferma" porque los políticos no asumen el "cataclismo" de su modelo urbanístico
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EUROPAPRESS/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA considera que la democracia en Cantabria "está enferma" y como "prueba" esgrime la "incapacidad de la clase política para asumir responsabilidades frente al cataclismo social, ambiental y económico que han provocado ellos mismos con su modelo urbanístico basado en la especulación y la ilegalidad".
En un comunicado, ARCA se remitió a las declaraciones efectuadas el pasado fin de semana por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José María Mazón, que calificó la situación derivada de las sentencias de derribo como un "problema de todos los cántabros" y un "problema de Estado".
En este sentido, la asociación denunció que, pese a ello, "ni él ni ninguno de los alcaldes que han generado dicho problema tienen la dignidad de presentar su dimisión. Al contrario, en un alarde de falta de ética, se dedican a postularse como los salvadores del desastre que han creado entre todos".
ARCA también observa con preocupación que el Parlamento de Cantabria, "en vez de defender los principios del Estado de Derecho y la seguridad jurídica", se dedica, en su opinión, a promover cambios legislativos "dirigidos exclusivamente a blindar la impunidad de la clase política en materia urbanística".
De esta manera, advirtió, "no sólo dejan abierta la puerta para que todos aquellos que han contribuido a que la gestión del territorio sea un verdadero desastre puedan seguir actuando como lo han venido haciendo hasta ahora, sino que también tratan de sabotear la separación de poderes promoviendo la legalización de actuaciones ya han sido condenadas en firme por los tribunales de justicia".
"Es lamentable ver cómo los grupos parlamentarios de PP, PRC y PSOE no pueden ponerse de acuerdo en nada que sirva para mejorar la calidad de vida de la gente, pero en cambio se han unido como una piña para tratar de impedir la tutela judicial sobre las decisiones urbanísticas de alcaldes y consejeros", sentenció.
Frente a esta "deriva antidemocrática" ARCA hizo un llamamiento a los cántabros para que "exijan la dimisión de todos los responsables políticos de las sentencias de derribo en Cantabria, el estricto cumplimiento de los autos y sentencias firmes dictadas por los tribunales de justicia, y la justa compensación por los daños materiales y morales que sufren los propietarios afectados por las licencias".
Por último ARCA agradeció la "valentía e independencia" que está demostrando la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) y condenó los "ataques y descalificaciones que están recibiendo por ello".
* Europa Press - 2.03.10
Foto: Piélagos (Cantabria), urb. Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com
La Xunta justifica por su propia "inacción" la amnistía urbanística
ELPAÍS/Galicia* : ¿Por qué se legalizan las casas construidas sin licencia? "Porque parte de la culpa es de la Administración, por su inacción a la hora de reponer la legalidad", responde la secretaria general de Urbanismo, Encarna Rivas. Según fuentes conocedoras del sector, decenas de miles de viviendas se beneficiarán de la amnistía. En opinión de Rivas, "unos cientos; habas contadas". Y añade: "Es lógico legalizarlas. Si prescriben los delitos de sangre, ¿cómo no lo van a hacer las infracciones urbanísticas?".
La amnistía es uno de los preceptos más conflictivos, aunque no el único, de la reforma de la Lei de 2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, conocida como la Louga o Lei do Solo. La que el pasado martes aprobó el Parlamento inicialmente será su cuarta modificación en ocho años. Su disposición transitoria tercera se titula Edificios sin licencia. Y dice que "las edificaciones realizadas sin licencia o sin la autorización autonómica preceptiva, cualquiera que sea la clasificación del suelo en que se encuentren, (...) quedarán incorporadas al patrimonio de su titular" y sujetas al régimen de fuera de ordenación.
Las condiciones para que esta legalización sea efectiva consisten en que no se trate de zonas verdes ni espacios públicos, que existían con anterioridad al 1 de enero de 2003 y que a la entrada en vigor de la reforma haya transcurrido un plazo de seis años sin que la Administración adoptase ninguna medida de restauración de la legalidad.
Todas esas viviendas no sólo se legalizan, sino que pasan directamente al régimen de fuera de ordenación, de forma que sus propietarios, además de poder inscribirlas en el registro de la propiedad, podrán realizar obras de mantenimiento, consolidación, mejora, reforma e incluso de ampliación, "en casos justificados". Claro que, ateniéndose a la literalidad de la ley, la polémica disposición transitoria no se refiere únicamente a casas, y podría aplicarse igualmente a naves industriales.
Pero también los retoques de otros artículos abren la mano para la posible legalización de edificaciones. Ocurre con el 103, dedicado a las obras terminadas sin licencia. Hasta ahora, si transcurre un plazo de seis años sin que se hayan adoptado las medidas de restauración de la legalidad urbanística, en esas edificaciones no se pueden realizar más que "pequeñas reparaciones exigidas por razones de seguridad e higiene", y se excluyen las de "consolidación, aumento de valor o modernización". Todo eso se sustituye por su catalogación como fuera de ordenación, y por tanto serán susceptibles incluso de ser ampliadas. Resultará más fácil legalizar, pero también más barato, al desaparecer la tasa de 10 euros por metro cuadrado que establecía la ley de 2002. "No funcionaba: desde su entrada en vigor, la Xunta no ha ingresado ni un euro por este canon", justifica la secretaria general de Urbanismo. Y añade: "Se me viene a la cabeza aquello de odia el delito, comparece al delincuente".
Esa tasa de legalización existe porque, aunque sea la más generosa, no será ésta la primera amnistía que llega al urbanismo gallego. Desde la ley de 2002, la legalización requiere que no se trate de suelo protegido y que hayan transcurrido los seis años de rigor. Las edificaciones que no resulten legalizadas son de obligada demolición por sus propietarios. Con la reforma, todas esas obras pasarán de la piqueta a la amnistía.
Pero hay más, porque el procedimiento de legalización se relaja, hasta el punto de convertirse en automático. Hasta ahora, se obligaba a pedir licencia municipal y a elaborar un proyecto con medidas correctoras, todo ello con un límite de tres años para solicitar la autorización. Por supuesto, la ley de 2002, reformada dos años después, no contemplaba que todas esas casas ilegales se acogieran al más favorable régimen de fuera de ordenación, con su correspondiente incorporación al patrimonio de su titular y las posibilidades de efectuar obras. Simplemente se legalizaban.
La reforma deroga expresamente dos artículos. De un lado, la disposición sobre las edificaciones ilegales en suelo rústico. El otro es el artículo 27, que limita los usos permitidos en ese tipo de suelo. Desde 2002, el uso característico de las edificaciones en los núcleos rurales es el residencial, aunque son autorizables usos comerciales, productivos, turísticos y tradicionales ligados a la vida rural, así como pequeños talleres. La condición es "que no se altere la estructura morfológica del asentamiento y el nuevo uso contribuya a revitalizar la vida rural y mejorar el nivel de vida de sus moradores y que, en todo caso, resulten compatibles con el uso residencial". Todo eso desaparece.
* ELPAIS.com - 2.03.10
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Chamizo dice que el urbanismo de estos años devalúa el plan de inundaciones
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ABC/Andalucía* : El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha cuestionado el valor del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de la Agencia Andaluza del Agua y la catalogación de la situación de riesgo en numerosos que estableció, ya que, según dijo, la planificación urbanística desarrollada en la última década, «ha elevado enormemente el nivel de riesgo determinado en su día».
De este modo, según recoge el Defensor del Pueblo en su informe «Ordenación del territorio y urbanismo en los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz», consultado por Europa Press, el «aumento de riesgo ante inundaciones» experimentado en aquellos puntos señalados como más sensible por dicho Plan de Prevención a causa del crecimiento urbanístico hace que nos cuestionemos «qué valor hay que darle a esta catalogación, que, además, está desactualizada».
Reproches
Chamizo reprocha que, a pesar de que hoy en día se cuenta con tecnología más precisa, como la tecnología Lidar, para delimitar las zona inundables con mayor detalle, cuando se formuló esta Plan «ya se pudieron hacer unos análisis rigurosos y serios y elaborar propuestas de medidas para evitarlos».
En este sentido, recrimina que con la normativa en vigor desde hace años, gran parte del desarrollo urbano de muchos de los municipios de Andalucía «no debió de aprobarse en los términos en que se ha venido contemplando en los respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana por suponer «la invasión y desvío de cauces de ríos u ocupación de terrenos inundables».
Ahora, la institución del Defensor del Pueblo elaborará un nuevo estudio sobre el riesgo de inundaciones en Andalucía y la incidencia que en ésta tiene la planificación urbanística cuando pase el temporal que en estos momentos afecta a la comunidad, ya que éste es un tema que «preocupa especialmente» al organismo.
* ABC - 2.03.10
Foto: Pizarra (Málaga), inundaciones - pizarra.es
Los vecinos de Andújar reclaman la demolición de la presa de Marmolejo
ELMUNDO/Jaén* : Más de 1.000 personas -unas dos mil, según los convocantes- se han manifestado por las calles de Andújar reclamando la demolición de las presas de Marmolejo, Los Batanes y Villalba a las que consideran "auténticas culpables" de las inundaciones que se han producido en esta zona ribereña del Guadalquivir y que han obligado al desalojo de centenares de personas.
Los vecinos afectados en estas dos localidades y los de las pedanías de Llanos del Sotillo, La Ropera, La Isla y los polígonos industriales también han reivindicado la limpieza del cauce del río para evitar nuevos daños a viviendas y cultivos, así como la actuación urgente en la evolución de los daños sufridos en viviendas, terrenos cultivables y naves industriales.
La protesta ha partido del puente romano de la localidad iliturgitana para finalizar en la plaza del Ayuntamiento, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto. La plataforma en Defensa del Guadalquivir, convocante de esta marcha, ha recordado que la situación de estas poblaciones se está denunciando a las administraciones desde el año 1993, cuando quedaron anegadas dos pedanías de esta comarca jiennense.Tras 17 años, la situación de incertidumbre no sólo permanece sino que se ha agravado con la crecida del cauce registrada durante estos días.
"Vivir en pa
Durante la marcha los vecinos reclamaban el derecho a "seguir viviendo en nuestras casas y nuestras tierras". Al frente de la protesta, José Conde, quien se ha dirigido a los participantes para reconocer a través de los altavoces que "estamos pasando las de Caín" al tiempo que ha pedido reiteradamente "que quiten la presa de una vez por todas y nos dejen vivir en paz".
La manifestación ha estado encabezada por el alcalde de Andújar, Jesús Estrella; el secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez; el presidente de la Cámara de Comercio, Eduardo Criado; el portavoz de la plataforma, Luis Salas y los alcaldes pedáneos de las poblaciones afectadas. En el transcurso de la marcha, el regidor iliturgitano ha subrayado que "la presa de Marmolejo es un riesgo permanente que hay que demoler y tirar para evitar que el pueblo de Andújar sienta miedo ante un posible desbordamiento del río".
Por su parte, Luis Salas ha dicho que los vecinos son conscientes del nivel de los pantanos y el peligro que puede volver a originarse en caso de nuevas precipitaciones. por lo que ha pedido una intervención urgente. Además, los terrenos inundados con zonas que acumulan "hasta doce metros de barro".
La alcaldesa pedánea de Llanos del Sotillo, Trinidad Lorenzo, ha indicado que actualmente las familias afectadas se están incorporando a sus viviendas aunque aún existen dos calles especialmente afectadas y cinco familias alojadas en un hotel cercano a la población.
* EL Mundo - 1.03.10
Foto: Andújar - turismoruralenjaen.com
