JavierLAFUENTE.-EL PAÍS* : "Bajo el lema: La vivienda es un derecho, no un negocio, miles de jóvenes se echaron ayer a las calles de 56 ciudades, en un ambiente festivo, para exigir una vivienda digna... Las más de 50 protestas que se celebraron ayer en España estaban convocadas por la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, un colectivo que surgió en 2006 por Internet y que no está respaldado por ningún partido político.
La marcha de Madrid, la más numerosa, reunió a más de 15.000 personas, según los cálculos de este periódico (5.000, según la Policía). La protesta partió a las cinco de la tarde de la Puerta del Sol. Aunque estaba previsto que concluyese en la Plaza de Cibeles antes de las siete de la tarde, a las nueve, centenares de personas proseguían la marcha por las calles de la ciudad.
La manifestación de Madrid acabó con unos 400 manifestantes rompiendo escaparates, cortando el tráfico y generando disturbos en el centro de la ciudad. En el Paseo del Prado, grupos de jóvenes realizaron carreras y rompieron el cristal de un Burger King y posteriormente llevaron a cabo una sentada en la glorieta de Carlos V que mantuvieron durante unos 10 minutos, ijnforma Efe. La policía detuvo por la noche a tres de los agitadores, que no iban documentados.
Antes de los disturbios, los jóvenes recorrieron el centro de Madrid al ritmo de tambores y pitos, mientras gritaban consignas como "¿Qué pasa, qué pasa? ¡Que no tenemos casa", "Lo de la vivienda, es una vergüenza", o "Espe, espe, espe, especulación". Biólogos, técnicos de sonido, estudiantes, traductores, profesores, músicos... el abanico de profesiones de los manifestantes en Madrid era muy amplio. Pocos superaban los 35 años. Todos estaban unidos por el mismo objetivo.
Los seguidores de la selección de fútbol danesa que a esas horas paseaban por la zona no entendían nada. Veían pasar gente vestida de presidiario con un ladrillo gigante a cuestas; casas de cartón en las que se podía leer "Que no especulen con tu vida". Los daneses no se unieron a la marcha, pero decenas de personas que no se habían enterado de la convocatoria sí se sumaron.
Las más de 50 protestas que se celebraron ayer en España estaban convocadas por la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, un colectivo que surgió en 2006 por Internet y que no está respaldado por ningún partido político. "Haber reunido a tanta gente con tan pocos medios ha sido increíble", comentaba un miembro de la Asamblea de Madrid. La marcha de la capital rompió las expectativas. De forma simbólica, los organizadores dijeron: "Somos tres millones, uno por piso vacío".
En Barcelona, la manifestación congregó a unas 7.000 personas, según la Guardia Urbana. Algunos petardos y pequeñas representaciones teatrales se combinaron con los gritos de los manifestantes ante la mirada estupefacta de turistas que pasaban por el centro de la ciudad, informa Sergi Estudillo. El único momento de tensión se vivió cuando algunos manifestantes empezaron a silbar a la policía y a gritarles que ellos también tenían hipoteca. A su paso por Paseo de Gràcia, tres jóvenes, aclamados por los asistentes, se subieron a los andamios de un edificio en obras y colgaron una pancarta en la que se afirmaba que hay 300.000 pisos vacíos en Barcelona.
En un improvisado escenario en medio del Paseo de Gràcia se representó un combate de boxeo entre un administrador inmobiliario con una careta de cerdo y un superhéroe vestido con un traje con el número 47 en referencia al artículo de la Constitución.
En Valencia, cerca de un millar de personas se manifestaron. Una charanga ponía música a sus reivindicaciones. Para acabar con los elevados precios de la vivienda, los organizadores proponen fomentar el alquiler, rehabilitar los pisos vacíos (60.000 en Valencia), y eliminar ayudas como las hipotecas jóvenes y las hipotecas a 50 años.
En el País Vasco, también se celebraron actos en demanda de una vivienda digna. La marcha más numerosa concentró en Bilbao a unas 200 personas. Los carteles exigían que la inversión prevista para el estadio de San Mamés (200 millones de euros) se destinen a pisos protegidos e incluso había quien ofrecía: "Cambio riñón izquierdo por cuarto derecha".
*ELPAIS.com - Madrid - 25/03/2007
Foto: Madrid.- Durante el recorrido los asistentes entonaron algunos cánticos como "Espe,espe,especulación" o "Qué pasa, qué pasa, ¡que no tenemos casa!" y se vieron pancartas como "Seguimos en la puta calle por una vivienda", "Vender estos pisos, a estos precios, pues va a ser que no" o "Se alquila tu vida".- EFE - 24-03-2007
"¡Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa!"
Corrupción urbanística: "Drama en Camas"
Justo NAVARRO.- EL PAÍS* : "Vuelve a sorprenderme la vitalidad dramática de la transcripción de algunas reuniones de trabajo municipal-empresarial, grabadas en secreto por policías o particulares: supera a novelistas, dramaturgos y guionistas de cine y telecomedias. He aquí el interesante mundo del soborno y los negocios, lo que los escritores han fabulado siempre: entrar en la habitación más íntima de reyes y delincuentes y otros seres curiosos, incluso en sus conciencias. Ahora esas inmersiones en el alma las hace un micro, una grabadora, el espionaje electrónico.
Se acerca la hora de juzgar el caso del Ayuntamiento de Camas, en Sevilla, compra de votos para un asunto inmobiliario, y los acusadores presentan en el juzgado sus puntos de vista, según informaba el viernes Reyes Rincón en este periódico. Leo una conversación grabada entre el empresario Gaviño y la concejal Lobo, independiente despedida de IU, el partido del alcalde. Es una gran pieza literaria, dramática, intensa, una escena en un bar para dos actores: la concejal y el empresario.
Trata de una tentación. "No puedo cambiar de la noche a la mañana", dice la concejal, como si meditara cambiar su voto para facilitar un negocio de miles de metros cuadrados. "¿Qué recibiría yo?", pregunta la que va a ser tentada, y así tienta a Satán para que la tiente. El empresario responde con contundencia: "Resolver tu vida y la de 20 generaciones tuyas". Si esta pieza tuviera autor, la crítica diría que recupera una tradición bíblica: Dios promete felicidad a sus elegidos, prosperidad para sí mismos y para las generaciones futuras.
Esta solemnidad contrasta con el uso de clichés tremendos: "Todos tenemos un precio", dice la concejal. "El tren pasa una vez por la vida", responde el empresario, y esto no es un cliché: no es lo mismo decir "el tren pasa una vez en la vida", que "por la vida", donde la propia vida se convierte en un lugar parado del que hay que salir huyendo en cuanto pase el tren propicio y único. La concejal aclara inmediatamente el sentido de la metáfora, como si no se fiara mucho de la capacidad interpretativa de los espectadores, o de los jueces, y llama al tren por su nombre: "La corrupción la he visto pasar siempre tan de lejos..."
Entonces el empresario se pone filosófico, místico como un sabio tibetano: "Yo trato de abrirte los ojos. Esto es un filón. Esto es oro, oro y oro". La repetición de lo igual ("oro, oro y oro"), muy valiosa literariamente, produce un enriquecimiento afectivo, y el oro pesa más cada vez que se repite la palabra. Es más oro a cada repetición. Son procedimientos que han usado mucho los poetas, Shakespeare, por ejemplo, para quien la tentación ofrece siempre "dulce, dulce, dulce veneno". La poesía es una forma de razonamiento: si la concejal no acepta el veneno, otro lo beberá.
Es bastante shakespeareana esta pieza maestra. Para seducir a la concejal, el empresario recuerda Bormujos, municipio muy cerca de Camas, al suroeste, y, en un espléndido verso de 11 sílabas, sentencia: "Bormujos está todo corrompido", endecasílabo que parece brillante transposición de "Algo huele a podrido en Dinamarca", y que convierte a Bormujos en algo más grande que el país centronórdico. Los tesoros de la literatura universal han sido imitados fielmente en un bar sevillano.
Aquí están las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando Satán le ofrece "todos los reinos del mundo y su gloria" (Mateo, 4, 8). Y está una de mis novelillas preferidas, El hombre que vendió su sombra, de Adelbert von Chamiso, la historia de uno que dio su sombra a cambio de la bolsa que contiene inagotablemente todas las riquezas, es decir, 1,2 millones de euros y un piso en la playa, aunque no sólo cuente el interés. También importa el corazón: la hija de la concejal, sus descendientes, su pueblo. "Tú salvas a tu pueblo... Si tu fallas, falla todo", dice el empresario, como si valorara que la concejal pertenece a la izquierda responsable. Y concluye con una frase estupenda, para que todo espectador la repita al salir del cine: "Lo tienes tan fácil que lo ves muy difícil". El arte verdadero nos afecta, nos interroga. Mide el poder de nuestras convicciones y pasiones. ¿Qué haría yo? "Si no lo haces tú, lo hará otro", nos dice el empresario. La concejal Lobo grabó la conversación y la puso en manos de la justicia.
*ELPAIS.com - 25/03/2007
Miles de jóvenes reclaman en las principales ciudades su derecho a una vivienda digna
AGENCIAS* : "Miles de personas han salido a la calle para protestar por el precio de la vivienda, la especulación inmobiliaria y los sueldos 'mileuristas' que no posibilitan una independencia económica efectiva. En su mayoría son jóvenes, pero también hay adultos e incluso ancianos que se han solidarizado con una causa convocada desde internet y sin el respaldo (o la oposición) explícita de ningún partido político. Convocaba la plataforma Por una vivienda digna, entre otros colectivos, en medio centenar de ciudades españolas.
Todas las manifestaciones transcurrieron sin incidentes, excepto la celebrada en Madrid, donde, al término de la protesta, grupos de jóvenes causaron incidentes, como rotura de cristales, parquímetros y del mobiliario urbano en distintos puntos del centro de la ciudad.
Madrid, la única con incidentes
En Madrid, miles de personas -unas 5.000 según la policía y entre 15.000 y 20.000, según los organizadores- se manifestaron para exigir una vivienda digna.
En Madrid había manifestantes disfrazados de presidiarios que decían sentirse "presos del ladrillo"
Entre los participantes había mayoría de jóvenes, algunos con pegatinas de la CGT, otros disfrazados de presidiarios porque dijeron sentirse "presos del ladrillo" y una minoría de personas mayores, niños pequeños e inmigrantes.
Barcelona, donde más manifestantes hubo
La protesta más numerosa tuvo lugar en Barcelona donde unas 7.500 personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron por el centro de la ciudad para defender el "derecho a una vivienda" y pedir a las administraciones públicas y a los responsables del sector inmobiliario que "no les tomen el pelo", según recogía la pancarta que abría la marcha.
La manifestación se inició sobre las 18:00 horas en la plaza de Cataluña, tras una hora de concentración festiva, en la que han coreado eslóganes en contra de la especulación inmobiliaria, como "Toda España es Marbella", "La hipoteca me mata" o "Basta de excusas, vivienda ya".
La movilización discurrió por el Paseo de Gracia y se dirigió hacia la sede de la Bolsa de Barcelona, donde los participantes hicieron una sentada pacífica, bajo el atento control de un amplio dispositivo policial.
En ese mismo punto se escenificó además el "combate" entre la "especulación" -representado por una persona que llevaba una máscara de una cabeza de cerdo- y el "derecho a la vivienda", papel que desempeñaba una joven con una capa amarilla en un "ring" en donde un 'político' hacía de árbitro 'vendido'.
Valencia lució carteles contra la especulación
En Valencia, cerca de un millar de personas acudieron al centro de esta ciudad, donde numerosos jóvenes alzaron carteles contra la especulación inmobiliaria tras el lema "Que levante la mano quien tenga derecho a una vivienda, pero no la puede pagar".
Bilbao protesta contra el gobierno vasco
En Bilbao, varios centenares de personas exigieron al Gobierno Vasco reformas legales para fomentar la salida al mercado las miles de pisos que permanecen vacíos.
La marcha partió del Ayuntamiento bilbaíno tras una pancarta en euskera y castellano con el lema "La vivienda es un derecho y no un negocio".
Los organizadores habían animado a los asistentes a que elaboraran sus propios carteles agudizando el ingenio y así, algunos denunciaron la especulación inmobiliaria, otros exigían que las inversiones previstas para el nuevo San Mamés se destinen a viviendas de protección e incluso había quien ofrecía "cambio riñón izquierdo, por cuarto derecha".
Pamplona y su "V de vivienda"
En Pamplona, unas 600 personas según los organizadores y 300 según la Policía Municipal, reivindicaron el acceso a "una vivienda digna a un precio asequible" con una manifestación que ha recorrido las calles del Casco Antiguo, convocada por la Plataforma "V de vivienda Pamplona-Iruña".
Valladolid
En Castilla y León, dos centenares de jóvenes se concentraron en varias capitales de provincia para exigir una vivienda digna y protestar por los altos precios de las casas.
La más numerosa fue la de Valladolid donde unas cien personas se dieron cita en la Plaza Mayor, en torno a la estatua de Pedro Ansúrez, fundador de la ciudad, donde repartieron pegatinas con el lema "Yo también quiero una vivienda como la del hijo del alcalde.
Los convocantes aludieron así a la polémica que hay en la ciudad por la reciente adjudicación de una vivienda de protección oficial a uno de los hijos del alcalde, Javier León de la Riva, del PP, en la moderna zona de Villa de Prado, al noroeste de la capital.
Zaragoza: "¿Hipotecar nuestro futuro?"
"¿Hipotecar nuestro futuro?. Pues va a ser que no"
En Zaragoza, la manifestación, que concentró a un centenar de personas, partió de la plaza de Aragón con una gran pancarta blanca con el lema "¿Hipotecar nuestro futuro?. Pues va a ser que no", mientras coreaban "queremos una casa en la plaza del Pilar" o "La Ley del mercado nos tiene hipotecados".
Murcia y Granada
Medio centenar de personas, en su mayoría jóvenes, protestaron en Murcia por las 90.000 viviendas vacías que existen en la Región, mientras que en Granada se concentraron un centenar de personas y unas cincuenta personas lo hicieron en Santander, Gijón, Logroño y Córdoba.
*20MINUTOS.ES / 25.03.2007
Foto: EFE - En la 'casa' de Aguirre | La manifestación en Madrid tuvo lugar en la Puerta del Sol, ante la Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid.
El 'caso Malaya' cumple un año con cien imputados y el reto de localizar el dinero
JuanCANO/HéctorBARBOTTA.- SUR* : "Hace casi un año que la historia de Marbella dio un vuelco. Salpicada por escándalos urbanísticos o por sangrientos ajustes de cuentas, acostumbrada a los ríos de tinta negra y rosa que han corrido sobre ella, la Milla de Oro empezó a escribir el 29 de marzo de 2006 una crónica diferente. Ese día explotó la 'operación Malaya'. Un año después, el caso judicial más resonante de los últimos tiempos sigue adelante con varias líneas de investigación todavía abiertas y 94 imputados, cuatro de ellos en prisión: Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la trama, el ex alcalde Julián Muñoz y dos abogados, Manuel Sánchez Zubizarreta y Juan Hoffman.
Lejos de estar cercana a su fin, la investigación todavía sigue abierta en distintas direcciones, según confirman fuentes muy solventes consultadas por este periódico.
Una de las vías pretende desvelar la ruta del dinero. Adónde han ido a parar los miles de millones de euros que todavía no se han localizado y que posiblemente hayan volado a paraísos fiscales o estén convertidos en inversiones en otros países. Según un auto incluido en la última parte del sumario sobre la que se ha alzado el secreto, el juez encargó a un funcionario de la Agencia Tributaria que continúe las pesquisas en Suiza, uno de los paraísos fiscales donde posiblemente estaría escondido parte del dinero negro.
Blanqueo
Otra vía de investigación también está relacionada con el destino del dinero. La investigación sobre blanqueo, la más tediosa de todo el proceso, ha permitido descubrir recientemente uno de los métodos que presuntamente utilizaba Roca para camuflar sus ganancias: la compra de lotería premiada. Tal y como desveló SUR, los investigadores han detectado que a la familia del ex asesor, concretamente a su mujer y a sus dos hijos, les 'tocó' la lotería ocho veces en poco más de seis meses.
Es en este punto, el blanqueo de capitales, donde cabe esperar más novedades y, posiblemente, las nuevas detenciones que ni el juez ni el fiscal descartan. La tercera línea de investigación que aún se mantiene abierta es la de los empresarios y promotores que habrían entrado en el juego de Roca y se habrían enriquecido con sus negocios en Marbella. El juez Torres asestó el primer golpe contra el entramado empresarial del 'caso Malaya' el pasado 27 de junio, en una sonora redada que se saldó con 32 detenidos. Los investigadores supieron relacionar iniciales con nombres al analizar la contabilidad secreta de Roca en el registro de Maras Asesores y al magistrado no le tembló la mano al firmar las órdenes de detención de los concejales que presuntamente habían cobrado por votar según sus indicaciones y los 13 promotores que habrían pagado. En algunos casos, las aportaciones ascendían a cinco millones de euros en un periodo de tres años. Si esos fueron los sobornos, ¿a cuánto ascenderían los beneficios?
También siguen abiertas las investigaciones en torno al ex alcalde, Julián Muñoz. El secreto sobre la parte del sumario que le afecta apenas se ha levantado en una mínima parte. Sólo han trascendido tres supuestos pagos de Roca a Muñoz en noviembre de 2002 que ascenderían en total a 150.000 euros, tras encontrar las siglas JMP (que los investigadores atribuyen a Julián Muñoz Palomo) en la contabilidad secreta del ex asesor en las oficinas de Maras Asesores, consideradas el cuartel general de Roca.
Cobro
Según las pesquisas policiales y judiciales del 'caso Malaya', la fecha de ese supuesto cobro coincide con la firma de una permuta de terrenos rubricada por Muñoz a favor de la sociedad CCF 21, vinculada a Carlos Sánchez, quien está considerado por el juez socio y maestro de Roca. En ese trueque, el Consistorio entregó una parcela de 1,5 millones de euros por un terreno privado que apenas valdría 30.000 euros, lo que supuso un evidente perjuicio para las arcas municipales. Pero el grueso de la investigación sobre Muñoz aún resta por conocerse.
Entre los flecos que aún quedan por desvelarse hay otro que no es menor: el paradero de los dos prófugos: Carlos Fernández y el empresario Carlos Llorca. El primero es suficientemente conocido. El ex concejal andalucista está en busca y captura desde el 26 de julio de 2006 y el juez lo considera sospechoso de un delito de cohecho, ya que pudo ser uno de los mayores beneficiados en el reparto de dinero por parte de Roca.
El otro es el empresario Carlos Llorca, menos célebre en Marbella, pero más conocido por la policía de varios países. Sospechoso de cohecho, cuenta con pasaportes español y británico, y se lo conoce también como Carlos Rodríguez, Charles Rodríguez y Simón York. Lo busca la policía de ocho países.
*diarioSUR.es - MÁLAGA / MARBELLA - 25 de marzo de 2007
Foto: Ayuntamiento Marbella
Vivienda e inmigración: un derecho y no un negocio
ATTAC.- Rebelión* : "La Constitución española, en su artículo 47, dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Aunque este artículo no reconoce derecho a vivienda de las personas inmigradas que constituyen un porcentaje creciente de población, nuestra Constitución apoya este derecho en otros artículos.[1]
Sin embargo, el derecho a vivienda está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 25.1 dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. [2]
En esta misma línea se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 11.1 dice: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. [3]
Hay unos derechos pero la realidad es muy distinta.
El negocio de la vivienda
En los diez últimos años el aumento acumulado de los precios de la vivienda en España ha sido del 180 %, equivalente a siete veces el crecimiento de los precios al consumo y de los salarios en el mismo período de tiempo. Se ha estimado, por ejemplo, que en 2004 cada metro cuadrado de suelo recalificado, de rústico a urbano residencial, aumentó su valor un promedio de 100 euros.
El negocio de la vivienda atraviesa una larga etapa de euforia con plusvalías elevadísimas de las grandes empresas inmobiliarias (47,5 % en el primer semestre de 2005) y una amplia rentabilidad para quienes utilizan la vivienda como inversión (incremento anual del 14 % en los últimos seis años). Lo que da lugar a un excedente de vivienda (segundas residencias y vacías) del 48 %, el más grande de la Unión Europea.
En el Estado español tenemos una vivienda por cada dos habitantes. Hay un 14% de viviendas vacías [alrededor de 3 a 4 millones de viviendas vacías]. Y sin embargo, el hacinamiento llega a 16 personas en 50 metros cuadrados. [4]
La “economía del ladrillo” ha detraído recursos financieros de la inversión productiva. La producción de mercancías (sector primario, industria y energía) ha bajado del 26 % del PIB en 1997, al 20 % en 2005 en el conjunto del Estado. Y en la Comunidad de Madrid, de 2000 a 2005, el porcentaje de la construcción en el PIB subió del 7 al 11 %, mientras que el de la industria bajó del 14 al 11,6 % (Servicio de Estudios del ICO).
No es extraño que, como han reflejado distintos medios de comunicación, de los diez nuevos integrantes españoles de la lista de multimillonarios, ocho sean constructores, promotores o tengan empresas relacionadas con el ladrillo. Forbes los califica como “los señores del ladrillo”, que acumulan 19.011 millones de euros.
Pero detrás de este suculento negocio hay una realidad lacerante.
Los inmigrantes y la vivienda
El crecimiento exponencial de la inmigración en los últimos años ha sido uno de los factores que ha influido en el crecimiento del negocio de la vivienda. Los inmigrantes han contribuido a “engrasar” el sector de la construcción por su participación mayoritaria en el mismo, como mano de obra barata, en primer lugar, al trabajar en las empresas constructoras en condiciones precarias y a bajo precio. Cuando están en situación de irregulares no pueden exigir a menudo sus derechos y retribuciones y, aún contando con permisos de residencia y trabajo, se ven obligados a trabajar en régimen de subcontratas o autónomos, lo que conduce a la autoexplotación y a la economía sumergida. Es la construcción uno de los sectores productivos donde se da un más alto porcentaje de economía sumergida que, según reconoce el mismo Ministerio de Hacienda, alcanza ya en nuestro país el 20 % del PIB.
Se trata de constatar una vez más lo que el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz e incluso la banca de negocios estadounidense Lehman Brothers afirman, nada menos que en el Financial Times: “La globalización crea riqueza abaratando el trabajo; produce un enriquecimiento desigual global, a costa de bajos salarios... La globalización ha creado nueva riqueza proporcionando unos costes mucho menores para el trabajo”. [5]
Pero los inmigrantes están también contribuyendo al negocio de la construcción como demandantes de viviendas, como el resto de la población, con algunas características específicas.
En su primera etapa de estancia en España han de echar mano del subarriendo de alquileres de habitaciones (incluso de camas) en pisos propiedad de españoles o de otros inmigrantes ya establecidos, viéndose obligados a pagar a menudo precios abusivos. El 47% de los inmigrantes viven de inquilino subarrendado y sólo un 19% vive en hacinamiento. El hacinamiento en lugares de menos de 10 metros cuadrados por persona alcanza al 19% de los extranjeros frente a sólo el 2,5% de los españoles. Cabe destacar que el 65% de los inmigrantes consiguen alojamiento gracias a las redes de apoyo y familiares.
En la Comunidad de Madrid el 61 % de inmigrantes dispone de menos de una habitación por persona. Viviendas precarias en Madrid que se alquilan a familias por doce horas. El dato más esclarecedor es el caso de las veinte mujeres que emigraron de Paraguay y comparten un piso de 65 metros cuadrados en el barrio de Puerta del Ángel en Madrid. [6]
Una mención especial merece el informe del Relator Especial [7] que recibió “testimonios directos de trabajadores inmigrantes que viven en asentamientos informales, en edificios en construcción o en condiciones de hacinamiento, y que son discriminados en el acceso a la vivienda o se ven forzados a alquilar camas por horas («camas calientes»)”. En ese sentido, el Relator de Naciones Unidas se sorprende que “mientras la economía de algunas regiones se ha beneficiado ampliamente de la mano de obra inmigrante, se ha hecho muy poco por garantizar las necesidades de vivienda de esas personas”.
Mientras los inmigrantes no pueden comprar vivienda porque ganan, como media, unos 870 euros a diferencia de los autóctonos, que ganan 1741 euros,
esta situación contribuye también a la revalorización de una buena parte de los alquileres antiguos, activando unos patrimonios inmobiliarios que se consideraban muy modestos.
Cuando la situación económica les permite mayor capacidad de consumo, muchos desean acceder a la propiedad. En ese caso se dan las dificultades comunes a toda la población: la dependencia financiera en razón de las condiciones hipotecarias que se extiende prácticamente a toda la vida. Pero también persisten con frecuencia dificultades específicas. Si permanecen en situación de irregularidad, muchas agencias inmobiliarias tienen orden de no atender a personas sin papeles. Esta situación les impide también el acceso a determinados recursos – entre ellos las ayudas a la vivienda – que están condicionados a la situación de regularidad.
Aun teniendo los papeles en regla, en la medida en que trabajan en la economía sumergida, o su trabajo es inestable y mal pagado no ofrecen las suficientes garantías para poder alquilar o comprar. Otras veces se trata del rechazo puro y simple por el mero hecho de ser extranjeros, aunque puedan presentarse con la documentación y los avales requeridos. De hecho, según las encuestas, el 50 % de quienes viven en subarriendo en Madrid y el 57 % de los inquilinos independientes no tienen proyecto de cambiar a corto plazo.
Al amparo de la Ley de Arrendamiento Urbano se pide contrato fijo de trabajo cuando la mayoría de los actuales son temporales.
En el servicio doméstico, como en muchos otros sectores, muchas veces no se firman contratos y no pueden alquilar una vivienda. Los inmigrantes no pueden aportar fianzas ni “referencias solventes” y encima son criminalizados.
La vivienda es un derecho no un negocio
La actual globalización económica que conlleva la reforma del sector público a través de la privatización y otros factores influyen a la hora de disponer de recursos para gastos sociales y viviendas de protección oficial.
“En 2003, Social Watch publicó un completo panorama del impacto de la privatización de los servicios públicos a lo largo de 52 países. Todos estos casos presentan un denominador común: los grupos más afectados son siempre los grupos más vulnerables de la sociedad, constituidos por minorías étnicas, refugiados, mujeres, niños y adultos mayores.” [8]
El mercado capitalista inmobiliario es el que rige en la práctica. Este tiene una lógica de beneficio privado. Su oferta de vivienda atiende la demanda que puede pagar la vivienda considerada una mercancía, no un derecho. Sí, como suele ser habitual con el mercado privado del suelo, los precios son muy altos, muchísimos ciudadanos no tienen acceso a las condiciones de habitabilidad que corresponden al nivel de dotaciones, confort y calidad que son posibles hoy en día.
Siguiendo el informe del Relator Especial de Naciones Unidas “España sufre una grave carencia de vivienda pública. Los programas de vivienda actuales no permiten satisfacer las necesidades de entre un 20% y un 25% de la población con menos ingresos”. El Relator Especial considera que esto es una estimación conservadora, dado que España es el tercer país más pobre de los 15 países que originalmente formaban a Unión Europea. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, datos sobre la distribución de ingresos, publicadas el 1 de diciembre de 2006, un 20% de los españoles viven bajo el nivel de pobreza. Prácticamente toda la vivienda en alquiler, de por sí escasa, pertenece al sector privado. Sólo un 2% del parque existente se considera de alquiler social, en comparación con el 10-30% de otros países de la Unión Europea. Es más, aunque se encuentran en torno a un 18% más bajo que en el mercado privado, los precios de la vivienda de alquiler público tienden a ser demasiado altos para algunos sectores de la población. Paradójicamente, España posee el número de viviendas vacías más alto de la Unión Europea (de 3 a 4 millones).
A todo esto hay que añadir que esta situación se ha agravado por la especulación en el uso del suelo y de la propiedad, lo que ha beneficiado a los grandes promotores. Por ejemplo, en el País Vasco, entre 1995 y 2005, los precios de la vivienda aumentaron un 250%, mientras los costes de construcción se incrementaron en un 35%. Durante el mismo período, las hipotecas subieron de €650 millones a €6000 millones.
Hay otra lógica que la del beneficio. La de considerar el acceso a la vivienda un derecho ciudadano, no un negocio. De esta manera, se daría prioridad a atender las necesidades de la mayoría en detrimento del negocio de unos pocos.
Este derecho a la vivienda debe ser canalizado y satisfecho por un servicio público de vivienda. Un servicio público con recursos suficientes y bajo el control de la ciudadanía que debería permitir que el derecho de los habitantes sea efectivo. Así dejará de depender la satisfacción de una necesidad humana de la capacidad económica individual.
En octubre de 2006, La Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna proponía, entre otras, las siguientes medidas para una política pública de vivienda:
(a) Dar uso de alquiler a las viviendas vacías existentes, que son más de tres millones en el país, (b) Si la vivienda vacía, por diversas razones, no puede atender a la demanda, generar suelo barato para promover vivienda en alquiler social y crear así un amplio parque de vivienda en alquiler reducido, (c) planificar el territorio urbano con criterios de sostenibilidad y al servicio de los ciudadanos. Parques, guarderías, transportes públicos, etc. hacen parte de la política de vivienda pública necesaria.
Esta política debe adecuarse a todos los habitantes en el país teniendo en cuenta que sin acceso a la vivienda no hay integración posible.
[1] Artículo 9.2 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Artículo 10.2 “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España”. Artículo 13.1 “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”.
[2] Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas. Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948.
Ver: http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
[3] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea general en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ver: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm
[4] Según el documento “El derecho a la vivienda” de Arquitectos Sin Fronteras Castilla y León. España.
[5] Ver: http://www.attac.org.es/portalattac/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=76
[6] El Latino, 13 de enero de 2006.
[7] Informe de Miloon Kothari Relator Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Kothari visitó España entre el 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2006.
[8] El derecho a la vivienda adecuada. Graciela Dede. Social Watch [es una red internacional de organizaciones de ciudadanos que lucha por la erradicación de la pobreza y sus causas]. Instituto del Tercer Mundo. Uruguay.
*Grupo de Inmigración de ATTAC Madrid
*Rebelión.org - 25-03-2007
