ELPAÍS/Vitoria* : El grupo ecologista Greenpeace trasladó ayer al Parlamento vasco el rechazo al nuevo puerto de Pasajes y al proyectado Guggenheim de Urdaibai, que ya expresara en julio en su informe Destrucción a toda costa. Dos representantes de la organización comparecieron ante la Cámara de Vitoria a petición de Aralar para explicar los datos relativos a Euskadi de este estudio que se realizó en el ámbito de toda España.
En su intervención destacaron que la comunidad autónoma tiene el porcentaje de protección del litoral más bajo de toda España, sólo el 14,2% de la línea de costa.
Las representantes de Greenpeace alertaron, además, de que el 80% de esos espacios protegidos "corren peligro", y como ejemplo pusieron dos infraestructuras que son polémicas por otros motivos, además de los meramente medioambientales. La portavoz de la ONG, Pilar Marcos, criticó el puerto exterior de Pasajes por la "destrucción" que supondría del monte y de los acantilados de Jaizkibel, así como la construcción de una sucursal del Guggenheim en una reserva de la biosfera como es Urdaibai. Además, alertó de que en la ría que riega este paraje se vierten "sin tratar" las aguas fecales de unos 15.000 habitantes.
Otros de los riesgos que amenazan al litoral vasco, según la organización, son las 1.200 viviendas "de lujo" y el campo de golf que se planea edificar en Bakio, los vertidos de Petronor a la ría de Barbadun o el hecho de que en Zarautz el río Oria reciba el vertido sin depurar de 19 municipios con una población de 60.000 habitantes.
La parlamentaria del PSE Natalia Rojo fue la más dura con las dos portavoces de la organización presentes y reprochó que la ONG "no presente alternativas" para todos los proyectos que denuncian.
TAV "centralizador"
A preguntas de Rojo, la portavoz de Greenpeace Sandra Pizzinato recordó que su organización no apoya el Tren de Alta Velocidad (TAV) porque existen alternativas con menores consumos energéticos mediante trenes convencionales que no superan los 220 kilómetros por hora; pero tampoco se opone frontalmente, siempre que su desarrollo se haga de forma coordinada con el del tren tradicional, cosa que, en su opinión, "no sucede en España".
Pizzinato añadió que el TAV puede crear "un efecto de túnel" y de "centralización", por el cual tan sólo las principales ciudades con estación se beneficiarían del efecto de esta infraestructura sobre el desarrollo económico. Puso el ejemplo de Francia, donde según dijo, la alta velocidad ha redundado en una centralización aún mayor en París.
* ELPAIS.com - 28.10.09
Foto: Vitoria, parlamento_vasco - wikimedia.org
Greenpeace lleva al Parlamento su rechazo a la nueva dársena y al Guggenheim
Alcazarén, contra el centro de residuos tóxicos
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ELNORTE/Valladolid* : Unos ciento cincuenta vecinos de la localidad vallisoletana de Alcazarén se manifiestan esta mañana frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para protestar contra el proyecto de un centro de transferencia de residuos tóxicos que la empresa Trasan. pretende construir a 800 metros del casco urbano.
La manifestación, al frente de la cual se encuentra el alcalde de la localidad, Alfonso García Cano, pretende llamar la atención ante la Comisión Provincial de Medio Ambiente que se reúne esta mañana para estudiar el proyecto.
Según el alcalde, la mayoría del pueblo rechaza la instalación de este centro de residuos “que pretende levantarse cerca del casco urbano, entre dos industrias agroalimentarias y sobre un acuífero para riego que tenemos previsto llenar”. García Cano aseguró que unos 150 vecinos de los poco más de setecientos que tiene el pueblo han secundado esta manifestación a la que han acudido en un autobús y coches particulares. Los vecinos, que portan pancartas con las leyendas ‘Vida sí’, ‘Residuos peligrosos, no’ y ‘Por un pueblo limpio’ tienen previsto permanecer concentrados frente a la Delegación Territorial hasta las 14.30 horas, antes de regresar a Alcazarén.
* Norte Castilla - 28.10.09
Foto: Un agente de policía observa la protesta. / HENAR SASTRE, nortecastilla.es
«¿Por qué no se pensó en el suelo antes de acordar proyecto alguno?»
SUR/Málaga* : Los vecinos de las barriadas más próximas al soterramiento no se explican cómo las administraciones implicadas en este proyecto no cerraron convenientemente qué pasaría con el suelo una vez que los trenes circularan bajo tierra. Como ayer informó este periódico, el bulevar que se pretende realizar en la superficie que ha generado el túnel para el AVE se encuentra atascado en la disponibilidad de los terrenos, que son reclamados como propios por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento.
Por ello, la actuación no se despejará hasta que esta empresa del Gobierno central llegue a un acuerdo con el Ayuntamiento para la cesión de la parcela. El Adif exige que se le compense.
«Todo esto tenía que estar bien amarrado desde el principio. ¿Por qué no se pensó en el suelo antes de acordar proyecto alguno? Cuando se empieza una obra así se deben cerrar todas las condiciones sobre su desarrollo y no al final», argumentó la presidenta de la asociación de vecinos de Nuevo San Andrés, Teresa Retamero. «¿Ahora qué hacemos? ¿A quién le pedimos responsabilidades?», insistió esta representante vecinal, quien apuntó que en otras ciudades andaluzas se han acometido actuaciones de este tipo en las que aparentemente no ha habido tantas dificultades para culminar la operación de integración del ferrocarril.
Engaño
Para Luis Carlos Velasco, presidente de la asociación de vecinos de El Duende, el retraso en el inicio de las obras del bulevar «es una falta de respeto total a la ciudadanía». «Si los trenes dejaron de pasar por la superficie el 13 de junio, al día siguiente tenían que haber empezado las obras de la avenida», subrayó. Velasco argumentó que se siente engañado por las administraciones y dijo que todo es fruto de «una mala gestión». «Ahora se echarán la pelota unos a otros. Están jugando con nosotros», criticó.
Juan Guerrero, de la asociación de vecinos Zona Europa, opinó que «es una vergüenza para Málaga que las administraciones públicas no se pongan de acuerdo para cerrar de una vez este proyecto». «Se habla del Adif como si fuera algo privado, pero es una empresa pública de Fomento y los ciudadanos estamos en el derecho de exigir que se llegue a un acuerdo cuanto antes», insistió este responsable vecinal, quien apuntó que, al quedar convertido el pasillo del soterramiento en un erial, las calles de todo el entorno se llenan de polvo cuando se levanta viento.
Asimismo, Adolfo Cervantes, presidente de la asociación de vecinos Galería de Dos Hermanas, mostró su indignación por el hecho de que el proyecto de bulevar esté bloqueado por la propiedad del suelo. «Pensábamos que ya estaban todos los responsables políticos de acuerdo. Esto tendrían que haberlo solucionado antes», afirmó Cervantes, quien opinó que «el pato» del parón del bulevar «lo van a pagar como siempre los vecinos». En ese sentido, puso como ejemplo que, en la calle Cañada de Mejías, la valla del soterramiento se encuentra tan pegada a las viviendas que impide la entrada de vehículos de emergencias.
Negociaciones
Frente a las críticas y exigencias vecinales, las administraciones confían en poder llegar pronto a un acuerdo que dé luz verde al proyecto de bulevar. Fuentes del Adif mostraron su esperanza en que las negociaciones con el Ayuntamiento puedan fructificar pronto y la ciudad no tenga que esperar mucho tiempo para poder ver el inicio de los trabajos de la avenida que coserá definitivamente los barrios separados por la herida del tren.
No obstante, admitieron que resulta complicado ser rápidos en este tipo de operaciones de cesión de suelo en las que entran en juego muchos factores del planeamiento urbanístico que llevan su tiempo.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, declaró ayer que el Adif «debe participar en el proyecto cediendo al municipio ese suelo para construir esta ansiada avenida».
Sin conexión con la ronda
Además, Díaz desveló que el Ministerio de Fomento rechaza la conexión directa de este futuro eje viario de entrada en la ciudad con la Ronda Oeste. Así, indicó que Fomento no realizará enlace alguno de la autovía con el bulevar porque argumenta que está demasiado próximo a otros enlaces ya existentes. No obstante, el edil de Urbanismo apuntó que podría ejecutarse cuando Fomento termine la hiperronda y si la Ronda Oeste pasa a manos del Ayuntamiento.
Por su parte, desde la Consejería de Obras Públicas señalaron que, aunque todo queda pendiente de la negociación entre el Ayuntamiento y el Adif, los técnicos municipales y autonómicos van a seguir trabajando mientras en la definición del proyecto «para tener esa parte resuelta», indicaron. En ese sentido, deberán ponerse de acuerdo en cuál es la primera fase de la obra, ya que para ella es para la que la consejería se ha comprometido a financiar la mitad. El Consistorio considera que es todo el trazado del bulevar, desde la Ronda Oeste hasta el puente de Juan Pablo II, exceptuando la zona de naves del polígono de San Rafael.
* SUR - 28.10.09 -JESÚS HINOJOSA
Foto: El pasillo ferroviario ha quedado convertido en un solar, si bien las obras no acabarán totalmente hasta final de año. / SUR
Canarias: La factura por los pleitos perdidos sube a 250 millones
LAPROVINCIA* : Sólo falta el aval bancario. El Gobierno de Canarias está expuesto al pago inminente de 84 millones de euros como consecuencia de tres sentencias de la moratoria en las que la Sala de lo Contencioso ya ha fallado en su contra y en las que, además, ha aceptado la ejecución provisional solicitada por los empresarios. A ello habrá que añadir el primer pago de la sentencia del caso Tebeto, 33,7 millones de euros, y los 33,1 del pleito de Montaña Rayada, en Fuerteventura. En total, el Ejecutivo regional se enfrenta al pago inmediato de unos 150 millones de euros de los 250 a los que ha sido condenado en los dos últimos años por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. Todo ello fruto de una docena de pleitos relacionados con el urbanismo.
Tres sentencias de la moratoria están sólo a la espera del aval bancario para que la Sala corrobore la ejecución provisional ya aceptada. Se trata de dos pleitos ganados por el empresario hotelero Eustasio López, propietario del Grupo Lopesan, y un tercero interpuesto por Teo Gerlach, a su vez titular del proyecto del Centro Helioterápico Canarias.
En el caso de los pleitos del Grupo Lopesan, la Sala ha aceptado un "pago a cuenta" de cuarenta millones de euros por la paralización del Plan Parcial Golf Meloneras, que el Ejecutivo congeló con la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (moratoria) bajo el brazo. Como quiera que la moratoria turística sigue en vigor, la indemnización final que tendrá que abonar la comunidad autónoma aumenta cada día que los proyectos urbanísticos se encuentren paralizados. En el proceso de ejecución provisional de la sentencia solicitada por Lopesan, la Sala concedió un pago a cuenta de 40 millones de euros, pendiente sólo de que el empresario deposite el aval bancario correspondiente.
Lo mismo ocurre con el Plan Parcial Dehesa de Jandía, en Fuerteventura, que el Grupo Lopesan no puede ejecutar por la moratoria turística. Una vez solicitada la ejecución provisional, la Sala igualmente concedió un pago a cuenta de otros 40 millones de euros.
A estos posibles pagos inminentes derivados de pleitos por la moratoria hay que añadir los 101 millones del caso Tebeto, cuyo plazo para el primero de los pagos (33,7 millones) ya venció, y los 33,1 millones de la sentencia firme como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, en un proceso judicial interpuesto por la empresa Montaña Rayada SA.
Otros empresarios que han ganado sentencias al Gobierno, como es el caso de Félix Santiago, que también ganó un pleito por la moratoria cuya cuantía asciende a unos 17 millones, no han ejercido por el momento su derecho a la ejecución provisional. Estos fallos están pendientes de recurso ante el Supremo.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - 28.10.09
El juez busca en Andorra dinero de comisiones ilegales en Terra Mítica
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ELPAÍS/Alicante* : El titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Valencia, que investiga un supuesto fraude fiscal de más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas en relación con la construcción del parque temático Terra Mítica de Benidorm, ha solicitado una nueva comisión rogatoria a Andorra. Lo ha hecho para conocer los movimientos de cuentas que hayan podido tener en el principado dos de los casi 30 imputados: los empresarios Vicente Conesa, eje principal de la supuesta trama, y Antonio Moreno Carpio, uno de los supuestos mayores proveedores de facturas falsas dentro de la trama.
La decisión obedece a una petición realizada por la fiscal el pasado septiembre.
La fiscalía cree, tal como explicó en su escrito, que una cantidad importante del dinero que la veintena de empresas imputadas consiguió mediante sobrecostes y servicios facturados que no realizaron, está en cuentas en el extranjero, concretamente en Andorra, Suiza y Alemania. Y señala como principal responsable de la salida de capitales a Vicente Conesa, empresario próximo a Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat. La fiscalía relató al juez que: "Antonio Moreno Carpio reconoce que el dinero obtenido por las facturas que no obedecían a la realidad se entregaba a Vicente Conesa y se sacaba en maletines hasta Andorra. Parece ser que el dinero que obtenían por los sobrecostes y por facturas irreales se transportaba en maletines hasta Andorra, donde había cuentas aperturadas a nombre de alguno de los imputados". Esa información está recogida en unas grabaciones aportadas a la causa. Moreno Carpio y José Herrero, también imputado, mantuvieron una reunión con dos diputados autonómicos socialistas, José Camarasa y Antonio Such. En aquella reunión, Moreno Carpio aseguró que el dinero se sacaba en maletines, que se le entregaba a Conesa y que incluso éste había dicho que parte de ese dinero era para Zaplana. El ex presidente presentó una denuncia y no hubo juicio porque aceptó sus disculpas.
Según el ministerio público, "en España, muchas de las facturas presentadas y pagadas por el parque temático se ingresaban en una cuenta que tenía aperturada la sociedad Desarrollo Gran Vía, cuyo administrador de hecho era José Luis Rubio [otro empresario imputado], y existe prueba de que una vez ingresado el dinero de las facturas, el mismo se retiraba en efectivo, tratándose de grandes cantidades". La fiscal pide que se solicite a los bancos y entidades financieras información sobre las cuentas que tuviesen abiertas o en las que constasen como autorizados durante los años 2000, 2001 y 2002 Antonio Moreno Carpio, José Luis Rubio, José María Arraiz (responsable de los proyectos anexos al parque de atracciones en la empresa de la Generalitat) y Vicente Conesa, o las mercantiles a las que representaban. Además, reclama que "sobre todo se solicite a la banca privada de Andorra" información sobre cuentas abiertas o en las que constan autorizados durante idéntico periodo los citados imputados. En la causa existe información sobre una oficina concreta de Andorra y una persona de contacto. La fiscal quiere que se le tome declaración como testigo para saber si esas personas "acudían a ingresar dinero en alguna de las cuentas que pudiesen tener abiertas a su nombre".
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 28/10/2009
Foto: Benidorm (Alicante), TerraMitica - Me (wikipedia.org)
Cataluña: La trama obtuvo 20 millones en grandes operaciones inmobiliarias
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ELPAÍS* : La investigación sobre la trama corrupta desarticulada ayer, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón, calcula que los miembros de la red que operaba en el área metropolitana de Barcelona podrían haber obtenido alrededor de 20 millones de euros. En el entramado figuraban empresarios, concejales, ex diputados regionales y ex altos cargos de la Generalitat de la etapa de Jordi Pujol. El cerebro de todos ellos, según fuentes de la investigación, sería presuntamente el ex diputado regional del PSC Luis García (expulsado del partido en 1992).
García, que estuvo en el Parlamento catalán de 1980 a 1992, sería el enlace entre los empresarios que pagaban y los ediles que recalificaban o cedían terrenos. Los altos cargos de Jordi Pujol en su etapa de presidente de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta habrían utilizado sus influencias políticas para mediar entre unos y otros y facilitar las operaciones inmobiliarias, percibiendo la correspondiente comisión.
El ex diputado Luis García era el centro de la red y quien presuntamente diseñaba las operaciones inmobiliarias, que consistían básicamente en la adquisición de terrenos en los municipios implicados por parte de sociedades pantalla que no realizaban ninguna actividad. Pasado un tiempo, se instaba la recalificación para su desarrollo urbanístico. Ya recalificado el suelo, lo que disparaba su valor, se revendía generando un "enorme beneficio", según las fuentes consultadas. Los empresarios pagaban, los ediles gestionaban las recalificaciones y los políticos cobraban su comisión.
Las comisiones se distribuían a través de sociedades patrimoniales y de personas. Tras una de estas sociedades figuraba Prenafeta, y tras otra, más en un segundo plano, Alavedra. La operación fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y coordinada por el fiscal Luis Pastor. Según las citadas fuentes, la Fiscalía Anticorrupción lleva la investigación desde hace tiempo y hay intervenciones telefónicas y otras fuentes de prueba que van a permitir reconstruir todas las operaciones y el reparto de los fondos.
Otro aspecto que tendrá que determinar la investigación es el posible agujero de 13 millones de euros en los ayuntamientos afectados por las operaciones irregulares. Los consistorios supuestamente implicados son los de Santa Coloma de Gramenet (117.000 habitantes, gobernado por el PSC), Badalona (217.000 habitantes, con alcalde del PSC en coalición con CiU y ERC) y San Andreu de Llavaneres (10.200 vecinos, con alcalde de CiU pero donde hasta 2007 gobernaba el PP).
Esta operación anticorrupción parte de una causa que el juez Baltasar Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza, filial especializada en la gestión de fortunas, que arranca de septiembre de 2001, cuando inició una investigación por el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la Isla de Jersey, informa Íñigo de Barrón.
Garzón acabó archivando parcialmente la causa abierta en torno a Privanza, relacionada con la evasión de impuestos en 2005, cuando retiró la imputación a 19 ex consejeros del banco. Estas investigaciones se encontraban vinculadas a algunos bufetes de abogados, entre ellos el catalán Petrus.
En las pesquisas sobre el BBVA Privanza se halló un manual de productos fiduciarios y cuentas de corresponsales, un instrumento típico para la evasión de capitales.
* ELPAIS.com - JULIO M. LÁZARO - Madrid - 28/10/2009
Foto: Santa Coloma (Barcelona), registro ayuntamiento - elpais.com
