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LAVOZDEGALICIA* : Tres semanas después de destapar una presunta trama urbanística en el Concello de Mugardos, la unidad especializada de la Guardia Civil en materia de delitos urbanísticos ha entregado un informe similar al fiscal anticorrupción de Galicia en el que también aprecia irregularidades en el Concello de Arteixo durante la etapa en la que Manuel Pose (PP) era su alcalde. Concretamente, los indicios de ilegalidad apuntan al ex regidor, a la que fue primera teniente de alcalde, Isabel Vila Vilas, y al anterior arquitecto municipal, Enrique Sebastián Roel Estrada.
Este informe, realizado a instancias del fiscal especializado en delitos contra la ordenación del territorio, Antonio Roma, desvela un supuesto enriquecimiento de los denunciados sirviéndose de su poder de decisión en el Ayuntamiento entre el 2000 y el 2004. La Guardia Civil apunta que tanto Manuel Pose, como Isabel Vila y Enrique Roel otorgaron licencias de obras a empresas propias o de su entorno. El ministerio público, atendiendo a la investigación llevada a cabo por la nueva unidad de la Guardia Civil, interesó ayer la admisión a trámite de la denuncia, que acabará en manos de un juez, que deberá decidir si continúa adelante o archiva la causa.
Votaciones para dar licencias
La unidad especializada de la Guardia Civil señala en su informe que «con respecto a la concesión de licencias a distintas sociedades en las que Manuel Pose tenía interés, se puede concretar que ha participado en la votación de alguna de ellas», si bien se aclara que su voto «no fue decisivo para conceder la licencia, porque su abstención permitiría igualmente la aprobación por mayoría».
En otro apartado de la denuncia se asegura que el entonces alcalde del PP, «una vez que retiró las competencias de otorgamiento de licencias a la junta de gobierno local y las asumió él, en al menos una ocasión dictó resolución para la urbanización del entorno de dos edificios, uno de ellos promovido por la sociedad Álvarez Pedras, con interés suyo».
Además, la sociedad Arquihor, en la que también tiene poder el ex alcalde, «facturó al ayuntamiento varias marquesinas de paradas de autobús, presumiéndose que estas compras fueron por adjudicación directa», pues la Guardia Civil no «ha localizado ninguna contratación previa de las mismas».
En cuanto a la supuesta participación de la ex primera teniente de alcalde, Isabel Vila, durante el mandato de Pose, la Guardia Civil apunta que las sociedades Arteixo Consulting y Arista Gestión, «vinculadas» a la ahora presidenta local del PP, «recibieron diversas contrataciones del ente municipal; en ocasiones por contratación directa a propuesta de la propia Isabel Vila».
Otra de las supuestas irregularidades que se le imputan a Isabel Vila es que, según aparece en la investigación, «ella misma firmó por decreto diversas licencias de obras cuyos proyectos eran redactados por arquitectos vinculados a Arteixo Consulting y Arista Gestión».
Sobre el arquitecto municipal, entre el 2000 y el 2004, Enrique Roel, la Guardia Civil afirma que «desempeñó su profesión en la dirección de obra de la construcción promovida por la sociedad de Pose Miñones, Os bosques de Arteixo». No solo trabajó en esa construcción, sino en «otras obras concedidas por el Concello cuyos proyectos fueron redactados por él mismo».
* La Voz de Galicia - Alberto Mahía - 27/12/2007
Foto: Arteixo (A Coruña) - C.Quian (La Voz de Galicia)
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El fiscal investiga licencias que dio el ex alcalde de Arteixo a sus empresas
La trama de los sobornos en la capital: Una mancha sobre ocho distritos
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ELPAÍS* : Un particular, dueño de una discoteca, dio pistas sobre la trama con la denuncia presentada en verano. Unos funcionarios, según su relato, le intentaron cobrar por una licencia municipal. Esta acusación fue el detonante de la llamada Operación Guateque, una investigación de la Guardia Civil, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, que ha destapado la trama de corrupción más importante detectada en el Ayuntamiento de la capital. Un grupo de funcionarios, según los primeros resultados de la investigación, se dedicaba al cobro de comisiones ilegales (mordidas) para agilizar la concesión de licencias de bares y locales de ocio. Ya son ocho las Juntas de Distrito de Madrid investigadas y dos concejalías implicadas.
Las primeras detenciones se produjeron la mañana del pasado 14 de noviembre. Agentes de la Guardia Civil acompañados por la Policía Municipal irrumpían de manera simultánea en la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la Concejalía de Medio Ambiente y en las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas. Los agentes también entraron en domicilios particulares y en oficinas de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama. Era la primera entrega tras cinco meses de investigación y 10 teléfonos de funcionarios pinchados por orden judicial. Los agentes pusieron esa mañana a disposición del juez a 16 funcionarios sospechosos de integrar una compleja trama de corrupción.
Los responsables exigían cantidades que oscilaban entre 3.000 y 18.000 euros por conceder las licencias de locales de ocio. El pago en otras ocasiones lo hacían para que los expedientes sancionadores se perdieran o caducaran. "Si no me das un kilo [6.000 euros], esta licencia no la tendrás nunca", llegaban a decir los funcionarios, según las conversaciones grabadas por orden judicial.
Al frente de la trama, según las investigaciones, estaba Victoriano Ceballos Fernández, cuñado de un ex concejal socialista y colocado a dedo hace más de 20 años. En la actualidad está en prisión, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El PSOE acusó al PP de haber permitido que siguiera en su puesto pese a ser investigado por delitos similares en 1996. Otro de los supuestos cabecillas era Joaquín Fernández de Castro, que fue destituido de su cargo de director de servicios de Medio Ambiente en 2003. En la actualidad ocupaba la jefatura de Evaluación Ambiental. Desde su puesto controlaba los locales que incumplían la normativa de ruidos.
La Operación Guateque ha ido creciendo con el paso de los días. El 16 de noviembre fue arrestado otro funcionario por la Guardia Civil. A éste se sumaban otros cinco trabajadores municipales imputados. Era el resultado del primer análisis de los 187 expedientes que fueron decomisados por la Guardia Civil en los edificios municipales.
El juez de guardia Francisco Javier Teijeiro tomó declaración durante el fin de semana del 17 y 18 de noviembre a los detenidos. Decretó el ingreso en prisión de seis personas (cinco de ellas, funcionarios), entre los que estaba Ceballos. De los nueve restantes, algunos quedaron en libertad con cargos.
El funcionario jubilado adscrito a la Gerencia de Urbanismo Carmelo García Sánchez, también ingresó en prisión por orden del juez el 20 de noviembre. Este trabajador había sido investigado en 2004 por haber participado supuestamente en una trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar licencias pero fue absuelto por falta de pruebas.
La bronca política acampó entonces en el Ayuntamiento de Madrid, donde a las peticiones de dimisión que cursaba el PSOE, el PP replicaba con acusaciones como que la sede principal de los socialistas carecía de licencia y amenazó con enviar inspectores. En Madrid son numerosos los establecimientos y edificios que carecen de licencia de funcionamiento o tienen una provisional. La trama ha tocado también a empresarios, arquitectos y abogados que actuaban como intermediarios. Los investigadores concluyeron que durante "muchos años" la corrupción "campaba a sus anchas" en el Ayuntamiento de Madrid, provocando una "sangría dineraria" para las víctimas de la red.
* ELPAIS.com - F. J. BARROSO / A. CORCUERA - Madrid - 28/12/2007
Foto: Madrid, investigación trama urbanística - C.Álvarez (El País)
NOTICIA RELACIONADA : La red corrupta del Ayuntamiento de Madrid crece con otros cinco arrestos - EL PAÍS - F. J. BARROSO / J. A RODRÍGUEZ - Madrid - 28/12/2007
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Camilo José CELA CONDE* : En un intento desesperado de acabar con el lastre de la corrupción urbanística que ha convertido el litoral español en una especie de muralla de la China pero de cemento, la ministra del Medio ambiente, doña Cristina Narbona, ha anunciado que su departamento aspira a hacerse con la propiedad de aquellos terrenos aún sin construir que estén situados junto a la costa. Habrá comunidades autónomas en las que va a ser difícil adquirir siquiera un solar de los más pequeños. Cuando las playas y los acantilados de las zonas turísticas se contemplan desde el mar, el panorama aterra. Todo lo que se ve es una especie de cortina de edificios gigantescos decorada, a mayor abundamiento, por no pocas grúas que son anuncio de aún más agobio constructor.
La manera lógica mediante la que cualquier país digamos civilizado habría resuelto la necesidad de mantener virgen una parte prudente de sus costas pasa, claro es, por la protección. Crear parques, reservas, santuarios o como se les quiera llamar. Pero no sé por qué arte de birlibirloque, el anuncio mismo de que se piensa proteger un enclave lleva en este reino de inmediato a que se convierta en una especie de disparate urbano asomándose a la mar.
En esa tesitura, es decir, si no sabemos proteger o ignoramos al menos cómo hacerlo a tiempo, antes de que termine a muy corto plazo por resultar lo contrario, parece que el entrar en competencia con los promotores de las eventuales urbanizaciones futuras es una vía adecuada para evitar mayores males. Pero la idea de la ministra Narbona no es nueva. Como sin duda se recordará, la isla de la Dragonera pudo protegerse hace un montón de años gracias si no recuerdo mal a que otra mujer, doña Maria Antònia Munar, se la compró desde el Consell de Mallorca a su dueño. Amenazaba ya un proyecto de llenar la Dragonera de chalets de lujo y el Consell cortó por lo sano. En buena parte, asumiendo una derrota. Las islas no habitadas, los montes, los pantanos y los desiertos deberían ser, de acuerdo con la lógica aplicable a los conceptos de propiedad pública y privada, patrimonio común en manos del Estado. Pero no por la vía de comprar a precio de mercado sino mediante la mucho más eficaz de no dejar que se privaticen. O procediendo, si es ya tarde, a la expropiación de la misma manera que se obra cuando hay que construir un puente, un aeropuerto o una carretera.
Mediante esa fórmula de entrar en la subasta de los terrenos, estamos comprando en realidad lo que, cuando se apareció el concepto mercantil de la propiedad del suelo, nunca debería haber salido de las manos públicas. Los coletazos de la época feudal asignaron a la nobleza y a la Iglesia -católica, claro es- aquellas tierras que antes sólo eran suyas en un sentido muy relajado: los territorios que quedaban bajo la supuesta protección de un señor dispuesto, como única tarea reseñable, a cobrar los impuestos. Aquellos países que no hicieron jamás una reforma en serio sufren hoy consecuencias como las de tener que hacerse a precio de solar -o casi- con los espacios que se quieran dejar vírgenes. Y no es sólo el país el que queda bajo sospecha: las comunidades autónomas cargan aquí con su parte del pecado. O del negocio. Porque éste es espléndido, sí, pero por desgracia no para los ciudadanos.
* Diario de Ibiza - Opinión - 26 de diciembre de 2007
