Vdevivienda* está siguiendo con el máximo interés y el sentido crítico que nos caracteriza los últimos movimientos que se hacen desde el poder político para simular un cambio en sus prioridades y políticas sobre el derecho a la vivienda. Pero sabemos que ese cambio es más aparente que real, y no está guiado por una auténtica conciencia social, sino que está forzado por unas circunstancias adversas tanto a nivel nacional, con el fin de la especulación urbanística, como internacional, patente en la crisis de liquidez que viven los mercados financieros internacionales por un problema originado precisamente en las hipotecas de alto riesgo en EEUU. También somos conscientes de que en este cambio de panorama ha sido muy importante la presión de los ciudadanos y ciudadanas de este país que cada vez en mayor número exigen una verdadera política social, y por eso el próximo 6 DE OCTUBRE volveremos a salir a la calle en la que apostamos que será la mayor manifestación de la historia por el derecho a la vivienda digna.
No nos valen cambios cosméticos, como el relevo al frente del Ministerio de la Vivienda en la persona de Carme Chacón, una mujer que tan sólo tiene imagen y que se niega a responder ante un periodista de la BBC cuando se le pregunta por el fin de la burbuja urbanística y sus consecuencias; pero la censura del gobierno ya no puede ocultar un problema que ya es demasiado evidente para todo el mundo. Esta política de ocultación sistemática de la realidad es la norma desde hace años, cuando ya en la prensa internacional se alertaba de lo que iba a pasar aquí, y sin embargo en España se seguía alimentando el engaño con la sempiterna letanía de que la construcción iba a seguir tirando de la economía por los siglos de los siglos. Y creemos que esta actitud se debe a que el poder político ha sido un cómplice más en el pastel de la especulación urbanística; los políticos, aliados con los banqueros, constructores e inmobiliarias, se han dedicado a saquear a las clases trabajadoras de este país; pero para mantener el timo, era necesario que la gente creyera que antes llegaría otro diluvio universal que un parón en el ciclo de la construcción.
No nos valen fórmulas mágicas, como esa nueva ley del suelo que llega tan a destiempo, cuando España es ya el paraíso de la especulación y el país con los pisos más caros del mundo en relación a los salarios. Además, este texto permite un amplio margen de maniobra a las leyes autonómicas, que pueden aprovechar multitud de recovecos legales para convertir los tímidos avances de esta norma en pequeños inconvenientes fácilmente superables. Exigimos que este nuevo texto marque unos límites más claros sobre las características que debe tener una VPO, que elimine la figura del agente urbanizador y que, sobre todo, tenga como vocación principal el dar un uso social a los más de 3 millones de viviendas vacías que hay en España.
Y por supuesto, no nos valen las recetas neoliberales que ahora se quiere imponer a los trabajadores y trabajadoras afectados por las subidas de los tipos de interés y la presión cada vez más asfixiante de las hipotecas. Estas recetas buscan a su vez salvar el cuello a los que han generado este gran problema, a esos especuladores que se han enriquecido en los últimos años a costa de alimentar un gran monstruo que irremediablemente tenía que estallar. Estos mercaderes de las finanzas no han parado hasta matar a la gallina de los huevos de oro; gracias a dios que han venido en su socorro sus grandes amigos, las autoridades monetarias de las grandes potencias y de la UE, que han suministrado a los maltrechos mercados financieros una medicina pagada precisamente con nuestro dinero, con el dinero de los que no podemos acceder a una vivienda digna si no es a costa de un endeudamiento de por vida que nos impida disfrutar de una auténtica calidad de vida, y nos condene a vivir bajo el temor de un despido o de un nueva subida de los tipos.
Se ha acabado el quedarnos quietos a la espera de que nos solucionen el problema los que lo han causado. Ahora es nuestro turno. Queremos ser nosotros los que marquemos el camino y dictemos las soluciones. El protagonismo en las políticas sociales no pueden tenerlo los que se han enriquecido a costa de los derechos sociales. Su tiempo se ha acabado; ha terminado el tiempo del silencio. Es el momento de que nuestra voz se escuche, de que marque el camino a seguir y se convierta en la vanguardia del cambio social. Es el tiempo de la calle, es la hora de la lucha. Los ciudadanos y ciudadanas de este país vamos a dejar muy claro el próximo 6 de octubre que ya no nos valen excusas, y que nuestra única e innegociable meta es que al fin consigamos unas verdaderas políticas sociales que destierren para siempre la precariedad y el mercadeo de la vivienda. Y en este camino, si estamos todos juntos, sólo podemos vencer.
* Vdevivienda - Madrid - 22 de agosto de 2007
Hacia el 6 de octubre: exigimos que nuestra voz marque el camino
Catral pretende regularizar las más de 1.300 viviendas ilegales con un nuevo PGOU
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INFORMACIÓN/Alicante* : El equipo de gobierno municipal pretende regularizar las más de 1.300 viviendas ilegales que se han construido en los últimos años de forma indiscriminada sobre la huerta con la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con esta medida, el alcalde, el popular Aurelio David Albero, ha anunciado que no se derribará ninguna casa levantada sobre suelo rústico ni en terrenos protegidos del parque natural de El Hondo.
El primer edil explicó ayer que el grave problema urbanístico que existe en estos momentos en la localidad, después de que el Consell asumiera la competencia de gestión y se la arrebatara al Ayuntamiento en octubre de 2006, se va a intentar resolver con la creación de un consorcio. Esta agrupación estará integrada por las administraciones públicas local y autonómica, constructores y propietarios, mientras que el objetivo que pone sobre la mesa es que cada parte «asuma su responsabilidad y se aporten soluciones», según matizó el alcalde.
Para ello, Aurelio David Albero y miembros de su equipo de gobierno vienen manteniendo una serie de reuniones y ya han llegado a un principio de acuerdo para formar el consorcio con el que afrontar el actual conflicto urbanístico, además de conseguir «los recursos económicos necesarios para resolver en lo posible lo sucedido», explicó el alcalde.
Estas soluciones, según el primer edil, se arbitrarán en torno al nuevo PGOU que está en proceso de redacción. «Con el nuevo PGOU pretendemos recuperar la normalidad y que el Consell nos devuelva las competencias en urbanismo, que asumió ante la nefasta gestión del anterior equipo de gobierno del PSOE», señaló el alcalde.
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Antonio José Bellido, apostilló que con el PGOU y el consorcio a crear se pretende «regularizar las casas, no legalizar porque eso es imposible».
Al margen de las actuaciones y objetivos del Ayuntamiento de Catral y de la Generalitat, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela continúa con la investigación sobre las supuestas irregularidades urbanísticas de Catral denunciadas en 2004 por la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU).
En este proceso, el ex alcalde del PSOE de Catral, José Manuel Rodriguez Leal, esta imputado por un supuesto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio ante la construcción de más de 1.300 casas ilegales en el término municipal, así la juez citada tuvo que reabrir el caso el 19 de diciembre del pasado año, al admitir un recurso de reforma presentado por la Fiscalía de Alicante tras haber procedido a su archivo provisional.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el urbanismo ilegal y el actual equipo de Gobierno de Catral es erradicar la contaminación producida por el vertido de aguas residuales urbanas del más del millar de casas diseminadas por toda la huerta de Catral. Estas aguas en la mayoría de los casos son vertidas a pozos ciegos o sistemas de riego de huerta, aunque también el alcalde de Catral explica que uno de los objetivos fundamentales es que no se vierta ni un solo litro de agua. Para ello, indica, se pretende ampliar la red del sistema de alcantarillado por la huerta, aunque descartó que éste llegue a todas las casas ilegales diseminadas por el alto coste económico.
* Información - Vega Baja - E.D.G. - 05 de septiembre de 2007
Foto: Construcción de una vivienda sobre la huerta de Catral, en una imagen captada ayer - ANTONIO SÁNCHEZ - diarioinformacion.com
Ná te debo, ná te cobro
CARLOS LUIS RODRÍGUEZ* : Raquitismo fiscal y desorden urbanístico son manifestaciones de una misma dolencia: el paternalismo político galaico. Podría definirse como el empeño en tratar al vecino como menor de edad, acostumbrándolo a vivir sin obligaciones. No cobrar tributos y hacer la vista gorda con la casa ilegal o el galpón sin licencia forman parte de una cultura que comparten, en mayor o menor medida, regidores y electores repartidos por todas las siglas reinantes. Por ceñirnos a lo fiscal, las pautas que siguen cantidad de concellos del país se resumen en la letra de La bien pagá. Ná te debo, ná te pido, o lo que es lo mismo, nada te cobro, nada te hago.
De acuerdo con este pacto tácito, el alcalde abdica de su condición de gestor, para hacerse mendicante. La energía y elocuencia que debiera emplear en convencer a sus ciudadanos de que compensa pagar y recibir servicios adecuados se emplea en una incesante peregrinación por las administraciones y entidades financieras en busca del parné.
Lo cual ocasiona que muchas entidades locales se conviertan en protectorados. Tienen gobiernos que en la práctica dependen de la generosidad de terceros. Esa dependencia podría romperse con una fiscalidad diferente, pero ¿quién se atreve a tocar ese tabú? Se admite que vivir en esa situación desvirtúa la autonomía local, pero se sabe también que los pioneros que se atrevan a cobrar como es debido serán sacrificados en lo alto de la urna.
Ahí tenemos el ejemplo del mayor fustigador de este pecado fiscal, que es el profesor Xaquín Álvarez Corbacho. Fue alcalde antes que experto, sufriendo en sus carnes inexpertas las consecuencias de aplicar el rigor a vecinos que querían otra cosa. Y eso que su peripecia en O Grove data del 79 del siglo pasado, cuando la gente todavía podía ser educada en una fiscalidad local y un urbanismo diferentes.
No se hizo. Entre las muchas cosas que se hicieron en los municipios faltó inculcar la idea de que hay un bienestar colectivo que ha de ser sufragado colectivamente. Así, después de aquel 79 inaugural se sucedieron campañas en las que pocos candidatos osaron destapar el asunto. Alguien, no el amigo Corbacho que bastante tiene con lo suyo, debiera analizar la oratoria de esas campañas porque seguramente nos encontraríamos con que su base fundamental es exigir y reclamar a otras administraciones que hagan esto o lo otro.
No hay que ser demasiado optimista en esta cuestión. El sistema imperante no es bueno ni justo; impide que se tengan servicios adecuados, y trata por igual a los vecinos, con independencia de su renta. Sin embargo parece complacer a todos, incluyendo a los políticos extramunicipales que así tienen dominados a determinados concellos. Estamos ante un círculo vicioso pero que, como sucede con otros vicios, produce un innegable placer.
La de don Xaquín seguirá siendo la voz que clama en el desierto. Contra sus sensatas admoniciones tributarias, está la experiencia de alcaldes que llevan muchos años en esta situación precaria sin que el paisanaje los castigue. Practican una mezcla de liberalismo extremo y paternalismo. Ganan porque no cobran, les votan porque no les pagan, y así van tirando.
¿Cómo convencerlos de que hay otra forma de gestionar? Pues tal vez estarían más inclinados a probar, si el propio Corbacho dejara el Consello de Contas, habitara entre nosotros y presentara sus ideas en una campaña. A ver qué pasaba.
* El Correo Gallego - Opinión - 04.09.2007
La Fiscalía investigará el convenio de Aramón con Montanuy
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NEVASPORT* : La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca abrirá diligencias para investigar si el convenio urbanístico entre Aramon y el Ayuntamiento de Montanuy (Huesca) para ampliar la estación de Cerler hacia Castanesa constituye o no una actuación de carácter delictivo. La investigación se pondrá en marcha a partir de la semana que viene. El ministerio público ha decidido poner en marcha las diligencias tras remitirle la Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TC) la documentación sobre el asunto que le envió la asociación Naturaleza Rural, que denunció el pasado mes de julio el citado convenio.
El TC rechazó abrir un expediente, como le había solicitado la entidad, y optó por remitir la documentación aportada por los vecinos a la Audiencia de Huesca “por si fuera procedente el ejercicio de acciones penales”. El convenio entre Aramón y el ayuntamiento de Montanuy se perfila como una recalificación “a la carta”. Aramón se compromete a financiar la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y el consistorio a cambio clasifica como suelo residencial “una o varias zonas aportadas” por la promotora, las cuales “serían las primeras a desarrollar en el horizonte de los próximos diez años, aptas para implantar viviendas libres, viviendas sociales y los servicios requeridos”.
Todo esto suma 2.300 segundas residencias en terrenos de Aramon, 1.200 para otros promotores y 3.500 plazas hoteleras. Aramon se compromete a invertir los beneficios obtenidos con esas iniciativas en la puesta en marcha de un complejo invernal con cuatro dominios esquiables y remontes de varios kilómetros de longitud.
Paralelamente, el municipio recibiría, ya urbanizado, el 10% del suelo de los planes parciales y unidades de actuación que se fueran desarrollando. El documento señala que “la superficie de suelo urbanizable que debe entrar en el convenio será la necesaria para asegurar la viabilidad del proyecto”. El PGOU fue aprobado por el Ayuntamiento el pasado mes de julio con los votos a favor de los 4 concejales del PSOE y los votos en contra de los tres concejales del PAR (2) y CHA (1).
* Nevasport Noticias - Catalunya-ivan 29/08/2007
Foto: Montanuy (Huesca) - Servicio Especial
Noticia relacionada: El Tribunal de Cuentas envía a Fiscalía de Huesca el convenio de Castanesa /El Periódico de Aragón
