*La Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna de Madrid nació con la voluntad de organizar el impulso y la movilización social surgida de las sentadas espontáneas por la vivienda digna a partir del 14 de mayo de 2006, y como forma de apoyo y autodefensa ante la desmesurada y represiva respuesta policial a un movimiento ciudadano y pacífico. Desde sus inicios, la Asamblea consideró que la lucha por la vivienda digna no podía parcelarse del resto de la realidad socioeconómica, especialmente de un problema tan grave como es la creciente precariedad vital y material que soportamos.
El acceso a la vivienda digna…
El problema de la vivienda es el de un modelo económico y social que ha puesto este país al servicio de la especulación inmobiliaria, con el objetivo de hacer negocio con el suelo y las viviendas, sin importar su coste económico o medioambiental o si alguien las habitará. En este país sobran viviendas para especular (hay más de 3 millones vacías, 300.000 en Madrid), es más caro que nunca acceder a ellas (en compra o en alquiler) y faltan viviendas asequibles para vivir. ¿La causa? La vivienda, una necesidad social básica, se ha dejado en manos del mercado, una mercancía más con la que se especula y mercadea, excluyendo de su acceso a “los no rentables”. Un mercado controlado por un oligopolio de propietarios del suelo, promotoras, constructoras y políticos corruptos que se forran a costa de hipotecar y atar a la precariedad a millones de vidas de por vida, obligadas a aceptar condiciones de esclavitud del siglo XXI en el intento de desarrollar su proyecto vital.
Frente a este modelo de “capitalismo popular del ladrillo”, la Asamblea reivindica que el acceso a la vivienda digna (entendido como alojamiento, no como propiedad) sea un derecho universal, reclamable y equiparado a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad. El objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social. Para garantizar este derecho hay que sacar a la vivienda del mercado y del mercadeo, son necesarios cambios legislativos (modificación de la Constitución), disponer de un amplio parque de alquiler social (público o interviniendo las viviendas vacías) y unas Administraciones Públicas no corruptas que dejen de estar al servicio de la especulación inmobiliaria.
Mientras no se garantice el derecho efectivo y real a una vivienda y a una vida digna, la okupación de viviendas vacías y edificios abandonados para habitarlos o para convertirlos en centros sociales abiertos al barrio seguirá siendo un instrumento de resistencia legítimo frente a la exclusión vital que promueve el mercado. Desde este análisis, apostamos por la despenalización de la ocupación.
CON TANTO PISO VACÍO, SE VA A MONTAR UN LÍO
Las propuestas de la Asamblea se resumen en cuatro ejes en materia de vivienda, urbanismo y suelo:
1) Priorizar el uso de las viviendas vacías y de la ciudad ya existente. Se debe apostar por la rehabilitación y mejora de las viviendas y la ciudad ya existente frente a la constante expansión y construcción de nuevas viviendas y ciudades. Debe darse un uso social a las viviendas vacías, fijando para ello un fuerte impuesto sobre estas viviendas en aquellas zonas con necesidad urgente de vivienda. Para evitar el impuesto, el propietario podrá ceder la vivienda vacía a una bolsa pública de alquiler que la gestionará, cobrando un alquiler no lucrativo que cubra los gastos de mantenimiento y conservación de la vivienda, que permitan devolverla en perfecto estado a su propietario cuando éste pueda acreditar un uso legítimo de la misma.
2) El suelo y el territorio es un recurso frágil y limitado que debe ser protegido, por lo que debe establecerse una moratoria a la urbanización de nuevo suelo, hasta que se justifique su necesidad social. Se debe abaratar el suelo para uso social: Sin disponer de suelo asequible, difícilmente podrá implementarse una política pública de vivienda. Para ello una de las fórmulas posibles tendría cabida en la Ley del Suelo y consiste en valorar el suelo rural a precios agropecuarios, desligándolo de los precios inmobiliarios. Otras opciones pasan por reservar a la iniciativa pública toda la capacidad urbanística o por expropiar sin indemnización los solares vacíos de las ciudades para uso social.
3) Allí donde la actuación sobre las viviendas existentes no sea suficiente y se necesite nueva vivienda, se promoverá la construcción, mediante una constructora pública, de parques de vivienda pública en alquiler social. Nadie debe lucrarse con el dinero público destinado a garantizar una necesidad social básica y las condiciones dignas deben alcanzar tanto al trabajador que construye esas viviendas como a los que las habiten. El gasto público en vivienda debe destinarse a promover este parque de vivienda social de alquiler, reorientando la política actual centrada en subsidiar la compra y la propiedad de la vivienda.
4) El planteamiento que debe englobar el acceso digno a una vivienda va más allá de las cuatro paredes de la vivienda y engloba el modelo de ciudad y de urbanismo, de transportes, de servicios públicos y equipamientos sociales, de relaciones sociales y territoriales que genera,… Y este modelo debe impulsarse y surgir de la participación democrática, activa y directa de los ciudadanos y concretarse en la aprobación por referéndum de los planes de urbanismo. En definitiva, englobar estas propuestas en un urbanismo al servicio de los ciudadanos, no del mercado ni de los propietarios del suelo.
CON TANTO PISO VACÍO, SE VA A MONTAR UN LÍO
… Y la lucha contra la precariedad
La precariedad es un concepto amplio con muchas caras que cada vez abarca y limita un mayor número de aspectos de nuestra vida: precariedad en el trabajo, en los salarios, en la relación laboral, en las relaciones sociales y en las redes de apoyo mutuo, en la lacra de los accidentes laborales, en la discriminación laboral (sexo, nacionalidad, edad), precariedad como debilidad y desmantelación de los servicios públicos y la protección social,... Los colectivos afectados por esta precariedad son igualmente múltiples: parados, trabajadores sin contratos ni derechos, temporales y precarios, becarios, falsos autónomos y autónomos dependientes, subempleo,…Jóvenes, mujeres e inmigrantes (¡ningún ser humano es ilegal!) sufren en mayor medida la explotación laboral. Una precariedad que antes era un peaje “temporal” a pagar por parte de los jóvenes y que cada vez más se generaliza a toda la población como modelo económico y social permanente, una profunda reforma laboral encubierta que está erosionando las pocas conquistas sociales y laborales alcanzadas.
La carestía de la vivienda (hipoteca, alquiler) y las malas condiciones laborales son dos factores que se retroalimentan: La obligación mensual de hacer frente un pago desmesurado por alojamiento obliga a las personas a aceptar las precarias condiciones laborales que ofrecen los empresarios y a no protestar o reivindicar mejoras ante la amenaza del despido. Este chantaje obliga a aceptar recortes y condiciones laborales a la baja y la necesidad de dos salarios para poder sobrevivir, impidiendo conciliar la vida familiar y personal con la laboral.
La última década de fuerte crecimiento macroeconómico ha generado un aumento considerable de las desigualdades sociales y de renta, explicado en gran medida por el ciclo inmobiliario, la construcción y el encarecimiento de la vivienda. La riqueza del país (el PIB, producto interior bruto) se ha “duplicado” en estos años, pero no todos nos hemos beneficiado en igual cuantía de este crecimiento. De hecho, mientras que la mayoría de los trabajadores y de la población en general ha visto como se estancaba o empeoraba su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, una minoría de empresarios y especuladores ha visto multiplicarse sus beneficios a costa del esfuerzo de la mayoría.
Desde la Asamblea defendemos un acceso más justo de toda la población (y no solo de una minoría) a la riqueza generada entre todos. La lucha contra la precariedad hay que enmarcarla en un proceso de mejoras sociales globales en este país y ligado al impulso del mismo proceso en el resto del mundo (en una economía globalizada, las conquistas sociales se universalizan o perecen fruto de la lógica competitiva capitalista como estamos viendo con las deslocalizaciones). Se debe abogar por otro modelo socioeconómico a nivel global, basado en mayores derechos sociales, económicos y laborales para el conjunto de la población y surgido de una verdadera democracia real, consciente y crítica.
Algunas medidas para combatir la precariedad serían:
1) El establecimiento de una renta social básica universal, que permita empezar a romper el chantaje establecido por unas condiciones sociolaborales a la baja.
2) Reparto del trabajo sin reducción salarial, como forma de reapropiación de la riqueza generada.
3) Actuar sobre los elementos más graves de precariedad laboral: el abuso de los contratos temporales generalizados y descausalizados y su encadenamiento, eliminación de las ETT´s y otras fórmulas similares (subcontratas, empresas de cesión de trabajadores y prestación de servicios), fuerte subida del salario mínimo, actuar sobre las causas de los accidentes de trabajo,…
4) Acabar con la mercantilización y/o privatización de las empresas y servicios públicos, que restringen nuestra ciudadanía y participación democrática a la de meros consumidores. Cuestionar el modelo vigente que da todo el peso económico al sector privado y limita la actuación pública y colectiva a la de mero espectador.
5) Recuperar la existencia de una banca pública, que permita el acceso más asequible a la financiación e incorpore criterios sociales a su gestión.
6) Impulso al autoempleo, las cooperativas y otras formas de trabajo y economía social, que permitan ir abriendo brecha en la lógica actual del lucro privado como motor de la sociedad y la actividad.
*escrito por antiespantaviejas - martes, 20 de marzo de 2007
*madrid.vdevivienda.net
Reivindicaciones sobre precariedad y vivienda de la Asamblea de Madrid
El Aljarafe se rebela
AntonioRODRÍGUEZ ALMODÓVAR.- EL PAÍS* : "Cuando se construye una casita en un monte, acaba formando parte del paisaje. Cuando se construye un hotel, el paisaje acaba formando parte del hotel. Lo que antes era de todos, ahora es de unos cuantos. Esta sencilla premisa, que vale también para playas y acantilados, parques, etcétera, debería figurar en alguna ley que tuviera por eje el más delicado y público de todos los derechos: el derecho al paisaje. Por lo menos hasta que los ricos deciden privatizarlo, con la anuencia de munícipes bobos, o blandos, o cómplices.
Se entiende así que el Algarrobico se haya enseñoreado de una de las cumbres más famosas del enredo administrativo (y camino va de adueñarse ahora de quince millones de los contribuyentes). Que en el entorno protegido de Medina-Azahara existan 400 parcelas ilegales, esta vez de la mano del Ayuntamiento de Córdoba (¿tú también, Rosa?). Que en los alrededores del Parque Natural de Sierra de las Nieves, el ayuntamiento de Ronda pretenda autorizar 800 chalés, dos hoteles de lujo y el consabido campo de golf. (De "golfos", dice la ocurrencia popular). O que alrededor del precioso jardín diseñado por Forestier en 1928, en Castilleja de Guzmán, del Aljarafe sevillano, unos desalmados pretendan apropiarse de las suaves ondulaciones de un paisaje que ya debieron contemplar los habitantes de Tartessos.
Obsérvese que no estamos ante casos "normales", como esos 2.000 chalés ilegales de Almería o las recalificaciones que el dadivoso alcalde de Málaga está dispuesto a conceder a diversas órdenes religiosas para que se embolsiquen hasta quince millones de euros. No, en todos los antes citados se produce un salto cualitativo en la ya aburrida serie de desmanes urbanísticos, cual si las rapaces tuvieran que ascender un poco más en sus oteros: el salto al espacio natural o cultural, ya sea en su interior, ya en el entorno inmediato. La causa es evidente: agotados los terrenos y los ediles fácilmente "comprables", ciertos promotores han iniciado la subida al monte que queda: los espacios y entornos protegidos.
Sucede que al Aljarafe han emigrado muchos especuladores, literalmente expulsados de la ciudad de Sevilla (espero que los votantes lo tengan en cuenta en las próximas elecciones municipales, y que no se olviden de Tablada), y con ellos auténticos lobbies de arquitectos y urbanistas, la mar de progres algunos. Ductilidad profesional, se llama el fenómeno. Todo eso ha contribuido no poco a la congestión urbanística del Aljarafe y a un descenso alarmante de la calidad de vida. Y es lo que sin duda ha hecho también saltar las últimas alarmas de la Junta de Andalucía y de la Fiscalía de Medio Ambiente, además de agotar la paciencia de simples ciudadanos. Esto último es lo que ocurre con una plataforma muy activa (www.aljarafehabitable.es), dispuesta a defender, entre otras cosas, una de las últimas atalayas que quedan sobre el paisaje histórico del Valle del Guadalquivir.
Merecerá la pena detenerse un poco sobre este elocuente caso. Se trata, el jardín de Forestier, de un declarado Bien de Interés Cultural, adscrito a un colegio mayor dependiente de la Universidad de Sevilla. (Por cierto, si se animan a visitarlo, no dejen de asombrarse ante el escudo franquista, de grandes proporciones, que todavía recibe al visitante en el fachada principal y lo despide en la trasera del edificio; o sea, dos por falta de uno). Hace cosa de un año, la propia Consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, fue a visitar esos jardines, advertida por la ciudadanía de un proyecto de urbanización sobre la zona de protección, amparado por el propio Ayuntamiento, cuyo alcalde, curiosamente, había hecho campaña electoral con una aguerrida defensa de esos espacios libres. Sobre la marcha, y cuando la responsable del urbanismo andaluz contempló la maravillosa vista que proporciona el mirador del parque, dijo algo así como "aquí no quiero ver ni una sola casa". Y también sobre la marcha, según las diversas fuentes consultadas, un edil que formaba parte de la comitiva, se fue derecho a un árbol y empezó a darse de cabezazos contra él. El pasado 1 de noviembre, otra mujer, Ana Linares, Fiscal de Medio Ambiente, giró visita al mismo enclave, así como a otro acosado por parecidos peligros, el dolmen de Montelirio, y, a requerimiento de la plataforma ciudadana, ha emitido un primer informe, de fecha 30 de enero, donde dice: "comprobé cómo el daño que se puede causar a ambos [Bienes de Interés Cultural] puede resultar catastrófico e irreparable", y da traslado de su advertencia a las distintas autoridades competentes.
Por otra parte, la Comisión Provincial de Urbanismo acaba de rechazar, en su reunión de febrero, un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) similar, el de Castilleja del Campo. Según se dice, junto con Huércal-Overa (Almería) y Albolote (Granada) son las primeras "víctimas" del POTA, el flamante Plan de Ordenación del Territorio Andaluz, que impide a todos los municipios proyectar incrementos de población superiores al 30%. Con esos antecedentes, todo permite esperar que el PGOU de Castilleja de Guzmán tampoco salga adelante. Pero crucemos los dedos.
*ELPAIS.com - 21/03/2007
La Fiscalía se ve desbordada por las denuncias urbanísticas
AGENCIAS* : "La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) alertó ayer de que la plantilla de fiscales especializados en Medio Ambiente es "insuficiente" y tiene un "problema de personal" ante el volumen de casos urbanísticos que está tramitando y que "ha desbordado" las previsiones.
Ésta fue una de las conclusiones de la reunión mantenida en el Parlamento autonómico por la Fiscalía del TSJA y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, la cuarta de este tipo de citas entre ambas instituciones, en la que abordaron los delitos o infracciones relacionadas con el medio ambiente, el urbanismo y la protección del patrimonio histórico y cultural.
Luis Carlos Rodríguez León, coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos del TSJA, que tildó de "fundamental" la colaboración con la institución del Defensor del Pueblo, aseguró que esta relación ha dado como consecuencia un "óptimo" resultado en el desarrollo del trabajo de la Fiscalía.
Al ser el urbanismo el motivo de queja más abundante en el Defensor del Pueblo, la Fiscalía ha realizado un "esfuerzo especial" en esta materia, aunque Rodríguez León se mostró partidario de "ampliar" la actividad fiscal al medio ambiente y la protección del patrimonio histórico.
Sin embargo, el coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente no ocultó que la plantilla de estos fiscales del TSJA (dos especializados en cada Audiencia Provincial, salvo en Sevilla en la que hay cuatro) es "insuficiente" teniendo en cuenta el número de asuntos tramitados, que "ha desbordado" las previsiones, por lo que hay un "grave problema" de personal. Adelantó, en este sentido, que la próxima publicación de la Memoria del TSJA pondrá de manifiesto el crecimiento del volumen de delitos urbanísticos que, en el caso de la provincia de Sevilla, "se ha multiplicado por cuatro" en un año, un aumento -comentó- que la comunidad se ha duplicado.
En materia de agua y ante la época de sequía, abogó por tomar medidas administrativas y penales en relación a la protección del agua, así como por evitar y perseguir los vertidos contaminantes.
El coordinador de los fiscales se mostró además partidario de actuar contra los propietarios de los pozos ilegales "siempre que la ley penal lo permita", y recordó que el Código Penal "sólo" cita al agua en cuestiones como la salud pública y los vertidos, por lo que defendió una reforma.
*diariodesevilla.es - Miercoles, 21 de Marzo de 2007
Foto: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada / andaluciajunta
El Parlamento Europeo solicita subvenciones comunitarias para el problema de la vivienda
EFE* : "La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta no de ley en la que define el acceso a la vivienda como un derecho "fundamental" y pide ayudas comunitarias para garantizarlo. El texto, aprobado por 45 votos a favor y 3 en contra, sostiene que el "derecho a una vivienda adecuada a un precio razonable es un importante derecho fundamental que está reconocido en diversas Cartas Internacionales y Constituciones de los Estados miembros" de la UE.
Por ello, pide a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que amplíen el alcance de sus actuales programas de ayuda a la vivienda de forma que no cubran sólo a los nuevos Estados miembros, sino a todo el territorio de la UE. Además, reclama a la Comisión Europea que fije estándares mínimos de calidad comunes para todos los países de la Unión a partir de los cuales una vivienda pueda considerarse digna.
"En los últimos diez años, los precios de la vivienda se han incrementado de forma constante en casi todos los países de la UE. Este encarecimiento ha reducido la capacidad de las familias para consumir otros bienes, lo que, a largo plazo limita el crecimiento", advirtió el autor del informe, el liberal italiano Alfonso Andria.
El texto también aboga por promocionar el uso de las tecnologías y materiales más eficientes y menos nocivos para el medio ambiente en la construcción. Tras su aprobación en la comisión parlamentaria, el texto deberá ser debatido y votado en el pleno de la Eurocámara, previsiblemente el próximo mayo.
*elmundo.es - SuVivienda - martes 20/03/2007
Foto: Exterior Parlamento Europeo - Estrasburgo / archivo
