ELPAÍS* : Era español, tenía unos 40 años y aparentaba más. Dormía sobre un transformador eléctrico, protegido por la cubierta de un antiguo hospital psiquiátrico, en la zona donde el barrio de Patraix se junta con el distrito de Jesús, en Valencia. Apareció muerto sin signos de violencia el 25 de noviembre, en plena ola de frío.
El caso atrajo a la policía. Durante unos días, cuenta Amparo Hernández, de 31 años, el transformador se quedó desierto. "Luego volvieron", dice, y señala los colchones, las mantas y los fardos de ropa que sobresalen del techo.
A diferencia de otras ciudades, Valencia no tiene ningún gran poblado de chabolas. Cuenta, a cambio, con una legión de asentamientos precarios esparcidos aquí y allá. La Federación de Asociaciones de Vecinos ha elaborado algo parecido a un mapa de la exclusión con información recogida sobre el terreno. La intención, señala Antoni Pla, vicepresidente de la federación, es promover una "actuación integral, no solo policial, que atienda a las necesidades sociosanitarias" de indigentes y otros colectivos marginales, como los relacionados con la prostitución y las drogas.
"Está muy bien que existan unidades policiales como la X-4, que hace un seguimiento de los indigentes y les facilita recursos, pero tendría que haber grupos interdisciplinares de apoyo. Porque las situaciones son muy diferentes. Hay familias que se instalan y acaban integrándose en el barrio. Hay quienes están de paso, o son temporeros, grupos con menores, personas con problemas de dependencia. Casos de desestructuración familiar o desadaptación social. No todos pueden tratarse de la misma manera porque son casos muy variopintos", afirma Pla.
Los asentamientos también son variopintos. Pueden nacer en unas naves industriales (como las de Macosa, hacia el final de la calle de San Vicente) o una fábrica (Bombas Gems, en la avenida de Burjassot) abandonadas. En una furgoneta (carretera de la Font d'Encorts, camino de Mercavalencia). En una alquería (en la huerta de San Marcelino y en la Ciudad Fallera). En un patio de manzana (la Malva-rosa). O en un cobertizo de uralita (en la Font de Sant Lluís) como el que Eugen Peptanaru, rumano, de 57 años, y su mujer Iulica vaciaron de basura durante semanas para convertirlo en su morada."Yo solo, mira, con las manos y el carro", dice Peptanaru. Buena parte de la basura, los escombros y los muebles rotos han quedado amontonados alrededor del algarrobo que hay frente a su vivienda. Dentro hay un par de habitaciones pequeñas, atestadas de trastos, en las que flota un fuerte olor a humedad. La cocina queda a la entrada, a la derecha de un pasillo minúsculo. No hay luz eléctrica. Ni agua. De noche usan una vela, y tienen una botella de butano.
"Cuando llueve, problema, mucho problema. Cubo aquí, cubo allí, mucho cubo", dice. Peptanaru no domina el castellano, pero después de explicar, medio con palabras medio con gestos, que en Galati, desde donde llegó hace un año, se ganaba la vida esculpiendo los nombres en las lápidas de los cementerios, agrega: "Por ejemplo, Pepa Pérez".
El hombre tiene todos los papeles en regla. Insiste en abrir la riñonera y mostrar el pasaporte, la tarjeta de residencia, la tarjeta sanitaria. "Todo perfecto, no problema". Iulica apenas sale de casa. En verano la operaron de la columna, asegura. Su marido insiste en levantarle un poco el pañuelo a la altura de la nuca y mostrar una cicatriz circular de la intervención. Los Peptanaru viven de lo que a Eugen le dan a la puerta de Mercadona. "Cinco céntimos, diez céntimos".
Su casa está incluida en el mapa de los asentamientos que ha trazado la federación de vecinos. Pero el vicepresidente advierte de que han tardado casi un mes en reunir los datos de las asociaciones de cada barrio, así que ya habrán cambiado. Ni es exhaustivo ni logra nunca estar actualizado, pero el mapa tiene el valor de una foto fija. Y permite seguir las huellas.
En la carretera de la Font d'En Corts la federación había detectado dos asentamientos en furgonetas y uno muy grande en las antiguas instalaciones de Industrias de Barnices Especiales, donde llegaron a reunirse más de 10 familias de etnia gitana, afirma José Siurana, de 31 años, uno de los pocos agricultores a tiempo completo que quedan en la zona, ubicada entre la salida de la pista de Silla y L'Oceanogràfic. "Muchos problemas no daban, pero mala imagen, sí", comenta. "Habían ido sacando la basura casi hasta la calle".
Las familias fueron desalojadas por la policía. Y antes de llegar a la Font d'En Corts, dice Siurana, habían sido desalojadas de La Punta.
Antoni Pla subraya ese problema circular, y lo extiende a los puntos de venta de droga. Otro de los elementos analizados en el mapa de la exclusión, pero que la federación difunde con precaución para evitar, dicen, un efecto reclamo.
Reconocen, sin embargo, que las operaciones policiales en el híper de la droga de la huerta de Campanar, provocaron un resurgimiento de la venta de drogas duras, como la heroína, en otras zonas: el barrio de El Carme, las casitas rosas de la Malva-rosa, o el barrio de Beteró (al final de la avenida de Blasco Ibáñez).
"Cuando se genera una situación muy grave en las cañas, el híper de la droga, actúan, pero eso es como pegarle una pedrada a un avispero, provoca una dispersión", dice Pla, que lleva años apostando por una atención sociosanitaria a los toxicómanos que incluya, en casos muy graves de adicción, la dispensación de las sustancias bajo prescripción facultativa, como paso previo a un posible tratamiento de desintoxicación. Y añade: "¿Cómo vas a convencer a alguien directamente en las cañas de que acuda al psicólogo o de que tiene cita con el trabajador social?"
* ELPAIS.com - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 31/12/2008
Foto: Eugen Peptanaru y su mujer Lulica- JESÚS CÍSCAR, elpais.com
Doce núcleos de chabolas en Valencia
El 80% de los baleares dice que la corrupción daña la imagen de las Islas en el exterior
ELMUNDO* : 2008 ha sido el año del aterrizaje sin frenos en la crisis económica. Pero sobre todo han sido los doce meses de la corrupción política. De los altos cargos esposados. De los registros en despachos de postín. De los cuellos blancos entrando y saliendo de la prisión provincial. De los gerentes de consorcios públicos que esconden 200.000 euros en efectivo en una lata de colacao enterrada bajo las hortalizas del jardín. El año de las confesiones y las vendettas. De la langosta con dinero público y el pelotazo urbanístico. Del escándalo. De la tinta. Y de la furia del contribuyente.
La crisis y la corrupción. La corrupción y la crisis. Dos tragedias que se retroalimentan. Dos realidades que encrespan a la sociedad balear. Que la enervan de puertas adentro. Y, según desvela la encuesta encargada por EL MUNDO, que le destrozan la autoestima.
Los casos
Si ayer estas mismas páginas recogían el abrumador dato de que un 53,7% de los ciudadanos de las Islas califica el año como "catastrófico", "corrupto" o "vergonzoso", hoy avanzamos en esa línea. Un 82,7% de los encuestados considera que "los casos de corrupción están dañando la imagen de Baleares en el exterior". La imagen. Esa mina en la que se ha sustentado durante años la economía insular. Sólo un 4,5% se muestra incapaz de responder a la pregunta. Y un raquítico 12,9% se apunta al 'no'.
Los fardos que lastran esa imagen son muchos y muy pesados. El caso Son Oms: recalificación de un polígono industrial participada y comisionada por políticos de UM. El caso CDEIB: malversación de caudales públicos y cobros de sobornos a cambio de contratos. El caso Rabasco: condena a dos ex ediles de Llucmajor por el expolio de un millón de euros públicos.
El caso Andratx: una quincena de años de cárcel para políticos del PP por infracciones urbanísticas. El caso Plan Territorial: investigación en torno a la recalificación injustificada de un millón de metros cuadrados rústicos. El caso Turisme Jove: políticos gastando en lujos y pidiendo sobornos. El caso Bitel II: un alto cargo público exigiendo comisiones porque, claro, "no podía decir que no" a su alto tren de vida. La Piñata: el reparto de más de 4 millones de euros a dedo a entidades fantasma interpuestas por miembros de un partido. El caso Palma Arena. El caso Rodrigo de Santos, que ha llevado al ex edil que le da nombre a prisión por presunto abuso de menores después de que se desvelase que gastó 50.000 euros con la visa municipal en clubes de ambiente homosexual. Y, para rematar el año, la investigación del dinero que se gastó el ex presidente Matas en relojes de lujo o en amueblar su palacete.
En total, nueve políticos han sido encarcelados preventivamente o se han librado de entrar en prisión gracias al pago de fianzas millonarias. Otra decena están procesados.
Eso sí, la cosa va por barrios políticos. Curiosamente, un 57,1% de los votantes de UM considera que la corrupción no daña la imagen de Baleares en el exterior, mientras que un 14,3% no lo tienen claro y se muestran indecisos. Es la opinión de los que militan en uno de los partidos en cuyas filas más se han prodigado las actitudes denunciadas y refleja fielmente la histórica estrategia de un partido unido por la argamasa del clientelismo y que siempre opta por no darse por aludido. Sólo el 28,6% de los votantes de UM considera que sí daña la imagen. Los votantes que más denuncian esa degradación de la imagen son los del PSOE: un 88,1% del partido que gobierna cree que la corrupción larva la proyección de Baleares. Sólo un 9,5% entiende que la imagen de Baleares no se ve dañada por los escándalos.
Autocrítica
En el PP, el partido más duramente castigado por las operaciones de la Fiscalía Anticorrupción, un 75,6% también secunda esa teoría de la pérdida de prestigio autonómico. Lo que, teniendo en cuenta que el PP ha protagonizado la mayoría de esos escándalos, refleja un alto grado de autocrítica en los votantes del partido. Lo opuesto a UM.
En lo que se refiere a la percepción de ese deterioro de la imagen entre los simpatizantes del Bloc, un 78,3% de los encuestados que se declararon afines a la coalición nacionalista apoyaron la tesis de que la corrupción daña la proyección de las Islas, mientras que un 21,7% consideraron que no.
Curiosamente, entre el Bloc no hay indecisos en torno a este asunto. Otra de las conclusiones que se extraen del estudio es que la isla donde mayor fuerza tiene esta idea es Menorca, donde un 85,2% de los entrevistados considera que la imagen está perjudicada. La cifra contrasta con la de Ibiza, donde se sitúa en un 74,9%. Eso pese a que en la isla pitiusa se ha judicializado este año el caso Eivissa Centre, un presunto escándalo de comisiones desvelado por este diario y sustanciado en una serie de reveladoras grabaciones que han llevado a la imputación del presidente del Consell Xico Tarrés.
* El Mundo - EDUARDO COLOM - 29.12.2008
Isach acumula otra querella urbanística
LEVANTE/Castelló* : El alcalde de Moncofa, el socialista José Vicente Isach, está llamado a declarar al juzgado nº2 de Nules el próximo día 9 de febrero en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación por, supuestamente, permitir que se construya en una parcela de la avenida Diputación con un edificabilidad superior a la inicialmente acordada.
Junto a Isach también tendrá que declarar como imputado el concejal de Urbanismo, Enrique Navarro. De esta manera, el primer edil acumula ya cuatro querellas por supuestas irregularidades en la tramitación del sector Camí Cabres, el PAI Belcaire Sur y dos por la UA-15.
Según los informes a los que ha tenido acceso este periódico, la citación responde a la admisión a trámite de una querella presentada por la Asociación por la Justicia y los Derechos Civiles -con sede en Valencia- ejerciendo la acción popular. En la demanda se explica que uno de los miembros de la asociación inicia en el año 2000 negociaciones con el ayuntamiento para reducir, voluntariamente, la edificabilidad de unos terrenos de su propiedad que pasarían de 4 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a 1,25 m2t/m2s.
En la querella se señala que el ayuntamiento "aceptó reducir la edificabilidad mediante un acuerdo plenario del 27 de junio de 2002" y concreta que la reducción afecta a la UA-15, "unidad de ejecución que comprende parte de los terrenos propiedad de nuestro asociado". La asociación entiende que lo hace el consistorio es modificar las Normas Subsidiaras para esa zona en concreto.
Además, en noviembre de 2003 "se le confiere -al miembro de la asociación- la condición de agente urbanizador". El problema surge cuando el propietario decide vender una parcela de la UA-15 a la mercantil Construcciones Ayódar, SL.
Los proyectos presentados
La Asociación por la Justicia y los Derechos Civiles asegura que pese a que en un principio la constructora acepta reducir la edificabilidad, una vez escrituradas las parcelas, el representante legal de la empresa renuncia a la licencia de obras para hacer 22 adosados con jardín y presenta en el consistorio un proyecto para hacer 28 viviendas, en hilera, sin jardines y con una volumetría de casi 3 m2t/m2s, esto es, "más del doble de lo comprometido en el convenio urbanístico". El colectivo valenciano se pregunta qué "inteligencias se han llevado a cabo entre Construcciones Ayódar y el Ayuntamiento de Moncofa para que este último otorgue una licencia a sabiendas de que es del todo incompatible con el PAI aprobado". El colectivo denuncia, además, que cuando el propietario inicia los trámites legales para poner en conocimiento la "urdimbre tramada por el consistorio" se empieza a gestionar la manera de rescindirle la condición de agente urbanizador y así "poder eliminar el problema". Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con Isach para que confirmara si se mantiene la citación o si, por el contrario, se ha recurrido.
* Levante-EMV - Nerea Soriano - 31.12.2008
Foto: parcela. Actualmente ya se han ejecutado alrededor del 95% de las obras.
vicent martí, levante-emv.com
La ciudad perdida
JORDI BORJA* : El arquitecto David Mangin acaba de recibir el Premio Nacional de Urbanismo de Francia y declara: "La ciudad sólo es sostenible, duradera, si posee la capacidad permanente de adaptarse, de evolucionar. Y sólo es posible si es una ciudad transversal, de mezcla, abierta..., pero el espacio público hoy está fuertemente amenazado. Lo que predomina ahora son los espacios uniformes, sin vida urbana de las periferias, y las áreas de enclave, cerradas, especializadas, en la ciudad compacta, lo que aún llamamos ciudad aunque cada vez lo es menos. La ciudad con historia no representa más que el 5% de las zonas urbanas francesas...".
Recientemente, se presentó el Anuario Territorial de Catalunya correspondiente a 2007. Una gran obra que elabora cada año la Societat Catalana d'Ordenació del Territori del Institut d'Estudis Catalans, con el apoyo de la Generalitat y la Diputación de Barcelona. Se analizan los 200 casos más relevantes de transformaciones y proyectos territoriales y no se obvian los impactos negativos que las acciones y omisiones de los actores públicos y privados han producido sobre un territorio cada vez más mal urbanizado. Se incluye el debate público y la resistencia de los actores ciudadanos, lo que demuestra que el país tiene un gran potencial crítico y capacidad de elaborar propuestas alternativas o por lo menos exigencias que forman parte de la ciudadanía de nuestra época.
La Introducción al Anuario, a cargo de Josep María Llop, ex responsable de Urbanismo de Lleida y de Barcelona, tiene la virtud de explicar las causas de este proceso disolutorio de la ciudad que denuncia David Mangin. La absurda y culposa expansión inmobiliaria (los promotores recibieron en estos años del boom créditos por valores de más de 50.000 millones de euros) ha multiplicado tanto la banalización de las periferias como los enclaves en la ciudad compacta. Es la negación de la ciudad, de su capacidad de progreso. La evolución resulta como es sabido de la selección natural y del juego entre el azar y la necesidad, y también, como dice Marcoulis citado por Llop, de la simbiosis, de las relaciones contradictorias y complementarias entre elementos o actores distintos. En la ciudad se dan en teoría estos tres factores pero la urbanización actual, negando el tercero también reduce la eficacia de los otros dos.
El planeamiento municipal y regional se ha mostrado impotente y ha faltado una intervención pública sistemática y eficaz sobre el suelo urbanizable o con vocación de serlo, el factor clave del proceso urbano. A pesar de que el 73% del suelo está teóricamente planificado, la capacidad de gestión es débil frente al dinamismo del mercado. La conflictividad territorial que han desarrollado plataformas múltiples en ámbitos locales es todo lo contrario de una patología social como a veces creen los responsables políticos: en muchos casos ha frenado o reducido los impactos negativos de lo que la misma Cámara de la construcción ha denominado "urbanismo especulativo". Un urbanismo que ha contado con la complicidad de los proyectos de la extensión de la red viaria que de facto han favorecido la expansión de la urbanización difusa.
Ahora, en el marco de la crisis económica global, ha llegado una oportunidad de respuesta a la misma desde la Catalunya-ciutat. Enfrentar la disolución de la ciudad y sus impactos sociales y ambientales, la regulación del mercado inmobiliario, la falta de una política de reforzamiento de centralidades y compacidades urbanas en todo el territorio, el modelo de comunicaciones que requiere este urbanismo integrador, la gestión del planeamiento a escala supramunicipal. Los objetivos territoriales vinculados a la generación de empleo y al desarrollo de actividades endógenas pueden ser una respuesta positiva a la crisis si son capaces no de reproducir sino que demuestran que son capaces de reducir el salvajismo capitalista actual. La miseria intelectual de la política española no permite hacerse esperanzas pero, en cambio, debieran estimular al Gobierno catalán a tomar iniciativas innovadoras.
La intervención pública se apoya en tres instrumentos principales: la normativa, la inversión y la capacidad de definir planes y proyectos, que incluyen normas y actuaciones propias y algo más, una voluntad política práctica que orienta la acción del conjunto de actores públicos y privados. La normativa existe, la actual legislación urbanística permite una fuerte intervención del sector público, tanto en el planeamiento como en la gestión. La capacidad de inversión, no sólo directa, también mediante la obtención de recursos, ya sean monetarios (plusvalías), cesiones de suelo, etcétera. El punto débil es el planeamiento que existe pero faltan las instituciones adecuadas a los desafíos del territorio y también una concepción renovada del planeamiento, más estratégico que regulador, entendido como un medio para desarrollar proyectos y no como la autoridad superior que aprueba o rechaza hipotéticas iniciativas públicas o privadas.
La nueva organización del territorio que anunciaba el Estatuto (el anterior y el actual) no solamente no se ha desarrollado, sino que tampoco se ha planteado mediante conceptos operativos. El planeamiento más importante es el de escala municipal, lo cual en un país con más de 900 municipios, la mitad de los cuales no llega a 500 habitantes y más del 80% no alcanzan los 5.000, es insostenible. Las "veguerías" (¿por qué no llamarlas "regiones", que no suena tan anacrónico y que ya se utilizó en los años republicanos?) no parece que vayan a ser la solución. No tanto por su ámbito, más adecuado al planeamiento, como por su concepción administrativista, delegación de los departamentos y relación bilateral con los municipios.
Nos falta un motor innovador, un referente para el conjunto del territorio. El silencio de Barcelona es estruendoso. Encerrada en su término municipal, sin un proyecto de futuro y sin ambición de capital, su gobierno, al optar por una ficticia proximidad, sólo ha conseguido alejarse de Cataluña.
* ELPAIS.com - Opinión - 22.12.2008
El TSJ levanta el veto al ladrillo en la costa de Dénia
ELPAÍS/Alicante* : La sombra del hormigón vuelve a planear sobre el litoral de Les Marines de Dénia. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado el plan transitorio que regía la gestión del urbanismo en el municipio y que apostaba por la protección de casi tres millones de metros cuadrados en ese tramo de costa, impidiendo la construcción de 20.000 viviendas.
El documento fue elaborado por el Ayuntamiento cuando gobernaban PSPV y BNV y aprobado por la Consejería de Territorio en 2005.
Aunque el fallo alude a defectos de forma, sus consecuencias urbanísticas son muy importantes: la denuncia fue presentada por la Asociación de Vecinos de Almadrava-Molins, uno de los sectores de Les Marines, que impugnó el plan transitorio por considerar los terrenos afectados como "suelo urbanizable con planeamiento suspendido", lo que evitaba su edificación. Además, los representantes legales de la entidad vecinal son los mismos que los de una promotora que aspira a construir 4.000 inmuebles en la zona.
La sentencia no cuestiona la protección de ese suelo en el litoral, pero anula el plan porque Territorio no respondió a los informes exigidos por diversas administraciones, como el Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Educación o la Diputación. Así, un fallo judicial vuelve a dejar a Dénia sin su principal instrumento de planeamiento.
No obstante, el urbanismo no se paralizará en la ciudad ya que la Generalitat ha decidido recurrir la sentencia del TSJ ante el Tribunal Supremo. Fuentes del anterior gobierno local de PSPV y BNV culparon de esta situación a la Consejería de Territorio, toda vez que sus criterios urbanísticos no han sido condenados. Y mostraron su inquietud porque el actual ejecutivo, integrado por PP e independientes tras la moción de censura, esgrima esa sentencia como argumento para dejar Les Marines sin protección en el nuevo PGOU.
Socialistas y nacionalistas denunciaron que ésa era una de las razones de voto de censura y recordaron que algunos de los ediles del actual ejecutivo de la popular Ana Kringe ya apostaron hace dos legislaturas por construir 20.000 casas en la costa. Por su parte, fuentes del actual gobierno local consideran que la sentencia "vuelve a demostrar la pésima política urbanística de PSPV y BNV".
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 30/12/2008
Foto: Denia_desde_el_Montgó - wikipedia.org
Un alcalde de Cádiz boicotea el derribo de un hotel ilegal
ELPAÍS* : La casa rural de Tavizna, en Benaocaz (Cádiz), seguirá en pie. Los vecinos de esta pedanía, en plena sierra de Grazalema, consiguieron ayer su propósito de evitar que las máquinas contratadas por la Consejería de Medio Ambiente derribaran este edificio. Lo lograron con el apoyo del alcalde, Juan María Mangana, del PP, quien encabezó la protesta ciudadana que reunió a 200 personas y protegió el polémico edificio con vehículos particulares que impidieron que las piquetas pudieran trabajar.
La Junta llevará esta movilización a la Fiscalía por entender que se ha opuesto al cumplimiento de una sentencia judicial firme.
La primera denuncia contra esta casa rural se presentó en septiembre de 2001. El pequeño hotel había comenzado ya a construirse. La vivienda con fines turísticos se levantó en un espacio protegido del Parque Natural de Grazalema. Además, ocupaba una vía pecuaria, la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar.
La denuncia interpuesta por agentes de la Consejería de Medio Ambiente inició un procedimiento administrativo que fue paralizado en 2002 con la apertura de diligencias penales contra el propietario por un delito contra la ordenación del territorio.
Sin embargo, el juzgado que abordó este caso, absolvió al dueño. El proceso administrativo continuó después y un juzgado de Jerez dictó resolución definitiva en 2006, con una sentencia que obligaba a la demolición de todo lo construido.
Ni los propietarios de la casa rural, ni muchos vecinos entienden la insistencia de la Junta en derribar este inmueble y lo defienden como una fuente de riqueza para la pedanía. El alcalde, Juan María Mangana, acusa al Gobierno andaluz de saltarse la normativa, al tratar de demoler este edificio sin contar con una licencia municipal de obra previa.
Transcurrido un tiempo prudencial, y tras consultar a sus asesores jurídicos, la Junta entiende que no necesitaba este permiso del Ayuntamiento y que esa solicitud no era más que un intento de demorar el derribo. "Es lamentable que una autoridad pública asista a una protesta contra un acto que sólo pretende restituir la legalidad", se quejó ayer la delegada de Medio Ambiente, Gemma Araujo, quien informará a la Fiscalía de la actuación del alcalde, por si es constitutiva de delito.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 30/12/2008
Foto: Benaocaz (Cádiz) - wikipedia.org
Sant Antoni y Sant Josep estudian mantener como urbanas partes de sectores anulados por el TSJB
DIARIODEIBIZA* : Los ayuntamientos de Sant Josep y de Sant Antoni intentarán mantener como urbanos algunos fragmentos de sectores que han sido considerados rústicos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
En concreto, Sant Antoni mantendrá inicialmente en su propuesta de nuevo planeamiento dos franjas de suelo urbano en la zona de ses Variades, mientras que Sant Josep querría hacer lo mismo con unos 37.000 metros cuadrados del sector 5.7 de Port des Torrent, que aún no tiene ninguna consolidación urbanística.
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, criticó al anterior equipo de gobierno del PP en el Consell Insular por sus «maniobras para hacer urbano lo que nunca debería haberlo sido». También recordó que el grupo municipal progresista de Sant Josep afirmó en sus alegaciones al PTI que los dos sectores ahora anulados en Port des Torrent -el 5.5 y el 5.7- «no tenía ninguna justificación ponerlos como urbanizables».
Sin embargo, Marí Ribas indicó que el equipo de gobierno que preside es partidario de destinar el 80 por ciento del sector 5.7 -que en total tiene 183.000 metros cuadrados- a zona verde, mientras que en el resto «dejaríamos construir un poquito», concretamente en la parte de detrás del actual centro social. Así se ha plasmado ya en el avance de nuevas Normas Subsidiarias que Sant Josep está tramitando y que en breve volverán a ser expuestas al público.
En cuanto al otro sector de Port des Torrent, el 5.5, Marí Ribas informó que ya venía recogido como suelo rústico en el mismo avance.
En los dos sectores de Platja d´en Bossa, el 1.23 y el 2.2, «hay una parte no construida, que puede quedar como rústica», señaló. En todo caso, las partes de terreno no construidas ocupan una superficie muy reducida en ambos casos.
Por lo que se refiere a los dos sectores de Cala Tarida, el 4.17 y el 4.18, el alcalde indicó que «ya están totalmente construidos» y por ello se recogían ya como urbanos en el primer avance de nuevas Normas Subsidiarias de Sant Josep. «Tendremos que ver cómo plasmamos esta situación [en alusión a la sentencia que los considera rústicos] en las Normas», explicó.
Sant Antoni y ses Variades
Por su parte, la concejala de Urbanismo de Sant Antoni, Pepita Costa, consideró que la sentencia del TSJB «no afecta demasiado» a los planes urbanísticos del municipio.
En todo caso, explicó que el equipo de gobierno mantendrá en principio las dos franjas de ses Variades que en el avance de las nuevas Normas aparecen como suelo urbano. «Pero si mantenemos estas dos franjas será como suelo urbano consolidado; no tiene nada que ver con lo que diga el PTI». Según dijo, estas dos franjas -situadas en los lados norte y sur del sector- coinciden con la prolongación de «calles que cuentan con todos los servicios urbanos». «Ahora tendremos que justificar que estas dos franjas de suelo urbano en ses Variades tienen todos los servicios exigidos y, si es así, se mantendrán», añadió.
Costa recalcó que se trata de una delimitación urbana «estimativa, que se tiene que concretar».
* Diario de Ibiza - EIVISSA | J. LL. FERRER - 29.12.2008
Foto: Sant Josep (Ibiza) - flickr.com
Lorca acuerda la aprobación provisional del proyecto Marina de Cope
LAOPINIÓN/Murcia* : El Pleno del Ayuntamiento de Lorca acordó hoy --únicamente con los 13 votos a favor del PP, ya que PSOE e IU, que suman 12 escaños, se opusieron--, la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para el desarrollo del proyecto de Marina de Cope, que de esta forma pasa al Gobierno regional para que estudie su visto bueno definitivo.
El concejal de Urbanismo, Francisco García, anunció que los cambios introducidos respectos a la aprobación inicial se expondrán para que los ciudadanos puedan conocerlos, y reprobó la actitud de la oposición, y especialmente del PSOE, ya que esta formación apoyó el proyecto de Marina de Cope cuando gobernaba en el consistorio.
García aseguró que el trámite superado hoy supone un "avance definitivo" para un proyecto que, recordó, "constituye una clara apuesta por el crecimiento, desarrollo y diversificación económica del municipio de Lorca, pero también de la Región de Murcia". Así, apuntó que se prevé genere, sólo en la fase de urbanización y construcción del complejo, un total de 3.000 puestos de trabajo directos, a los que habrá que añadir otros 3.000 inducidos debido a la actividad paralela.
"Es una oportunidad que no podemos desaprovechar por los grandes beneficios laborales, económicos, turísticos y sociales que conlleva", subrayó García, quien por ello lamentó que el PSOE "rechace y critique ahora lo que antes aplaudía".
Y es que, para García, el PSOE, "es un partido perdido y desorientado", al tiempo que acusó a los ediles socialistas de "renegar de lo que ellos mismos hacían". "Sólo quieren destruir y buscan excusas para ello, pero lo tienen muy difícil para justificar sus incoherencias incluso ante sus propios militantes", apostilló.
García insistió en que "Marina de Cope va a fortalecer nuestra diversificación económica, va a generar numerosos puestos de trabajo y construye el futuro de Lorca con sólidos cimientos", y recalcó que se trata de una iniciativa "positiva, por lo que no entendemos por qué se opone el PSOE". "Sinceramente, creo que el paso del tiempo nos va a dar la razón", auguró.
En cuanto al proyecto, García apuntó que Marina de Cope será "clave para la diversificación económica del municipio", pues "apostamos por impulsar la oferta hacia el sector hotelero, combinado con una proporción de residencia adecuada y por debajo del límite de mínima densidad (la edificabilidad es de 0,14 m2/m2, no siendo posible el uso residencial en los primeros 500 metros de la costa), destinando el 50 por ciento de la actuación a sistemas generales, equipamientos y dotaciones complementarias".
El 32,6 por ciento del proyecto de Marina de Cope, esto es, unos 7 millones de metros cuadrados, se ubica en el municipio de Lorca, mientras que el territorio restante está situado en Águilas.
En concreto, según un comunicado del Ayuntamiento, la superficie destinada a Sistema General de Comunicaciones Viario ocupará 129.699 metros cuadrados del término municipal de Lorca. El eje estructurante del complejo será una Vía Parque que conectará la zona deportiva de la marina interior con una gran zona de equipamientos y áreas comerciales que se proyecta a caballo de Águilas y Lorca, y que tiene proyectado un tranvía.
Por su parte, el Sistema General de Comunicaciones y Transportes ocupará 10.228 metros cuadrados del municipio de Lorca y en él se incluyen las superficies reservadas en la ordenación para la creación de un centro intercambiador de transportes; mientras que el Sistema General de Espacios Libres de Protección Paisajística alcanza los 1,2 millones de metros cuadrados y el Sistema General de Espacios Libres de Parques Urbanos tendrá una superficie de 105.693 m2 en el término municipal de Lorca.
Además, el Sistema General de Equipamiento tiene 29.855 m2 en Lorca y está constituido por las diferentes instalaciones colectivas como un auditorio, y los Sistemas Generales Deportivos, con una superficie de 1,4 millones de m2, prevén la construcción de dos campos de golf y un Centro de Especialización Deportiva dedicado a la práctica del fútbol.
* La Opinión de Murcia - EUROPA PRESS - 29.12.2008
Foto: Costa_Marina_Cope - elpais.com
Crisis y política ambiental
JOAN OLMOS* : La pasada legislatura no se distinguió precisamente por un cambio positivo en las políticas ambientales desde la Administración central, si se exceptúan algunas iniciativas de la ministra Narbona. En momentos difíciles, y parece que ahora estamos en uno de ellos, suele haber voces que aconsejan no sacar a relucir los déficits ambientales de nuestro sistema productivo y de consumo. Sin embargo, esa reflexión, con sus propuestas alternativas, no solo es oportuna, sino que ayuda a explicar en buena medida la crisis actual.
Supongo que hablar en plena crisis de decrecimiento -consumir menos para vivir mejor- se puede tomar como una provocación si, como suele ser habitual, nos quedamos en la superficie del debate. Pues bien, ya hay quien apunta, desde hace tiempo, que el actual modelo económico, basado en el crecimiento sin límites, está obsoleto, por la sencilla razón de que nuestros recursos son limitados.
El PIB a toda costa -y casi como único indicador soberano de la salud económica de un país- impide analizar con otra óptica la estructura del crecimiento económico. Si se habla de calidad en el empleo, ¿por qué no hacerlo con el resto de las variables macroeconómicas? Los economistas críticos explican que no todo PIB es positivo por definición y animan a introducir la contabilidad ecológica para analizar y evaluar adecuadamente los impactos que generan determinadas actividades productivas y que por lo general, se cargan impropiamente a la cuenta de la comunidad.
Es lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, con el sector inmobiliario. Por mucho que ha sido la iniciativa privada la protagonista de la ya famosa película del ladrillo, resulta ahora irritante repasar la pasividad y complicidad de las administraciones públicas -en plural- ante tanto desmán. Los desperfectos en patrimonio colectivo, recursos naturales y en el paisaje pasan a engrosar la deuda colectiva, sin contar las infraestructuras públicas que han coadyuvado al proceso. Véase, por citar un caso, el de la costa de Murcia y Almería, donde en 2005 se proyectaban una autopista paralela al mar y una desaladora en uno de los pocos tramos de litoral mediterráneo libres de los abusos urbanísticos.
Lejos de corregir el tiro, el Gobierno se apresura a salir en defensa del PIB a base de reactivar la maquinaria de la obra pública con un programa análogo al anterior, corregido y aumentado: léase inyectando más hormigón, más asfalto y más hierro para lo que ya se adivina como una sobredosis de altas velocidades en carretera y ferrocarril.
En cambio, otros sectores de la acción pública, verdaderamente necesarios y que, a fin de cuentas, crean más empleo sin destruir capital natural y sin generar desigualdades sociales, ven recortadas sus posibilidades. Programas como la promoción pública y rehabilitación de la vivienda, la creación de solventes redes de transporte colectivo, la construcción de equipamientos sociales, la modernización de las instalaciones sanitarias y educativas, la rehabilitación del patrimonio hidráulico o la recuperación paisajística, serían algunos ejemplos. ¿Es precisa una reconversión del sector empresarial?... pues adelante.
Todo parece indicar pues, que el mantenimiento en el nuevo Gobierno de la ministra de Fomento y el pase a la reserva de Cristina Narbona supuso algo más que una anécdota. Algunos temen la supresión de los últimos obstáculos desde el propio Gobierno para esta nueva etapa continuista de construcción de infraestructuras de gran escala -ya sabemos lo que significa, por ejemplo, aligerar los trámites de los estudios de impacto ambiental- así como el replanteamiento del programa nuclear para la crisis energética.
La ministra Narbona causó incomodidades a diestro y siniestro -incluyendo entre los afectados a sus correligionarios socialistas valencianos- por su política en materia de aguas. Por primera vez, una ministra intentó poner en marcha una nueva política hidráulica, acorde con la directiva europea y la racionalidad, alejada de la vieja tradición de resolver los problemas a base de tubos y hormigón. Ahora, desde el mismo Gobierno, se ha renegado de esa política, en un ejemplo de oportunismo político sin tapujos. Lo cual lleva a comprobar que la razón política, con frecuencia, se lleva muy mal con la razón científica.
Así que esta nueva legislatura, y visto cómo se las gastan en los gabinetes económicos de Moncloa -nombrando un embajador en el SEOPAN, la gran patronal de la obra pública- todo parece indicar que va a haber pocas contemplaciones con la política medioambiental de la pequeña y mediana escala, precisamente en las que el Gobierno tiene tanta influencia. Aunque continuaremos, eso sí, pregonando la lucha contra el cambio climático.
Las políticas ambientales son hoy un camino inequívoco para sentar bases firmes en nuestro sistema económico, pues abren el proceso hacia la autonomía en los recursos, el empleo estable y de calidad, la innovación y progreso cultural. Pero también son la manera éticamente decente para promover la solidaridad con aquellos pueblos que, expoliados de sus recursos y libres de responsabilidad con los impactos ambientales, son en cambio los más damnificados por la contaminación y la pobreza.
A medio y largo plazo, las políticas ambientales nos hacen menos vulnerables, menos dependientes y más solidarios. Contrariamente a lo que se viene transmitiendo a la opinión pública, son las épocas de crisis las más adecuadas para poner en práctica nuevas medidas hacia la sostenibilidad, ese camino para sanear la economía y dejar a nuestros herederos un país mejor. Ahí tenemos las enseñanzas de la crisis del agua -ya estructural- y también la de la energía: para aprender, para rectificar, no para huir hacia delante. Como sabiamente afirman los autores del famoso informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, "las ideas de límite, sostenibilidad, suficiencia, equidad y eficiencia, no son ni barreras, obstáculos ni amenazas. Son guías hacia un mundo nuevo..."
* Joan Olmos es ingeniero de caminos.
* ELPAIS.com - Opinión - 20.12.2008
Un ´pelotazo´ de 300 millones
DIARIODEMALLORCA* : Aunque nombres como Antònia Ordinas, Jaume Massot, los alcaldes del caso Caballistas o Joaquín Rabasco están desplazando últimamente al caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), este presunto entramado de corrupción político-empresarial sigue vivo en los juzgados y lleva camino de dar muchas sorpresas.
Los fiscales Anticorrupción -Pedro Horrach y Juan Carrau- acusan a varios políticos de UM y del PP de haber facilitado información privilegiada a un reducido grupo de promotores amigos que les permitió adquirir a precio de suelo rústico terrenos que después serían reclasificados a urbano, mediante las ya famosas ART (áreas de reconversión territorial) directa. El Ministerio Público ve indicios de delito en trasvases de edificabilidad que considera desorbitados, como el derribo del hotel Don Pedro (en Pollença, de 284 plazas), y el Rocamar (Sóller), a cambio de tres nuevos urbanizables en sa Ràpita (Campos), pero de unas nuevas 2.300 plazas. Lo más llamativo de esta permuta es que el Rocamar fue dado de baja en 2002, con lo que los fiscales se preguntan qué plazas podían intercambiarse.
Horrach y Carrau han puesto también la lupa en el traslado de unos dudosos derechos urbanísticos en el Port d´Alcúdia (el antiguo urbanizable AS-16, desclasificado hace años, aunque en litigio) hasta la finca dels Crevers (en Marratxí), con la posibilidad de generar unas 3.500 nuevas plazas. Por este motivo ya han tenido que desfilar ante el juez que instruye el caso PTM, Miquel Florit, los promotores inmobiliarios Mateu y Cristòfol Sastre -dueños de la conocida firma Ibercon-, o el ex presidente del Real Mallorca y conocido empresario Vicenç Grande. En cuanto a los políticos, las comparecencias más destacadas han sido las del portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, y el ex diputado de UM Bartomeu Vicens. Con todo, la lista de imputados es larga, y puede crecer.
Los fiscales calculan elevadas plusvalías
La Fiscalía cuantificó inicialmente en casi 300 millones de euros el alcance de los ´pelotazos´ obtenidos por los promotores mediante estos y otros trueques urbanísticos del PTM. En la querella inicial, se incluyó la operación para reconvertir una antigua vaquería, también en sa Ràpita, en un centro de interpretación del espacio natural del salobral y las dunas del Trenc. Como compensación a sus propietarios, se permitiría el desarrollo de un urbanizable anexo para más de 2.000 plazas. Con todo, algunas fuentes señalan que la Fiscalía retirará los cargos contra los promotores de este proyecto, ya que al parecer habrían adquirido la finca dos años después de haberse aprobado el Plan Territorial de Mallorca, y por consiguiente la ART prevista en el lugar ya era de dominio público.
* Diario de Mallorca - M. FERRER. PALMA - 29.12.2008
Foto: mallorcaweb.com
La ley del Suelo prevé suprimir las recalificaciones que investiga la Fiscalía
DIARIODEMALLORCA* : Las polémicas recalificaciones de terrenos aprobadas por el anterior gobierno UM-PP en el Consell de Mallorca en el marco del Plan Territorial, muchas de las cuales han sido denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción, podrían tener los días contados. Se trata de las llamadas áreas de reconversión (ART) directa -consistentes en trasvasar edificabilidad de un municipio a otro, aumentando en muchos casos el aprovechamiento urbanístico-, y que se sospecha que propiciaron ´pelotazos´ millonarios.
El Bloc, que promueve la futura ley del Suelo desde la conselleria de Movilidad y Ordenación del Territorio, se ha valido del anteproyecto de la misma para tejer toda una astucia legal que -de aprobarse- impediría desarrollar la mayoría de las ART tal y como fueron concebidas en la pasada legislatura por PP y UM. Y es que a través de esta fórmula urbanística, el anterior gobierno insular dio luz verde a nuevos urbanizables en Mallorca a cambio de esponjar puntos degradados. La arbitrariedad de las parcelas elegidas, y la llamativa desproporción entre la edificabilidad a eliminar y la de nueva creación, dieron pie al escándalo político-empresarial y a la posterior intervención de la Justicia.
El borrador de la nueva ley no menciona para nada las ART investigadas, pero como novedad prohíbe con carácter general aquellas que impliquen nuevas plazas turísticas o residenciales, salvo casos "excepcionales". Precisamente, la mayoría de las llamadas áreas de reconversión directa -además de ser el objeto principal de la investigación judicial abierta- se saltan este precepto, al suponer notables crecimientos urbanísticos. Como la futura ley obliga al Plan territorial de Mallorca a tener que adaptarse a la misma, una vez aprobada, las controvertidas ART que prevean un incremento del aprovechamiento urbanístico existente, ya no podrán ejecutarse.
Para evitar disgustos mientras no se formalice este trámite, el anteproyecto de la nueva normativa incluye una disposición transitoria que deja "sin efecto" todo lo concerniente al desarrollo de las ART en cuestión en el vigente Plan Territorial de Mallorca.
Con la futura ley del Suelo en la mano, el Bloc quiere garantizarse que los nuevos urbanizables impulsados por el anterior gobierno insular -independientemente de si están o no siendo investigados- desaparezcan del planeamiento insular una vez entre en vigor la nueva normativa.
Pollença, Marratxí o Campos
Entre las operaciones urbanísticas que podrían verse ahora abortadas, figuran las tres nuevas zonas urbanizables en sa Ràpita (Campos), para unas 2.300 plazas, a cambio de derribar un hotel en Pollença y otro en Sóller. También en sa Ràpita, se frustraría una urbanización para unas 2.100 personas a cambio de reconvertir una antigua vaquería en un centro de interpretación.
Otro de los intercambios más sonados afecta a es Crevers (Marratxí): allí el Plan Territorial contempla el traslado de un antiguo urbanizable en el Port d´Alcúdia, con la posibilidad de generar unas 3.600 nuevas plazas. En Pollença, podría quedar afectado el trasvase de edificabilidad previsto de Cala Carbó a l´Ullal, aunque este caso reviste complejidad. Y en s´Arenal, se impedirían nuevos residenciales para más de mil personas a cambio de ceder unos inmuebles en Llucmajor para uso municipal.
Estos proyectos contemplados en el Plan Territorial implican nuevo crecimiento urbanístico, por lo que se verían imposibilitados, y coinciden en su mayoría con los denunciados por la Fiscalía.
*Diario de Mallorca - MATEU FERRER. PALMA - 29.12.2008
Foto: En es Crevers (Marratxí) se proyectan 3.600 nuevos habitantes. - G. Bosch, diariodemallorca.es
El fiscal jefe exige una policía especializada para investigar los delitos urbanísticos
FARODEVIGO* : La Fiscalía quiere evitar que el efecto Marbella se extienda a Galicia. Por este motivo, en la agenda de prioridades del fiscal superior, Carlos Varela, está la lucha contra la corrupción urbanística. Con el objetivo de reforzar la investigación de los delitos contra el territorio, la Fiscalía gallega ya ha reclamado al Gobierno central, a través del secretario de Estado de Interior, la creación de una policía especializada para los casos de urbanismo, medio ambiente y patrimonio.
"Si conseguimos un Seprona autonómico, bien reforzado y dotado de medios personales y materiales que se dedique a esas tres áreas, la respuesta de la Fiscalía será más eficaz", asegura Varela.
Pero en su labor contra la corrupción urbanística, el fiscal superior de Galicia también quiere implicar a los ayuntamientos y a la propia Xunta. Una de las causas que, según advierte, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" está en el debilitamiento de las competencias de control municipal. El fiscal jefe alerta de que secretarios, interventores y tesoreros municipales deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística, a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. Pero su papel es cada vez menor y los casos de corrupción urbanística van a más.
El fiscal superior advierte a Interior de que las unidades policiales en Galicia están "desbordadas" en las investigaciones urbanísticas. "Si el dictamen del secretario municipal fuese vinculante y advirtiese de una ilegalidad, el Ayuntamiento no podría buscar un dictamen a medida a través de un asesoramiento externo", argumenta Carlos Varela, al tiempo que denuncia que "muchas veces, los comportamientos corruptos no son detectados porque la Administración local no ha reforzado sus sistemas de control".
Sobre la actuación de la Administración autonómica, el fiscal superior insta a reforzar los mecanismos de control a través de la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística, creada a finales del 2007 por la Consellería de Política Territorial con el objetivo de evitar irregularidades y distorsiones en los usos sociales del suelo.
Pero la cifras hablan por sí solas. En 2007, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó en Galicia 560 infracciones urbanísticas. Unos datos que la convirtieron en la cuarta comunidad, sólo por detrás de Andalucía (1.775), Canarias (1.258) y Castilla-La Mancha (604), con más actuaciones policiales contra supuestas vulneraciones de normativas urbanísticas. Ante esta situación, el fiscal superior advierte de la necesidad de reforzar las unidades policiales que investigan delitos urbanísticos, ya que -afirma- están "desbordadas" por el aumento de denuncias en este ámbito.
"Para evitar que las investigaciones se demoren y para que la Fiscalía pueda cumplir su papel, necesitamos un refuerzo en las unidades de investigación", reclama Varela, al tiempo que asegura que "la mejor forma" sería la "constitución" de un "Seprona autonómico" que trabaje para la Fiscalía. "Siempre que demos una respuesta especializada, daremos una respuesta jurídica de mejor calidad. Así mejoraremos nuestros mecanismos de investigación y atajaremos los comportamientos prohibidos antes de que vayan a más", sentencia.
El mensaje, según asegura, no va dirigido a nadie en concreto, sino a "todos los que cometan infracciones urbanísticas". "La Fiscalía analiza hechos y si estos tienen potencialidad penal los abordamos -añade- con independencia de la organización política o el estrato social del infractor".
Su objetivo es "evitar" que estos comportamientos corruptos se produzcan y no llegar al "grado de deterioro" que se ha dado ya en otras comunidades autónomas. "Quien tenga alguna tentación, que sepa que la Fiscalía va a estar muy vigilante", advierte el fiscal superior de Galicia.
* Faro de Vigo - R. PRIETO / A CORUÑA - 28.12.2008
Foto: Un trabajador carga ladrillos para trasladarlos a una obra. FDV, farodevigo.es
La ciudad contra el capital
JORDI BORJA* : “La ciudad nos impone el deber terrible de la esperanza” escribió Borges. La recomendación ignaciana de “en tiempos de desolación no hacer mudanza” se presta a interpretaciones conservadoras, aunque quizás podríamos matizarla en sentido opuesto. Si el “enriqueceos, enriqueceos” tan a la moda las últimas décadas nos ha conducido al empobrecimiento de muchos mientras algunos enriquecidos se salvaban sería bueno recuperar el principio de esperanza propio de la izquierda, o dicho de una forma más clara: recuperar sus ideas, sus valores y sus análisis críticos del capitalismo. La “mudanza” se hizo asumiendo los principios y los procedimientos conservadores, es la hora del cambio, de ser lo que fuimos, de resistir a las propuestas interesadas de unos y cobardes de otros, de recuperar lo fundamental del pasado para que en el futuro no se repita la crisis del presente.
Los defensores del “desorden establecido” nos dicen que la crisis es saludable puesto que el sistema se autocorrige, elimina a los perdedores, reduce los excesos inherentes al modo de acumulación de riquezas, y al cabo de unos años la expansión renace. No cuantifican la destrucción de bienes que se ha producido y menos aún los costes sociales que pagan la mayoría de los ciudadanos. Hemos vivido una época de despilfarro, de sobreproducción de viviendas que los que las necesitan no podían adquirir, de estimulo al endeudamiento al cual muchos no podrían hacer frente si se reducían lo más mínimo sus ingresos, de destrucción ambiental y crecimiento insostenible, de segregación y desigualdad sociales crecientes. La ciudad, la forma más elevada de civilidad y de progreso, por su potencial de generar convivencia y redistribución, se ha ido fragmentando, disolviendo en las periferias suburbanas, sin cohesión ni sentido. Uno de los aspectos más negativos del tipo de desarrollo promovido por un capitalismo financiero especulativo y salvaje ha sido generar esta dinámica disolutoria de la ciudad.
La historia de la izquierda social, cultural y política va estrechamente unida a la crítica de la economía y a la defensa de la ciudad. Sorprende el grado de desinterés o ignorancia de las izquierdas institucionales y de las cúpulas políticas actuales en ambos temas. La crítica rigurosa del actual capitalismo globalizado, de su modelo de acumulación, ha estado ausente de la reflexión de gobernantes y dirigentes partidarios y por lo tanto es lógico que a la hora de buscar soluciones no se les ocurre nada más que limitar algunos excesos (vincular las transferencias de recursos públicos a las grandes empresas a una reducción que no resulte demasiado escandalosa de los puestos de trabajo) y crear condiciones para volver a la situación anterior (salvar bancos y grandes promotores por medio del dinero público o comprando sus activos). Los reformistas cuando aparece la necesidad de hacer reformas en serio se asustan y caminan para atrás.
La ciudad ha sido en España durante dos décadas el espejo de la democracia. En todo el país los años 80 y 90 la mayoría de las ciudades se han transformado espectacularmente, ha florecido un urbanismo ciudadano expresado principalmente por medio del espacio público, bien diseñado en lo físico y animado en lo social y cultural. Pero progresivamente la lógica de un mercado que la acción pública había convertido en apetitoso fue imponiéndose. En las ciudades compactas aparecieron las operaciones terciarias ostentosas, públicas y privadas, y en aras de la competitividad global, los espacios centrales se especializaron y se hicieron excluyentes. Los precios del suelo se dispararon y las hipotecas facilitaron que los sectores acomodados de las clases medias accedieran al mercado libre y se mantuvieran en la ciudad junto a los barrios residenciales de las minorías ricas. Algunas zonas antiguas o marginales fueron ocupadas por inmigrantes y los sectores populares y medios, los jóvenes especialmente, fueron emigrando a las periferias segregadas por niveles de renta, pobres en espacio público y equipamientos, los territorios “urbanalizados” según el afortunado palabro de Francesc Muñoz. Los gobiernos locales a veces han sido cómplices, otras veces se han mostrado impotentes, pocas veces han denunciado esta degradación del urbanismo democrático.
Este proceso disolutorio de la ciudad integradora ha tenido unos actores conocidos: bancos y cajas adquirieron por lo menos la mitad del suelo urbanizable, los propietarios del suelo se enriquecieron vendiendo con el único mérito de esperar al comprador, los promotores y los constructores se endeudaron esperando vender a una demanda que consideraban infinita y convencidos que su producto solamente podía aumentar del valor con el tiempo. Ciudadanos de ingresos medianos o modestos compraron por necesidad o para colocar sus ahorros hipotecándose con la complicidad de las entidades financieras y de los sucesivos gobiernos sin suponer que ni sus ingresos ni la vivienda adquirida iban a tener un crecimiento sostenido ni que las hipotecas podrían resultar más onerosas.
Ahora se plantea una cuestión bien sencilla. Los dueños del capital quieren que el Estado con el dinero de todos los ciudadanos les subvencione para pagar deudas o impagados o les compre lo que no pueden vender y para repartirse beneficios o indemnizaciones. Los ciudadanos con una vivienda hipotecada que no pueden pagar ni vender por el coste de la deuda en cambio lo que necesitan son que se imponga al sistema financiero una moratoria hasta que la economía se reactive y sus ingresos le permitan volver a pagar las cuotas de la hipoteca. Los gobiernos, imbuidos por la creencia que solo el mercado capitalista puede reactivar la economía, se colocan decididamente al lado de bancos y empresas constructoras y promotoras, especialmente las grandes. Hay matices significativos pues mientras el gobierno británico asume un rol parcialmente protagonista nacionalizando una parte de la banca el gobierno español ofrece el “talante” para convencer a los grupos económicos que no sean malos y tengan un poco de paciencia.
En Catalunya en un periódo de crisis, distinta a la actual ciertamente, el gobierno republicano municipalizó el suelo urbano y colectivizó las empresas de construcción. Un gobierno cuya composición era muy similar al actual tripartito. No creo que ahora se pueda repetir tamaña hazaña pero aún aceptando las limitaciones que impone el marco europeo y español algo más se podría hacer. Comprar las hipotecas, imponer moratorias, prohibir la distribución de beneficios o dividendos al sistema financiero, obligar a dar créditos al tejido empresarial pequeño o mediano, etc como medidas coyunturales. Y también es el momento de plantear iniciativas que se opongan a las dinámicas especulativas que han propiciado la burbuja que ahora ha explotado: reformar la legislación urbanística para que imponga por lo menos un 60% de vivienda protegida y un 20% de vivienda social, recuperar el 90% de las plusvalías urbanas, penalizar fuertemente las operaciones urbanizadoras segregadas de la ciudad compacta, crear una banca pública hipotecaria, impulsar un programa de transporte colectivo en detrimento del crecimiento urbanizador de la red viaria.
Pero nada de esto ocurrirá, ni tan solo se convertirá en debate público sino emerge un amplio movimiento social de los que tienen más deudas que vivienda, más hipotecas que trabajo remunerado, más indignación que paciencia, más confianza en la fuerza popular que en las promesas vacuas de los gobernantes. En estos momentos la izquierda demuestra su naturaleza. Es capaz de explicar la perversidad del sistema económico o no, se adapta o transforma la realidad, moviliza a las mayoría populares o se muestra pusilánime enroscada en las instituciones. Volvemos a otra cita de Borges: nadie se arrepiente de haber tenido un momento de coraje en su vida.
* Jordi Borja es un sociólogo y urbanista radicado en Barcelona,
y uno de los luchadores más conocidos de la resistencia clandestina catalana contra el franquismo.
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2227
* Rebelión - 17.12.2008
Para la Federación de Vecinos, la Operación Chamartín ahonda el desequilibrio territorial
MADRIDDIGITAL* : La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) entiende que la extensión del centro de negocios hacia el norte de la Castellana, a la que ha dado paso la firma del convenio firmado entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid, constituye “un atentado contra cualquier modelo de crecimiento urbano sostenible”.
Además, "la Operación Chamartín no es en modo alguno urgente y, desde luego, no resuelve ninguno de los problemas de la ciudad. En caso de que existiera alguna necesidad de desarrollar una operación de uso terciario, debería hacerse fuera del anillo de la M-30 para evitar colapsar más aún el centro de la capital”, asegura Vicente Pérez, responsable del área de Urbanismo de la FRAVM.
Pérez agrega que de esa manera también se evitaría que el norte se convierta en el epicentro financiero, “en detrimento de otras zonas menos favorecidas por la atención de las administraciones y los recursos públicos, como los distritos de Villaverde, Puente y Villa de Vallecas o Vicálvaro”.
“Si el principal argumento para firmar el convenio, tras 15 años de retrasos, es el de la creación de empleo, los vecinos recordamos a las administraciones que podrían destinar la misma inversión pública a la promoción de otros proyectos más sostenibles”, advierte.
Por otro lado, los vecinos aseguran que la construcción de 16.000 nuevas viviendas “desbordará la capacidad de recepción de una zona ya sobresaturada y muy pobremente dotada de equipamientos públicos y zonas verdes como la de los distritos de Chamartín, Fuencarral y Tetuán”.
La FRAVM, por tanto, pide la calificación expresa de al menos el 50% de las 16.000 viviendas como vivienda protegida, y que las administraciones doten de los equipamientos públicos necesarios (escuelas infantiles, centros de salud...) para atender a los cerca de 50.000 nuevos vecinos, así como a resolver los déficit dotacionales acumulados en los tres distritos afectados.
Por último, a juicio de la Federación vecinal, deberán ser las promotoras de la operación las que sufraguen el coste del transporte público y las infraestructuras viarias que conecten el ámbito con el resto de la ciudad, no los contribuyentes.
* Madrid Digital - 26.12.2008
Foto: madriddigital.info
Investigan el urbanismo de la Marina Alta tras 'pinchar' los teléfonos de funcionarios
ELMUNDO/Valencia* : El cerco a todo lo que desprenda cualquier atisbo de corrupción está en marcha y quienes lo comandan no sueltan el acelerador. Los pinchazos telefónicos autorizados por una juez de Valencia en la Conselleria de Medio Ambiente tras la llegada de un sobre con 3.000 euros para un alto funcionario, cuando se pretendía recalificar lo que hoy es el Parque Natural del Túria destaparon hace un mes otros posibles movimientos de la misma naturaleza en la provincia de Alicante.
Pese a que este desdoblamiento del proceso inicial todavía se encuentra en un estado embrionario, ya hay una comarca señalada. Según ha podido saber EL MUNDO, la lupa de los investigadores está sobre planes urbanísticos fraguados en los últimos años en la Marina Alta en los que podrían haber intervenido funcionarios y empresarios.
De este modo, el proceso impulsado por la magistrada y la Fiscalía Anticorrupción contra la presunta trama que pretendía urbanizar La Vallesa -incluida en el Parque Natural del Túria- hizo emerger otra fase de la investigación centrada en la provincia de Alicante, cuyo patrón urbanístico ha sido tan elástico como polémico.
Se trata de dos investigaciones con un nexo común: la supuesta intervención de funcionarios de la Conselleria en la recalificación de terrenos.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre otras comarcas alicantinas en las que se centran las pesquisas aunque, no obstante, se podrían haber dado en toda la provincia, tal como precisaron fuentes próximas al caso consultadas por este periódico.
* El Mundo - GEMA PEÑALOSA - 27.12.2008
La Audiencia rechaza acumular los casos por convenios presuntamente irregulares de Marbella
SUR* : La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado la petición de acumular diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella (Málaga) a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre convenios urbanísticos presuntamente irregulares firmados entre el Ayuntamiento marbellí y determinadas empresas.
En concreto, la defensa del ex alcalde marbellí Julián Muñoz pidió que se acordara la unión de dos de las 27 causas en las que se desglosó dicha querella, en concreto, las referentes a los convenios suscritos por el Consistorio con dos sociedades, según los autos dictados por la Sección Segunda, que rechaza esta pretensión.
En una de esas resoluciones, se argumenta la decisión en que no concurre la conexidad delictiva "por falta de identidad de los imputados", al no existir una total identificación de los sujetos, y por no coincidir "exactamente" el elemento temporal, rechazando la continuidad delictiva.
Según la Sala, se conseguiría el efecto contrario a la economía procesal, ya que se trata de causas con instrucción "muy compleja" y un enjuiciamiento único "supondría un entorpecimiento importante en la administración de justicia, con efecto dilatorio contrario a las garantías que a todo justiciable le ampara".
"Difícil es ya la instrucción de una causa por los delitos de prevaricación, malversación y contra la ordenación del territorio derivados de las irregularidades ocasionadas con la suscripción de convenios, irregularidades en las ventas de terrenos, subastas..., para que, además, se tramiten simultáneamente y en la misma causa y por irregularidades en otros convenios urbanísticos, pero que se han espaciado en el tiempo y no existe una total identidad de sujetos activos", precisa la resolución.
Anticorrupción presentó una única querella, que se desglosó en 27 diligencias, contra el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, en la que situaba a ambos como "los artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles propiedad del Consistorio a unos precios muy inferiores a los del mercado". El escrito tuvo como base el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Dicho informe cuestionaba la valoración hecha de los inmuebles enajenados, puesto que el Ayuntamiento prescindió de los funcionarios municipales con competencia para esto y "contrató, a través de la sociedad Planeamiento 2000, S.L., a tasadores externos", que fueron quienes realizaron todas las tasaciones contenidas en los expedientes de los convenios, señala el escrito.
En la causa en la que se pide la acumulación, se investiga un convenio firmado en mayo de 1995 entre el Consistorio y la sociedad Emasa, vinculada al empresario Tomás Olivo, procesado en 'Malaya', según el auto, acuerdo por el que el Ayuntamiento "reconocía adeudar a dicha empresa 1,9 millones de euros y como pago se le cedieron ciertos aprovechamientos".
Aunque en principio este convenio "es semejante" a otro suscrito en su momento con General Galerías Comercial (GGC), sociedad también vinculada a Olivo y por el que se siguen otras diligencias en el mismo juzgado instructor, existen para la Sala de apelación "ciertas diferencias", como consta en el informe del fiscal.
En esta otra causa se investigan decretos que dieron lugar a las escrituras de dación en pago por las que se adjudicaba a GGC una serie de fincas inmuebles valorados en 13.362.734,85 euros como pago de parte de la deuda por obras encargadas a esa sociedad "pese a la ausencia de justificación en cuanto a la ejecución" de las mismas.
* SUR - EUROPA PRESS - 27.12.2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
Mogán tarda 21 años en publicar el planeamiento del municipio
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CANARIAS7* : El Ayuntamiento de Mogán lleva camino de convertirse en un verdadero récord guinnes del despiste. Después de veintiún años y de miles de camas turísticas, ahora se dan cuenta que las Normas Subisidiarias no estaban publicadas en el Boletín Oficial y que todo lo aprobado está, en teoría, «ilegal».
Los vecinos que tuvieron ocasión de leer el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas del pasado 19 de diciembre de 2008 y ver publicado en esa fecha el anuncio de la aprobacion definitiva de las Normas Subisidiarias del Planeamiento Municipal de Mogán, conforme el texto acordado por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias el 17 de noviembre de 1988, no han podido menos que echarse manos a la cabeza y pensar que todo se trataba de una broma o de una inocentada de mal gusto.
En efecto, el Ayuntamiento de Mogán reconoció ayer que esa publicación no ha sido un error o una inocentada, sino que es una realidad, que el documento con la aprobación definitiva del planeamiento ha estado veintiún años esperando su envío al Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) y que todo lo actuado hasta la fecha, en función de ese planeamiento, en teoría, «podría ser declarado ilegal, siempre y cuando alguien alegando perjuicios y legitimado para recurrir, interponga el recurso contencioso administrativo y un juez le otorgue la razón».
Todos quieren creer que se trata de un enorme despiste pero no sólo del Ayuntamiento, sino del Cabildo y del Gobierno de Canarias, administraciones que en su momento debieron detectar el error y realizar la correspondiente advertencia al Consistorio moganero, para que corrigiera o subsanara el defecto de forma que arrastraba el planeamiento municipal.
Acuerdos. Sin embargo, eso no se hizo y desde dichas instituciones continuaron aprobando planes parciales, construcciones de hoteles, apartamentos, bungalós, viviendas y decenas de otras obras. Incluso una infraestructura de comunicaciones con una inversión millonaria, como el trazado de la autopista Arguineguín-Puerto Rico, tampoco detectó el defecto de forma.
Algunos letrados consultados aseguran que la publicación del planeamiento municipal en el Boletín Oficial de la Provincia es un requisito formal que tiene como única función otorgar validez al acto administrativo ante terceros. «El error es más de forma que de fondo, y en principo parece que no invalida, ni anula los acuerdos que hayan tomado al amparo del mismo», apuntan.
Asimismo, señalan que lo más importante son los acuerdos del pleno y de la Cotmac aprobando el documento, «y esos compromisos son totalmente legales y están jurídicamente reconocidos», por lo que no creen que haya recursos y mucho menos que, si los hubiera, estos puedan prosperar, «porque estamos ante un defecto de forma sin mayores consecuencias».
* Canarias 7 - Gabriel Suárez - 27.12.2008
Foto: Actuaciones. Vista parcial de Puerto Rico, uno de los enclaves turísticos del municipio de Mogán, que más camas acumula - canarias7.es
La burocracia empantana el urbanismo
ELPAÍS/Valencia* : Un paseo por el centro histórico de Valencia cámara en mano llena un álbum de bellas imágenes de monumentos y rincones con encanto. Y parte de otro con instantáneas de solares invadidos por las malas hierbas y basuras de las que escapa un hedor que apenas contienen las tapias que los rodean. Son parcelas por edificar fáciles de identificar, sus muros son el lienzo ideal de los grafiteros. Salpican el casco urbano desde hace años, en algún caso décadas.
Son los PAI (planes de actuación integrada) empantanados de Valencia. Una cincuentena que no acaba de salir adelante, según el PSPV-PSOE; muchos menos, en torno a 30, según el gobierno del PP.
Mientras se han despachado PAI con miles de pisos a buen ritmo, proyectos de menor tamaño, a veces de cirugía urbana, han quedado atrapados en el laberinto administrativo o en el olvido. No se cumplen los tiempos para adjudicar y reparcelar unidades urbanísticas con viviendas y dotaciones. A escasos metros de la plaza de Tetuán, detrás de la sede de Bancaja, el paisaje parece de posguerra. Un grupo de solares rodeados de edificios con las medianeras al aire espera una intervención desde 1992, cuando se aprobó el plan de reforma interior de la Seu-Xerea. Una década después se modificó el plan de esta unidad de actuación de las calles del Conde de Montornés y del Poeta Liern, pero no se puso ni un ladrillo a pesar de permitir el Ayuntamiento mayor edificabilidad. El Consistorio afirma que ha iniciado ahora el proceso para fijar las bases del concurso de la unidad.
La crisis pesará como una losa sobre este y otros PAI, que parecen abocados a seguir estancados mucho tiempo. A la vuelta de la esquina de la plaza del Temple hay otro ejemplo. El PAI de la calle de la Espada, también del plan de la Seu-Xerea, llegó a presentarse en 2003, pero al final caducó. Se comenzó a tramitar de nuevo en 2005, y aún está pendiente de un informe de la Consejería de Cultura que determine el destino de un refugio de la Guerra Civil que está en medio de uno de los solares.
También hay un caso junto al Mercado Central. El terreno está pegado a la plaza de la Mercé. Adjudicado el PAI en 2004, la reparcelación no salió adelante hasta hace un año. De momento, en el gran solar solo se ha movido la tierra para unas excavaciones arqueológicas. Otros dos PAI que no salen del cajón son los de la calle de Llíria, con unas antiguas naves industriales y pendiente de estudio, y el de la muralla árabe, que supuso en 2004 un esfuerzo de concertación de vecinos, Ayuntamiento y Consell que se ha visto defraudado por la inactividad de las administraciones.
Junto a estos PAI salpican el centro histórico numerosos terrenos menores que están tapiados desde hace años. Una parte los recoge el reciente catálogo de fotografías de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen, para la que el corazón de la ciudad "merece un mejor trato". Otros barrios también conviven con planes paralizados, como el que denunció el Grupo Socialista en torno a la calle de Guillem de Anglesola, cerca de la avenida del Puerto, donde en 1999 se comenzó a trabajar por iniciativa pública hasta que una empresa presentó un PAI que sigue pendiente.
El concejal socialista Vicente González Móstoles calcula que una treintena de PAI urbanos están así pendientes de reparcelación y otros 20 no tienen licencia para empezar. Con la ley en la mano, en dos años debería tramitarse un plan, "pero lo más frecuente es que tarden seis". Hay excepciones, "como el de Mestalla", que se aprobó en tiempo récord. "Falta liderazgo público en la gestión. La ciudad se mueve, pero su urbanismo no lo mueve nadie", critica el concejal, que pide que la empresa municipal Aumsa asuma estos PAI.
La concejalía de Urbanismo admite que unos 30 están parados, y espera sacarlos adelante con un estudio "pormenorizado" de las causas de retraso y de su viabilidad económica en el nuevo plan general. El asunto va para largo. El concejal Jorge Bellver destaca que "la tramitación administrativa es larga y compleja". Según sus datos, desde que se aprobó la LRAU en 1994 se han tramitado 64 PAI en suelo urbano y 42 reparcelaciones. Por el camino se han quedado otros muchos, a veces retrasados por errores de los propios promotores. La demora ha provocado más de una anulación o renuncia a ejecutar un plan. Es el caso de uno del entorno de la avenida de los Naranjos, presentado en 1999 con reserva para vivienda protegida y un jardín público. Tras una primera retirada del promotor se permitió la construcción de un tanatorio, y a pesar de que hubo nuevas ofertas en 2002, se ha dado licencia para un hotel. El PAI ya no está simplemente retrasado. Es inviable y ha desaparecido. Y con él un jardín público.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 26/12/2008
Foto: Una vista del solar de la calle del Conde de Montornés, en Valencia- TANIA CASTRO, elpais.com
Orihuela Sin Murallas se plantea más movilizaciones y cortar las vías del tren
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Plataforma Ciudadana Orihuela Sin Murallas no descarta cortar las vías del tren para reivindicar el soterramiento a su paso por Orihuela. Fuentes de este colectivo indicaron que se trata de acciones de protesta que deben acordarse a partir de ahora. Los principales representantes de este colectivo realizaron una reunión en la que se valoró muy positivamente la respuesta ciudadana del domingo a la reclamación del Ave.
Sin embargo, el día después a esa multitudinaria manifestación ha abierto muchas interrogantes. El portavoz de Orihuela Sin Murallas, Quintín Gómez, lamentó la total la ausencia de reacciones institucionales a la respuesta ciudadana desde el Gobierno Central y Autonómico. Este colectivo, con más de doscientos socios y que en 2006 logró aunar a miles de personas en la calle y recoger siete mil firmas contra el modelo de Fomento, tiene previsto reunirse con el concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá y la oposición para resolver si el tono reivindicativo que van a sostener lo ejercerán en solitario o con el apoyo de los grupos políticos. Gómez indicó que ha causado un gran malestar la retirada de los más de 200 carteles que reivindicativos del soterramiento de la Glorieta Gabriel Miró tras la protesta. "No lo entendemos. Queremos que la gente que venga sepa que la reivindicación sigue en pie".
* Información - D.P. - 26.12.2008
Foto: Orihuela (Alicante) - comunitatvalenciana.com
El TSJ de Castilla y León vuelve a rechazar el Plan de Saneamiento de Campo Azálvaro
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ÁVILADIGITAL* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha vuelto a rechazar el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales de las urbanizaciones proyectadas en la zona de Campo Azálvaro. El primer plan fue aprobado por el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo en 1989 y posteriormente fue rechazado por el TSJ.
Tras esto, según afirma Carlos Bravo, presidente de la asociación ecologista Centáurea, la Consejería de Fomento dio orden a la Comisión Territorial de Urbanismo, en junio de 2005, de aprobar dicho trámite como una modificación no sustancial.
Según la nueva normativa, los vertidos ya no irían a parar al embalse de Voltoya o Serones -principal fuente de abastecimiento de agua de Ávila capital-, sino que se canalizaban hasta superar el pantano. Sin embargo, asegura Bravo, esa zona es un área crítica de la cigüeña negra.
Recurso
Por estos motivos, Comisiones Obreras (CC OO) y Centáurea –junto con otros organismos, como el Ayuntamiento de Ávila- recurrieron en febrero de 2007 dicho plan, y ahora el TSJ de Castilla y León les da la razón, al entender que debe tramitarse como un nuevo proceso y no como una modificación -lo que evita que pueda salir a información pública-. La sentencia, contra la que sí cabe recurso en el plazo de diez días, retrotrae el proceso al año 1989, ya que “todo lo que ha pasado desde entonces ha sido anulado”, afirma el representante de Centáurea.
En su opinión, es algo “disparatado intentar urbanizar en esta zona de Campo Azálvaro”, ya que las construcciones previstas -que suponen tres planes parciales y 2.370 viviendas- se encuentran a 16 kilómetros del casco urbano de Santa María del Cubillo, se sitúan en un área con “malas” condiciones meteorológicas, e incumplen las normativas medioambientales. Todo esto se une a que “el trámite seguido está totalmente viciado”.
Bravo también señala que la sentencia vuelve a rechazar el argumento esgrimido por el Ayuntamiento y la promotora de que el proyecto no está sujeto a las leyes sobre Medio Ambiente actuales porque se inició en los años 80.
Protección especial
Por otra parte, CC OO y Centáurea han denunciado que, un año después de realizar la petición, no han recibido respuesta sobre su solicitud de declarar a la zona de Campo Azálvaro como Paisaje Protegido.
“No sabemos nada por parte de la Junta de Castilla y León”, lamenta Carlos Tomás, responsable de Medio Ambiente de CC OO Ávila, quien asegura que ya se han recogido más de 2.000 firmas de apoyo a una propuesta respaldada por distintos organismo, desde el Ayuntamiento de Ávila –que aprobó una moción en este sentido- a GreenPeace o WWF / Adena.
* Ávila Digital - Pablo Garcinuño - 26.12.2008
Foto: Santa María del Cubillo (Ávila), urbanización Campo Azálvaro - aviladigital.com
El Puerto de Vigo tala y asfalta 40.000 metros junto al mar para contenedores
ELPAÍS* : El espacio se agota y el Puerto de Vigo tira de lo que tiene para almacenar contenedores. Aunque esté junto al mar y forme parte de la Red Natura. Es el caso de Rande, en el antiguo muelle de Duchess, donde la entidad que preside Jesús Paz ha talado y asfaltado 40.000 metros cuadrados para aliviar la falta de espacio que asfixia a la plataforma de Guixar, donde se concentra el tráfico de portacontenedores. La obra cuenta con una firme oposición vecinal.
Los detractores denuncian además defectos de forma. De un lado, que no ha sido sometido a información pública ni a declaración de impacto ambiental. De otro, que carece de permiso del Ayuntamiento de Redondela, en cuyo término municipal se ejecutan casi la mitad de las obras.
La Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón ha trasladado la denuncia a la nueva Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, que depende de la Consellería de Política Territorial. Los trabajos de acondicionamiento comenzaron en septiembre. Los afectados se dirigieron entonces al Ayuntamiento de Redondela, para saber si tenía conocimiento del proyecto. Las autoridades municipales confirmaron la inexistencia de expediente alguno relacionado con las obras.
También quisieron consultar el proyecto en la Autoridad Portuaria de Vigo, donde les comunicaron que la naturaleza de las obras no hacen necesario un procedimiento de información pública. "No son trámites necesarios, porque se trata de obras del puerto en terrenos que le son propios a la Autoridad Portuaria. Para limpiar y asfaltar no es necesario ese trámite", afirma un portavoz de Jesús Paz. "El presidente del Puerto quiso exponer en persona el proyecto a los afectados", aseguran las mismas fuentes.
Según la plataforma de defensa de San Simón, lo que Jesús Paz hizo fue "enseñar un par de planos", sin posibilidad de formular alegaciones. Los vecinos sostienen que afecta en parte a una zona de servidumbre de protección y, de otra, a zona de servicio del Puerto de Vigo, donde la ejecución de proyectos está pendiente de la aprobación de un Plan Especial, según recordó en una reciente resolución el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.
El puerto alega en su defensa que, antes del comienzo de las obras, la zona estaba "impracticable" de maleza. "No se va a depositar en la superficie afectada más que contenedores vacíos, con el objetivo de aliviar la zona de Guixar", añade.
La Autoridad Portuaria está gestionando la consecución de parcelas en parques industriales de nueva construcción, con el objetivo de trasladar actividades del puerto que no están relacionadas con su presencia en primera línea marítima. Pero como todavía no dispone del espacio necesario, la entidad ha optado por hacer uso de terrenos portuarios pegados al mar para aliviar la terminal de contenedores de Guixar. "En realidad, no linda exactamente con el mar", argumenta el mismo portavoz de la Autoridad Portuaria, en referencia a un estrecho sendero que separa la superficie asfaltada de la escollera marítima.
Las obras de tala y asfaltado no son la única irregularidad que denuncian los vecinos. El pasado 15 de diciembre, la concesionaria del servicio de abastecimiento en Redondela, Aqualia, comenzó a instalar una tubería de canalización de agua sin expediente administrativo tramitado en el Ayuntamiento de Redondela. Se trata de una "obra mayor", con tuberías soterradas que ocupan un camino público y parte de un monte vecinal. También incluyen la ejecución de un depósito de 1.000 metros cúbicos y otro de 300. Los hechos también han sido trasladados a la Agencia de la Legalidad Urbanística de la Xunta.
La amenaza constante
Una vieja estructura metálica recuerda todavía el uso que se le dio al embarcadero durante la Segunda Guerra Mundial. Desde esa zona de Rande (Redondela) embarcaban los cargueros el wolframio gallego destinado a la industria militar de la Alemania nazi. Después se reconvirtió en embarcadero de minerales varios, para recobrar relevancia después con otro controvertido proyecto, el de una planta de cemento que provocó una gran oposición vecinal. Los promotores tuvieron que renunciar a la cementera. La Autoridad Portuaria rescató la concesión a cambio de tres millones de euros, según datos de la plataforma de afectados.
Las constantes amenazas que acechan al muelle, conocido como de Duchess, se extienden al proyecto de reordenación y ampliación de la Autoridad Portuaria, ya durante el actual mandato de Jesús Paz, que prevé un total de 270.000 metros cuadrados de rellenos. En la zona, la ampliación hacia el mar sería de 30.000 metros cuadrados, hasta embeber el embarcadero exterior. La oposición vecinal hizo de nuevo rectificar al Puerto, aunque la Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón recela de sus auténticas intenciones: "Dicen que no lo van a hacer, pero no hay constancia de que hayan retirado oficialmente la propuesta".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - 26.12.2008
Foto: Vigo, muelle puerto - galiciadigital.com
Las viviendas ilegales se mudan de la costa andaluza a la sierra
ELCORREO* : La sierra y el interior de Andalucía han desplazado a la costa como zonas más problemáticas de la ilegalidad urbanística. Los inspectores de la Junta se afanan en luchar contra la ocupación irregular del territorio en colaboración con los alcaldes. Unos 40 ayuntamientos hacen ya recuento del número de casas levantadas en suelo no urbanizable.
Los 25 inspectores de ordenación del territorio y urbanismo de la Junta –cuerpo que tiene dos años de vida creado para perseguir los delitos urbanísticos– centran su labor en ámbitos estratégicos donde la ocupación del suelo no urbanizable pone en peligro a territorios vírgenes o se lleva a cabo sin los equipamientos necesarios. Los equipos de inspectores –que tienen consideración de agentes de la autoridad– trabajan in situ en las zonas calientes de la ilegalidad, que han salido de un estudio previo exhaustivo. Se trata, sobre todo, de municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, que cuentan con muy pocos medios para luchar contra las irregularidades.
Aunque la costa sigue siendo un foco importante –en Marbella hay una actuación excepcional y el litoral de Cádiz también es problemático–, a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio le preocupa el hábito que está tomando la sierra. Ejemplos como el de Aracena (Huelva), que acaba de emerger, Castilblanco (Sevilla), la Sierra de Cazorla, Segura, Las Viñas (Jaén) y Freila y el entorno del Negratín (Granada) son algunas de las prioridades en el control urbanístico, según explicó a este periódico el director general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, José Ortiz. La lista se completa con áreas del prelitoral que estallaron hace tiempo, como La Axarquía (en Málaga) y un poco más hacia el interior, Almanzora (en Almería). En La Axarquía –comarca formada por 31 municipios– se calcula que hay unas 10.000 casas ilegales y ya se ha derribado la primera.
Las construcciones irregulares suelen escapar de las capitales porque ahí no abunda el suelo no urbanizable. El ejemplo más acuciante son las viviendas de Medina Azahara en Córdoba, levantadas en el entorno arqueológico. Saber la cifra de las casas ilegales en Andalucía es “imposible”, según Ortiz, pero es un objetivo de la Junta. Para ello han trasladado a los ayuntamientos un inventario para que hagan recuento de las construcciones fuera de la legalidad. Unos 40 consistorios están ya elaborándolo, al igual que los respectivos planes de inspección municipales, para cumplir con sus competencias.
Y es que el Gobierno andaluz tiene que jugar un papel subsidiario, es decir, de apoyo, al ayuntamiento. “Nosotros podemos, de forma elegante pero no ofensiva porque somos los recién llegados, proponerle al consistorio medidas para que cumpla con su labor de control urbanístico. La gran mayoría se muestra dispuesto a colaborar”, asegura el director general de Inspección. Pero, ¿qué ocurre cuando un municipio se niega, por ejemplo, a ejecutar una demolición? “Entonces interponemos un contencioso, pero no es lo habitual”, añade.
La Junta gana el 85% de las demandas urbanísticas que interpone, pero José Ortiz argumenta que al Gobierno lo que le interesa es actuar antes para evitar llegar a juicio. “Los recursos tardan cuatro o cinco años y luego hay que esperar a que se tramite la ejecución de la sentencia. Preferimos que la labor de la inspección se mida en cuántos contenciosos se han eludido”, dice.
Apoyo al alcalde. El trabajo del inspector debe realizarse siempre mano a mano con el alcalde. Cuando se detecta una licencia ilegal –puede ser a raíz de la denuncia de un particular–, el técnico tiene que conseguir que el ayuntamiento paralice la obra. Si el propietario no hace caso de la orden del regidor, la Junta instará al fiscal a que actúe contra él. Si las casas ilegales están ya construidas e incluso habitadas, se abren dos posibilidades: con el planeamiento, el ayuntamiento podrá legalizar algunas y el resto tendrá que demolerse. Esta debe ser la última opción porque, como señala Ortiz, “la sociedad no entiende que nuestra función sea tirar casas donde viven familias sin que hayamos sido capaces de parar esa construcción antes”.
Buena parte de la tarea de los inspectores es concienciar a la sociedad de que es importante que se acate la ley urbanística. “Hace 20 años, esto no le importaba a nadie”, recuerda el director general de la Junta. Cree que en Andalucía existe la tendencia desde hace décadas “de ocupar los suelos bonitos”, pero advierte de que esta práctica le sale muy caro a los vecinos que sí cumplen las normas. “Son ellos los que terminan pagando los equipamientos de las casas ilegales”, afirma.
En definitiva, el cometido de estos trabajadores públicos es vigilar que los PGOU se llevan a buen puerto y verificar que los suelos destinados a VPO en el plan general se dedican a ese fin. En 2009 se incorporan 11 plazas y antes de que acabe este año saldrá la nueva orden de inspección 2008-2012, que fijará los criterios preferentes en las demoliciones y ampliará la colaboración con las diputaciones.
* El Correo de Andalucía - Mónica Ureta - 26.12.2008
Foto: elcorreodeandalucia.es
