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LOSVERDES/Huelva* : Una representación de Los Verdes de España y Portugal acordaron la búsqueda de una herramienta de protección de la ribera del bajo Guadiana y la coordinación de los dos países para "evitar la marbellización de esta zona del litoral, dado el aumento de la presión urbanística en la zona". Tras un encuentro en Ayamonte (Huelva), el diputado nacional de Los Verdes, Francisco Garrido, indicó que las delegaciones de los dos países a ambos lados del Guadiana respaldaron la propuesta del movimiento ecologista de crear una parque internacional transfronterizo en la ribera del bajo Guadiana.
En este sentido, precisó que los diputados lusos trabajarán en la "adecuación de una figura de protección de este tipo a la legislación portuguesa", si bien tampoco descartaron la puesta en marcha de otra "figura común que garantice una protección que también se traduzca en la coordinación de ambos países a nivel gubernamental, de ayuntamientos y de movimientos ecologistas en las dos zonas para garantizar su efectividad".
De la misma forma, ambas delegaciones pondrán en marcha la organización de unas jornadas que de forma simultánea se celebren después de las fiestas navideñas a ambas orillas del Guadiana y en las que participen las administraciones, los movimientos sociales y la universidad para "concretar fórmulas de protección y mecanismos para activar la cooperación entre los dos países".
Los diputados 'verdes' mostraron su "preocupación por la privatización del litoral de la ribera del Guadiana, sobre todo, por el aumento de la presión urbanística" y destacaron la necesidad de "coordinar esfuerzos para evitar agravios que signifiquen construir al otro lado del río porque en un lado no se acepte".
GRUPO GALLARDO.
Por otra parte, Los Verdes españoles y lusos acordaron seguir reforzando su oposición al proyecto del Grupo Gallardo para poner en marcha en Badajoz la refinería Balboa, cuyo oleoducto conectaría esta infraestructura con el Puerto de Huelva atravesando la provincia, aunque también existía la posibilidad de que este oleoducto pasase por Portugal.
Garrido indicó que, aunque esta última opción "es poco probable, los diputados verdes portugueses presionarán al Gobierno de su país para que impida que un posible oleoducto atraviese su territorio.
AYAMONTE (HUELVA), 10 Dic. (EUROPA PRESS - EFE ) CANAL SUR RADIO, SER, RNE, ONDA CERO , CNH , TERRA 11-12-07 ELMUNDO-HUELVA, ODIEL, HUELVA INFORMACION , EL PERIODICO DE EXTREMADURA, DIARIO PUBLICO (PORTUGAL)
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AND-NATURALEZA-PROTECCIÓN
Los Verdes España-Portugal se unen por parque transfronterizo Bajo Guadiana
Ayamonte (Huelva), 10 dic (EFE).-
Diputados de Los Verdes de España y Portugal han acordado hoy trabajar conjuntamente en pro de la consecución de un Parque Natural Transfronterizo del Bajo Guadiana, que proteja este entorno en el marco de la Unión Europea.
Así lo ha explicado a EFE el diputado nacional de Los Verdes, Francisco Garrido, tras un encuentro celebrado hoy en la localidad onubense de Ayamonte, quien ha puntualizado que en un primer momento la labor se centrará en cada uno de los parlamentos nacionales.
Garrido ha explicado que, siguiendo la propuesta que viene realizándose desde el movimiento ecologista, Los Verdes plantean la necesidad de que esta zona cuente con protección jurídica ambiental específica de forma que "en la ribera española se frene el impacto que se está produciendo como consecuencia de un urbanismo inadecuado y en la portuguesa se evite que el daño se produzca en un futuro".
Los diputados lusos y españoles han convenido la celebración de unas jornadas en ambas riberas del río, por el mes de febrero o marzo, en las que tendrán cabida administraciones, universidades y ecologistas, con el objetivo de concretar esa propuesta de parque.
Asimismo, esta cita servirá, según ha precisado el diputado de Los Verdes, para concretar los mecanismos de protección específicos para el Bajo Guadiana.
Al margen de esto, en el transcurso del encuentro se ha abordado el tema de la construcción de la Refinería Balboa en Extremadura, que prevé el traslado de petróleo hasta la costa bien por Huelva bien por Portugal a través de la construcción de un oleoducto.
En este sentido, Garrido, quien ha recordado la oposición que existe por la opción española, la que por el momento tiene más posibilidades, ha señalado que los diputados lusos han manifestado su intención de redoblar esfuerzos para que el Gobierno portugués se oponga a la autorización del oleoducto por su terreno.
Por el lado español, en el encuentro participaron además de Garrido, Andrés Sánchez, portavoz Andaluz de Los Verdes y secretario general de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía y José Luis López Peña, portavoz Provincial de Los Verdes de Huelva.
Por su parte, la delegación de Los Verdes portuguesa estuvo compuesta por Francisco Madeira Lopes - diputado de la Asamblea de la República (Parlamento de Portugal); Manuela Cunha, de la Cámara Municipal de Almeirim; y Víctor Cavaco, delegado para Asuntos Internacionales de Los Verdes en Portugal, todos ellos miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional de "Os Verdes" de Portugal. EFE
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Los Verdes de Portugal quieren impedir que el oleoducto de la refinería atraviese territorio luso
11/12/2007
Ayamonte Los diputados portugueses de Los Verdes redoblarán esfuerzos para que el Gobierno luso se oponga a la autorización de un oleoducto por su terreno que traslade el petróleo hasta el Refinería Balboa proyectada en Extremadura. Así lo manifestó ayer el diputado nacional de Los Verdes Francisco Garrido. EFE
* Los Verdes de Andalucía - 12 de diciembre de 2007
Foto: Ayamonte (Huelva), Isla Canela - García Cordero (El País)
Los Verdes de España y Portugal buscarán la protección de la ribera del Guadiana para evitar su "marbellización"
El TSJ sentencia que el alcalde de Arroyo primó los intereses de Mahía sobre el interés general
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NORTECASTILLA/Valladolid* : El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, presidido por el hoy independiente José Manuel Méndez Freijo, «confundió» entre el 2004 y el 2005 los intereses privados de la constructora gallega Mahía con el interés general, en el proceso de tramitación del Estudio de Detalle en el sector SAU 13 de ese municipio, que permitió a la promotora aumentar en 150 pisos de más los fijados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De este modo, Mahía obtuvo el permiso municipal del Pleno, entonces con mayoría del PP, para elevar la edificabilidad de 500 viviendas a 650 en esta zona próxima al centro de Hipercor.
Fue una antigua empleada de Méndez y apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel Fernández, la que el 10 de diciembre del 2004 tramitó la petición de la promotora ante el Ayuntamiento. En tres meses, el Consistorio dio, con el informe favorable del arquitecto municipal y del secretario pero con el rechazo de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU), su conformidad para elevar la edificabilidad. A pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha «anulado de pleno derecho» dicho acuerdo del Consistorio aprobado el 15 de marzo del 2005 sobre el Estudio de Detalle del sector SAU 13, así como la desestimación que el propio Méndez hizo del recurso que presentó el concejal del PSOE, Evaristo López, que se postuló contrario a la autorización a Mahía.
La sentencia reconoce que la modificación acordada por el Pleno del 2005 comportó para la constructora «un incremento de la edificabilidad privada en 23.064 metros cuadrados, como se admite por la representación del Ayuntamiento», y que defendió el letrado municipal, el procurador en las Cortes, Raúl de la Hoz.
De este modo, según la sentencia del TSJ, el equipamiento privado creció en 13.317 metros cuadrados y la edificabilidad residencial en otros 9.746 metros cuadrados, aumentándose el número de viviendas en 150 pisos.
Los magistrados del TSJ, que han analizado este contencioso-administrativo durante más de dos años, sostienen que la autorización a Mahía supuso que se elevase la densidad máxima del sector fijada por ley de 30 viviendas por hectárea para pasar a 34,8 viviendas. «En el propio Estudio de Detalle se admite que la densidad pasa de 26,8 viviendas por hectárea a 34,8», dice la sentencia, para cuyo resultado ha sido clave el informe pericial que el TSJ encargó a una arquitecta. El Tribunal sostiene que no se respetó la ley al calificar el suelo como 'urbano consolidado' cuando éste no estaba urbanizado al aprobar el Estudio. En diciembre del 2004 el arquitecto municipal, Buenaventura Conde, informó que la urbanización del SAU 13 «estaba prácticamente concluida», por lo que suponía que el suelo podría ser calificado como urbano consolidado. Sin embargo, dos años más tarde, la perito judicial del TSJ informó que «la urbanización no había concluido».
Se afirma además en el fallo que hubo una «patrimonialización por el propietario (Mahía) del sector del cien por cien del aprovechamiento de la modificación aprobada», y se insiste al respecto en que la autorización de los 150 pisos de más a la constructora gallega por parte del Consistorio presidido por Méndez «no comportó un incremento de espacios libres públicos necesarios en proporción al incremento de edificabilidad y viviendas que se establecen en ese instrumento de planeamiento».
La Ley de Urbanismo recoge que las cesiones a los ayuntamientos han de ser «en pleno dominio, y libre de cargas, gravámenes y ocupantes», aunque en el acuerdo municipal se daba a Mahía la explotación del subsuelo y el vuelo, un hecho que el TSJ cuestiona. Se considera insuficiente que Mahía cediese dos parcelas para uso público, aunque se quedaba con la explotación del subsuelo.
La anulación supone además la paralización del edificio de 108 habitaciones destinado para un apartotel que la empresa Binurba, del grupo Mahía, había comenzado a levantar hace dos años en la avenida de Salamanca. El proyecto de este complejo fue realizado por el arquitecto Javier González Barriuso, vocal en la empresa pública Emuva y facultativo que dirigió la obra del chalé particular de José Manuel Méndez a finales de los años 90.
El PSOE de Arroyo de la Encomienda valorará hoy la sentencia que podría acarrear consecuencias al Consistorio. El fallo puede ser recurrido ante el Supremo que tardaría cuatro años en resolver.
* El Norte de Castilla - 12.12.07 - J. MORENO
Foto: Uno de los bloques del SAU 13 en el barrio de Vega Mahía cuya edificabilidad ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia/ MIGUEL ÁNGEL SANTOS, nortecastilla.es
El fiscal afirma que el alcalde de Alicante favoreció a Ortiz por amistad
ELPAÍS* : El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, sostiene que la "amistad personal y familiar" entre el alcalde Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y el contratista Enrique Ortiz fue "fundamental" en el supuesto trato de favor del primero al segundo en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. El fiscal incluye esta afirmación en el recurso de apelación contra el auto de archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de la causa abierta al regidor y dos ediles más de su equipo (Sonia Castedo y Luis Concepción) por prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de la obra al contratista.
En el sumario también estaban imputados el empresario y un funcionario. La causa fue derivada por el juez instructor al TSJ debido al aforamiento de Alperi, elegido diputado en mayo.
Briones basa su recurso en tres líneas argumentales: vulneración de las facultades del magistrado instructor, error en la apreciación de la prueba en el auto de archivo y desestimación de las pruebas complementarias (declaración de los concejales de la junta de gobierno y nuevo peritaje de las obras) solicitadas por el ministerio público.
En el primer apartado, el escrito del fiscal señala que el auto de sobreseimiento del magistrado instructor del TSJ "ha invadido las competencias exclusivas del órgano encargado del enjuiciamiento y fallo [la sala de lo civil y penal del TSJ] al realizar, sin contradicción alguna, una valoración de las pruebas de cargo y descargo".
En el segundo apartado, puntal del recurso, Briones se reafirma, punto por punto, en la denuncia inicial que dio origen a la investigación judicial. Para Briones, existió un "concierto previo" entre el alcalde y los concejales de Urbanismo, Sonia Castedo, y de Tráfico, Luis Concepción, para "conferir mejoras" al adjudicatario. Y, además, asegura que para sortear la oposición de los técnicos de Urbanismo a las modificaciones del contrato se trasladó el expediente al área de Tráfico, cuyo jefe sí las validó. "No consta en el Ayuntamiento de Alicante nunca antes en un asunto de tanta envergadura y de tramitación tan avanzada un cambio de esta naturaleza", puntualiza Briones en su escrito.
El fiscal concluye su escrito solicitando que se practiquen las pruebas complementarias, en su opinión "esenciales" a fin de despejar si su tesis mantenida en la instrucción es correcta.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 12/12/2007
Foto: Alicante, ayuntamiento - alicante-ayto.es
Tenerife: El 'Caso Fórum' se reactiva
CANARIAS7* : El registro de al menos tres domicilios y otras tantas oficinas propiedad del empresario José Ana Pérez Lavajos y de la ex asesora de Miguel Zerolo, Herminia Gil, es el resultado de la operación policial ordenada por la juez que instruye la rama tinerfeña del caso Fórum, que ayer seguía abierta. Agentes de la Brigada Judicial de la Policía Nacional custodiaban anoche una de las oficinas precintadas por orden judicial pertenecientes al empresario tinerfeño José Ana Pérez Labajos.
Ésta era la única de las oficinas que anoche aún quedaba por registrar en una operación policial que se inició a primera hora de la mañana con la entrada y registro en varios despachos y, al menos, tres domicilios pertenecientes a José Ana Pérez Labajos y de Herminia Gil, ex asesora urbanística del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, así como de un hijo de la que también fuera concejal socialista en el Ayuntamiento capitalino.
Los registros, que se llevaron a cabo durante todo el día, fueron ordenados el lunes por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife que instruye desde diciembre del año pasado la rama tinerfeña del caso Fórum Filatélico, después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibiera en favor de los juzgados tinerfeños al detectar un presunto delito de cohecho en la Isla durante la investigación que se inició en la sede central de la empresa de sellos en Madrid.
A Herminia Gil y a José Ana Pérez Labajos la Policía Judicial les imputa sendos presuntos delitos de cohecho. Ninguno de los dos ha sido detenido en esta operación ni ayer fueron llevados a declarar ante la juez Lucía Machado.
Las fuentes policiales consultadas aseguran que con el registro de las empresas y domicilios de Pérez Lavajos, Herminia Gil y de su hijo concluirá a lo largo del día de hoy la operación iniciada ayer. Por el momento no hay previsto nuevos registros ni tampoco que alguna otra de las personas apuntadas en el auto de inhibición de Garzón y vinculadas a presuntos pagos y cobros de comisiones sean llamados a declarar en los próximos días.
En los registros de ayer la Policía Judicial se incautó de una ingente cantidad de documentos tanto en los domicilios particulares como en los despachos registrados. La parte más visible de la operación policial tuvo lugar en una céntrica calle de la capital tinerfeña donde se encuentra la sede del grupo inmobiliario Bricansa SA, propiedad de José Ana Pérez Labajos, conocido constructor vinculado a Parque Martímo Anaga SA, que también ha sido consejero del Club Deportivo Tenerife y está vinculado al punto neutro de Internet, Napwaci.
La Policía Judicial se presentó en las oficinas de Bricansa pasadas las ocho de la mañana junto a un funcionario judicial, desalonado a los trabajadores y precintando la puerta. Tras el precinto tres agente policiales la custodiaron durante todo el día sin que hasta anoche se produjera su registro.
piso franco. Llama la atención que uno de los pisos donde estuvieron los agentes judiciales ayer es el mismo que en su día fue registrado por el caso Las Teresitas y cuya titularidad se imputó al periodista Jorge Bethencourt, cuando en realidad es propiedad del hijo de Herminia Gil.
* Canarias 7 - Rosa Rodríguez
Santa Cruz de Tenerife - 12 diciembre 2007
Foto: Pago de comisiones. El empresario José Ana Pérez Labajos supuestamente pagó comisiones para poder construir un puerto deportivo frente a San Andrés - canarias7.es
"Se ve a la legua que esto es un pelotazo"
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ELPAÍS/Murcia* : "Rómpelo y haz copias nuevas, pero con fecha de 2006". La investigación judicial sobre una trama de corrupción en el municipio murciano de Totana permitió descubrir las maniobras del alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, del PP, para ocultar una operación urbanística irregular. Las conversaciones del regidor, grabadas por orden judicial, destapan sus gestiones para maquillar un contrato adjudicado a dedo a un amigo.
El contenido de las grabaciones obra en las diligencias judiciales -secretas- abiertas sobre la trama de corrupción urbanística. En algunas grabaciones, el alcalde de Totana conversa con su antecesor, Juan Morales, y en otras, con Laura Bastida, la secretaria del Ayuntamiento de esta localidad murciana de 25.000 habitantes. La juez que instruye el caso decretó hace días orden de prisión provisional sin fianza para el alcalde, al que interrogó sobre la venta de unas parcelas del polígono industrial y sobre sus conversaciones telefónicas, entre ellas, alguna relacionada con el promotor gallego también detenido en la operación.
La investigación ha revelado que el regidor, en connivencia con la secretaria municipal, falsificó un documento público [un convenio urbanístico] para evitar que un juez de Totana le sentase en el banquillo por prevaricación. La oposición municipal había denunciado en el juzgado que el Ayuntamiento había adjudicado a dedo a un amigo del alcalde, las obras de un colegio público de la localidad.
Al pedir el juzgado el expediente municipal sobre las obras del colegio, hechas en 2006, Martínez, que ya entonces había sustituido en la alcaldía a Juan Morales, ideó falsificar un convenio y llevarlo al juez para simular que la adjudicación era legal y no a dedo, según la investigación. Para ello habló con la secretaria municipal, que era la que tenía que dar fe de la existencia del documento, y con su amigo y promotor de la obra. Los tres aceptaron fingir un convenio, pero la secretaria se equivocó y puso como fecha del mismo el año 2007. Antes de firmar, el promotor inmobiliario se dio cuenta del error y llamó al alcalde:
-¡Cómo habéis puesto fecha de 2007, si la obra se hizo en 2006! -espetó el constructor al alcalde, quien entonces, comienzos de este año, ya tenía el teléfono intervenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Martínez Andreo comentó a su amigo que no se preocupase, que hablaría con la secretaria. Y eso hizo:
-Rompe lo que has hecho y haz copias nuevas, pero con fecha de 2006.
La secretaria cambió la fecha y el alcalde, que había sido citado como imputado por este hecho, acudió al juzgado con el falso convenio.
Sobre este asunto declaró como testigo su antecesor en el cargo, Juan Morales, en la actualidad diputado autonómico del Partido Popular y otro de los implicados en la trama de corrupción de Totana. Morales, en una conversación con Martínez, comentó:
-Menos mal que he dicho que ese convenio estaba por ahí, que si no, se os cae el pelo a todos...
Pese a las evidencias telefónicas, en su declaración ante la juez, el alcalde lo negó todo.
Otro de los supuestos favoritismos que pesan sobre Martínez consiste en que ordenó al jefe de la policía local, Alfonso Canales, ex brigada del Ejército de tierra, a que ayudase a un amigo suyo al que la policía local había detenido por circular ebrio y en sentido contrario. Este amigo del alcalde fue detenido un viernes y citado para el correspondiente juicio rápido un lunes. Canales lo tenía complicado, ya que sus policías habían enviado al juzgado el atestado para el juicio.
No obstante, el jefe de la policía conocía a un funcionario, se presentó el sábado en la sede judicial y le pidió el atestado con la excusa de que había en error en el ticket del alcoholímetro y éste había marcado una tasa de alcohol excesiva. Canales se llevó las diligencias, las introdujo en una caja fuerte, y no las devolvió al juzgado, según la investigación. La Guardia Civil las intervino cuando efectuó el registro en el Ayuntamiento de Totana al hilo de la corrupción urbanística.
Éste es el motivo por el que fue detenido el jefe de la Policía Local, que también está imputado en las diligencias del caso Totana. Canales declaró a la juez que lleva el caso que había actuado así porque se sintió coaccionado por el alcalde, quien, según explicó en el juzgado, le pidió que hiciera lo necesario para que su amigo no fuera a juicio por ese motivo ni le pasara nada. En su declaración, el alcalde comentó que no coaccionó a Canales, sino que se limitó a decirle que hiciera lo posible por esa persona.
Martínez, Morales y la secretaria Bastida están implicados en la que cabe considerar como una segunda fase de la trama que han destapado los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil especializados en delitos urbanísticos. Los tres están acusados de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales.
Se les investiga, además, por operaciones irregulares con suelo industrial a través de la empresa municipal Proinvitosa. A través de esta firma municipal -encargada de gestionar el suelo industrial de Totana- los tres habrían favorecido a empresarios amigos suyos. ¿Cómo? Vendiéndoles terrenos municipales a bajo precio y bajo determinadas condiciones que luego los amigos incumplían ante la pasividad de estos cargos municipales. Es en el marco de la investigación de Proinvitosa cuando la secretaria advierte al alcalde sobre una de las operaciones realizadas: "Se nota a una legua que esto es un pelotazo".
Mientras los amigos del alcalde se forraban, otros empresarios pujaban por suelo sin éxito, según la investigación. El Ayuntamiento les decía que no quedaba suelo aunque era mentira.
Las conversaciones delatoras
- Las obras de un colegio. En la investigación judicial por la adjudicación de obras de un colegio por parte del alcalde a un amigo suyo, las conversaciones grabadas por orden judicial descubren los movimientos del regidor para impedir que el juez descubriera lo realmente ocurrido. El alcalde maquina con su secretaria la redacción de un documento público, un convenio urbanístico, para justificar el encargo de las obras. Pero el promotor al que se adjudicó el proyecto, advierte que el documento prefabricado no sirve:- "¿Cómo habéis puesto fecha de 2007, si la obra se hizo en 2006?".El alcalde intenta resolver la chapuza y llama a su secretaria:- "Rompe lo que has hecho, haz copias nuevas, pero con fecha de 2006".Con este arreglo intentó salvar el apuro.
Polígono industrial bajo sospecha
- La venta de un polígono industrial. La investigación judicial de la trama de corrupción destapó una venta supuestamente fraudulenta de suelo público destinado a un polígono industrial. El alcalde habría vendido a unos amigos suyos vendió parcelas públicas por un precio muy por inferior al de mercado con la condición de que cumplieran una serie de requisitos. Los propietarios no los cumplieron y revendieron el suelo a un precio muy superior al de compra.En las conversaciones grabadas por orden judicial, la secretaria del alcalde saca sus propias conclusiones sobre la operación de venta de suelo municipal:- "Se nota a una legua que esto es un pelotazo".Promotores ajenos a esta operación quisieron comprar suelo. El Ayuntamiento les aseguró que no quedaban parcelas libres.
* ELPAIS.com - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 12/12/2007
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - totana.es
Se recalifican medio millón de metros cuadrados en el Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz)
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AMBIENTUM* : La Junta de Andalucía ha silenciado que en la aprobación del PGOU de Prado del Rey han incluido como urbanizable un total de 581.064 m2 de suelo que estaba especialmente protegido por encontrarse dentro del Parque Natural Los Alcornocales. Ecologistas en Acción ya denunció que la Consejería de Medio Ambiente había dado su aprobación a esta incomprensible recalificación de suelo, aprobación que fue justificada personalmente por la Consejera asegurando que era una zona "muy degradada con viviendas ilegales".
Más aún, la CMA también aprobó la recalificación de 124.314 m2 de este Parque Natural incluyendo las famosas Salinas de Hortales, una de las últimas salinas de interior que se mantienen en funcionamiento en Andalucía, con actividad documentada desde el siglo XIV, pero que deben de haber sido explotadas desde mucho antes, como lo atestigua el poblamiento de Iptuci, que data de la Edad del Bronce, y que se ha mantenido en época púnica, romana y musulmana. El PGOU preveía en esta zona la construcción de 124 viviendas unifamiliares, que fueron finalmente desestimadas ante la campaña de denuncia de Ecologistas en Acción.
El Texto Refundido del PGOU sí ha mantenido el Plan Parcial "El Cruce", que incluye la recalificación a urbanizable de 581.064 m2 de suelo protegido de alto valor ecológico y paisajístico. Ecologista en Acción ha expuesto en reiteradas ocasiones –sustanciadas en sendas alegaciones a todo el proceso de aprobación del PGOU- su oposición a esta recalificación que se basa en una premisa falsa: la existencia de un centenar de viviendas ilegales que hay que regularizar, ya que las viviendas ilegales existentes no llegan al medio centenar y regularizarlas equivale a premiar a los constructores ilegales sobre los que han mantenido el uso agrícola, forestal y ganadero del las fincas colindantes. El Ayuntamiento en realidad no busca "legalizar" estas viviendas sino utilizarlas como estratagema para recalificar una superficie muy superior a la zona con edificaciones. Prueba de ello es que se sigue contemplando la ampliación de viviendas hasta las 135 –con una edificabilidad de 33.750 m2- de las que cerca de 100 serían de nueva construcción. El PGOU también incluye en este Plan Parcial 67.394 m2 para uso terciario, con casi tanta edificabilidad -33.556 m2- como el residencial con destino a la construcción de un centro comercial, geriátrico y hotel, que nada tiene que ver con la esta supuesta regularización.
Este Plan Especial afecta a zonas forestales con enormes ejemplares de quejigos y alcornoques, al pie del cerro Cabeza de Hortales, donde se encuentra el valiosísimo yacimiento arqueológico de Iptuci, declarado Bien de Interés Cultural.
Este despropósito se une al clamoroso incumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) del PGOU de Prado del Rey, ya que recalifica a suelo urbano o urbanizable casi dos millones de m2, lo que supone un 200 por ciento de aumento sobre el suelo urbano actual, y la construcción de más de 1.000 nuevas viviendas, y todo para un pueblo con la población estabilizada en torno a los 6.000 habitantes. También incluye un campo de golf con una urbanización de 400 viviendas, incumpliendo lo estipulado en el POTA y las constantes proclamas de los máximos responsables de la Junta, que vienen asegurando que los campos de golf serán independientes de los desarrollos urbanísticos y que se regarán con agua reciclada, cuando Prado del Rey carece de depuradora y si se construye, no podrá aportar más que la mitad de agua que necesita el campo de golf. Hay que destacar que Prado del Rey tiene problemas graves de abastecimiento de agua, sufriendo en la actualidad constantes cortes del suministro.
Ecologistas en Acción denuncia el doble lenguaje del PSOE y de la Junta que dicen oponerse a la especulación urbanística y que defienden los espacios naturales, y sin embargo no dudan en recalificar más de medio millón de metros cuadrados de suelo protegido en un parque natural para promover una gigantesca operación especulativa y de revalorización del suelo.
Ecologistas en Acción estudiará medidas legales para impedir esta recalificación y la consolidación de un precedente de enorme gravedad, pues otros Ayuntamientos con terrenos protegidos por espacios naturales pueden también reclamar recalificaciones cono la que se ha aprobado en Prado del Rey.
* Ambientum - Andalucía - 11/12/2007
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org
La ruina amenaza a medio centenar de edificios protegidos de Valencia
ELPAÍS* : La Alquería dels Moros es "una magnífica muestra compendio de la arquitectura señorial y rural de la huerta valenciana" del siglo XVI. Lo dice la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de febrero de 2004 firmada por la Generalitat. Las únicas visitas a esta casa histórica, junto al parque de Benicalap, son de palomas que se cuelan por donde el cemento no cegó las ventanas.
La antigua fábrica Tello es un testigo mudo del primer núcleo industrial de Valencia dedicado al textil y exponente de la arquitectura fabril del siglo XIX. Sus ventanas y puertas están tapiadas; las canalizaciones pegadas a su fachada se oxidan sin remedio. No tiene vida, está cerrada y languidece ignorada en pleno centro histórico.
Estos son sólo dos ejemplos de una larga lista de unos cincuenta inmuebles protegidos y reservados a un servicio público en Valencia. Un patrimonio que amenaza ruina por la falta de rehabilitación. La mayoría ya se incluyó en el Plan General Urbano de 1988 como futura sede de un equipamiento público. La larga espera a una intervención que los salve ha acentuado su degradación. Los propietarios, en buena medida privados, no muestran en general interés por su conservación porque se saben pendientes de una expropiación o acuerdo de compra. El nivel de protección de este patrimonio, además, impide reformas estructurales. Los edificios acaban apuntalados y tapiadas las entradas para evitar tentaciones okupas. El Ayuntamiento, del PP, alega que la expropiación es cara.
Entre los edificios, hay muchas alquerías, varias antiguas fábricas y conjuntos de casas singulares, algún palacete y una ermita, la de Soternes, propiedad de la Iglesia y cerrada a cal y canto. Los inmuebles protegidos y asignados a un servicio público salpican toda la ciudad. El equipo de gobierno del PP prepara el nuevo plan general sin haber elaborado una hoja de ruta de recuperación y de usos de estos edificios que ha aparcado en la senda del abandono. La expropiación de las alquerías puede ser muy costosa, también su rehabilitación, aduce. Los tímidos avances para rescatar del olvido este patrimonio han venido de la mano de programas urbanísticos en los que se ha impuesto al agente urbanizador la adquisición de alquerías, lo que no siempre ha llevado aparejada su rehabilitación. El Ayuntamiento también plantea algunos concursos de obra y gestión para restaurar patrimonio y reducir esta larga lista de espera.
Edificios de larga historia y arquitectura original aguardan turno desde hace años mientras se deterioran. Junto a la catedral, en la calle del Micalet, sigue en pie la Casa del Relojero, de finales del XVIII. Sigue en pie gracias a que está apuntalada y cubierta por una malla para que posibles cascotes no caigan sobre los viandantes. Su recuperación ni siquiera exige presupuesto, porque es municipal. Su destino como servicio público está previsto desde 1993 en el plan de reforma interior de la Seu-Xerea. No ha servido de mucho. Lo mismo ocurre en el entorno de la rutilante Ciudad de las Artes y las Ciencias con las naves de la vieja fábrica química Cross, dos de madera y una de hormigón. Ésta última es la única que se libra de desaparecer al haberla cedido el PP a la Iglesia para una parroquia a sus mártires de la Guerra Civil. Las otras están hechas polvo, hasta el punto que de una sólo cabe coger la madera aprovechable para intentar recomponer la segunda. El Ayuntamiento dice que la convertirá en un centro deportivo. ¿Futuro remoto?
Otra muestra del pasado industrial abandonado es la fábrica de lozas Ceramo en Benicalap, cuya restauración piden desde hace años los vecinos y que por su dimensión -unos 3.600 metros cuadrados- está llena de posibilidades como servicio público. De fachada neomudéjar, aún conserva los hornos cerámicos. Sigue en manos privadas. El Consell Valencià de Cultura se interesó por su destino, y además, el nuevo catálogo de patrimonio del Consistorio, por aprobar, incluye la Ceramo como Bien de Relevancia Local.
Reconocimientos que son un brindis al sol si no se actúa. Ahí está la citada Alquería dels Moros, pública desde hace una década. Su declaración de BIC es papel mojado. Pero el que sea infranqueable, esté reforzada para no caer y rodeada de maleza, no impide que la web oficial de turismo de la Comunidad Valenciana anime a contemplarla dentro de "un importante conjunto de alquerías" que "están siendo objeto de cuidadosas rehabilitaciones". Parece un chiste. La cruda realidad está a la vista. Otra alquería de las que entra en ese conjunto tan especial es la de La Torre, que ha sufrido varios incendios y la habitan temporalmente personas sin recursos. La permuta de terrenos con el Valencia CF para el nuevo Mestalla le ha puesto el precio para que pase a manos municipales. Su destino pese a ello, es incierto.
La larga lista de edificios protegidos para equipamiento público contiene otro BIC. Es la alquería de Julià, del siglo XVII, que hasta hace una década se llenaba de niños del colegio público Santa Bárbara. De ahí que esté en un estado aceptable, al menos si se compara con el resto. Situada en la calle de Castán Tobeñas, su propietario es Bancaixa. Explica la web de Turismo que en ella se alojaron "grandes personajes" como la reina Isabel II, y cuentan que San Vicente Ferrer predicó junto a una encina de su huerto. Pero como la entidad bancaria la mantiene clausurada, no pueden visitarla ni valencianos ni turistas. Los únicos privilegiados son los miembros de un grupo que ensaya jotas en la alquería, según los vecinos. Y quedan más edificios en Orriols, Marxalenes, El Cabanyal, Torrefiel...
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 10/12/2007
Foto: Valencia, alquería dels Moros - lasprovincias.es
En el monte Gaiás huele a juzgado
XOSÉ LUIS BARREIRO* : La comisión que investiga la Ciudad de la Cultura, cuyo borrador de informe se filtró ayer, está abocada al juzgado. Entre las conclusiones consensuadas por el BNG y el PSOE, y rechazadas por el PP, todavía no figura la decisión de llevar al juez los abrumadores indicios de descontrol y corrupción que acompañan a esta desgraciada obra. Pero vista la redacción de la primera conclusión, en la que se constata «una voluntad absolutamente premeditada, orientada precisamente a facilitar la relajación de los controles financieros y administrativos», es evidente que estamos ante el preámbulo de una denuncia.
Lejos de quedarse en la marea de indicios abrumadores que delatan una prevaricación continuada, y más allá de poner al descubierto la falta de procedimiento que caracteriza los procesos de decisión, adjudicación, ejecución y control de este desaforado proyecto, la comisión parlamentaria se hace eco de una serie de detalles concretos que deben ser investigados por vía penal, ya que en modo alguno se puede aclarar el fondo de la cuestión si no se rompe el círculo de complicidades que implica a altos funcionarios y técnicos de la Administración y a los políticos de alta jerarquía que auspiciaron y dieron cobertura consciente a tamaño disparate de gestión.
Claro que el borrador de informe sobre la investigación parlamentaria a penas dice nada que no se dijese en los mentideros políticos y en los reservados donde almuerzan y cenan los grandes empresarios y financieros, ni nada que no se haya esbozado, en mayor o menor medida, por los medios de comunicación. Y tampoco dice nada que no supiese y no pudiese documentar el actual Gobierno bipartito, que incapaz de tomar el toro por los cuernos, y de romper la falsa solidaridad con la que se protegen los gobiernos, renunció a levantar las alfombras de San Caetano y a poner los montones de basura, debidamente documentados, en el juzgado. Porque, si el bipartito hubiese sido diligente, ni sería necesario el paripé de la comisión ni se darían argumentos a los que quieren reducir este escándalo de graves proporciones a un simple juego pactado de responsabilidades políticas.
Y ahora viene el turno del poder judicial y del ministerio fiscal que encausó a Cacharro Pardo, a Prado Villapol y a tantos otros alcaldes y políticos que, a base de sisar una dieta, fletar un autobús electoral o ceder una pala excavadora a un concejal amigo, nunca llegarían a malversar -todos juntos y en toda su vida política- la cantidad que sumieron las alcantarillas del Gaiás cada semana durante los siete años que lleva en construcción.
Porque la comisión, buena perdiguera, acaba de levantar la pieza. Pero ahora hay que cazarla.
* La Voz de Galicia - A TORRE VIXÍA - 11 de diciembre de 2007
