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LASPROVINCIAS/Alicante* : El urbanismo vuelve a poner la gestión de los políticos calpinos en el candelero de la actualidad. Ahora son los socialistas de Luis Serna los que se enfrentan a las acusaciones de los vecinos afectados por una edificación de más de 20 plantas a primera línea de playa.
Los vecinos de los edificios colindantes a esta nueva construcción, que se levantará en la calle Holanda, en primera línea de playa, han remitido un escrito a LAS PROVINCIAS dirigiéndose al alcalde para quejarse sobre otro "monstruo que ya comienza a crecer y al que la propia constructora califica en su publicidad como la más Alta de Calpe (23 pisos); ¿Publicidad positiva para Calpe? ¿No es ya suficiente lo que se ha permitido en este pueblo?", señalan.
En la parcela hace un tiempo se iba a levantar un edificio de ocho plantas, puesto que el terreno no daba para más alturas. Pero ese proyecto no vio la luz porque otra constructora (la actual), compró a la primera este terreno y otro cercano, uniéndolos por un pasillo de cuatro metros de ancho, y así sumar los metros de ambos "para construir una inmensa y horrible torre en el lugar que antes no se podía", explican.
El terreno es tan pequeño para esta obra de tanta envergadura, que con las primeras actuaciones de cimentación (pilotajes), "las viviendas colindantes ya han sufrido grietas en fachadas, desprendimientos y otros desperfectos que han necesitado el levantamiento de un Acta Notarial y el informe del arquitecto de dichas viviendas".
Los vecinos intentaron poner denuncias en la Policía Local pero les dijeron que no podían hacer nada porque tenían permiso, "y mientras se caían los cuadros, se movían los muebles y se agrietaban las paredes".
En su opinión "es tan burda y tan evidente la trampa que se ha utilizado para construir donde antes no se podía, tanta impotencia al ver que el poder y el dinero siguen mandando sobre toda norma, que las leyes son tan permisivas, que la trampa está al alcance de la mano para todo aquél que maneje suficiente dinero e influencias".
Por todos estos motivos le piden al alcalde que "proteja a sus ciudadanos de estos desmanes y sobretodo proteja a Calpe de la actuación de estos depredadores, que esta localidad no sea conocida por batir records de alturas y desmanes urbanísticos, sino a través de sus paisajes, su costa, su Peñón y su gente".
Desde el equipo de gobierno, la edil de Urbanismo, Marta Cabezudo subrayó que "en ningún momento me he reunido con los propietarios de los edificios colindantes" por lo que aprovechó para invitarles a un despacho cerrado y así poder conocer de primera mano sus reivindicaciones.
Cabezudo aseguró que esta licencia fue "de las últimas que concedió el PP" de Javier Morató antes de abandonar la alcaldía de la villa del peñón. Marta Cabezudo reconoce que "la licencia la firme yo" pero matiza que "ya estaba otorgada por silencio administrativo. Si no la firmábamos, teníamos que indemnizar a la promotora porque el PP había dejado correr el plazo".
Es más, la concejala puntualizó que "intentamos negociar la rebaja de la edificabilidad pero por silencio administrativo del PP ya estaba concedido el visto bueno" y no se pudo hacer mas.
* Las Provincias - 21.08.08 -R.D.A
Foto: En primer término la lona que informa de la construcción del nuevo edificio - lasprovincias.es
Vecinos de Calpe critican las obras de un edificio con más de 20 plantas
Estepona reactivará dos mil expedientes por irregularidades urbanísticas
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SUR/Málaga* : La frenética actividad urbanística en Estepona ha ido acompañada de numerosos casos en los que se ha actuado al margen de la ley. El departamento de disciplina urbanística acumula unos 2.000 expedientes por irregularidades cometidas desde 2003. Más de la mitad de ellas se refieren a construcciones y reformas realizadas en los diseminados rurales.
El alcalde de Estepona y concejal de Urbanismo, David Valadez, pretende reactivarlos para aplicar la legalidad. De hecho, durante su primer mes de mandato se han iniciado 70 nuevos expedientes. No todos son directamente sancionadores, sino que también los hay de ejecución de obras o movimientos de tierra no autorizados.
Los técnicos municipales trabajan ahora en estudiar la cantidad de casos que ya han prescrito y los que se pueden reactivar. El regidor ofrecerá esta documentación el próximo lunes a los portavoces de la Corporación.
La actitud permisiva del Ayuntamiento comenzó a dar un giro de 180 grados durante el mandato del ex concejal de Urbanismo, Rafael Duarte. En el último año se instruyeron más de 200 expedientes y se ordenaron más de medio centenar de paralizaciones de obras.
Sanciones
La reactivación de estos expedientes llevan aparejada la obligación de restituir la legalidad perturbada con la demolición, además de una sanción económica, que oscila entre el 50% y el 150% del valor de la obra. Precisamente, el departamento de disciplina urbanística está estudiando la posible demolición de varios establecimientos que no cuentan con licencia de primera ocupación. Entre esas estructuras se encuentra un chiringuito situado en la zona del extrarradio, que ya ha sido precintado por incumplir la legalidad. En este caso, no sólo los técnicos municipales han determinado la ilegalidad del establecimiento, que también cuenta con informes contrarios de la delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta.
Cierre de un 'parking'
Otro de los establecimientos que no se ajusta a la legalidad es el aparcamiento de Zapallito, ubicado en la céntrica avenida de España. Valadez, que decretó el pasado 8 de agosto el cese inmediato de actividad, informó de que mañana se precintarán las instalaciones en el caso de que la empresa no haya subsanado las deficiencias detectadas por el Consistorio, que pasan por la instalación de sistemas antiincendio, así como por la certificación del buen estado de la losa de cimentación.
Los técnicos municipales descubrieron además problemas de subpresión en la misma, por lo que una rotura podría conllevar la entrada incontrolada de agua en el segundo sótano, que afectaría a su funcionalidad y generaría problemas en el forjado e, incluso, en la estructura.
Si la empresa no acomete las mejoras, el Ayuntamiento realizará los trabajos con cargo a la garantía depositada por la concesionaria.
* SUR - 21.08.08 -MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO
Foto: INFRACCIÓN. La mayoría de los casos son en diseminados. / M. P. diariosur.es
La Torre Malaya rompe la perspectiva del entorno de Sants
ELPAÍS/Barcelona* : "Es todo legal". Así se refirió ayer la concejal del distrito barcelonés de Sants, Imma Moraleda, al hablar de la Torre Malaya, nombre dado por los vecinos a un edificio de 11 plantas que se eleva en entre la plaza de Sants y la estación homónima.
Los vecinos han llevado a la fiscalía la licencia municipal que permite lo que ellos consideran un desaguisado. "No sabemos si la denuncia se ha admitido a trámite", señaló Moraleda que insistió en que el bloque "acumula la edificación" de dos solares para permitir que haya un paso peatonal que ya existía. Moraleda adujo en apoyo a la "legalidad" de la obra el silencio de la oposición municipal, CiU y PP. No obstante, reconoció que es posible que buena parte de la población encuentre horrible el impacto visual del edificio. "Es cuestión de gustos", dijo.
* ELPAIS.com - Barcelona - 21/08/2008
Foto: Barcelona, la Torre Malaya - elpais.com
Una juez suspende provisionalmente las obras de la biblioteca del Prado
ELCORREO/Sevilla* : Los vecinos del Prado han logrado su primera victoria judicial contra la biblioteca de la Hispalense. Ayer, una juez decretó la suspensión provisional de las obras porque entiende que si prosiguen se puede dañar irreversiblemente el parque, antes de que la Justicia dirima la legalidad de los trabajos.
Mañana ha citado a todas las partes y decidirá si la suspensión se mantiene o se revoca.
La juez accidental del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Sevilla ha resuelto de esta manera la solicitud que la Asociación de Vecinos Huerta de la Salud presentó el pasado 31 de julio, en la que reclamaba la paralización temporal de la obra, una vez que constató que los trabajos tenían licencia y habían comenzado. El auto fija la suspensión “con carácter provisionalísimo”, es decir, apenas por dos días hasta que mañana escuche a los propios residentes del Prado, el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla. Será entonces, a las diez de la mañana, cuando la decisión se convierta en firme o se levante la prohibición.
Un motivo claro fundamenta la decisión de la juez: es mejor suspender ahora la obra para evitar “una perturbación evidente de los intereses generales ante el progreso de la construcción”, ya que el conjunto de los jardines del Prado donde se va a instalar la biblioteca universitaria está declarado Bien de Interés Cultural. Más claro: nadie descarta que se haga un daño irreparable a los árboles y el mobiliario antes de que haya un auto judicial firme que avale la legalidad y la adecuación de la obra.
Tanto el Ayuntamiento como la Universidad insistieron ayer en que el proyecto que levantará la arquitecta iraquí Zaha Hadid –con cabida para 3.300 investigadores y que costará 22,5 millones de euros– “entra dentro de la legalidad urbanística” y manifestaron su intención de demostrarlo así ante la juez. En la parte contraria, el presidente de la asociación Huerta de la Salud, José Miguel González, quien registró el recurso, se mostró esperanzado en que “este auto sea el primer paso de una paralización definitiva”. González insistió en que sus convecinos y las demás asociaciones vecinales que estos días se han manifestado contra el proyecto (el lunes pasado, sin ir más lejos, tuvieron que ser desalojados por la Policía durante una protesta) no se oponen a la biblioteca, sino a su ubicación. “Entendemos que existen otras parcelas donde colocarla, que no es obligado eliminar un parque que es de todos los sevillanos, un pequeño pulmón verde, para poder levantarla”, añadió.
Revés inicial. La Justicia da ahora la razón a los opositores al proyecto, pero no siempre ha sido así. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó la paralización cautelar de la obra que reclamaba la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía (Adepa) y dio la razón a los promotores. El Alto Tribunal andaluz justificó su decisión en que la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía había dado su beneplácito al edificio, igual que había hecho con la modificación del PGOU que incluía el proyecto. La asociación insiste en que los árboles que se han comenzado a retirar del parque no podrán ser replantados porque se morirán mientras dura la obra, por eso recurrió la resolución y aún espera respuesta. La Hispalense responde garantizando se van a trasplantar todos los árboles afectados por los trabajos. Serán los jueces los que den y quiten razones.
* El Correo de Andalucía - C. Rengel - 21 de Agosto de 2008
Foto: JC. - elcorreodeandalucia.es
