UrbanismoPatasArriba: martes, 10 de junio de 2008

LAVOZ/Cádiz* : El jefe de licencias urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell, fue denunciado el pasado 6 de junio por presunta «comisión de un delito de estafa en relación media con un delito contra la ordenación del territorio», según aparece en la propia denuncia realizada por José Pedro Piñero y redactada por el letrado José Miguel Gómez Pedrosa.

Además, la denuncia también se dirige a su novia, Milagros Trigo, propietaria de la empresa TEC, y a Isabel Ruiz, trabajadora de la citada empresa.

Los hechos, según explica el denunciante, se remontan a junio de 2007, cuando su sobrino, Sergio Carmona, adquirió una parcela en el desarrollo urbanístico Arenas Cárdenas. José Pedro Piñero, a petición de su sobrino, comenzó a realizar las gestiones para solicitar una licencia para construir sobre el terreno una vivienda unifamiliar aislada.

Piñero se dirigió al despacho de Milagros Trigo, propietaria de la empresa TEC, dedicada a proyectos de arquitectura, para informarle sobre la intención de adquirir la parcela e interesarse por la posibilidad de pedir una licencia de obras sobre la citada parcela. Según explica el denunciante, «Trigo consultó el Plan General e incluso telefoneó al jefe de servicio de licencias y disciplina urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell, que aseguró que el suelo era de carácter urbano y que era posible otorgar una licencia de obra».

Además, según expone Piñero en la denuncia, Milagros Trigo le aseguró que «en caso de que no le resolvieran expresamente el otorgamiento de la licencia de obras, cabía la posibilidad de conseguirla a los tres meses desde su solicitud por silencio administrativo».

Así, el denunciante explica que, a tenor de las informaciones ofrecidas por Trigo y Fornell, su sobrino adquirió la parcela y le encargó a Milagros Trigo, a través de la empresa TEC, la redacción del proyecto básico de ejecución y el estudio de seguridad y salud, con la finalidad de tramitar la concesión de la licencia de obras.

Pedro Piñero denuncia que al no recibir la licencia de obras por resolución expresa se dirigió al área de Urbanismo para hablar con Fornell, que, según asegura Piñero, le aseguró que era posible conceder la licencia por silencio administrativo, para lo que le explicó que era necesario el informe favorable del asesor jurídico del área de Urbanismo.

Pero, según explica el denunciante, «el tiempo pasaba sin que el asesor jurídico diera su visto bueno», por lo que intentó, sin éxito, hablar en varias ocasiones con Fornell. Finalmente, explica que «fue la redactora de los proyectos de la empresa TEC, Isabel Ruiz, quien me comunicó que el informe del asesor jurídico no era favorable porque el suelo no estaba recalificado y que las circunstancias en la Concejalía habían cambiado con el nuevo Gobierno local por lo que era imposible otorgar la licencia como se hacía anteriormente».

Por todo ello, y al considerar el denunciante que «Trigo y Fornell eran conocedores de todas las circunstancias» se dirigió a la empresa TEC para que le devolvieran, sin éxito, las cantidades abonadas por el encargo de los proyectos, que según denuncia Piñero, «asciende a más de 11.000 euros». Por su parte, los denunciados y el Ayuntamiento aún no han realizado valoraciones.

* La Voz Digital- 10.06.08 -CRISTINA LOJO
Foto: URBANIZACIÓN. Imagen de la zona en la que se encuentra la parcela. / C. L., lavozdigital.es

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ARNAU* : Economia de mercado; convertir las personas en propietarias y consumidoras.
“Ella para él, él para el Estado y los tres para el mercado”, con esta frase Chusa Lamarca define el modelo de relaciones sociales que se establecen dentro la llamada sociedad neoliberal. Con esto nos plantea cómo el mercado, cómo la estructura económica, se ha apoderado y condiciona todas las relaciones de opresión social. Y es que todos los ejes sociales giran alrededor del mercado (trabajo, educación, sanidad, transporte, alimentación, vivienda…).

La sociedad se ha ido estructurando a partir de ganancias empresariales. El beneficio económico se establece como eje principal, justificado por la ideología que entiende la sociedad como simple suma de individuos consumistas, ciudadanas reducidas a simples consumidoras, valoradas principalmente por su capacidad de consumo. Se premia y se mesura el éxito social con esta capacidad de consumo. Así, un consumo basado en la propiedad privada aparece como eje cultural central, y la acumulación de este consumo y de esa propiedad parece que supone la máxima satisfacción.

A nivel mundial, las políticas neoliberales, desde principios de los ’80, se han caracterizado por la aceleración en apartar los poderes públicos del control de la economía, desregulando la actividad económica, privatizando servicios y empresas públicas y eliminando los controles de cambios entre las divisas. Así, se ha creado una inmensa burbuja de dinero especulativo mundial.

Entendiendo este vínculo entre estructura social-cultural y políticas neoliberales es como se puede comprender el modelo de relaciones económicas y sociales que se desarrollan alrededor de la vivienda. Un derecho básico, transformado en mercancía, que desde hace unos años se ha convertido en uno de los principales conflictos internos de nuestra sociedad.

La vivienda, una mercancía

La lógica de este mercado que pretende controlarlo todo no tiene en cuenta las necesidades sociales y culturales que giran alrededor de la vivienda. La vivienda no es un simple producto de consumo, nos sirve de refugio y es un puntal de nuestra vida social y cultural.

Por eso, fácilmente se acentúa la contradicción entre propiedad mercantil y propiedad de uso. Quien tiene la facilidad para traficar o hacer negocio con la vivienda normalmente no relaciona la actividad con su propia vivienda. En cambio, la consumidora, la víctima del negocio, tiene más en mente el uso, satisfacer la necesidad; para ella el aspecto mercantil sólo es el camino, y, en este caso, se convierte en la dificultad para conseguirla o en la amenaza de perderla.

Así, el alza de precios en la vivienda, que responde a esta lógica mercantil, aporta beneficios extraordinarios a los mercaderes o traficantes de inmuebles y supone un gran peso a sus habitantes, las cuales no se benefician. Los datos nos dicen que en las últimas décadas el precio de la vivienda ha aumentado un 300%, mientras que el IPC lo ha hecho en un 80% y los salarios en un 45%.

La lógica política de que el alza brutal de los precios se debe a la escasez de suelo y vivienda nueva, unida a una demanda creciente, y que la solución está en la liberalización del suelo para nueva construcción para satisfacer la demanda y rebajar los precios, responde a la lógica política mercantilista incapaz de plantearse una distribución justa de la vivienda según las necesidades. Al contrario, esta lógica nos lleva a datos como los que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística, que al 2002 señalaba que un 50% de la demanda del mercado inmobiliario correspondía a inversiones de capital sin función de vivienda. Pues la lógica del mercado no responde a las necesidades.

Hipoteca; la llave del consumismo y la sumisión

Retomando el esquema social basado en el individuo consumidor feliz y juntándolo con el aumento desorbitado del precio de la vivienda llegamos al nexo de esta complicada conjugación: la hipoteca.

En una sociedad caracterizada por una conducta como la de trabajar por un salario para poder consumir, la aparición de la hipoteca aprieta aún más el espiral. Por un lado nos facilita la satisfacción del primer consumo, por otro, nos proporciona la deuda, la incapacidad de hacer marcha atrás. Lo transforma en endeudarse para consumir y trabajar por un salario para pagar la deuda.

La promoción de la propiedad privada en materia de vivienda y los elevados precios del mercado han volcado a la gente en masa a las cadenas de la hipoteca. Entre el 1999 y el 2005 la deuda a los hogares del estado español se incrementó del 66% al 103%, evidentemente siendo la vivienda el objeto principal.

Este hecho, engañando a la gente mostrándole que el acceso a la vivienda es sencillo, también supone una atadura de amplias consecuencias, partiendo de la de dependencia de un trabajo de remuneración suficiente y fija. Estos vínculos pueden resultar ser una piedra atada al cuello, a punto de caer en cualquier momento, y que siempre se nos presenta cuando nos decidimos a formar parte de la disidencia al sistema para intentar cambiar las cosas.

Por otra parte, este proceso nos convierte en propietarias endeudadas. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez firmada la hipoteca, aunque cambie la política y el precio de la vivienda baje hasta unos precios más asequibles, nosotras estaremos condenadas a ir pagando la fortuna. Es más, hasta estamos expuestas, y eso se ha notado en los últimos años, a un posible aumento de la deuda, según evoluciones financieras que poco entendemos y que nada controlamos. De esta forma, hasta es fácil que observáramos una pérdida del valor monetario de los inmuebles como una pérdida de nuestro valor que estaremos pagando durante años y años… El enfrentamiento entre propietarias endeudadas y no-propietarias con voluntad de acceso digno a una vivienda está servido. A no ser que se tomasen medidas políticas contundentes para anular las hipotecas. Pero si no se toman ni para aturar el aumento de los precios de la vivienda, ¿qué partido político se enfrentará, haciéndolo con el lobby inmobiliario, también con la banca?

La estructura cultural de clase, de género y de edad en el urbanismo y la vivienda

El modelo urbanístico y de vivienda va más allá del conflicto económico entre valor de uso y valor de mercancía.

Las contradicciones históricas entre campo y ciudad se acentúan a ritmos frenéticos con el fomento de las metrópolis del modelo de desarrollo insostenible occidental. Estas no dejan de evolucionar y de desplazar zonas laborales y zonas residenciales sin tener en cuenta las relaciones culturales y provocando la fragmentación social con la aparición de ghettos de pobreza también vinculados a las olas migratorias provocadas por la pobreza global, la destrucción de la identidad y la dinámica social de los barrios y la separación cada vez más distante de la vivienda y el trabajo, que a la vez provoca la intensificación del transporte que engulle gran parte de los recursos energéticos y aísla el “movimiento obrero” de la “sociedad civil”.

Dentro de ese contexto y respondiendo a la cultura patriarcal y individualista, la vivienda asume unas características específicas relacionadas con la unidad familiar monoparental y en una escasa vida colectiva, tanto en las relaciones sociales y los usos de espacios comunitarios como en el aprovechamiento de los recursos energéticos y tecnológicos.

Una simple vista panorámica de nuestras ciudades nos muestra claramente como hay zonas diferenciadas según su estatus. Desde barrios con la infraestructura degradada habitados por gente con pocos recursos económicos, hasta barrios de chalets casi cercados con muros, pasando por los nuevos barrios-dormitorio dónde desaparecen las conductas socializadoras de los espacios públicos, y por las zonas comerciales dónde el marketing hace del ocio un negocio con valores culturales muy perniciosos para la vida comunitaria.

Y las estructuras del barrio se trasladan al interior de los edificios de viviendas. Aislados generalmente al uso de la familia monoparental pasan a ser el espacio de reposo después de la jornada laboral. Un reposo que sigue discriminando por razón de género sexual, ya que se convierte en un primer o segundo trabajo para muchas mujeres, sobre las cuales recae el cuidado y la organización del espacio. Esperamos que el avance en la igualdad de género en el ámbito doméstico no se limite a identificar la figura masculina cómo una simple “ayuda”.

Esta desigualdad en el trabajo doméstico se ve agudizada por la privatización de los servicios sociales, lo cual aumenta el trabajo, sobre todo para las clases con menos recursos económicos. Esto provoca la necesidad de un cambio en las viviendas, teniendo en cuenta que muchas veces tienen que ser el epicentro del cuidado de niñas y niños o de gente mayor.

En este sentido el elevado coste de la vivienda puede suponer de un lado dificultades en sus usos sociales y, del otro, un grave problema en el aspecto de género cuando se transforma en una atadura que impide escapar o enfrontar diversas violencias domésticas.

Visto des de la perspectiva de edades, la vivienda subyugada al mercado causa dificultades educativas a las niñas y niños que viven en pisos de barrios sin vida social, a las jóvenes que pretenden emanciparse y a la gente mayor que termina encontrándose sola en estas viviendas aisladas de la vida colectiva.

Reflexiones sobre las responsabilidades

¿Y cómo se aguanta todo ese modelo desigual y insostenible? Por intereses económicos. Por el poder económico, político y cultural que ejercen las beneficiarias de este negocio, y por la dificultad y incapacidad de hacerles frente de unas clases populares desorientadas, en parte compradas o engañadas, y excluidas de la participación política.

A nivel estatal nos encontramos en que los sectores económicos relacionados con la construcción y la especulación inmobiliaria son los más dinámicos en un Estado que ha asumido el desmantelamiento de los sectores primarios (tan industriales como agrícolas). Y es que el mercado inmobiliario, además de ser un pilar de los movimientos económicos interiores también recibe (al año 2005) el 40% de la inversión extranjera directa y deviene el principal destinatario de dinero negro.

Esta conversión de la vivienda en una fuente de negocio de primer orden ha provocado el aumento de nuevas formas de violencia empresarial, desarrolladas fundamentalmente cuando aparecen las contradicciones entre el interés del mercado y el interés social. Así, más allá de la violencia directa “legal” en forma de aumento desproporcionado de los precios del mercado, estructuración individualizadora y segregacionista del urbanismo y penalización de la protesta, también aparecen prácticas de perfil mafioso como el llamado “mobbing”, consistente en expulsar inquilinas o pequeñas propietarias que aun se benefician de cierta protección legal cuando se resisten a la depredación de las grandes promotoras que a base de derribos y nuevos planes urbanísticos van dibujando estas metrópolis deshumanizantes.

Toda esta situación que parece estar emparada en una especie de “ley de la jungla” no deja de estar bajo la tutela de una estructura institucional estatal que cada cuatro años nos vende la moto de su democracia.

Las instituciones del Estado en materia de urbanismo y de mercado inmobiliario se limitan a elaborar legislaciones de protección de la propiedad privada y del “libre mercado”, limitando en pocos sentidos i dando cobertura legal en muchos otros a la dinámica mafiosa y especulativa que se desarrolló durante la época franquista.

Estas legislaciones parten de un lado de la promulgación de la Ley del Mercado Hipotecario que formó parte de los Pactos de la Moncloa y que impulsó el acceso a la vivienda a través de la compra privada y mediante las hipotecas, y del otro, de la Ley Boyer, aprobada al 1985, que significó el inicio de la ofensiva contra la vivienda en condición de alquiler, caracterizada por provocar la disminución de los derechos de las inquilinas, la agilización de los procesos de desahucio y la desregulación de los precios. El parque de pises de alquiler ha caído del 40% al 1960 al 12% al 2006. Todas estas políticas han sido desarrolladas por todos los partidos que han pasado por el gobierno des de entonces y responden a la simple lógica de que el poder político se ha dejado caer a los brazos de los grandes lobbys económicos que, como más poder económico adquieren, más poder político son capaces de manipular para ampliar el poder económico. Y la rueda va girando…

En materia urbanística y inmobiliaria los grandes beneficios provocados per el espiral especulativo han recaído a las grandes empresas del sector, las cuales se han convertido en grandes entre las grandes a nivel europeo y mundial, capaces de comprar a otras grandes empresas a Europa y a todo el mundo. Y entre esas grandes empresas, representadas por promotoras, constructoras y inmobiliarias, también están bien presentes los bancos y las cajas de ahorros, que además de enriquecerse con los movimientos y la gestión del dinero destinado y proveniente del mercado inmobiliario, han sido uno de los sectores más implicados en la construcción y promoción inmobiliaria, en algunos casos participando en el accionariado o absorbiendo grupos ya consolidados o simplemente creando sus propias divisiones inmobiliarias.

Y si todo ese lobby del mercado inmobiliario es capaz de trazar la legislación estatal, se entiende perfectamente su mayor influencia a nivel municipal, dónde la transferencia de suelo público a manos privadas se convierte en costumbre para los ayuntamientos que se venden la organización urbanística a las promotoras por aumentar las arcas de la institución o los bolsillos de concejalas y alcaldesas.

La ley del mercado domina la economía, la ley del mercado dirige la política, la ley del mercado condiciona las relaciones sociales, la ley del mercado deviene principio de nuestra cultura.

La ley del mercado se basa en el continuo crecimiento económico, en la competencia y sólo cede terreno a las necesidades sociales cuando le espanta un conflicto que puede derivar en profundos cambios sociales. Si no somos capaces de generar esos cambios, si no somos capaces ni de amenazar con esos cambios, la ley del mercado se irá inflando hasta que sólo pueda reventar con una crisis económica. Y si nos miramos la historia, ya sabemos cómo terminan las crisis económicas y quien sufre las máximas consecuencias, ya sabemos qué es una guerra mundial y ya sabemos quién pone las muertes.

* Arnau. Judici Popular contra la violencia urbanística.
www.somnisdesperts.org

* Rebelión - 05-06-2008