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LAPROVINCIA/GranCanaria* : Sacrificar un día soleado de playa para participar en un acto de protesta ya es un hecho elógiable. Comprobar que más de 5.000 vecinos, de todas las edades, incluso familias enteras quisieron unir ayer domingo sus manos y formar parte de una cadena humana, que se extendió más de cuatro kilómetros desde Playa del Ingles hasta Maspalomas como nuevo acto de protesta del Consejo Abierto de Vecinos del Castillo del Romeral contra la cárcel puede considerarse de éxito rotundo en cuanto a participación.
Así, ante el asombro de bañistas y turistas. A la hora concertada. La una del mediodía coincidiendo, con una de las horas más altas de pleamar que se tradujo en un fuerte oleaje. No fueron impedimentos para que los miles de ciudadanos pudieran expresar una vez más, su nó mas rotundo al la construcción del nuevo penal. Esta vez provistos de manera más internacional al ir provistos de pancartas y letreros , traducidos en varios idiomas para provocar la atención de los turistas extranjeros y de todos los usuarios en general.
La protesta se hizo visible en alta mar gracias a la participación de dos lanchas con carteles reivindicativos que no pararon de sonar sus sirenas.
A los coches particulares se sumaron dos güagas guaguas que se fletaron desde el Castillo del Romeral especialmente para la ocasión. En el transcurso de las dos horas que duró la protesta muchos fueron los espontáneos bañistas que no dudaron en incorporarse a la cadena.
En el largo recorrido de la cadena se unieron un pequeño grupo de vecinos del barrio del Confital portando sus camisetas:. “Lo que han hecho aquí por la cara,. Es lo mismo que sufrimos nosotros en el Confital. Otra nueva construcción que se hace sin respetar ningún tipo de plan parcial Una vergüenza”, denunciaba un portavoz.
Por su parte el patriarca de una familia de ciudadanos británicos también mostraba como residente su indignación:“Yo resido desde hace cuatro años en el Castillo del Romeral. Vine con mi familia a vivir a las Islas pensando que esto era parte de Europa. Sin embargo, veo con vergüenza como los políticos de aquí hacen las cosas sin contar con las normas europeas. Esta cárcel es ilegal y tarde o temprano se demostrará” exclamó.
Finalmente, como se esperaba, tampoco dudaron en unirse a la protesta determinados políticos, especialmente los concejales del grupo mixto y de la oposición. Así junto al concejal del partido popular, Fernando Toribio, estuvo al frente por parte del Grupo Mixto Francisco Guedes. Además de todos y cada uno de los miembros de Agrupación de Vecinos, con su líder a la cabeza Marco Aurelio Perez. Y como ya lo ha hecho en otras ocasiones el ex concejal socialista Francisco Rodríguez quien recordar que actualmente forma parte del grupo de los no adscritos por apoyar a los vecinos y decir su no al penal..
PARTICIPACIÓN. Unas 5000 personas quienes se extendieron de forma pacíífica a lo largo de los más de cuatro kilómetros de litoral desde Playa del Inglés a Maspalomas
COLECTIVOS. A los organizadores del Consejo Abierto del Castillo del Romeral se unieron colectivos de Tenerife, Las Palmas y otros municipios. Además de la plataforma del Confital.
POLITICOS. en la extensa hilera humana pudo verse la presencia del concejal Fernando Toribio, PP. Francisco Guedes, del Grupo Mixto. Marco Aurelio con todos sus concejales de A.V y el ex concejal socialista Francíso José Rodríguez. Nadie el equipo de Gobierno.
DISPOSITIVO. Dos guaguas que se fletaron desde el Castillo del Romeral. Vehículos particulares, Dos lanchas en alta mar. Pancartas, carteles y camisetas en varios idiomas.
* La Provincia - FÁTIMA YRÁYZOZ - SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - 17.08.2008
Foto: Cadena humana en Playa del Inglés contra la macro cárcel. LP/DLP
5000 vecinos se manifiestan en Playa del Inglés contra la macro cárcel de Juan Grande
La crisis del ladrillo deja al descubierto a los falsos promotores
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ELCORREOGALLEGO* : El bum del ladrillo en España provocó el enriquecimiento de muchos empresarios que vieron en el frenesí constructor el parnaso. Se introdujeron en un mundo sin ley donde primero recibían el dinero y luego tramitaban licencias. Quien quisiera comprar un piso debía ajustarse a las normas y éstas las dictaba el promotor.
La crisis ha golpeado la estrategia especulativa de muchos de ellos, que han caído incluso en estafas, vendiendo terrenos de los que todavía no eran propietarios o careciendo de licencia de obras. Los estafados son las víctimas de una crisis que no se lleva el patrimonio de los empresarios, resguardado como el del presidente de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, que en un año se embolsó más de lo que pagaba su firma en sueldos. Él seguirá siendo rico mientras los obreros o quienes adquirieron una vivienda se desvelan.
El mercado del ladrillo sedujo a Juan Iglesias, quien al frente de Seiseme protagoniza uno de los casos más dramáticos de Galicia. Acumula cincuenta denuncias en los juzgados gallegos y está desaparecido. No contesta al móvil y sus víctimas están desquiciadas. Paloma y su marido compraron un chalé en Rois por 122.000 euros en septiembre del año pasado, pero no se ha puesto ni un ladrillo en la finca. Lo mismo sucede en otras dos fincas de la parroquia. Ella anuló el contrato, pero antes tuvo que suscribir un crédito puente de 30.000 euros, al igual que el resto de afectados, que podrían alcanzar los 300 en promociones en Sarriá, Pontevedra, Vigo, Rianxo, Boiro u Ourense.
Con Rólex y Lamborghini
El contrato, que más tarde rescindió, establecía que Seiseme, inmobiliaria con sede en Catoira, se haría cargo de los pagos de ese crédito puente, suscrito con La Caixa, pero desde febrero es Paloma quien paga 200 euros mensuales de intereses. Luego tendrá que devolver los 30.000. "É como se tirase os cartos pola fiestra. Nós estamos así e el segue por aí co seu rólex de ouro e o Lamborghini. Pídolle á Xustiza que faga algo", clama.
Modesto también se fió de Juan Iglesias y se lanzó a comprar una casa en una urbanización de A Cabeanca, cerca de Ourense. Entregó una señal de 3.000 y luego firmó otro crédito puente de 25.000. En total entregó 28.000, aunque algunos afectados alcanzan la cifra de 60.000. La mayor parte de ellos se ha integrado en una asociación y han interpuesto una querella criminal por estafa contra Juan Iglesias.
Tras dos años de espera, Modesto se enteró de que parte de la finca no pertenecía al promotor y no se ha levantado ni un ladrillo. "Pero él sigue con la oficina abierta y recaudando", lamenta.
No ha pedido licencia
En el caso de Paloma también existen irregularidades, pues en una respuesta del Ayuntamiento se certifica que la empresa no ha solicitado licencia de obra para construir su chalé. "Tampoco se presentó aval bancario, cuando lo obliga la ley, y el dinero se pasó a la contabilidad de la empresa, cuando legalmente debe ir destinado a una cuenta aparte", dice Modesto.
Creen que no recuperarán su dinero y varias proveedoras están a punto de cerrar. Son las víctimas del ladrillo.
VENDÍA PISOS FANTASMA
El timo del sobrino del alcalde
En el juzgado de Ponteareas entró esta semana esposado José Manuel Grandal, sobrino del alcalde de Salvaterra de Miño, y acusado de otra estafa inmobiliaria. Denuncian que vendía pisos que no eran de su propiedad o incluso no existían aprovechándose del barniz de confianza que le otorgaba su vinculación familiar con el regidor. Se encuentra en prisión sin fianza acusado de un delito de estafa, a pesar de que sus familiares insisten en su inocencia. El fraude podría superar el millón de euros y afectar a propiedades en Salvaterra y O Morrazo.
Más conocido como Josiño, el presunto estafador podría haber timado ya a cien personas en toda España. A 13 de ellos les esquilmó alrededor de 250.000 euros, el diez por ciento del valor de las viviendas que habían reservado y que nunca disfrutarán.
Cuando todo se destapó, Josiño desapareció del mapa y fue arrestado en un lujoso hotel de San Sebastián. No actuaba solo, pues José Carlos Barros Romero, O Carpinteiro, y Diana Patricia López Carmona, su pareja sentimental, servían de enlace y gancho para vender propiedades sobre las que no tenían ningún derecho. Ambos están desaparecidos .
LOS DATOS
1El crac de Marbar y el embargo de 300 pisos
A comienzos de año las comarcas de O Baixo Miño y A Cañiza despertaron perplejas y temerosas. La incipiente crisis que sacudía el ladrillo provocó la quiebra de la constructora Marbar, que despidió a sus 56 empleados y dejó deudas a multitud de proveedores y subcontratistas. Uno de los graves problemas que dejó fue el de 300 personas que habían comprado un piso y ya habían adelantado una cantidad para el mismo, que en algún caso alcanzaba los 60.000 euros. Las propiedades estaban embargadas por varios bancos debido a las deudas del propietario de Marbar, con sede en Tomiño, Manuel Martínez, desaparecido desde entonces. Tanto los empleados como los proveedores montaron guardia frente a las instalaciones de la empresa para evitar que desapareciese maquinaria o material.
2Psicosis ante la supuesta huida a Brasil
En el mes de mayo la psicosis se apoderó de los empleados de Carreira y Martínez, firma compostelana con 300 empleados en toda España, cuando el dueño de la misma, Juan Manuel Carreira, viajó a Brasil. Pensaban que se había fugado ahogado por las deudas derivadas de sus arriesgadas operaciones. Había ido al país americano para vender terrenos y obtener liquidez para hacer frente a los pagos. La empresa se desmanteló y en junio falleció Carreira. Más de sesenta empleados gallegos esperan juicio por despidos improcedentes.
3Los sobreprecios de Construcuatro
La vivienda pública no resultaba tan económica si quien la vendía era Construcuatro. La primera denuncia se tramitó a finales de 2006 por el cobro de sobreprecios por viviendas en San Paio de Navia de hasta 30.000 euros aparte del precio estipulado por la vivienda. Era dinero negro y las víctimas no recibían justificantes. Tras las dos primeras denuncias se unieron otras 22 que se sentían estafados por la constructora, de la que era socio el dirigente popular Telmo Martín. El asunto está en los tribunales .
* El Correo Gallego - DANIEL DOMÍNGUEZ • A CORUÑA - 17.08.2008
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
La corrupción planea sobre Castilla y León
PÚBLICO* : La Justicia decidió el jueves tomar cartas en el asunto y la Fiscalía provincial de León investigará si hay delito en el caso de la adjudicación de licencias de instalaciones de energías renovables por parte de la Junta de Castilla y León. Cinco altos funcionarios de la Comunidad ya han dimitido por haber participado presuntamente en concesiones en su propio beneficio o en favor de familiares cercanos.
Empresarios y procuradores socialistas en las Cortes castellanoleonesas consideran que la caída del entramado se veía venir. Según la parlamentaria del PSOE Inmaculada Larrauri, “la opacidad de los procedimientos de la Junta en este sector alienta este tipo de situaciones irregulares”.
Sin información pública
La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) reclamaba el jueves transparencia en los procesos de concesión de cualquier tipo de licencia. La patronal considera que “cualquiera de los que han solicitado autorizaciones deben tener garantizado que los procedimientos están amparados por la regularidad, protegiéndose los derechos de todos los administradores solicitantes, empresarios y consumidores”.
Ahora, así lo aseguran los empresarios, quienes piden este tipo de permisos no pueden consultar en qué orden han entrado sus solicitudes en la Administración, ni conocer las razones por las que no les han sido dadas. ¿Por qué? Porque el Gobierno autonómico sólo hace públicas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCIL) las concesiones a las que ya se ha dado el visto bueno.
El PSOE catellanoleonés, a través de su viceportavoz en las Cortes, Ana Serrano, ya ha exigido responsabilidades políticas a la Junta así como “que se reúna la Diputación Permanente” para que comparezcan el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso. Los socialistas quieren que expliquen todo lo ocurrido.
Investigación de la Junta
Los medios regionales de Castilla y León ya han bautizado a la trama como el ‘caso Lasarte’, en homenaje al ex secretario general de la Delegación de la Junta en León. Javier Lasarte fue, el pasado día 1, el primero en dimitir después de que se descubriera que sus empresas de energías renovables recibían licencias a través de la jefatura de Industria.
Coincidiendo con el día en que el escándalo vio la luz, la Junta inició una investigación interna, que ha resultado determinante en el cese de los demás involucrados. Además, estudió los casos de otros seis funcionarios del departamento de Industria que también participaban en compañías de energías renovables por si hubiese algún tipo de irregularidad en la concesión de licencias a las mismas.
El delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, aseguró, en declaraciones a Público, que “no tenía ningún conocimiento” sobre la participación de altos funcionarios en este tipo de prácticas y se comprometió en la lucha contra la corrupción, “con la tranquilidad de no tener nada que ocultar”.
La Fiscalía ya investiga
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de León determinará si los funcionarios que ya han dimitido, así como los que están siendo investigados, han cometido algún tipo de delito. Según fuentes de la Delegación Territorial en León, los ceses dse han producido por la pérdida de la confianza en estos responsables nombrados ‘a dedo’, pero se desconoce si ha habido “responsabilidad penal”. El delegado, Eduardo Fernández, considera que, en todo caso, “se ha podido incurrir en tráfico de influencias o en negociaciones prohibidas a los funcionarios”, delitos tipificados en el Código Penal.
* Público - IÑIGO ADURIZ - 16/08/2008
Foto: Valladolid, cortes castilla y leon - wikipedia.org
Las ciudades andaluzas quintuplicaron la superficie construida en medio siglo.
GAS* : Las ciudades andaluzas ocupan hoy con construcciones cinco veces más suelo del que hacían en 1956, un ritmo de crecimiento del ladrillo espectacular que se ha acentuado en la pasada década y que preocupa, especialmente, en la franja del litoral, como destaca el último informe Medio Ambiente en Andalucía, elaborado por la Junta. El aumento en el número de edificaciones, además, no responde a las necesidades de incremento de la población experimentado en la comunidad en el mismo periodo.
"El crecimiento reciente de nuestras ciudades no se produce como respuesta al incremento de la población, sino que presenta tasas de cambio muy superiores a las que hubiese requerido las necesidades de vivienda, dotaciones y servicios por parte de dicha población", concluye el informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.
Un ejemplo de este desproporcionado crecimiento se encuentra en las ciudades medianas andaluzas, aquéllas que tienen entre 50.000 a 100.000 habitantes. Éstas han incrementado su población en un 115,9% desde 1956, sin embargo, tienen un 593,6% más de superficie construida. En las grandes ciudades, aquéllas con una población superior a las 100.000 personas, se ha experimentado un crecimiento en su censo del 92,8%, mientras que la superficie construida aumentó un 353,3%.
El estudio muestra la difícil relación que se da entre el denominado desarrollo sostenible y el modelo de crecimiento urbanístico aplicado en la comunidad autónoma, y es que, como resalta el documento, se ha triplicado la superficie construida ocupada por habitante en el periodo 1956-2003. Este aumento se ha producido a costa de acabar con superficies dedicadas a zonas forestales, en un 23,17% de los casos, aunque, fundamentalmente, ha acarreado la pérdida de espacios agrícolas (76,40%).
La situación se hace mucho más visible en las localidades que ocupan la franja del litoral, que es también donde se ha desplazado buena parte de la población. Uno de los casos más extremos es el de Huércal, de Almería, donde se ha incrementado entre 1991 y 2007 la población en un 225%, o Rincón de la Victoria, en Málaga, con un crecimiento en el mismo periodo del 180%.
La mayor extensión física de los núcleos urbanos -el 79% de los andaluces residen en municipios que superan los 10.000 habitantes, un 46% vive en grandes ciudades- ha conllevado un degenaración de la calidad de vida en estas poblaciones.
Los desplazamientos han crecido en distancia y tiempo: el espacio viario ocupa más superficie, se produce una pérdida de la calidad del aire y un incremente de la contaminación acústica, además se incrementa la segregación social. "Sin olvidar que la incidencia de esta pérdida de calidad de vida es más acusada entre los grupos sociales más vulnerables y dependientes, como son los niños, ancianos y personas con minusvalías", recalca el documento que da por asentado en Andalucía un modelo de ciudad dispersa propio de la sociedad estadounidense y que se ha importado en el último cuarto de siglo a Europa Occidental.
Las grandes ciudades soportaban en 1991 el tráfico que generaban 856.041 vehículos, en 2006 circulaban por ellas 1.353.271 coches, un 58% más en tan sólo 15 años. Esto ha supuesto hacer frente en los núcleos urbanos a más emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono, azufre y sustancias que facilitan la contaminación por ozono, entre otros elementos perjudiciales.
El tráfico resulta, además, la principal fuente de ruido. Un 80% de la contaminación acústica la generan los vehículos, y, todo esto, en un contexto en el que los andaluces se declaran poco amigos de usar el transporte público, a pesar de ser mucho más eficiente en términos de litros de combustible necesarios por viajero y kilómetro. Más de un 80% de la población andaluza elige el vehículo privado para los desplazamientos frente al transporte público, según la última Encuesta sobre la Movilidad elaborada por el Ministerio de Fomento en 2007. Ante esta cifra, la Consejería de Medio Ambiente reclama en su informe "transformar el concepto de movilidad como derecho individual apoyando el transporte público como necesidad y derecho colectivo".
Otro de los grandes problemas que está generando el nuevo modelo de ciudad es el crecimiento de los residuos generados. Los andaluces ya producen cada año más basura que la media de la UE. Cada ciudadano lleva a los contenedores 550 kilos de residuos al año, frente a los 221,89 que generaban 20 años atrás, sin contar con los restos procedentes de la construcción y la demolición, ni los de procedencia industrial. Uno de los grandes fracasos, según la Consejería, ha sido no reducir el número de envases, de los que se recicla el 40%. Mejora, sin embargo, las cifras sobre reciclaje, especialmente del papel.
Extraído de Erllano.org
* Grupo de Acción Social - GAS - 09/08/2008
Galicia: El plan de puertos deportivos provoca el rechazo de ayuntamientos y vecinos
ELPAÍS* : El lema de Portos de Galicia es más inversión y menos hormigón, pero su plan de puertos deportivos se está cargando de alegaciones que denuncian su agresividad medioambiental. Los rellenos y la ocupación marítima que supone el proyecto, que prevé triplicar el número de amarres en 12 años, están generando un goteo de protestas vecinales y políticas que se extiende por toda la costa, pero se concentra en la ría de Vigo.
Los ayuntamientos del Morrazo y los de Baiona y Redondela han hecho pública su oposición, que contrasta con la defensa del valor medioambiental del proyecto que realiza la Consellería de Política Territorial, de la que depende Portos.
Sólo en la ría de Vigo y en el sur de la provincia de Pontevedra, el plan de la Xunta, aprobado en abril y que se encuentra en fase de exposición pública, contempla la creación de 4.231 nuevas plazas de atraque. En toda Galicia, el proyecto establece para el horizonte de 2020 se pase de los 11.658 amarres actuales a 32.000. Para ello, el plan director apuesta por ampliar las náuticas ya existentes, sin crear nuevos puertos deportivos.
La afirmación no es del todo exacta, ya que en Cangas se contempla el futuro y contestado puerto deportivo de Massó, el proyecto Marina Atlántica firmado por Norman Foster, con una previsión de 420 amarres. Las previsiones pasan por crear 1.600 amarres en el Morrazo, con actuaciones en Cangas como el incremento hasta 555 plazas para yates del puerto existente en el centro de lo localidad, que cuenta en la actualidad con capacidad para 293 barcos. También en Cangas se prevé aumentar la capacidad de los pantalanes de Vilariño, que pasarían de las actuales 60 a 175.
El ayuntamiento cangués fue el primero en oponerse al proyecto, postura que formalizó en una moción aprobada por el pleno y que contó con el voto a favor de todos los grupos excepto el PP, que se ausentó de la votación. La alcaldesa, Clara Millán, del BNG, ha adelantado que defenderá que no se lleve a cabo ningún plan portuario sin contar con el Ayuntamiento. El pleno respaldó el rechazo de la Cofradía de Pescadores al nuevo relleno en la zona de Ojea.
En Moaña, todos los grupos políticos han acordado negociar una alegación conjunta al plan director. Todos coinciden en su oposición al puerto de 300 plazas en O Latón y al relleno previsto en O Con. El alcalde, el nacionalista Xosé Manuel Millán, adelantó que el plan "choca" con las previsiones municipales, y calificó muchas de las actuaciones previstas de "difícilmente viables". El PSOE, con el que gobierna Millán, comparte el rechazo.
También en Bueu el Plan Director de las Instalaciones Náutico Deportivas ha generado rechazo en el ayuntamiento. Su alcalde, Félix Juncal, del Bloque, ha mostrado su intención de presentar alegaciones, al considerar "excesiva" la oferta de 430 amarres y 100 plazas en una marina seca que prevé Política Territorial. Juncal propone una actuación "más razonable".
En Redondela, Portos prevé transformar el pequeño puerto deportivo de Chapela, de 182 plazas, en una gran náutica con capacidad para 639 embarcaciones, para lo que será necesario ejecutar un relleno de 15.000 metros cuadrados frente al actual paseo y ocupar una superficie de lámina de agua de 55.000 m metros cuadrados. Representantes de todos los grupos políticos y de distintos colectivos sociales, aglutinados en el Consello Parroquial de Chapela, han expresado su rechazo unánime a la propuesta. El gobierno local, de coalición PSOE-BNG, ha presentado una alegación respaldada por el PP.
El otro de los focos de rechazo se sitúa en Baiona, donde se pasará de las 632 plazas actuales a 1.622 en 2020. El gobierno local, presidido por el Partido Popular, considera estas cifras "excesivas y desmesuradas".
Alerta ecologista
La proliferación de puertos deportivos prevista en el plan de la Xunta ha puesto alerta a la asociación ecologista Greenpeace, que en su informe Destrucción a toda costa de 2008 sitúa el proyecto de Política Territorial entre los más agresivos de los que amenazan el litoral gallego. "Galicia quiere aumentar sus puertos deportivos a pesar de que presenta uno de los porcentajes más elevados de amarres por embarcación, superando en diez veces a Italia que, a su vez, tiene diez veces más costa que Galicia", destaca el documento en sus primeras líneas.
La organización ecologista acusa a la Consellería de Política Territorial de no tener en cuenta "los impactos ambientales negativos que tendrá la construcción de nuevos amarres deportivos". Y añade: "Especialmente preocupantes son los espacios de titularidad pública que perderán toda su riqueza natural, algo que tendrá un impacto directo sobre el turismo que disfruta de playas y sectores como la pesca y el marisqueo, que suponen 20.000 empleos directos y son responsables del 10% del PIB gallego". Greenpeace celebra que se opte por ampliar puertos ya existentes frente a la creación de otros nuevos, pero advierte de la amenaza que el plan supone para Cedeira, Bueu, Cangas y Baiona.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 17/08/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
