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CINCODÍAS* : Entre 1995 y 2006, en la Comunidad Valenciana se podía comprar una extensión de naranjos y venderla al cabo de unos meses con una plusvalía de más del 5.000%. Especular con el suelo daba unos beneficios que dejaba como aficionados a los más osados inversores.
El urbanismo que permitió la ya derogada LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) logró uno de los objetivos que se proponía, liberar suelo. Pero esa mayor oferta, lejos de abaratarlo, provocó una burbuja que, al estallar, ha dejado un panorama grotesco en muchas zonas de esta Comunidad, con estructuras de hormigón abandonadas a medio hacer, zonas urbanizadas con calles asfaltadas pero sin edificios en los solares o viviendas en las que no vive nadie.
Los famosos PAI (Planes de Actuación Integrada) permitían, a grandes rasgos, promover la urbanización de una zona aunque no se fuera el propietario del terreno. Lo importante era lograr el permiso del ayuntamiento y de la Generalitat para cambiar la calificación. Llegó el momento en que el mero rumor de que se planeaba un PAI sobre una zona disparaba el suelo a precios que hoy aún se están pagando caros. Fueron auténticos pelotazos.
Enrique Bañuelos, por entonces presidente de Astroc, cerró una de las operaciones más beneficiosas que el sector inmobiliario recuerda en Xilxes (Castellón), una localidad cercana a Canet, donde levantó su fortuna a golpe de PAI. En octubre de 2004 la sociedad Costa Malvarrosa, del grupo Astroc, solicitó al Ayuntamiento de Xilxes, propuesta de 'programa de actuación integrada' cuyo ámbito de actuación comprendía el desarrollo de suelo urbanizable en la localidad castellonense, en el sector Golf Costa Malvarrosa. Pocos meses después la calificación de Costa Malvarrosa pasó a ser urbanizable y en enero de 2006 Astroc la vendió por 6,7 millones de euros. Según el folleto de salida a Bolsa de 2006 presentado por la compañía ante la CNMV, la operación le supuso a la empresa una plusvalía de 6,5 millones, nada más y nada menos que un 5.600%.
En el folleto, Astroc no especifica quién lo compró. Pero según fuentes cercanas al empresario valenciano y de acuerdo a los cargos que a partir de 2006 aparecen en la contabilidad de dicha sociedad, los compradores fueron las firmas PKL Bykes y Urbana Segorbe. Estas dos empresas son propiedad de Andrés Selma y José Luis Boix, quienes a través de Zonario y Cartinmuebles controlan Xilxes Golf Resort, la urbanización aneja al suelo que les vendió Bañuelos. Xilxes Golf Resort, cuyo desarrollo está paralizado, se ha hecho popular en los últimos días por el caso de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ya que el constructor José Luis Ulibarri, imputado por presuntos delitos urbanísticos, es socio.
La operación de Bañuelos en Xilxes es muy llamativa, pero en esos años hubo muchas. Sonada fue la promovida por Juan Bautista Soler. Como presidente del Valencia CF compró, en secreto, 1.651.650 metros cuadrados de suelo agrícola. Con la connivencia de la Generalitat este suelo fue recalificado y vendido a Nozar. El precio de compra fue de 36 millones. El de venta, 168 millones. 'Un pelotazo', dijo sin rubor Soler.
Pero lo fue sólo para el Valencia, aunque después prácticamente tirara el dinero que había de sanearlo. Nozar, sin embargo, no ha desarrollado ningún proyecto allí y, de hecho, ha acabado por permutarlo por deuda con el BBVA. Se quedó atrapado en la burbuja, como le ocurrió a Llanera en no menos de cinco proyectos en los que compró o dio señales por terrenos forestales y que nunca logró recalificar para hacer urbanizaciones con campo de golf. Algunos de aquellos terrenos que se compraron a precio de oro vuelven hoy a preparase para plantar naranjos ante su improbable urbanización.
Las cifras
323 viviendas al día se visaban en la Comunidad Valenciana en 2007. La cifra llegó a 118.000 en todo ese año.
70% fue el porcentaje de caída del número de visados durante 2008.
50 proyectos de urbanización con campo de golf llegaron a presentarse en unos meses. Pocos se han desarrollado.
Bañuelos declara ante el juez
Enrique Bañuelos, ex presidente de Astroc, ha sido llamado hoy a declarar en Barcelona acusado por la Fiscalía Anticorrupción de emplear información privilegiada cuando presidía la inmobiliaria. La Fiscalía acusa a Bañuelos, y también a Carmen Godia, vicepresidenta de Abertis y ex socia de Bañuelos en Astroc, de haber obtenido un beneficio ilícito de 3,5 millones de euros al comprar acciones de Fadesa justo un día antes de que Martinsa lanzara una opa sobre ella. Bañuelos se habría valido de la información privilegiada para enriquecerse ilegalmente.
Bañuelos abandonó la presidencia de Astroc a mediados de 2007, tras el derrumbe en Bolsa sufrido por la inmobiliaria. Hoy tiene menos del 5% del capital de la compañía, denominada Afirma tras su fusión con empresas del grupo Rayet.
Al margen del caso de la información privilegiada en la opa de Martinsa sobre Fadesa, Bañuelos también tiene pendiente un asunto en la Audiencia Nacional.
Se trata de una denuncia por maquinación para alterar el precio de las acciones de Astroc. Varios pequeños accionistas sostienen que el ex presidente de la compañía ocultó datos esenciales, como el volumen real de negocio que afectaron a la cotización de la empresa.
* Cinco Días - A. Ortín Madrid / J. Clemente - Valencia - 18/03/2009
Foto: Terrenos entre Moncofa y Xilxes (Castellón). Al fondo, uno de los desarrollos urbanísticos que no han sido finalizados. - SANTIAGO CARREGUÍ, cincodias.com
El urbanismo valenciano empieza a pagar los excesos
Cartagena: Vecinos de una urbanización de Mar de Cristal denuncian que la gestora gastó 330.000 euros en cenas y regalos a ediles
LAVERDAD* : Vecinos de Mar de Cristal llevan varios años denunciando una supuesta malversación de fondos públicos en la contabilidad del los años 2001 al 2005 por parte de la Entidad de Conservación que gestora de su urbanización. Hasta el momento nunca, la Asociación de Vecinos Ribalta no había recabado pruebas de estas presuntas irregularidades en una zona de la ribera del Mar Menor donde residen 1.200 familias.
Ahora, aseguran que ya las tienen y que, gracias a un permiso judicial, han accedido a las cuentas de la entidad y han comprobado que los gestores gastaron más de 330.000 euros en cenas y regalos a concejales.
Así lo afirmó ayer el presidente de la asociación vecinal, José Castellano Blaya, durante una rueda de prensa en la sede del PSOE de Cartagena, en calle Salitre. Las cuentas, según los vecinos, reflejan que en cinco años la entidad ingresó 797.000 euros y que los gastos no superaron los 465.000. Los residentes de Ribalta no entienden en qué se ha gastado el dinero, puesto que no se han realizado mejoras significativas en la urbanización.
«En realidad, los gastos sí los tienen justificados. Pero en recibos de comidas y cenas carísimas, regalos a la Policía Local, a la patrona y a concejales, facturas repetidas, e incluso en viajes», dijo Castellano.
Con las iniciales
El dirigente vecinal volvió a pedir la disolución de la entidad urbanística de conservación del polígono I, y que la gestión de la urbanización quede en sus manos.
«No entendemos por qué no quieren que se dé de baja, y porqué se ha impedido, por parte de sus responsables, que salgan a la luz todas las irregularidades que hemos encontrados en las cuentas. Supongo que será para encubrir a alguien», manifestó Castellano.
Los vecinos solicitaron hace tres años en los tribunales la disolución de la entidad por problemas de doble fiscalidad. Pagan al Ayuntamiento de Cartagena por la limpieza y el mantenimiento de la urbanización, y también a la sociedad que gestiona el residencial.
Quieren que la alcaldesa, Pilar Barreiro, dé la orden de asumir ya toda las competencias en servicios tras casi quince años de funcionamiento de la gestora. Piden que haga lo mismo que en Cala Flores y Playa Honda.
Entregarán las cuentas en los juzgados como complemento a la documentación de la causa abierta desde el 2005. Esos papeles «demuestran a las claras todas las irregularidades económicas realizadas por la entidad de conservación durante esos años».
Castellano, acompañado de varios representantes vecinales, mostró varios recibos de comidas en restaurantes (uno en Murcia) en las que habrían participado miembros del equipo de gobierno. Sólo citaron al edil de Servicios y Seguridad Ciudadana y ex edil de Barrios y Diputaciones Enrique Pérez Abellán, que habría ido a una cena el 30 de abril del 2002 que costó 174 euros. En cuanto a los regalos, indicaron que había varios con las iniciales de Pérez Abellán: «E. P. A.»
«Es algo perseguible, punible y denunciable», criticó el presidente vecinal, que amenazó con llegar «hasta donde sea necesario».
* La Verdad - ANTONIO LÓPEZ - 18.03.09
Foto: Vecinos de Mar de Cristal, en una asamblea de este verano en la urbanización. / M. GARCÍA / AGM
Operación policial en el consistorio zaragozano de La Muela
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ELPAÍS* : La alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), y otras 17 personas, entre las que se encuentra su marido, han sido detenidas por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística. La operación policial ha sido llevada a cabo por orden del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que abrió este caso a raíz de una denuncia particular, han indicado fuentes conocedoras de la investigación policial.
Además de la alcaldesa, que gobierna esta localidad desde hace varias legislaturas, se encuentran arrestados su marido, otro concejal y otras 15 personas, cuya vinculación con el Consistorio se desconoce. Según informa la Cadena SER, la operación, bajo el nombre de Molino, ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF). Los delitos que les imputa el juez, que ha decretado el secreto de sumario, son corrupción, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero y tendrían que ver con la construcción en terrenos pertenecientes a un parque eólico.
La localidad de La Muela (4.400 habitantes), ubicada a 23 kilómetros de Zaragoza, ha construido en los últimos años miles de viviendas, uno de los principales parques eólicos de la Comunidad, con medio millar de molinos, y un gran polígono industrial en el que se han ubicado más de 500 empresas.
La actividad política de la alcaldesa de La Muela, que permanece al frente del Consistorio desde 1987, ha sido muy controvertida en los últimos tiempos al apoyar e impulsar grandes proyectos urbanísticos, y subvencionar viajes turísticos para cientos de vecinos a destinos internacionales.
* ELPAIS.com - EFE - Zaragoza - 18/03/2009
Foto: La Muela (Zaragoza) - turismodezaragoza.es
La Fiscalía denuncia al alcalde de La Viñuela por 5 delitos urbanísticos
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LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía sigue engullendo alcaldes con la misma facilidad con la que éstos cometen delitos urbanísticos. Ahora le ha tocado el turno al regidor socialista de La Viñuela, Juan Millán, contra quien la Sección de Medio Ambiente del ministerio público ha presentado cinco denuncias por otros tantos delitos contra la ordenación del territorio, uno de ellos con carácter continuado.
La tormenta que comenzó a caer hace tres semanas sobre Alcaucín aún no ha amainado y parece que el ojo de la Fiscalía se dirige ahora hacia otra pequeña y bella localidad axárquica. En concreto, el ministerio público ha remitido al Juzgado Decano de Vélez Málaga cinco denuncias en las que relata la concesión por decreto de otras tantas licencias de obra que legalizaban la construcción de hasta seis viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En la primera de ellas, el permiso de obras no podía concederse "al ser una decisión totalmente arbitraria e injusta". Destaca la inexistencia del informe jurídico y del técnico y tan sólo consta el estudio de la Secretaría del Consistorio, fechado en enero de 2004, "siendo éste genérico respecto de la normativa aplicable". En el proyecto técnico, "el demandante reconoce que el expediente no se ajusta a la normativa urbanística aplicable.
El segundo caso trata de dos permisos de obra concedidos también por decreto para levantar un par de casas unifamiliares en suelo no urbanizable. No existen informes técnicos o jurídicos, y el estudio de la Secretaría es igualmente genérico. En todos los casos, se hace constar que las normas vigentes nacen de la LOUA, dado que las normas subsidiarias de planeamiento aprobadas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en 1996 no fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta. En este caso, el delito es continuado.
La tercera causa es idéntica a las anteriores, aunque en esta ocasión sí hay informe jurídico que establece la tramitación a seguir para conseguir la licencia, lo que no se cumple. No consta el informe técnico.
El cuarto asunto relata la dación de un permiso para levantar una casa unifamiliar en suelo no urbanizable. No hay informe técnico, aunque el jurídico establece las condiciones de tramitación, un itinerario que no siguió el promotor. El quinto es muy similar a los ya relatados.
La Fiscalía de Medio Ambiente pide que se oficie un mandamiento al Ayuntamiento de La Viñuela para que se elaboren los informes técnicos pertinentes, y solicita lo mismo en el caso de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Reclama el ministerio público asimismo la declaración como imputado del regidor, y que se oiga como testigos a los cinco promotores que pidieron la ejecución de las diversas obras.
En todos los casos se propone además la aportación de la hoja histórico-procesal del alcalde. Todos los permisos objeto de investigación fueron concedidos entre 2004 y 2006.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 18.03.09
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
