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LAPROVINCIA/Lanzarote* : El administrador único de las empresas que promueven los planes parciales de Arrecife Maneje Sector V y La Bufona, el arquitecto Federico Echevarría Sainz, promueve a su vez tres planes parciales en Almería en terreno protegido. Uno de ellos, en el que se proyectaba la urbanización de 48 hectáreas Marinas del Agua Amarga, con 353 viviendas, hotel y campo de golf, acaba de ser anulado por el Tribunal Supremo después de un largo proceso y de las dificultades puestas por parte del Ayuntamiento de Níjar y de la Junta de Andalucía.
Los otros dos, de seis hectáreas cada uno, se encuentran proyectados dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, según la denuncia de la asociación Ecologistas en Acción. Los ecologistas denuncian que la Junta de Andalucía no aporta ni siquiera a requerimiento de los tribunales la cartografía que zonifica los usos de este parque natural. Es la misma zona donde se encuentra el macrohotel de El Algarrobico, del que se ha iniciado el trámite para su demolición.
Los terrenos en los que se acaba de anular este proyecto, pertenecientes a Echevarría, se incluyeron como zona urbanizable en las Normas Subsidiarias del municipio de Níjar en 1987. Posteriormente en 1995 se le encargó al propio Echevarría la redacción de las nuevas normas a pesar de que es propietario de parcelas en el municipio, en un claro caso de incompatibilidad. El suelo se sigue considerando apto pero el estudio de impacto ambiental es desfavorable por su alto valor ecológico (hábitat prioritario y exclusivo). El arquitecto y el Ayuntamiento recurrieron ese estudio y ganaron en primera instancia, pero perdieron finalmente.
CON ESPARZA. Federico Echevarría Sainz es un arquitecto de relevancia con despacho profesional en Madrid desde 1970, además de en el pueblo de Níjar, en Arrecife y en Sevilla.
Ha ejecutado proyectos de arquitectura en la Gran Vía de Madrid, un gran número de edificios de oficinas, la rehabilitación del Círculo de Bellas Artes, varios hoteles en Cuba y el concurso de la Torre Mutua de la antigua Ciudad deportiva del Real Madrid. Entre sus clientes aparecen en su página web grandes empresas españolas e incluso la multinacional Halliburton del vicepresidente de EE UU, Richard Cheney.
Además trabajó para la Guardia Civil en la época en que era director Luis Roldán. Realizó la Comandancia de la Benemérita de Barcelona. Echevarría figura como socio de Jorge Esparza en la mercantil Ramansipa. Esparza, condenado a 16 años de cárcel, está considerado como el testaferro de Roldán y era presidente de la constructora Huarte a la que se le adjudicaron 26 obras de construcción o rehabilitación de casas cuartel, algunas de las cuales no se llegaron a hacer, por un importe de unos cien millones de euros.
Echevarría aparece, asimismo, como presidente o administrador único en veinte sociedades mercantiles. Entre esas se incluyen Brisa Inversiones y Yaide, promotoras de los planes parciales La Bufona y Maneje, ambos aprobados en 1998.
EN ARRECIFE. En el primero de los casos, la urbanización está repleta de irregularidades. De hecho, Echevarría está imputado en un proceso penal, junto a su ex socio en Brisa Francisco Carmona (funcionario municipal y ex responsable del catastro de Arrecife), Antonio Caro, Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento y la ex alcaldesa María Isabel Déniz.
Se le imputa un delito de ordenación del territorio y otro de usurpación. Después de ocho años, el procedimiento continúa en diligencias previas y sólo han declarado los imputados.
La Fiscalía no ha acudido a ninguna de las tomas de declaración. Presuntamente se usurparon terrenos de alta protección de jable, del servicio de Carreteras y de un particular y se construyeron 56 viviendas unifamiliares donde sólo se podían construir casas adosadas de menor tamaño.
Brisa Inversiones no ha ejecutado tampoco el proyecto de compensación para el Ayuntamiento de Arrecife y muchas de esas viviendas, entre las que se incluye la del fiscal Jefe de Arrecife, Miguel Pallarés, han estado omitidas del catastro durante años.
Por otro lado, en Maneje, cuyo plan tampoco estaba catastrado hasta 2006, se promueve la urbanización Jardín de Maneje de unas mil viviendas. Tampoco está aprobado el proyecto de compensación y por eso el Ayuntamiento no concede las licencias de obra.
En la aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Arrecife se incluía una nueva rambla diseñada sobre una gran cantidad de viviendas en Morro Angelito. Los vecinos se levantaron en pie de guerra por ese trazado que favorecía el acceso tanto a la urbanización de Maneje como a la de Los Geranios.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 21 de febrero de 2008
Foto: Arrecife (Lanzarote), vista desde La Bufona - plangeneraldearrecife.com
El promotor de Maneje y La Bufona, en Arrecife, tiene tres planes en suelo protegido en Almería
Alerta de la ONU: el 'mobbing' se dispara
ELPAÍS/Reportaje* : Al entrar en la corrala de la madrileña calle del Ventorrillo es conveniente mirar al suelo. Los escombros y los cables dificultan el paso antes de llegar a la escalera de este edificio construido en 1907. Sin embargo, la que a primera vista parece una rutinaria obra de rehabilitación acompaña en realidad, desde hace 11 meses, el drama cotidiano de sus vecinos: 10 ancianas de entre 62 y 85 años que se resisten a abandonar las casas en las que nacieron o pasaron gran parte de su vida, pese a las presiones de la empresa que ha comprado la finca.
Se trata de un episodio ejemplar de los cada vez más frecuentes casos de mobbing inmobiliario que, sobre todo en los cascos antiguos de las grandes ciudades, reflejan una faceta de la especulación privada que arraiga en los procesos de rehabilitación urbana puestos en marcha por los ayuntamientos. De Madrid a Barcelona, pasando por Málaga, o Canarias, la fórmula suele ser muy parecida y cuenta con dos actores principales: los inquilinos titulares de contratos de alquiler de renta antigua o propietarios ancianos, y las inmobiliarias afectadas por la crisis del sector que pretenden aprovechar la rentabilidad de fincas ubicadas en los centros históricos.
El fenómeno se ha extendido hasta llamar la atención de Naciones Unidas, que ha realizado una inspección en Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Las conclusiones de la visita del relator especial de asuntos de vivienda de la ONU, Miloon Kothari, se recogen en un informe que se presentará el 10 de marzo en Ginebra y al que este periódico ha tenido acceso. El estudio de Kothari, destaca que "entre los muchos casos de mobbing analizados, muy pocos han sido perseguidos jurídicamente. El relator teme que este bajo porcentaje se debe a la vulnerabilidad de las víctimas y su dificultad para emprender una acción legal". "La especulación ha tenido un impacto negativo", cuenta el relator de la ONU. Y pide a las autoridades protección para mujeres, jóvenes, discapacitados, personas mayores y gitanos, los grupos más vulnerables ante los especuladores.
En 2007, sólo en la capital catalana se detectaron más de 200 casos, el doble que año anterior. Sin embargo, las autoridades son conscientes de encontrarse ante un fenómeno de dimensiones insospechadas, ya que los únicos acosos contabilizados son los que han sido denunciados ante un juez o una asociación. Por esta razón, el Ministerio de Vivienda puso en marcha desde ayer un proyecto piloto para combatir esta forma de mobbing en 10 ayuntamientos. En L'Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, A Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas se activó un teléfono gratuito de atención ciudadana, que cuenta con personal especializado para atender a los afectados por estas prácticas.
Sin embargo, la mayoría de ciudades se enfrentan solas al problema. En Barcelona se creó hace tres años una oficina de atención a los afectados; Cádiz abrió en 2006 un servicio de atención al inquilino. Pero muchas veces son las organizaciones de voluntarios las que suelen prestar más ayuda. "Sólo es una cuestión de voluntad", destaca Marina Parés, presidenta del Servicio Europeo de Información sobre Mobbing (Sedisem). "Hemos llegado a esta situación porque las leyes del mercado han acabado regulando el derecho de los ciudadanos a la vivienda. Pero combatir el asedio inmobiliario es posible, porque la justicia lo castiga". Es verdad. Desde que, en 2003, se presentara la primera querella por este tipo de mobbing y después de las primeras victorias legales de unos inquilinos de Getxo, cada vez son más los afectados que se animan a acudir a un abogado. El Gobierno catalán, además, aprobó en diciembre de 2006 una nueva ley de vivienda que persigue a los propietarios que practiquen mobbing, a los arrendadores de los llamados pisos "patera" y, en general, a los que especulen con viviendas vacías. A los primeros, se les puede sancionar administrativamente, en casos muy graves, con multas de hasta 200.000 euros.
Pero volvamos ahora a Madrid, donde el caso de las llamadas "abuelas de Ventorrillo" no ha tardado en llegar a los tribunales. Lo cuenta Luisa Martín, de 82 años, en su pisito de menos de 20 metros cuadrados repartidos entre una diminuta cocina y una habitación con un váter de motor instalado junto a la cama. "Ahora tengo miedo", repite una y otra vez mientras repasa su vida. Luisa llegó a la corrala en plena Guerra Civil. Allí ha vivido con sus padres, sus tíos, sus sobrinos e hijos, y, desde hace décadas es titular de un contrato de alquiler de renta antigua por el que paga cada mes 75 euros. Sin embargo, en 2005 su destino cambió. Al fallecer al antiguo propietario del inmueble, la finca fue adquirida primero por una inmobiliaria, y después por el grupo Sistema 23.
Hace un año, Luisa y sus vecinas Adelaida Salas, Juanita Fernández, Ernestina Salcedo, María Jesús Tebar, que convive con un marido enfermo e imposibilitado a levantarse de la cama, recibieron una carta de los nuevos propietarios, que les requerían dejar el piso "vacío, expedito, libre de enseres" en un plazo de algunos meses. ¿Las alternativas? "Me dijeron que podía ir a una residencia", cuenta Luisa. A otros inquilinos les ofrecieron unos 12.000 euros, aseguran. Pero añade con ojos vivaces: "de aquí no me voy". Y es que ni ella ni las otras vecinas abandonaron sus casas -así lo hicieron otros inquilinos, en su mayoría jóvenes, extranjeros o llegados hace pocos años-, por lo que Sistema 23 presentó unas denuncias por desahucio. Desde la inmobiliaria aseguran, en cambio, haber ofrecido a los inquilinos titulares de contratos de renta antigua suspender temporalmente el arrendamiento y trasladarse a otras viviendas ofrecidas por la empresa durante las obras de rehabilitación. Pero según el abogado de Luisa Martín, José Antonio Fernández, a su asistida no se le dio esa oportunidad. "La cuestión es encontrar una solución intermedia. Entiendo que las empresas tengan que hacer negocios, aunque también considero importante tener en cuenta el factor humano", explica Fernández.
En la capital o en Barcelona, en Bilbao o en Tenerife, tras los centenares de casos de mobbing inmobiliario se esconden historias de miedo, miserias y prevaricaciones. Una viuda catalana de 75 años que disfrutaba de un contrato de alquiler indefinido desde 1936 con una renta mensual de 40 euros se vio coaccionada a abandonar su casa voluntariamente, renunciando a la indemnización que por ley le hubiera correspondido. Una pareja de ancianos propietarios de Murcia vendió su vivienda por la mitad del precio de mercado a una inmobiliaria después de meses de asaltos cotidianos. Se trata de casos reales y denunciados. Y es que también los propietarios sufren mobbing, aunque en medida menor. El guión se repite más o menos igual. Una empresa interesada en una finca intenta convencer primero a los residentes más jóvenes, ofreciéndoles sumas de dinero interesantes. Cuando ya sólo quedan los propietarios mayores, se intensifica la presión hasta casi coaccionarles a vender sus pisos a la baja.
Un caso ejemplar de este tipo se inició en Getxo, en 2003. Para los vecinos de la casa de Tangora, una finca de cinco plantas repartido en tres viviendas, en el barrio de Neguri, los problemas empezaron cuando un empresario compró el piso intermedio e intentó hacerse con el edificio entero. Los residentes del primer piso se negaban a vender, así que el empresario cedió su casa a una familia gitana de 30 miembros. Los otros vecinos presentaron más de 50 denuncias por amenazas, robos o inundaciones, hasta que un juez dictó medidas cautelares contra los acusados por mobbing, obligándoles a desalojar los imputados.
Así se desarrolla el trabajo de algunos promotores o propietarios, que por esta razón se han ganado el triste apodo de asustaviejas. Uno de ellos, calificado por el Defensor del Pueblo como el peor acosador inmobiliario del casco antiguo de Málaga, llegó a cortar el agua de algunos vecinos después de que el Ayuntamiento llevara a cabo algunas obras de mejora en su inmueble.
Prácticas de este tipo son precisamente las que registró hace un año el relator especial para la Vivienda de Naciones Unidas Miloon Kothari. Si entonces declaró que "el estado del mobbing inmobiliario en España es particularmente grave y representa una vergüenza para el país ya que no se registran casos tan graves en otras regiones del mundo desarrollado", ayer Kothari destacó que, junto con el acoso inmobiliario, la falta de viviendas de protección oficial, la necesidad de promover el mercado de alquiler y el alto porcentaje de fincas vacías son otros de los problemas que hay que resolver.
El informe de la ONU revela además que, en un país en el que todavía quedan más de 300.000 contratos de alquiler de renta antigua (en su mayoría contraídos por personas ahora mayores), la crisis inmobiliaria no sólo está magnificando de alguna manera el fenómeno del mobbing, sino que afecta a las franjas de población más jóvenes. Pero ésta es otra historia. Mientras tanto, Luisa Martín y otros centenares de ancianos siguen luchando por su cruzada particular: "vivir como en los últimos 72 años. Con poco, pero con dignidad". Hasta ahora, lo ha conseguido.
Manual del acosador...
Agujerear falsos techos, desestabilizar las barandillas de las corralas, dejar escombros y obras inacabadas en los espacios comunes, cambiar la cerradura, romper las tuberías. Éstas han sido algunas de las formas de coacción utilizadas en un célebre episodio de mobbing en Barcelona, en una finca del número 29 de la calle de Robadors, en el barrio del Raval. Porque detectar el acoso inmobiliario es posible, ya que los especuladores suelen seguir pautas parecidas. Aquí van algunas prácticas denunciadas por ONG y asociaciones de vecinos.
- Los propietarios pueden llegar a negarse de alguna manera a cobrar el alquiler para poder alegar después, en sede judicial y tras una de las frecuentes denuncias por desahucio, que los inquilinos no pagan.
- En algunos casos, se permite que los edificios se deterioren para que los ayuntamientos los declaren en "ruina técnica" y sea necesario proceder a una rehabilitación estructural del inmueble.
- Una forma relativamente frecuente de sabotaje vecinal consiste en cortar o romper las tuberías, suspender el suministro de agua o luz y hasta cambiar las cerraduras mientras los inquilinos no se encuentran en casa.
- Algunas asociaciones de vecinos, además, han detectado en algunos casos alquiler deliberado a personas potencialmente molestas o violentas. También se permite la entrada masiva de inmigrantes en los que ya han sido bautizados como pisos patera para intentar intimidar a los inquilinos mayores o más vulnerables.
- Empezar una obra de rehabilitación para luego dejarla inacabada es una estrategia que suele molestar especialmente a las personas mayores.
... y manual del acosado
Si sospechan que son víctimas de acoso inmobiliario, lo primero que tienen que hacer es acudir a una asociación vecinal, ONG, Cámara de inquilinos o a uno de los servicios de atención puestos en marcha por los ayuntamientos o el Ministerio de Vivienda. Las estrategias utilizadas por muchos especuladores han sido combatidas, por ejemplo, en Sevilla, por la Oficina de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (OTAINSA), que ha conseguido cerrar acuerdos con los propietarios de decenas de viviendas del casco antiguo para que las familias no pierdan su hogar o, al menos, sean debidamente indemnizadas.
En los 10 ayuntamientos en los que ayer se inició el proyecto piloto impulsado por el Ministerio de Vivienda (L'Hospitalet de Llobregat, Gijón, Denia, Fuenlabrada, A Coruña, Vitoria, Córdoba, Getafe, Elche y Las Palmas de Gran Canaria), los afectados pueden llamar al teléfono gratuito 900 900 707, en el que serán atendidos por personal especializado.
Otras organizaciones o páginas web que se dedican a prevenir, informar a los ciudadanos y atender casos de mobbing inmobiliario son, por ejemplo, El Servicio Europeo de Información sobre Mobbing (www.sedisem.org), la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid (91 576 87 05), El refugio (www.el-refugioesjo.net),
Las "abuelas" de la madrileña calle del Ventorrillo, por su parte, informan acerca de la evolución de su particular Odisea desde la página web www.el7deventorrillo.wordpress.com. Allí, se publican largos mensajes acerca de sus estados de ánimo, comparten con los lectores sus tribulaciones diarias y las evoluciones de su contencioso con la inmobiliaria que adquirió la finca, Sistema 23.
* ELPAIS.com - FRANCESCO MANETTO - 19/02/2008
Foto: Vecinas de la corrala madrileña de la calle del Ventorrillo - ÁLVARO GARCÍA, elpais.com
Marbella: El GIL acumuló una deuda de 2.699 euros por habitante
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LAOPINIÓN/Málaga* : El déficit acumulado por el Ayuntamiento de Marbella asciende a los 2.669 euros por cada uno de sus 132.662 habitantes. En total, un desequilibrio financiero de 335 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas, que abarca el periodo comprendido entre 2002 y abril de 2006.
Se cierra, de algún modo, capítulo, pero con la vista puesta en el lastre acumulado y en los modos de salir del embrollo. Se da la paradoja de que el ´agujero´ sale a relucir justo cuando el ´caso Malaya´, el detonante de todo, ha entrado en su segunda fase en esta semana.
El referido documento, que fiscaliza la última etapa de los 16 años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), aporta conclusiones "demoledoras" para los intereses de la ciudad y confirma "el claro atentado" que se cometió en esta etapa "contra el patrimonio de Marbella y sus ciudadanos", aseveró ayer la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz.
Endeudamiento. En este periodo, las arcas municipales acumularon un endeudamiento financiero de 31,5 millones de euros, sin contar los intereses, y sumaron hasta 20,9 millones en facturas bajo el epígrafe de "a justificar". "Se trata de una práctica muy utilizada para atender todo tipo de operaciones sin que existieran condicionantes objetivos que impidiesen su tramitación ordinaria", indica el texto.
Los gestores financieros del Consistorio marbellí en aquel momento dejaron de cobrar 203,7 millones de euros, la mayoría procedentes de enajenaciones de aprovechamientos urbanísticos, derivados de convenios valorados en 69 millones. Del total de los derechos pendientes de cobro, el Tribunal de Cuentas calcula que 96,6 millones ya pueden estar prescritos. De este hecho, Muñoz deduce que, "además de gastar sin ningún control", las anteriores corporaciones municipales "no supieron recaudar ni generar recursos". Aunque, sí organizar un entramado societario, según revela el informe.
Entre 2002 y 2006, el Ayuntamiento mantuvo una organización de entidades dependientes formada por tres organismos autónomos y 31 sociedades mercantiles. Sólo nueve de ellas ejercían su actividad al final del ejercicio fiscalizado, a pesar de que la plantilla se incrementó en 388 puestos en el Ayuntamiento y 174 en las sociedades municipales hasta superar, en total, los 3.000 trabajadores. Este aumento del personal, que no pasó por convocatorias públicas, produjo una subida en los gastos de este capítulo, que llegaron a suponer el 75% del presupuesto municipal.
El órgano fiscalizador determina que se contrataron obras y suministros a empresas como Brick, Grupo Instaladora, Copasur o Moguda por valor de 21,8 millones que supusieron un perjuicio de 17,4 millones de euros para las arcas municipales, al responder a partidas indebidamente justificadas u obras carentes de proyecto.
Asimismo, asegura que se firmaron un total de 98 convenios urbanísticos y se gastaron 14,8 millones en asesores, entre ellos, José María del Nido, que recibió, en 20 meses, 3 millones de euros.
* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 20 de febrero de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
Oviedo: Icomos defiende el rigor e independencia del estudio
LAVOZ* : Parece que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) está más que acostumbrada a las críticas de los políticos que reciben varapalos, como es el caso del Ayuntamiento de Oviedo con la dura reprimenda lanzada por un informe redactado por esta entidad y que ya está en manos de la Unesco, a la que se recomendó "incluir los bienes inscritos en el municipio, sobre todo los constituidos por la Cámara Santa y San Julián de los Prados, en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en tanto que no se retire la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo", referente a las trillizas.
Desde Icomos se reafirmó la independencia y rigor del documento y se aseguró que la lista roja de la Unesco "existe", aparte de la propia de Icomos. Se recordó, además, que sólo una ciudad europea estuvo incluida entre el 2004 y el 2006, la alemana Colonia, por un plan parecido a las tres torres de Calatrava.
Desde la organización se tumbaron todos los argumentos ofrecidos ayer por la mañana por el edil de Urbanismo, Alberto Mortera, para atacar el informe y la entidad. De este modo, se aseguró que son muchos los políticos de España que les acusan de estar politizados cuando una resolución no les conviene. "Nos pasó lo mismo con IU en Córdoba, con el PSOE en Ibiza, con el PP en Avila y con Coalición Canaria en La Laguna", se indicó desde la entidad. "Recurren a este argumento cuando ya no les queda otro para defender su propuesta". Sobre la fecha, "cercana a las elecciones" según afirmó Mortera, se aclaró que se ha presentado el estudio justo en el momento de conocer la propuesta del ayuntamiento y, por lo tanto, ha sido el consistorio el que ha marcado el calendario del proceso.
Otro punto usado por el popular para atacar a Icomos fue que el documento ha sido redactado por una sola persona. Se explicó que, en efecto, fue una sola persona "la que acudió a Oviedo a realizar la labor de campo" que recayó sobre el profesor de Historia de la Universidad de Sevilla Víctor Fernández Salinas; "pero el informe es un documento colegiado por toda la entidad y se encarga de su redacción el comité de Madrid". En el informe de Icomos se señaló que "no hay antecedentes en el urbanismo democrático de una acción como la que se plantea a una distancia tan corta de una catedral, centro histórico o bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial".
* La Voz de Asturias - 20/02/2008 - A. FUENTE
Foto: Oviedo, ayuntamiento - wikipedia.org
El fin del 'boom' inmobiliario abre una batalla legal entre promotores y alcaldes
EXPANSIÓN* : El número de litigios entre los promotores inmobiliarios y las administraciones locales se ha disparado con el fin del boom del sector de la vivienda. Se ha iniciado una batalla legal que radica en que cada vez más empresas se niegan a pagar a los ayuntamientos la tasa por prestación de servicios urbanísticos y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Ni por la tramitación y aprobación de Planes Parciales ni por los proyectos de urbanización o de reparcelación derivados de la ejecución de dichos Planes.
En la última década era más que habitual el cobro de estas tasas en multitud de ayuntamientos, aunque la jurisprudencia las declarase “reiteradamente” ilegales. Los promotores inmobiliarios consentían abonarlas, “puesto que los números les seguían saliendo y trataban de evitar cualquier confrontación que pudiera retrasar u obstaculizar sus desarrollos urbanísticos y promociones”, asegura Carlos Peña, socio de Urbe Asesores, bufete especializado en Derecho Urbanístico e Inmobiliario.
Ahora, el delicado estado del sector, en crisis de rentabilidad, ha dado un vuelco considerable a la situación y las promotoras controlan rigurosamente el coste de cada uno de sus desarrollos urbanísticos. La justicia está de su parte: “La aprobación de un proyecto de urbanización no constituye hecho imponible, dado que en sí misma no requiere licencia de obras, siendo improcedente la imposición de tasas por tal licencia, lo que conlleva la inexigibilidad del ICIO”, ha recogido el Supremo en varias sentencias.
En esta línea, se ha multiplicado la cifra de promotores que impugnan por la vía contencioso-administrativa las liquidaciones giradas por los ayuntamientos en concepto de tasa o ICIO de un Plan Parcial (en otros casos, estos cobros sí son legales). Antes de llegar a eso, el plazo para requerir administrativamente la reposición del importe ya liquidado es de un mes.
Había quien pagaba estas tasas por desconocimiento –y eso que la doctrina se remonta a 1980–. “Ahora se animan a recurrir muchos más promotores”, subraya Peña. Y si se hace a tiempo, “lo normal es ganar el litigio, porque te estaban cobrando por sustituir por delegación a la propia administración”, añade.
Autoliquidación
Otra vía de pago que ahora rechazan los promotores inmobiliarios es la autoliquidación. Tradicionalmente acudían de motu propio al Ayuntamiento para abonar el coste exigido, y así aceleraba el inicio de las obras de urbanización y construcción. Ahora la tendencia ha cambiado y reclaman un reembolso: “Están requiriendo la devolución de ingresos indebidos, solicitud para la que contarían con un plazo de cuatro años desde que se autoliquidó la tasa”, apuntan desde Urbe Asesores.
Julio Gil, Gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España, también constata que “estas reclamaciones han aumentado mucho”. “Unos plazos reducidos son esenciales para el promotor, pero dependen de la tramitación local, y antes convenía pagar las tasas e impuestos si no eran muy gravosos”, añade.
La suma de la tasa y el ICIO suele suponer entre un 3,5% y un 5% del coste de construcción de un edificio. Y en los proyectos de ejecución de un Plan varía según el municipio. La tasa que algunos aplican ronda el 0,75%, mientras que otros cobran un 1,5% o unos 0,11 euros por metro cuadrado.
Y, al final, la guerra judicial de los promotores contra estas tasas puede dañar aún más las arcas locales, que se nutren fundamentalmente de ingresos derivados del urbanismo –ver información adjunta–.
Las arcas municipales se resienten
El boom inmobiliario no sólo ha sido una época alcista para las empresas. En los últimos años, los ayuntamientos se han financiado, en gran medida, gracias al desarrollo urbanístico de sus municipios. Por un lado, las promotoras deben ceder el 10% del aprovechamiento medio de sus suelos urbanizables al gobierno local; por otro, los consistorios también cobran impuestos y tasas –entre ellas, algunas que no les corresponden– y gozan de solares propios con los que hacer caja.
Así, la actual desaceleración del sector ha provocado que las arcas municipales se resientan. A la menor financiación vía aprovechamiento se le une la guerra judicial de los promotores, que se niegan a pagar, en los Planes Parciales, la tasa urbanística y el Impuesto de Construcciones. “Depender de los ingresos inmobiliarios produce efectos muy perniciosos en las arcas municipales”, asegura el gerente de APCE, Julio Gil.
* Expansión - Juan Manuel Lamet - 15/02/2008
Foto: Casa, caida índices - cotizalia.com
