SOITU* : El ladrillo y el fútbol llevan ligados en un matrimonio no oficial desde tiempos inmemorables. Pero en los últimos años esta relación se ha fortalecido, azuzada por los más de mil millones de euros que los clubes de Primera y Segunda División han ingresado por las recalificaciones urbanísticas de sus terrenos de uso deportivo. El 'pelotazo' más mediático fue el realizado por el Real Madrid con la venta de su Ciudad Deportiva, pero muchos han seguido su estela. El último en sumarse al carro ha sido su mayor rival: el Barça, que, después de una década intentándolo, va a sacarle partido al Miniestadi. ¿Quién irá después?
Pelotazos y más pelotazos
En el argot deportivo, 'jugar al pelotazo' es hacerlo de forma "hosca y destructiva", una fórmula que, según los entendidos, practican los equipos sin dominio del balón y los "resultadistas", que son aquellos que anteponen el resultado al espectáculo deportivo. Pero en el mundo del balón se ha puesto de moda una segunda acepción de 'pelotazo', aquella que define la práctica llevada a cabo por algunos gestores de clubes, que consiguen que las autoridades recalifiquen sus terrenos, obteniendo interesantes plusvalías. Unas plusvalías que, según Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Irea, "en la mayoría de los casos, sirven para sanear las cuentas de los clubes o fichar a grandes jugadores". E, incluso, para conseguir suelo a precio de 'ganga' para construir sus nuevas ciudades deportivas.
El presidente del Barça, Joan Laporta, cuenta con sacar 300 millones de euros de la recalificación del Miniestadi; dinero que le servirá para ampliar el Camp Nou y construir el nuevo Palau Blaugrana. No obstante, considera que no se trata de un 'pelotazo'.
De la misma opinión es el alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, que asegura que el acuerdo es "bueno para todos", y dará lugar al segundo ecobarrio de la ciudad, gracias a la aplicación de principios ecológicos en su urbanización y construcción. Por eso no ha dudado en ceder a las peticiones de CiU para conseguir su apoyo. Todo ha salido a pedir de boca, salvo por un pequeño detalle: estos argumentos no convencen a los vecinos de la zona, que amenazan con ir a juicio si se levantan los 1.600 pisos previstos.
En su momento, también fue muy criticada la operación llevada a cabo por el Real Madrid con los terrenos de su Ciudad Deportiva. El entonces presidente del club, Florentino Pérez, obtuvo más de 500 millones de beneficio con su venta, dinero que le sirvió para fichar a Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham, entre otros; para quitarse de un plumazo una deuda histórica de 270 millones; y para levantar un nuevo complejo en las afueras de la capital.
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid tuvieron mucho que ver en la consecución de estas plusvalías, porque aumentaron la edificabilidad de la zona, pero también sacaron provecho de la operación. Alberto Ruiz-Gallardón consiguió suelo gratis para construir un centro internacional de convenciones, además de la parcela donde hoy se levanta una de las torres, que vendió al mejor postor; mientras que Esperanza Aguirre se quedaba con el 60% del suelo destinado a otro de los rascacielos, por el que también consiguió un buen pellizco.
¿Son lícitas estas operaciones?
Según Echavarren, "a la luz de la normativa europea estas operaciones son cuestionables, porque no dejan de ser una ayuda pública a una entidad que compite a nivel continental, creando desigualdades entre los distintos clubes". No obstante, la jurisprudencia favorece a los equipos de fútbol. En noviembre de 2004, Bruselas cerró un expediente abierto contra el Real Madrid por una denuncia presentada ante la Comisión Europea por CiU, el Bayern de Munich y el Manchester United, quienes consideraban que la compra de la parcela de la Ciudad Deportiva "distorsionaba gravemente la libre competencia". La autoridades comunitarias consideraron que no era así, dando por válido el convenio entre el club blanco y los dirigentes madrileños.
Quizá por eso ahora el partido catalán opta por apoyar un acuerdo similar con los terrenos del club azulgrana. Y quizá por eso son muchos los clubes que se han sumado a la cultura del 'pelotazo' que inició el Espanyol allá por el año 1995, cuando vendió Sarrià para construir pisos e ingresó unos 50 millones de euros. Por ejemplo, el ya ex presidente del Valencia, Juan Bautista Soler, tuvo como única meta desde que llegó al cargo "multiplicar por diez el patrimonio del club a base de operaciones urbanísticas", según sus propias palabras. Y vaya si lo consiguió. Durante su mandato, Soler logró que los terrenos del Mestalla pasaran de uso deportivo a residencial, a la vez que el Ayuntamiento de Rita Barberá privatizaba una parcela municipal para levantar el nuevo estadio. Hoy por hoy, sin embargo, las arcas del equipo ché andan vacías, y las obras del nuevo campo están paralizadas.
Suma y sigue
El otro equipo de la ciudad del Turia, el Levante, hizo un negocio similar. El club obtuvo en 2002 la recalificación de parte de la parcela del estadio, donde levantó un complejo hotelero y una galería comercial, con los que ganó 52 millones. Ahora, su presidente, Pedro Villarroel, anda muy apurado por la falta de liquidez del equipo —la deuda asciende a 42 millones—, y cree que su salvación está en manos de Barberá, de quien espera recalifique el resto de los terrenos del estadio para poder venderlos y hacer un campo nuevo, en una operación cuyos beneficios están por calcular.
Más redondo le salió el negocio a Jesús Samper, ex presidente de la Liga de Fútbol Profesional, con el Real Murcia. El empresario madrileño lo compró en 1999 cuando el club estaba en Segunda B y era una ruina. Al poco, adquirió por nueve millones (precio de saldo) un suelo rústico que parecía imposible de recalificar. Pero Samper firmó un acuerdo en 2001 con el alcalde, Miguel Ángel Cámara, para construir allí un nuevo estadio, un enorme centro comercial y un campo de golf con los que ganó unos 200 millones.
En la zona andaluza tampoco se quedan atrás. El Ayuntamiento de la capital hispalense aprobó en noviembre de 2003 recalificar dos terrenos al Betis y al Sevilla de forma que los clubes obtuviesen beneficios de entre 25 y 30 millones de euros cada uno gracias a convertir en uso comercial parte de sus terrenos. El convenio con el Betis permitirá al club terminar la remodelación de su estadio y la construcción de un edificio de 30.000 metros —con oficinas, tiendas y un hotel— sobre una parcela municipal junto al campo.
El acuerdo con el Sevilla le permite construir 20.000 metros para usos comerciales y oficinas en los bajos de su estadio, así como una completa remodelación del Sánchez Pizjuán.
Mientras tanto, en 2005, el entonces presidente del Zaragoza, Alfonso Soláns, conseguía que el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, recalificara las oficinas del club, de dos plantas, para construir un edificio de 12 alturas para 100 viviendas, por las que pretendía ingresar unos 20 millones que mitigaran su deuda.
Y más recientemente, el Atlético de Madrid conseguía arrancar a Ruiz-Gallardón, tras casi dos años de culebrón, el acuerdo para su traslado a La Peineta, que será totalmente remodelada para acoger al equipo a partir de la temporada 2012-2013. El club rojiblanco ganará aforo, pero también aprovechamientos. Su intención es que se construya algún centro comercial, como tiene el Bernabéu en una de sus esquinas.
Echavarren cree que, en los próximos años, los clubes seguirán intentando recalificaciones. Porque seguirán necesitando financiación para sus fichajes, pero también porque muchos campos se han quedado encorsetados dentro de la ciudad, provocando interminables atascos y molestias para los vecinos en los días de partido. "No hay nada más ineficiente que un estadio de fútbol", dice este experto. Por eso, considera que lo mejor es que este tipo de instalaciones "se trasladen a las afueras de la ciudad", eso sí, a zonas "bien comunicadas".
Dinero, fútbol y ladrillos en la misma coctelera
Pero, más allá de las plusvalías, los empresarios del ladrillo también sienten una enorme fijación por las juntas directivas de los clubes de fútbol. Son muchos los que, a lo largo de los años han aprovechado las relaciones privilegiadas que se crean en los palcos para hacer negocios particulares o ganarse una fama y una presencia mediática que de otra manera no tendrían y que, según Echavarren, "abre muchas puertas y retroalimenta los negocios". El caso más conocido es el de Florentino Pérez en el Real Madrid, pero la relación entre palcos y ladrillos viene de antaño.
Hace más de tres décadas que un destacado constructor, Josep Lluís Núñez, accedió a la presidencia del FC Barcelona. Durante más de 20 años compatibilizó su actividad empresarial en con la presidencia del Barça. También hace casi dos décadas que la familia Gil se hizo con el Atlético de Madrid. Desde entonces, el club rojiblanco está a merced de sus intereses.
Y hasta hace poco, el Valencia ha estado en manos de 'ladrilleros'. Juan Bautista Soler se hizo con la presidencia del club tras la dimisión de Pedro Cortés, dueño de la empresa de mensajería Seur. Desde allí, dio un paso de gigante en sus negocios particulares, hasta entonces localizados principalmente en la Comunidad Valenciana. Los Soler se convirtieron en el 'caballero blanco' de Joaquín Rivero en su batalla contra la familia Sanahuja por Metrovacesa, que se saldó con la escisión de la inmobiliaria en dos: Metrovacesa, para los Sanahuja; y la francesa Gecina, para Rivero y Soler. Además, la hija del empresario valenciano ha asumido la presidencia de Bami, la inmobiliaria que Rivero resucitó tras salir de Metrovacesa.
A Fernando Martín, aunque ahora no pase por su mejor momento, le resultó de gran ayuda suceder a Florentino en la presidencia del Real Madrid. Su mandato fue breve, pero le sirvió para ganar visibilidad y dar a conocer a su pequeña inmobiliaria, Martinsa, que un año más tarde se 'zampaba' a una de las grandes: Fadesa.
A Luis del Rivero, máximo directivo de la constructora Sacyr, tampoco le resultó una mala experiencia relacionarse con el 'deporte rey'. Ser vicepresidente del club merengue en la primera etapa de Florentino ayudó a que su compañía se convirtiera en todo un emporio que cotiza entre las grandes del ladrillo internacional, según Forbes. Como también se encuentra en este ranking el grupo OHL, cuyo presidente, Juan Miguel Villar Mir, fue aspirante al 'trono' merengue.
Son algunos de los ejemplos más destacados del asalto de constructores y promotores a clubes de fútbol. Un interés que resulta fácil de entender a juicio de Echavarren, quien afirma que esta afluencia se explica "porque alrededor de los negocios deportivos se hacen muy buenos negocios inmobiliarios". Y porque este tipo de operaciones beneficia no sólo a los clubes, sino a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos que las permiten "porque se llevan dinero, en forma de plusvalías por la venta de terrenos que se les cede de forma gratuita". En su opinión, los más perjudicados son los comerciantes, que pierden un negocio seguro, porque los vecinos de la zona, aunque en un primer momento renieguen de estos proyectos, "acabarán beneficiándose de menos atascos, mayor tranquilidad y una mejora de la zona, que se revalorizará", añade.
* SOITU - GEMA FERNÁNDEZ - 29.07.09
Foto: Barcelona, Camp Nou y Miniestadi - soitu.es
Un repaso a las mejores jugadas del fútbol del 'pelotazo'
Los funcionarios piden que los políticos 'paguen los errores con su patrimonio'
LAPROVINCIA/Canarias* : Funcionarios autonómicos advirtieron ayer de que hay mecanismos legales para que los cargos públicos afronten con su patrimonio las indemnizaciones derivadas de sus actos, por lo que darán un tiempo prudencial antes de pedir a la justicia que inicie los expedientes de responsabilidad patrimonial pertinentes.
Así lo señalaron ayer en Santa Cruz de Tenerife, en una rueda de prensa conjunta, Lesmes Siverio, del Sindicato Independiente Canario; Javier Galván, presidente del sector autonómico del CSIF; Francisco Alberto Barrios, del CESP; y Cándido Pérez, de la asociación profesional Unión de Funcionarios, que han creado una plataforma por una administración pública "eficaz".
Según indicó Lesmes Siverio, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece en su artículo 145 que la Administración correspondiente exigirá de oficio a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia grave.
Con este mecanismo no serían los ciudadanos los que paguen las indemnizaciones "millonarias" derivadas de casos como el de Tebeto, sino "los que han metido la pata", a quienes darán "un tiempo prudencial" para que inicien los expedientes correspondientes o si no irán a los tribunales "para que se les ponga la cara colorada".
Los funcionarios temen que las indemnizaciones que debe afrontar la Comunidad Autónoma, entre las que se encuentra la derivada por la expropiación para ampliar la sede del Parlamento de Canarias, aumentarán con las que proceden de la moratoria turística.
Las organizaciones de funcionarios anunciaron su intención de reunirse con los grupos parlamentarios para pedir que la Administración inicie de oficio los expedientes de responsabilidad patrimonial y que se investigue para que los ciudadanos sepan "quiénes son" los responsables en cada caso. "Con esta medida cambiarían muchas cosas en Canarias", afirmó Siverio.
* La Provincia - 31.08.09
Foto: google
Un juzgado suspende de urgencia los nuevos derribos en el área protegida del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : La prolongación de Blasco Ibáñez vuelve a encallar. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia dictó ayer la suspensión cautelar y "urgente" de las licencias de derribo de dos casas del conjunto histórico del Cabanyal. La decisión puede tener consecuencias de alcance pero antes deberá ser ratificada por el juez, que ha citado a las partes para el lunes próximo.
El auto se hizo público 24 horas después de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, asegurase que "todo va a ir adelante" en el proyecto urbanístico de conexión de Blasco Ibáñez con el mar.
La suspensión fue instada el jueves por el grupo municipal socialista como medida cautelar para evitar los nuevos derribos en el barrio. Además de acordar la suspensión cautelar, el juzgado notificó ayer la admisión a trámite del recurso de los socialistas contra el Plan Especial del Cabanyal por incumplimiento del principio de edificación sustitutoria. Este precepto de la ley de Patrimonio intenta evitar la generación de solares degradados en entornos monumentales. El ayuntamiento ha derribado más de 30 inmuebles en el Cabanyal,una decena en el BIC.
Los socialistas solicitaron la paralización de los derribos ante la negativa del gobierno municipal a sacar las excavadoras del barrio entretanto se cierra el proceso judicial y el Ministerio de Cultura emite el informe sobre expolio requerido por el Tribunal Supremo hace tres meses.
El juzgado entiende que en los dos derribos impugnados por los socialistas "concurren las razones" para una paralización de "urgencia". El auto argumenta que ayer era el "último día hábil para las actuaciones judiciales" que no se reanudarán hasta el 1 de septiembre y añade que si las demoliciones se llegaran a ejecutar en agosto "resultaría totalmente infructuoso" un pronunciamiento judicial posterior.
El juzgado paraliza los derribos "sin oir a la parte contraria", una medida extraordinaria aplicable en caso de "imposible o difícil reparación de los daños y perjuicios que la ejecución del acto recurrido pueda ocasionar al actor". En el auto se cita a las partes a comparecer ante el juez el próximo lunes a las 12 horas. En el auto se insta al ayuntamiento a notificar la medidad cautelar a Cabanyal 2010, la empresa pública que gestiona el plan especial y la que solicita la licencia de derribo, pues no ha localizado su domicilio (ubicado en la calle de la Reina, pleno corazón del Cabanyal).
Los vecinos están "esperanzados"
Las reacciones a los dos autos judiciales de ayer anunciando la suspensión de los derribos en el Cabanyal y la admisión a trámite del recurso contencioso contra el plan especial no se hicieron esperar. Tras el pleno ordinario, el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, dijo que acatarán la orden de suspensión si bien puntualizó que sólo afectan a dos edificios y no a todo el plan urbanístico.
Grau intentó quitar trascendencia a la decisión judicial y comentó que las licencias aún no eran definitivas.
El PSPV advierte de que los argumentos de la suspensión dictada ayer son aplicables a todas las órdenes de derribo que se tramiten tras la sentencia del Tribunal Supremo que reabre la vía de expolio.
El concejal socialista Vicente González Móstoles consideró ayer que la admisión a trámite son los "brotes verdes" que demuestran el "giro" en la política urbanística en este barrio. La portavoz de la oposición, Carmen Alborch, apuntó consideró que la decisión judicial les da la razón en su línea de "revitalizar El Cabanyal".
El vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal, Vicente Gallart, manifestó su satisfacción por la orden de paralización ya que es lo mismo que ellos solicitaron, sin éxito, a la alcaldesa. Gallart aseguró que es "una irresponsabilidad seguir destrozando el patrimonio cuando hay pendiente un informe del Ministerio de Cultura. A este respecto, el teniente alcalde entiende que lo que debe argumentar el Ministerio de Cultura es "que no existe expolio".
El portavoz vecinal aseguró que los vecinos están "esperanzados" en poder avanzar en la rehabilitación del barrio porque "las últimas sentencias judiciales no están dando la razón".
* Levante-EMV - HORTENSIA GARCÍA - 1.08.09
Foto: Viviendas de estilo modernista popular del barrio del Cabanyal afectadas por los derribos. fernando bustamante, levante-emv.com
Las cenizas del 'boom' del ladrillo
ELPAÍS* : El número de viviendas libres en construcción sigue reduciéndose vertiginosamente en España. Al final del primer trimestre de 2009 se habían iniciado 31.244 viviendas. De mantenerse esta tendencia, al final del presente ejercicio apenas estarán en construcción unas 400.000. Y esta cifra supone un 60% menos del millón de viviendas que se encontraba en ejecución a finales de 2007. Y la cosa puede ir a peor.
Una voz autorizada, la del presidente del Grupo OHL, Juan-Miguel Villar Mir, no deja lugar al optimismo. "Lo primero que hay que hacer es digerir el stock de casas. Mientras no se venda no se construirá nada, y para vender hay que bajar más los precios", aseguraba hace unos días. La consecuencia, millones de metros cuadrados de terrenos inmovilizados perdiendo valor de manera creciente.
Según un informe de la consultora DBK, hace dos años 36 de las principales empresas inmobiliarias disponían en España de una reserva de superficie edificable de unos 90 millones de metros cuadrados. Madrid, al contar con mayores expectativas de negocio por los grandes desarrollos urbanísticos planificados, fue una de las comunidades donde las compras de suelo fueron mayores y a precios más elevados, y, por tanto, una de las que más está sufriendo el cese de la actividad.
Madrid aglutinaba en torno al 20% (18 millones de metros cuadrados edificables, equivalentes a unas 212.000 viviendas), y que desde 2007, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda, se han iniciado en la región 55.251 viviendas, quedarían por desarrollar unos 8,5 millones de metros cuadrados de suelo urbano bruto, equivalentes a 13 millones de metros edificables para unas 156.000 viviendas, aproximadamente la mitad en la capital.
Dando por buena la rebaja acumulada del 25% en los dos últimos años, según los datos de Vivienda, los activos adquiridos en 2007, por 3.450 millones de euros, no valen hoy más de 2.500 millones, y la tendencia es que ese precio siga bajando a corto plazo. Y eso tirando por lo alto. Que se lo digan a Martinsa-Fadesa, en concurso de acreedores desde hace un año. Cuatro de los activos situados en Madrid (Chamartín, Race, Tres Cantos y Colmenar de Oreja), que CB Richard Ellis había tasado, en diciembre de 2007, en 710 millones de euros, fueron depreciados más de un 30% un año después, de acuerdo con la nueva valoración realizada por tres firmas designadas por los administradores concursales.
Ignacio Pindado, consejero delegado de la consultora Grupo i, va incluso más allá en esa reducción del precio del suelo. En su análisis sobre la actual situación del mercado asegura que "se ven muchas cosas, pero realmente no se está comprando casi nada, ni siquiera con descuentos del 50% respecto a hace dos años. Además, descartadas las operaciones por parte de promotores, sólo los inversores se muestran dispuestos a comprar si existen verdaderas gangas", comenta. Otro aspecto destacado por Pindado radica en el hecho de que buena parte de estos activos en suelo han ido a parar a manos de los bancos, que, según el fundador de esta consultora, "no tienen la menor intención de soltar. Ahora, sólo les preocupa vender las viviendas que se han quedado y esperarán a que se reactive el mercado para volver a ofrecer a los promotores los mismos suelos que éstos han tenido que poner en el activo del banco para saldar deudas", subraya.
"Lo hemos vendido casi todo", comentan desde Nozar. Una de las inmobiliarias que mayores inversiones en suelo realizó -casi 400 millones de euros por tres solares céntricos de la capital entre 2004 y 2007- y que, obligada por la fuerte deuda financiera, se ha visto obligada a vender con pérdidas algunos de estos activos. "Prácticamente sólo nos queda el Mindanao, y el proyecto está paralizado sin una fecha fijada para su reanudación", señalan las mismas fuentes.
Por el histórico hotel la empresa presidida por Luis Nozaleda pagó, en 2004, 105 millones de euros al Banco Pastor. El establecimiento se demolió, se iniciaron las obras de las plantas bajo rasante y se llegó a iniciar la comercialización de las 138 viviendas previstas. Y ahí se quedó el proyecto. Por lo que respecta a las antiguas oficinas de Telefónica en la calle de Ríos Rosas, compradas en 2007 por 213 millones de euros, "es un proyecto inmerso en un proceso de tramitación de licencias, pero sin plazos específicos para su desarrollo", comentan desde Nozar, y la parcela ocupada por la fábrica de Zardoya Otis en Méndez Álvaro fue vendida "por un buen precio", aseguran. Ahora está en manos del BBVA.
Lualca -acrónimo mixto del nombre y apellido de su presidente, Luis Canales, y de los antiguos supermercados Alcosto- es otra de las promotoras que no escatimó un euro a la hora de adquirir suelo, especialmente en Pozuelo de Alarcón, municipio de gran desarrollo y altos precios del noroeste de la región, y cuyas expectativas también se han visto truncadas. En 2005 pagó 45,5 millones por un solar para construir 96 pisos en la avenida de Europa, uno de los ejes inmobiliarios más preciados de esta localidad.
Obtuvo la licencia en mayo de 2007, inició las obras y, dos años después, el solar presenta un aspecto desolador. Cerrado a cal y canto desde hace más de un año, con los materiales amontonados en medio de la parcela y sin rastro alguno de obreros desde hace meses. Justo enfrente, la multinacional Hines inició la construcción del centro comercial Zielo con posterioridad a la promoción de Lualca. Su ejecución va a un ritmo vertiginoso.
En esta misma localidad, y con el objetivo de construir 500 viviendas, la inmobiliaria presidida por Luis Canales tampoco dudó en desembolsar hace más de tres años 241 millones de euros al Ministerio de Defensa para hacerse con el antiguo polvorín de Retamares, entre las urbanizaciones de Montegancedo y Montepríncipe, junto a la M-40. Y desde entonces ahí sigue, anunciada en su página web como la única de sus futuras promociones residenciales en la Comunidad de Madrid.
Volviendo a la capital hay solares como el del antiguo Banco Atlántico, en el número 48 de la Gran Vía, que si no está parado, apenas avanza cinco años después de que el Banco Sabadell lo vendiera. Valmarcasa, una pequeña promotora gallega, es su actual propietaria tras pasar por otras dos manos y la encargada del proyecto diseñado por Rafael de La-Hoz: 12.200 metros cuadrados para distribuir, en 10 plantas, unos 100 apartamentos, un área comercial y 200 plazas de garaje.
Frenazo
Una ristra de promociones paralizadas, con vigas y ladrillos a medio poner, que representan, junto con los solares vacantes, la imagen decadente de un sector, el inmobiliario, que no quiso ver, ni cuando la famosa burbuja estaba a punto de estallar, que la asunción de ciertas inversiones iba camino de acabar comiéndose unas cuentas ya muy lastradas por una drástica reducción de los ingresos. A pesar de ello, algunos no dudaron en seguir adquiriendo parcelas urbanas a precios desorbitados.
En la Comunidad de Madrid, tanto en la capital como en las localidades con mayores expectativas de crecimiento, las secuelas de estas actuaciones resultan bien visibles. Un recorrido por las calles sirve para apreciar cómo la financiación de miles de millones de euros para la compra de esas parcelas se ha convertido en la auténtica espada de Damocles. No se inician las obras y, además, hay que seguir pagando el capital y los intereses de los créditos comprometidos.
Algunos supieron rectificar a tiempo, como Mapfre Inmuebles, que tras resultar adjudicataria, en octubre de 2007, de un solar municipal en el Ensanche de Vallecas, logró venderlo poco después a la cooperativa Vam, gestionada por Grupo Libra. Por un solar apto para 6.525 metros edificables (75 pisos), Mapfre pagó casi 15 millones de euros (IVA incluido), asumiendo un coste inicial de repercusión por cada piso de 85 metros cuadrados de casi 200.000 euros. Y eso, sin poner un ladrillo. Sumando costes de construcción, honorarios, licencias y gastos financieros, ese piso se pondría en los 400.000 euros. Un precio a todas luces inasumible por el mercado.
Y como ésta, decenas de operaciones de compraventa de suelo realizadas cuando la crisis estaba llamando a la puerta. En 2007, el propio Ayuntamiento de Madrid logró adjudicar 18 parcelas por las que se embolsó 300 millones de euros, de los que 215 millones procedieron de lo pagado por los 13 solares destinados a la construcción de vivienda libre.
Las cuentas tampoco salen en los centros comerciales o empresariales
Mapfre Inmuebles es otra de las promotoras inmobiliarias que se ha topado con la cruda realidad. El asunto llega a extremos tales que el actual precio del metro ya construido ofrecido en una promoción situada en el Ensanche de Vallecas, a punto de entregar, es prácticamente el mismo que el pagado a finales de 2007 por un solar situado justo al lado. Por los 10.258 metros edificables de la referida parcela abonó al Ayuntamiento de Madrid 24,29 millones de euros (IVA incluido), comprometiendo una repercusión por la compra de ese suelo de 2.040 euros.
Por 2.113 euros el metro construido ofrece hoy un ático de dos dormitorios, con 166 metros, y por unos 2.600 euros el metro, apartamentos de uno y dos dormitorios. Habrá que esperar unos años a que el mercado inmobiliario recobre el pulso y haga viable la operación o, como hizo con otro solar adquirido entonces al Ayuntamiento, también en el Ensanche de Vallecas, intentar venderlo.
La paralización no es exclusiva del sector residencial. Inter Ikea, la filial inmobiliaria de la multinacional sueca, replantea proyectos en España. Como ya ocurriera con el centro de Sant Cugat (Barcelona), ha renunciado a abrir otro en San Fernando de Henares. Alega retrasos en la construcción del complejo comercial que han sido desmentidos por su socio en este proyecto, la británica Chelverton Properties. Valladolid y Granada también han sido descartados. Ikea no es la única en dar marcha atrás por la caída del consumo. ING Real Estate está reconsiderando invertir 120 millones en el parque empresarial Innova Park Málaga sobre los 154.000 metros cuadrados (110.000 construidos) del solar de Intelhorce.
* ELPAIS.com - JUAN CARLOS MARTÍNEZ 31/07/2009
Foto: Solar donde se levantaba la antigua sede del Banco Atlántico en el número 48 de la Gran Vía madrileña, esquina calle Silva. El solar ha cambiado varias veces de manos- SAMUEL SÁNCHEZ, elpais.com
