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LIBERTADBALEAR* : La dirigente del Grup de Estudis de la Naturalesa (GEN), Neus Prats, aseguró hoy que Ibiza es la isla con más corrupción urbanística y en la que los ciudadanos tienen más asumido que “todos los políticos son iguales”. Según Prats una de las cosas más sujetas a corrupción son las obras públicas ya que hay proyectos “faraónicos” que cuentan con presupuestos “astronómicos” no justificados que podrían hacerse con menos dinero.
De este modo detalló que la labor de las administraciones es gestionar correctamente el presupuesto de todos los ciudadanos y “esto quiere decir hace lo máximo con el mínimo gasto posible”. En cuanto a casos concretos de obras públicas en Ibiza, Prats consideró que deberían investigarse proyectos como el Puerto, las autovías o el de Eivissa Centre.
Para la portavoz del GEN, “lo peor” de la corrupción es que acaba con la democracia y suscita una opinión generalizada de que todos los políticos son iguales. En Eivissa esta idea “está más que generalizada porque no hay otro lugar en el que haya una falta de interés similar”, sentenció. Así detalló que esta carencia de interés absoluta empeora la calidad no sólo de la isla sino de la vida de los ciudadanos.
La portavoz del Grup de Estudis de la Naturalesa denunció también que la Fiscalía anticorrupción de Baleares dedica su labor exclusivamente a Palma e ignora a Ibiza a la hora de controlar la corrupción urbanística. Motivo por el que detalló que “aquí la fiscalía anticorrupción directamente no existe”.
* Libertad Balear - 30 Agosto 2008
Foto: Ibiza vila /Forbfruit (Wikipedia)
"Ibiza es la isla con mayores índices de corrupción urbanística"
Mil urbanizaciones y 200.000 viviendas ilegales se reparten por Andalucía
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ABC* : El PP presentará una iniciativa en el Parlamento en la que demanda a la Junta que elabore un censo de viviendas y urbanizaciones ilegales en Andalucía, por municipios y provincias, estableciendo tipos y características de las irregularidades, y que adopte a las medidas oportunas para la «regularización» de parte de ellas, que son consecuencia de su «absoluta falta de control y de planificación urbanística» durante los últimos años.
Esa falta de control sobre el planeamiento urbanístico ha desembocado en un problema que alcanza grandes magnitudes en Andalucía, ya que se estima que hay unas 1.000 urbanizaciones y 200.000 viviendas ilegales, en las que pueden llegar a vivir hasta 400.000 personas en verano, según un informe del Defensor del Pueblo.
Alicia Martinez, portavoz de urbanismo del PP en el Parlamento, recordó ayer las 30.000 viviendas ilegales que hay en Chiclana, los 2.000 expedientes de demolición en Mijas, o los conocidos casos de Marbella y Estepona y expuso que éstos «son sólo la punta del iceberg del problema».
Entre estas viviendas se encuentran las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable realizadas por los propietarios y los fenómenos en las zonas costeras, tanto de autoconstrucción como casos de urbanizaciones amparadas por convenios urbanísticos en el marco de la corrupción municipal.
Regularizar todo lo posible
Alicia Martinez anunció que el PP presentará una proposicion no de Ley en el Parlamento con la intención de que se apruebe un plan para regularizar en lo posible estas viviendas y explicó que, donde sea posible esa normalización, debe hacerse garantizando los servicios mínimos de alumbrado, suministro de agua o depuración de residuos.
Matizó no obstante que no se trata de una «amnistía urbanística» y de «regularizar todo», ya que «hay suelos que nunca podrán ser recalificados y las viviendas construidas en ellos siempre van a estar fuera de la ley, por lo que no hay más solución que la demolición».
Lo que pide el PP es la elaboración de una norma que cubra el vacío legal existente para reconocer gran parte de las viviendas ilegales y su necesaria normalización, todo ello con criterios uniformes para todo el territorio andaluz.
La portavoz del PP instó a la Junta a no dejar estos temas a la discreción de cada ayuntamiento y a orientarlos en materia de urbanismo, además de regular los contenidos de los instrumentos de planeamiento urbanístico mediante soluciones «tipo» para problemas similares.
Censo de viviendas
El PP también pide que se elabore un censo de viviendas y urbanizaciones ilegales en Andalucía, por provincias y municipios, en el que se recoja las características de las irregularidades en las que incurren.
Para el PP, estos requerimientos deberán estar aprobados por el Parlamento antes de diciembre de este año y garantizar en los presupuestos de 2009 una dotación presupuestaria de apoyo a los municipios afectados para acometer los planes de infraestructuras necesarios en colaboración con los ayuntamientos y propietarios.
Martínez recordó que la competencia sobre el control e inspección de la ordenación del territorio y el urbanismo, corresponde a los ayuntamientos y a la Junta de Andalucía.
En muchos casos los ayuntamientos no han actuado debidamente ante esta problemática, señaló la diputada popular, pero realmente la Junta tampoco ha reclamado a los consistorios el cumplimiento de la ley.
La planificación territorial ha fallado, dijo la parlamentaria del PP, no sólo por el retraso en la elaboración de planes subregionales y del Plan de Ordenación del territorio de Andalucía sino que, además, «la Junta tenía conocimiento de la práctica habitual de construcción de edificaciones al margen de la ley, pues incluso recibía ingresos económicos en concepto de actos jurídicos documentados y ha permitido la agresión al medio ambiente».
Respecto a la incorporación de 25 inspectores para luchar contra los delitos urbanísticos, dijo que «es un número insuficiente para toda Andalucía, son necesarios más inspectores para que la medida sea eficaz»
* ABC Sevilla - ELENA MAÑERO - 30.08.2008
Foto: Barbate (Cádiz), playa Zahora - mma.es
El caso urbanístico valenciano en la UE no comportará una sanción económica
ELPAÍS* : El proceso judicial será largo, pero imparable. El Tribunal de Luxemburgo fallará en un plazo aproximado de dos años sobre la legalidad de la forma como se adjudican en la Comunidad Valenciana los Programas de Actuación Integrada (PAI), y si este proceso es un contrato público, como defiende la Comisión Europea y los afectados, o bien es un contrato administrativo especial, como sostiene el Consell.
Pero la sentencia, según confirmaron ayer a este periódico expertos del Tribunal de Luxemburgo, no comportará sanción económica alguna contra el Gobierno de España, y por extensión contra la Generalitat, con lo que no habrá tampoco posibilidad de indemnizaciones para los afectados. "En caso de dar la razón a los argumentos de la Comisión Europea se exigiría un cambio en la legislación urbanística valenciana", apuntaron fuentes jurídicas, "si no hay modificación alguna se podría reabrir el proceso de infracción y entonces se fijarían sanciones contra el Gobierno por infringir una norma comuntaria". La multa, en caso de confirmarse, beneficiaría a los presupuestos de la Comisión Europea, pero en ningún caso a los propietarios.
Los expertos juristas consultados por este periódico admiten que la única vía que tienen los afectados para poder cobrar algun tipo de indemnización es plantear recursos ante los tribunales españoles. "Si la sentencia de Luxemburgo es favorable a ellos, tendrán más fuerza, pero el camino es otro: los tribunales españoles", explica un experto del Tribunal de Luxemburgo. Así que las expectativas que tenían algunas asociaciones de afectados de cobrar importantes cantidades de dinero de la Generalitat se desvanecen. Uno de los abogados que representa a algunos de los afectados admitía ayer que el problema de fondo es que "no se discute sobre el derecho a la propiedad privada, sino que el debate se ha situado en el proceso de adjudicación de los PAI".
No obstante, para los afectados ya ha sido un logro que sus reivindicaciones llegaran tan lejos. Un proceso que no ha sido, precisamente, un camino de rosas. La presentación del recurso de la Comisión Europea contra el Gobierno de España por los supuestos abusos urbanísticos se ha demorado mucho más de lo previsto. Aunque la Comisión Europea decidió en junio de 2007 llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia, atendiendo la demanda de cientos de afectados, el recurso sólo se ha presentado en julio de 2008. "En un plazo de dos o tres meses debería haberse tramitado, y ha tardado más de un año, algo ha pasado ahí", admite otro jurista. Ya en marzo del año pasado Abusos Urbanísticos No (AUN) denunció que el tema "se cayó" de la agenda de la reunión de la Comisión en marzo, justo antes antes de las elecciones autonómicas, y sólo fue aprobado en junio, después de revalidar el PP una nueva mayoría absoluta en la Generalitat.
Las presiones de los gobiernos autonómicos y estatal han podido demorar este proceso, pero ahora se plantea por fin la batalla jurídica. España tiene un plazo de dos meses para presentar alegaciones, y en este proceso se podría volver a enredar la madeja, ya que la Generalitat, gobernada por el PP, no tiene entidad jurídica propia para poder defenderse y ha de ser el Gobierno de España, en manos de los socialistas, el que tutele la defensa jurídica. En este sentido, será la Abogacía del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores la que ejerza la defensa del Consell.En el plazo de un año, para septiembre de 2009, según cálculos de varios expertos consultados, se podría celebrar ante el Tribunal de Luxemburgo una vista pública en la que cada una de las partes enfrentadas, Comisión Europea y Gobierno de España defiendan sus respectivos puntos de vista. Es posible que también intervenga algún Estado miembro que se considere afectado por este proceso. Quizás el Reino Unido, con un importante número de residentes en la Costa Blanca que se han sentido víctimas de los abusos urbanísticos y cuyo cónsul adquirió un protagonismo especial en las visitas que los eurodiputados hicieron a la Comunidad Valenciana, se persone a favor de las tesis de la Comisión Europea.
Tras la vista pública en el Tribunal de Luxemburgo, dentro de un año aproximadamente, un Abogado General examinará con detalle el caso en cuestión y emitirá un informe en el que dará su opinión, tras este dictamen el Tribunal de Luxemburgo se reunirá y se pronunciará mediante una sentencia, algo que podría llegar en un plazo de unos dos años.
Los expertos consultados ayer por este periódico advirtieron de que en el fondo no se dirimirá si la aprobación y ejecución de estos PAI, que han permitido construir miles de viviendas, ha violado el derecho a la propiedad privada de los residentes que habían adquirido hace años sus fincas. La cuestión de fondo que analizará el Tribunal de Luxemburgo es si estos PAI son un contrato público, como defienden la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) y la propia Comisión Europea, o si se trata de un contrato administrativo especial, como estima el gobierno de la Generalitat. En el primer caso, no se trata sólo de que la tramitación de estos programas urbanísticos deba seguir unos rigurosos criterios de publicación, selección y adjudicación pública, sino que se deben regir por el derecho comunitario y respetar los estrictos límites que éste impone.
Sin embargo, si se considera que un PAI es un contrato administrativo especial , ello supondrá dejar al libre albedrío de cada gobierno autonómico o local su política urbanística y los criterios de adjudicación de estos programas. "Aunque parece que se discute del sexo de los ángeles, las consecuencias son importantísimas: si prospera la tesis de los gobiernos valenciano y español, un ayuntamiento tendrá que aplicar la normativa europea de contratos públicos para comprar fotocopiadoras o para construir su nueva sede, pero para aprobar PAI valorados incluso en más de cien millones de euros, el ayuntamiento tendrá las manos libres siempre que respete la legislación autonómica. Extraño, ¿no?", explica un experto consultado.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 30/08/2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Una presa para salvar chalés ilegales
ELPAÍS/Jaén* : La oposición política y vecinal en el municipio de Los Villares (Jaén) a la construcción de la presa de laminación del río Eliche ha avivado el enfrentamiento entre los villariegos y sus vecinos de las zonas residenciales de Los Puentes, junto a los ríos que bordean la capital jiennense.
Los primeros hablan de "auténtico disparate y atentado ecológico" mientras que los inquilinos de los chales construidos ilegalmente hace décadas junto al cauce del río defienden esta infraestructura hidráulica para acabar con las inundaciones que padecen de forma periódica.
Los vecinos de Los Villares quieren frenar el proyecto de la presa en el periodo de alegaciones, que concluye el 2 de septiembre. Para ese día han convocado una manifestación en la capital jiennense. Ayer ya hubo una concentración realizada por la Plataforma Ciudadana de Defensa del Patrimonio Cultural y Medio Ambiente. Su portavoz, el arqueólogo Manuel Molinos, explicó que se trata de un pantano seco que se construiría a 89 metros de altura junto al paraje de Los Cañones, de gran valor paisajístico, que aliviaría el agua por su parte baja y, en caso de avenidas, cerraría sus puertas. Para evitar que la presa se tapone se construirá una gran malla de hierros transversalmente al río para detener los arrastres, piedras y lodos, con lo cual el agua fluiría limpia hacia la zona de Los Puentes. "Lo que se quedaría en Los Villares sería toda la basura, pero además todos los árboles se secarían y nos encontraríamos con un desierto a las puertas del pueblo", explicó Molinos. Además, la presa, sostienen Molinos, vulnera la Ley de Patrimonio Histórico al inundar 16 sitios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) por la presencia de pinturas y abrigos rupestres.
En Los Villares el consenso político y ciudadano contra la presa es total. Ya se han recogido más de 2.500 firmas contra el proyecto, en una población de algo más de 5.000 habitantes. La alcaldesa, la socialista Carmen Anguita, no teme enfrentarse a su partido, que promueve en Madrid y Sevilla esta infraestructura. "La presa es un disparate y un atentado ecológico en toda regla", sentencia.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir publicó el 30 de julio el expediente de información pública del proyecto. El coste -que financiará el Gobierno central- superará los 45 millones de euros, una cantidad a la que hay que añadir otra inversión millonaria de la Junta para el encauzamiento del río. Se calcula que costaría unos 800.000 euros por kilómetro. "Sería mucho más barato indemnizar a los propietarios de los chales; nosotros no tenemos culpa de que se permitiera construir ilegalmente", subraya la alcaldesa. El Ayuntamiento de Los Villares ha ofrecido suelo para levantar las viviendas construidas dentro del dominio público hidráulico.
La Confederación del Guadalquivir señaló en un informe de 2004 que de las 1.655 viviendas que hay que deslindar para construir la presa, 155 -en su mayoría chales de segunda residencia- están en situación ilegal al encontrarse a menos de 50 metros del cauce del río. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Fernando Calahorro, admitió que la alternativa "más adecuada" era la demolición de esos chales. Pero esa decisión se ha ido demorando por el temor a un coste político. "No entendemos que desde la Administración se dé el equívoco mensaje de favorecer a quien invade el dominio público. ¿Qué interés público se está defendiendo?", se preguntan desde el Ayuntamiento de Los Villares, que el 11 de agosto aprobó una moción de rechazo a la presa.
Mientras, los habitantes de Los Puentes temen que la oposición de sus vecinos de Los Villares aborte un proyecto que llevan esperando desde las graves inundaciones de 1996. "El muro es imprescindible para evitar las catástrofes que se han repetido en la zona", señala Luis Guzmán, presidente de la asociación vecinal del Puente de la Sierra.
* ELPAIS.com - GINÉS DONAIRE - Jaén - 30/08/2008
Foto: Jaén, ayuntamiento - andaluciarustica.com
