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EUROPAPRESS* : La asociación ecologista ARCA ha denunciado que Suelos Industriales de Cantabria (SICAN) está construyendo y urbanizando el Parque Empresarial Alto Asón "sin la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC)" y, además, lo está haciendo "sobre una llanura de inundación del río Carranza a su paso por la extraordinaria mies agrícola de Riancho", en Ramales de la Victoria.
En un comunicado, la agrupación ecologista ha recordado que venía denunciando esta situación desde hace "mucho tiempo". A su juicio, "la prueba de que tenía razón" es que hasta el 15 de enero ha estado sometido a información pública el expediente denominado 'Solicitud de autorización para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de urbanización del parque Empresarial Alto-Asón', cuando las obras "comenzaron hace varios meses y están a punto de concluir".
Dichas obras consisten en la aportación de rellenos y la instalación de viales, alcantarillado y suministro eléctrico, explicó ARCA.
"Estamos, por tanto, ante un nuevo episodio de la política de hechos consumados que se practica habitualmente en Cantabria en materia urbanística y que viene amparada por la ausencia del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que tiene congelado por voluntad personal el consejero José María Mazón", titular de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.
Según señala la asociación, SICAN "siempre ha sido consciente de que necesitaba con el permiso de la Confederación", debido, entre otras cuestiones, a que cuando se modificó el planeamiento urbanístico de Ramales y cuando se aprobó el Plan Parcial del citado polígono industrial, "la CHC evacuó sendos informes en los que requería que antes del inicio de las obras se tramitase la autorización preceptiva" de dicho organismo de cuenca.
"Pero SICAN ha hecho lo que le ha dado la gana y la CHC ha hecho la vista gorda durante todo este tiempo" asegura ARCA, para quien la "presión" que ha ejercido ha "obligado" a la iniciación de un expediente que, "como tantas veces se ve en Cantabria, es una pura pantomima sin el menor rigor técnico".
Frente a este "cúmulo de despropósitos" ARCA ha presentado ante la CHC una serie de alegaciones solicitando que deniegue la aprobación del citado expediente promovido por SICAN y que ordene la "inmediata paralización" de las obras que "está llevando acabo sin permiso, exactamente igual a como hacen cuando los infractores son personas a título particular".
ZONA INUNDABLE Y DE ALTO VALOR AGROLÓGICO
La asociación ecologista subraya que la mies de Riancho es una zona "inundable" del río Carranza. "Los periodos de grandes avenidas se han sucedido a lo largo de la historia reciente, con violentas inundaciones durante el siglo XX hasta alcanzar las viviendas del núcleo de Riancho y motivar costosas obras de restauración a cargo del desaparecido IRYDA", recuerda.
"Está realidad incómoda pretende ser desvirtuada por SICAN presentando para el cálculo de los niveles de inundación del terreno la situación topográfica posterior a los rellenos que están realizando sin permiso en la mies, cuando obviamente el estudio de inundaciones debe hacerse sobre las cotas del terreno anteriores al inicio de las obras", asegura ARCA.
Además, sostiene que los terrenos sobre los que se pretende construir el Parque Empresarial Alto Asón poseen "un gran valor ambiental y agroganadero", equivalente a la de la mies de Galizano y solo se encuentra en un 3% del territorio cántabro, por lo que, en su opinión, "debe orientarse a la producción agroganadera de calidad y a coadyuvar al desarrollo de empresas transformadoras y de turismo rural".
* Europa Press - 29.01.10
Foto: Ramales de la Victoria (Cantabria) - todopueblos.com
Cantabria: ARCA denuncia que SICAN está "urbanizando" el Parque Empresarial Alto Asón "sin permiso de la CHC"
Valencia: Rus paga 1,4 millones a contratistas por adjudicar carreteras sin tener el terreno
LEVANTE* : La Diputación de Valencia licitó la construcción de dos variantes de carreteras comarcales y locales y el acondicionamiento de una tercera. Tenía el dinero, tenía los contratistas que ejecutarían los proyectos -adjudicados en noviembre de 2006- y la voluntad política de intentar llegar a inaugurar esas vías antes de las elecciones de 2007. Pero los planes no salieron porque, con las prisas, se concedieron los contratos antes de expropiar el suelo.
El olvido provocó un retraso de dos años en el inicio de las obras. Dos años y una indemnización por daños y perjuicios a las constructoras por valor de 1.411.558,35 euros. La institución que preside Alfonso Rus, concretamente el área de carreteras que gestiona el vicepresidente Enrique Crespo, tiene que compensar a Romefer (214.383 euros), Cyes (680.920 euros) y a la UTE formada por Obras Nuevo Milenio, Obremo y Deogracias Candel, a la que la diputación resarcirá con 516.254, 42 euros.
Sin informe ambiental
Tres decretos publicados el pasado 29 de diciembre consideran legítimas las reclamaciones. En el caso de la variante de Alpuente (CV345) de Casinos a Titaguas (ejecutada por la UTE), tampoco existía informe de impacto ambiental. La "negligencia" con resultado gravoso para las arcas públicas públicas fue denunciada ayer por el PSPV, a través del portavoz provincial, Rafael Rubio, y el diputado Emili Gregori. "Pedimos que el señor Rus y Crespo pongan el dinero de su bolsillo", exigió Rubio, para acusar a los populares de "manirrotos y despilfarradores con dinero que no es suyo". "Es intolerable que luego a Rus se le llene la boca quejándose de que el Gobierno no le paga", explicó el dirigente socialista, quien proclamó que en "un país normal la fiscalía actuaría en defensa del interés general", si bien después matizó que no hay delito, es que son "burros".
* Levante-EMV - 29.01.10
Foto: Valencia, huerta - cma.gva.es
30-31 Enero: Seseña, todo un símbolo, da el pistoletazo de salida a la ‘Marcha contra la corrupción’
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NUEVATRIBUNA/Toledo* : “El fenómeno de la corrupción está íntimamente ligado al modelo productivo dominante en España en estos últimos años, en donde algunas políticas desplegadas en los ámbitos municipales, autonómicos y central, no han hecho nada más que abonar este hecho, poniendo en grave peligro la democracia y alejando a los ciudadanos de las instituciones. Los costes sociales y medioambientales que conlleva son y serán soportados por la mayoría de la ciudadanía actual y futura”.
Este es el párrafo que encabeza el manifiesto para la ‘Marcha contra la corrupción’ que el sábado partirá de la ciudad de Seseña (Toledo) y finalizará el domingo en Madrid ante las puertas del Congreso de los Diputados.
La iniciativa, que se puede consultar en una página web, ha partido de Izquierda Unida y según destacó su coordinador general, Cayo Lara, pretende ser “una llamada de atención al conjunto de los ciudadanos sobre un cáncer que corroe a la democracia”. En la marcha participará el secretario general del PCE, José Luis Centella.
La elección de Seseña no es casual. Esta población toledana se ha convertido en todo un símbolo en la lucha contra la corrupción urbanística. Desde que gobierna IU no se ha clasificado ni un solo metro cuadrado que fuese rústico en este municipio o que albergue un PAU residencial –el más grande de España- tras hacerse reclasificaciones de suelo sin un plan de ordenación municipal.
El alcalde de esta localidad, Manuel Fuentes, se ha convertido en el enemigo número uno del constructor Francisco Hernando, conocido como el Pocero, promotor de la macrourbanización construida en un secarral.
El regidor de IU ha sido objeto de cerca de 14 querellas de toda índole, la mayoría de ellas ya archivadas, lo que le ha hecho padecer todo un “calvario” en palabras Cayo Lara. Fuentes también denunció la “asfixia económica” a la que el Pocero tiene sometido al Ayuntamiento de Seseña, al que debe más de cuatro millones de euros por el impago, entre otras obligaciones, de las cuotas de urbanización, del IAE o el IBI, “una cantidad muy importante para un presupuesto de 11 millones”, dijo.
DESARROLLO URBANÍSTICO SALVAJE
Para Cayo Lara, en España existen “dos problemas importantísimos: la crisis económica, más dura que hace un año, y la corrupción. Ésta es más grave si cabe, porque es un cáncer que corroe a la democracia en sí misma y desafecta a la gente de la vida política”, aseguró.
Lara denunció que la participación de cargos públicos en actividades delictivas lleva a que desde algunas instancias se potencia “el discurso de todos son iguales y, por eso, me abstengo de participar en la vida política. Eso es lo peor que le puede pasar a una democracia que se precie, desde el punto de vista de la participación ciudadana en la cosa pública”.
El máximo responsable de IU encuadró la corrupción en un entorno económico de “desarrollo urbanístico salvaje” que, en el caso de Castilla-La Mancha, “nos ha llevado a perder una caja de ahorros --en referencia a Caja Castilla-La Mancha (CCM)--, la primera que se pierde en España”, cuya grave situación que derivó en su intervención y posterior acuerdo de adquisición por otra entidad bancaria “ha tenido mucho que ver con los ‘pelotazos urbanísticos’ y con que unos cuantos caciques se han llevado los recursos de la CCM porque se les ha permitido”.
Asimismo criticó la inexistencia de una “eficiente financiación municipal” que ha llevado a muchos alcaldes a hacer “desarrollismo y propiciar actuaciones inmobiliarios innecesarias para lograr dinero. Todo ello con un Gobierno no ha cumplido con la tan cacareada y necesaria Ley de Financiación de los Ayuntamientos para que haya suficiencia financiera”.
Según Lara, la privatización de servicios públicos “también ayuda a determinadas concesiones que hacen que se puedan hacer transferencias irregulares de recursos públicos. Esto no es más que usar el poder para el beneficio de unos cuantos. Y no digamos las tramas organizadas para la financiación de algunos partidos políticos”, que ejemplificó con casos como Filesa, Gürtel o la trama Pretoria en Cataluña.
* Nueva Tribuna - 29.01.10
Foto: Seseña (Toledo), urbanización - bottup.com
Los arquitectos vetan la fiebre reurbanizadora del Ayuntamiento con un Plan Catedral «burdo y costoso»
ELCORREODEBURGOS* : Al Ayuntamiento de Burgos le ha salido un grano en el trasero con el Colegio Oficial de Arquitectos. Primero fueron las duras críticas por el proyecto de remodelación del Parque de La Isla, que obligó al equipo de Gobierno a dar marcha atrás y a optar por gestionar por separado el proyecto y la obra. Y ahora, este colectivo de profesionales pone sus ojos sobre el Plan Catedral XXI, que el mes pasado fue presentado por el alcalde Juan Carlos Aparicio y que pretende rehabilitar el entorno de la Seo burgalesa.
Una actuación urbanística que está llamada a ser una de las principales de la actual legislatura, al afectar a una superficie de 10.000 metros cuadrados y con una inversión que ronda los cuatro millones de euros. Pero la postura del Colegio de Arquitectos es clara y rotunda: «es una solución inadecuada, burda y muy costosa». Su presidente David Dobarco fue más allá y relacionó esta «fiebre reurbanizadora de dudosa urgencia» con la ausencia de sensibilidad hacia el paisaje urbano, como es la proliferación de esculturas en la calle y los diversos elementos ornamentales como fuentes y demás mobiliario.
Consciente de la dificultad para que el equipo de Gobierno municipal rectifique acerca de este Plan como sí ocurrió con La Isla, los arquitectos confían en que los responsables del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León protejan y expliquen al Ayuntamiento «la singularidad y trascendencia» de este proyecto junto a la Catedral.
El inicio de las obras del Plan Catedral XXI, previsto por el Ayuntamiento para la primavera, está pendiente del visto bueno de Patrimonio, que el concejal de Fomento, Javier Lacalle, urgió a que no fuera más allá de dos meses. Pese a todo, se mostraban proclives a subsanar los posibles cambios que propusiera la Junta.
El Colegio de Arquitectos recuerda que se trata de un espacio emblemático y, por ello, debería estar excluido de los habituales lotes de urbanizaciones que «acostumbra contratar la Corporación municipal» y apostar por un tratamiento más específico así como un estudio más pormenorizado. Afirma- ciones en clara referencia al trabajo firmado por la empresa de ingeniería Prointec.
Dobarco explicó, desde el punto de vista técnico, que la Catedral se asienta sobre una topografía muy compleja, en la ladera del Castillo, y en torno a ella se articulan diversos espacios de enorme singularidad y valiosos edificios históricos que contribuyen a configurar un «conjunto irrepetible». Un conjunto que, según la documentación, se uniformará con la sustitución del actual pavimento de granito por otro de piezas de calcita negra de gran formato, que «no guardan ninguna relación con el espacio medieval, de carácter orgánico e irregular». En definitiva, se pierde el contexto histórico porque «no se trata de embaldosar ni de alicatar la Catedral, aunque el gres sea un buen material», ironizó el presidente del Colegio de Arquitectos.
Pero ése fue, precisamente, uno de los argumentos esgrimidos por Aparicio para ejecutar el Plan Catedral XXI al mencionar la degradación de los materiales y la diversidad de los elementos que rodean al templo. De esta manera, apuntaba que se acabaría con el «desorden visual poco coherente» en las plazas del Rey San Fernando y Santa María y en las calles Felipe de Abajo, Nuestra Señora de la Asunción, Nuño Rasura y el Arco de Santa María.
El Colegio de Arquitectos se muestra partidario de convocar un concurso para un plan de tan calado como es la mejora del entorno de la Catedral. El presidente del colectivo no mencionó las aportaciones del Consejo Asesor, formado por representantes de la Universidad, la hostelería, el Cabildo así como la cultura y el arte.
Escaso interés de fuentes y esculturas
Como en su día ya apuntó en relación al Paseo de La Isla, el Colegio Oficial de Arquitectos considera que el espacio público es el territorio de todos los ciudadanos y debe valorarse más allá de la pura acción urbanizadora. «El respeto a nuestro paisaje y su entorno natural implican un compromiso cultural esencial, porque la cultura es más que infraestructura», precisaron entonces.
En cuanto a la proliferación de elementos ornamentales como esculturas y fuentes en el centro histórico durante el último año, Dobarco mostró su «preocupación» por su «saturación, escaso interés y discutible ubicación». El presidente del colectivo de profesionales mostró su rechazo a las fuentes ornamentales -como la situada frente al Solar de la Evolución Humana-, que no están en un sitio adecuado al «estrangular» el paso de los peatones y colocada junto al río.
Recuperar el parking del Castillo
El presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos, David Dobarco, instó al Ayuntamiento a recuperar el proyecto para la construcción de un aparcamiento en la ladera del Castillo, frente a la iglesia de San Esteban. A su juicio, es necesario «convencer» a la Junta de Castilla y León, después de que la Comisión de Patrimonio informara desfavorablemente en agosto sobre la modificación puntual del Plan Especial de Protección del Castillo y del Cerro de San Miguel.
Dobarco recordó que el Programa Integral de Regeneración del Centro Histórico contemplaba ese parking al aprovechar el desnivel de la ladera, aunque el equipo de Gobierno municipal modificó la idea al proyectar un aparcamiento de mayores dimensiones. «El Ayuntamiento debe reducir el fuerte impacto de esa infraestructura y renegociar el proyecto con la Junta», afirmó el presidente del Colegio de Arquitectos. Sólo así -a su juicio- se recuperará la parte alta del centro histórico, en el entorno de San Esteban, con los vehículos particulares de los vecinos de la zona.
Encontronazos
David Dobarco lamentó los últimos ‘encontronazos’ con el Ayuntamiento puesto que el Colegio de Arquitectos siempre se ha distinguido por su colaboración con la administración local para la recuperación del centro histórico. A su juicio, el Ayuntamiento no se ajusta al documento básico que es el Programa de Regeneración Integral de esa zona y «tan sólo picotea». Una herramienta, que no está aprobada, aunque fue la base para solicitar la declaración del ARCH, el Plan Urban -del que el presidente dijo no «estar muy visible»- y la participación como jurado en el concurso del Consulado Joven.
* El Correo de Burgos - 29.01.10
Foto: Burgos aérea - diariodeburgos.es
La juez del 'caso Polop' abrirá otro sumario con la trama urbanística
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ELPAÍS/Alicante* : La investigación judicial por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, acabará en dos sumarios. El primero, para investigar estrictamente el crimen, por el que ya hay siete encarcelados, entre ellos, el sucesor de Ponsoda en el cargo, Juan Cano, considerado como el autor intelectual del complot para controlar sin oposición el urbanismo del municipio. Y el segundo indagará la trama urbanística surgida en el pueblo y amparada por Cano, en su calidad de responsable del área de urbanística del consistorio.
La magistrada del caso, la titular del juzgado número 2 de La Vila Joiosa, ha decidido deducir testimonio de las actuaciones practicadas para remitirlas a otro juzgado con el fin de iniciar otro procedimiento judicial para depurar responsabilidades de las numerosas irregularidades urbanísticas detectadas por la Guardia Civil. Así que la juez María Antonia Raedo llevará todo lo relacionado con el crimen y otro juzgado de La Vila, la investigación urbanística.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya solicitó a la juez el 3 de julio de 2008 que ampliara el procedimiento a la investigación de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Para esclarecer que el móvil fue urbanístico, la investigación de la policía se centró en la actividad que desarrolló la concejalía que dirigía Juan Cano y en los sectores especialmente conflictivos. De todo ello se deriva la sospecha de que hubo un enriquecimiento ilícito del arquitecto técnico José Vicente Martí, íntimamente relacionado con Cano hasta el punto de que cuando dejó de ser concejal en 2003, Martí y otro técnico del consistorio continuaron reuniéndose con Cano en su domicilio.
Martí creó en 2002, estando en el Ayuntamiento, la empresa Urbanismo e Ingeniería (UEI) La Marina, con la que obligaron a trabajar a todos los agentes con intereses urbanísticos, ya que la misma aprobación de los proyectos dependía de sus informes. Sólo a los del sector llamado PRI Rotonda les llegaron a cobrar 82.576,92 euros.Las diligencias policiales sobre la trama urbanística que dirigía el ex alcalde de Polop Juan Cano y por la que éste acabó ordenando a dos sicarios la ejecución de su antecesor, Alejandro Ponsoda, copan el grueso del sumario. Las diligencias del caso, miles y miles de folios, ocupan ya un total de 30 tomos.
La documentación más destacada en el apartado urbanístico recae sobre dos sectores de suelo catalogado como no urbanizable en el llamado PAU Matet, en la falda de la montaña del término de Polop. En el registro del despacho de Cano en el consistorio que efectuó la Guardia Civil el día de su detención, el pasado 23 de noviembre, apareció un plano con el avance de la modificación del PGOU de Polop para la inclusión de un nuevo sector de suelo urbanizable residencial y un procedimiento de tramitación del sector para su ampliación.
El grupo Bahía de Benidorm compró 650.000 metros cuadrados en 2005 por 3.247.000 euros. Grupo Bahía, SL, y la familia Siscar de Polop presentaron un proyecto (en este caso de alrededor de 300.000 metros cuadrados) para urbanizar en Matet, que el pleno del consistorio rechazó, a pesar de las presiones que soportó Ponsoda. Ya en 2003, Román Zurutuza, abogado y presidente del Club Náutico de Altea, había presentado un convenio para urbanizar otros 700.000 metros cuadrados.
La Guardia Civil estuvo esperando una reunión que se produjo el 21 de julio de 2008 en el Ayuntamiento en la que habrían estado Cano y Montiel por el consistorio, Pedro Agulló en representación de Bahía y el propio Román Zurutuza. Algunas conversaciones grabadas a Cano dejan al descubierto que estaban buscando fórmulas para eludir la intervención de la Generalitat, ya que en Polop no se puede reclasificar terreno si no está desarrollado el 60% del suelo urbanizable existente. Y cuando empezaron a tramar esta operación para construir miles de viviendas, en 2003, ni siquiera se había urbanizado un 10% de los sectores.
Otro sector investigado en profundidad fue el que se adjudicó en agosto de 2004 a una Agrupación de Interés Urbanístico que animó a crear Ponsoda y que presentó su alternativa técnica contra Balcón de Ponoig, SL, la empresa a la que pretendía adjudicarle la condición de agente urbanizador Juan Cano, que luego ha retrasado la publicación del proyecto de reparcelación que presentaron los propietarios. Es más, le dijo a la presidenta de los propietarios que nunca se aprobaría. Sin embargo, la agrupación alquiló para sus reuniones un local propiedad de la mujer de Cano por el que pagaron casi 12.000 euros entre 2005, 2006 y 2007.
La justificación dada por la responsable fue que con ese gesto intentaron limar asperezas con Cano, que aunque durante esos años no era concejal, mantenía su capacidad de influencia política en el pueblo.
* ELPAIS.com - 29.01.10
Foto: Polop (Alicante) - virtualtourist.com
