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INFORMACIÓN/Alicante* : Un juzgado de Orihuela investiga por un presunto delito urbanístico y prevaricación al primer edil de Bigastro, José Joaquín Moya, por autorizar la ubicación de dos depósitos de gas propano subterráneos con capacidad para 49.500 litros en una zona verde de uso público de más de mil metros cuadrados.
La investigación intenta esclarecer cómo la empresa constructora ha ubicado la instalación sin que haya mediado un acuerdo del pleno, ni de junta de gobierno, en el que se cambie la calificación del uso de la parcela. Un cambio, que según los denunciantes, el grupo municipal del Partido Popular, exigiría una modificación puntual del Plan General. La denuncia, con diligencias abiertas bajo secreto sumarial, afirma que para la construir los depósitos se habría realizado un "cambio de uso unilateral e ilegal de una parcela dedicada a zona verde a un uso privativo de venta y reparto de gas propano" sin la autorización de la Conselleria y, además, "sin contraprestación alguna" al ayuntamiento de Bigastro.
La administración local aprobó el proyecto de reparcelación de este sector en un pleno del 11 de abril de 2005. En diciembre de 2007 el alcalde, Joaquín Moya, dicta un decreto en el que la citada parcela, la 53, denominada "jardín JL-5" no tiene ninguna carga adscrita por ser "zona verde pública y no tener asignada ninguna edificabilidad ni residencial ni terciaria". En el diario oficial de la Generalitat apareció en mayo de 2007 una resolución de la Conselleria de Infraestructuras una autorización para la instalación, solicitada por Repsol y que, según la denuncia cuentan, a pesar del citado uso público, con informes favorables de técnicos municipales. Para el portavoz municipal del PP, Aurelio Murcia, difícilmente esta sociedad realizaría una inversión de tal entidad sin un visto bueno municipal. La zona verde está vallada y sin acceso al público como se muestra en la imagen.
Polígono y pleno
Por otra parte, anoche estaba prevista la celebración de un pleno ordinario para el que constaban 20 puntos del orden del día de los que se "cayeron" seis a última hora. Entre los que quedaron estaba el proyecto para soterrar una línea eléctrica aérea de media tensión en el polígono industrial. Varios de los 16 empresarios afectados han denunciado al Consistorio porque entienden que es el propio Ayuntamiento como urbanizador en su día el que debió soterrar la línea repercutiendo su coste sobre todos los propietarios.
Además, el equipo de gobierno del PSOE aprobó la memoria valorada del proyecto del centro deportivo. En este sentido el Partido Popular tenía previsto recordar que el Ayuntamiento se está planteando sobre un suelo que está bajo disputa judicial, en concreto, parte del campo de futbol "municipal" es reclamado por una familia.
El pleno tenía previsto además aprobar los nombramientos de juez de paz, sin el consenso de la oposición, y la modificación al alza del canon anual de basuras dado que la empresa concesionaria debe abordar con garantías nuevas zonas de recogida de basura.
* Información - D. P. - 27.05.2008
Foto: Imagen de la ´zona verde´ de más de mil metros cuadrados vallada - ANTONIO SÁNCHEZ, diarioinformacion.com
Bigastro: Investigan por presunto delito urbanístico el visto bueno a un depósito de gas en zona verde
Marbella negocia con un procesado en Malaya las obras de un aparcamiento
ELPAÍS* : Las ansias por desbloquear la construcción de unos aparcamientos y unas pistas deportivas municipales en pleno centro de Marbella han hecho que la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP) acuerde con dos promotoras, una de ellas de uno de los procesados en el caso Malaya, la concesión de un permiso de obras en un terreno cuya titularidad -si pública o privada- aún se discute.
La parcela Francisco Norte, de 17.000 metros cuadrados y en pleno centro de la ciudad, fue municipal y estaba destinada a convertirse en una instalación deportiva. A fuerza de convenios y cesiones rubricadas durante la etapa de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) acabó en manos privadas y con un proyecto de urbanización frustrado.
Un informe del vicesecretario municipal considera nulos de pleno derecho los convenios, el expediente de desafectación y las permutas realizadas sobre este terreno. Ante esta situación, ha aconsejado "revisar de oficio" los convenios de permuta. Las valoraciones de la parcela, que cambió de manos en virtud de dos convenios ratificados el 17 de octubre de 1996 y el 26 de noviembre de 2002, se investiga en una pieza separada del caso Malaya, en la que se encuentra imputado el prresunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca.
En su informe, el vicesecretario Javier A. de las Cuevas recoge las opciones que tiene el Ayuntamiento marbellí ante esta situación. En el caso de que decidan reclamar como propios esos terrenos, algo sobre lo que el equipo de gobierno no se ha pronunciado abiertamente, pueden recurrir a la expropiación. También se baraja la posbilidad de contemplar en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el subsuelo, donde van los aparcamientos, tenga la clasificación de "dotacional privado" y que el suelo, donde se instalarían las instalaciones deportivas, sea cedido "gratuitamente" al Ayuntamiento, "tal y como se recoge en el borrador del documento que presentan las dos promotoras afectadas", la sociedad Naviro Inmobiliaria 2000 S.L., propiedad del constructor granadino procesado en el caso Malaya José Avila Rojas, y Conservera Celta S.A.
Según fuentes municipales, Naviro Inmobiliaria es propietaria de la superficie del terreno y se ha mostrado dispuesta a cederlo a cambio de que se conceda la licencia de obra para el aparcamiento subterráneo, cuya construcción y explotación quedaría en manos de la sociedad Conservera Celta, S.A.
El grupo municipal del PSOE, en la oposición, insistió ayer en que el Ayuntamiento debe recuperar la titularidad del bien para evitar que la promotora consolide el aparcamiento como propio. "El hecho de que Ávila Rojas ceda gratuitamente la superficie no debe ser una gracia de la promotora, sino un derecho del Ayuntamiento", incidió Susana Radío, portavoz del grupo socialista.
Tanto el PGOU vigente, de 1986, como el nuevo planeamiento aprobado inicialmente en julio de 2007, recogen que tanto el suelo como el subsuelo del Francisco Norte son de titularidad pública. La Comisión Gestora ya abrió un expediente sancionador contra Naviro Inmobiliaria 2000 por haber realizado la obra sin tener aprobado el proyecto de ejecución. Según el edil socialista Javier de Luis, esta sociedad acumula hasta seis millones en sanciones urbanísticas.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 27/05/2008
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
La sentencia denuncia la ´impunidad´ en Andratx contra las obras ilegales
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DIARIODEMALLORCA* : La primera sentencia del caso Andratx pretende, no sólo condenar a los culpables, sino también establecer los límites a la construcción ilegal. Más allá del encaje en el código penal que ha supuesto la actuación de todos estos personajes de Andratx, al tribunal se muestra preocupado ante la "sensación de impunidad" que ha notado en este municipio frente a las construcciones ilegales.
No entienden los jueces que jamás se haya derribado una obra ilegal en el municipio de Andratx, con el peligro que ello supone. El juez Yllanes, autor de esta sentencia, menciona el gran peligro que conlleva para un territorio insular la sobreexplotación, al referirse, claro está, a la construcción que se lleva a cabo sin ningún tipo de control ni rigor.
Sin embargo, a juicio del tribunal, esta preocupación por el desarrollo urbanístico sostenible no es el criterio que ha perseguido ni el ex alcalde Hidalgo ni sus colaboradores, en especial Massot. Más bien todo lo contrario. A Hidalgo "no le preocuparon lo más mínimo los intereses colectivos", sino que fue su "personal y particular satisfacción la que guió su conducta para edificar en suelo rústico". Así lo cree el tribunal, que entiende que el ex alcalde del PP no hubiera podido hacer nada de lo que hizo sino hubiera contado con la "inestimable ayuda de su amigo Massot", que conocía muy bien todas las irregularidades que estaba cometiendo cuando firmó la licencia para que Hidalgo levantara una nave agrícola en un terreno protegido. El tribunal afirma que el técnico que fichó el ex presidente Matas para que fuera director general de Ordenación del Territorio no dejó nunca de dominar el urbanismo en Andratx. Era tanto su control sobre la política urbanística en Andratx que no le preocupó dar un "cheque en blanco" al alcalde para que edificara en su parcela sin ningún tipo de límites.
Con la misma contundencia se pronuncia el tribunal sobre la actuación del abogado Ignacio Mir, que apoyó con un informe jurídico la licencia del alcalde. La Sala cree que el abogado podría haber frenado esta irregularidad, pero no lo hizo. Mir no tendrá que ingresar en prisión, pero no podrá trabajar para la administración.
Capítulo aparte le merece también al tribunal la tramitación del expediente sancionador. El juez lo califica de "paradoja de las irregularidades" y culpa de ello a Massot, que no sólo se preocupó por conceder una licencia ilegal, sino por controlar un expediente para que al final fuera declarado nulo.
* Diario de Mallorca - J.F.MESTRE/F.ARMENDÁRIZ. PALMA - 27.05.2008
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
Alcoi da por tercera vez licencia a la planta de basuras declarada ilegal
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Alcoi no desiste en su empeño de que la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos de la Partida de Sant Benet funcione, pese haber sido declara ilegal por el Tribunal Superior de Justicia y acumular sentencias contrarias a su puesta en funcionamiento.
La Junta de Gobierno Local, que preside el PP, aprobó ayer la solicitud de la licencia definitiva de funcionamiento del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Sant Benet. Es la tercera ocasión en que el gobierno de Alcoi realiza este trámite. Como consecuencia de las denuncias judiciales presentadas por los vecinos afectados por la planta, las dos anteriores licencias de actividad solicitadas por el Ayuntamiento fueron desestimadas por un juzgado de Alcoi, en diciembre de 2007, y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en agosto de 2003.
Este tribunal declaró ilegal la instalación un año antes, en julio de 2002. Según la sentencia, la instalación fue construida siguiendo un proceso poco riguroso e incumplía entre otros asuntos la distancia mínima de dos kilómetros respecto a un núcleo de población para llevar a cabo una actividad industrial calificada de molesta, insalubre, nociva y peligrosa. El TSJ invalidó además en noviembre de 2005 el plan urbanístico de la planta sobre el que se apoyó el Ayuntamiento de Alcoi para construirla. El TSJ dejó también sin efecto la resolución del Consell que hacía prevalecer la construcción de la instalación sobre el interés de los vecinos. Pese a todas estas resoluciones judiciales contrarias, el Ayuntamiento autorizó la puesta en marcha de la planta "en periodo de pruebas" en octubre de 2005. Hacía más de dos años que la instalación había sido inaugurada por el entonces alcalde de Alcoi, Miguel Peralta y Fernando Modrego, a la sazón consejero de Medio Ambiente. Este acto tuvo lugar en febrero de 2003. Dos años después, la planta comenzó a recibir residuos en condiciones deficientes, sin los viales de acceso a la instalación y sin servicios de agua y luz. Sus responsables han suplido esta carencia con la instalación de un equipo electrógeno y un depósito de 10.000 litros de agua.
La planta ha superado con creces el periodo máximo de tres meses permitido para el funcionamiento en periodo de pruebas que marca la ley. En este tiempo ha recibido una media de 70.000 kilos de residuos, que proceden de Alcoi y de poblaciones cercanas.
Antes de la colocación de la primera piedra de la instalación, en julio de 2000, el proyecto ya había quedado salpicado por la polémica. Uno de los mayores escándalos lo provocó la difusión del estudio de impacto ambiental de la planta, que era una copia literal del realizado para el parque temático de Terra Mítica de Benidorm, con errores incluidos. Durante las obras, los vecinos de la partida de Sant Benet denunciaron las irregularidades en la construcción, así como las molestias que la instalación iba a generarles. El colectivo logró reunir 6.000 firmas contra la planta. Al final costó dos millones y medio de euros, 781.000 euros por encima del presupuesto inicial. A esta cifra hay que sumar el gasto, sin calcular, que el Ayuntamiento de Alcoi ha realizado en los pleitos contra los vecinos para mantener la actividad de una instalación declarada ilegal.
Cronología
- 07-2000. Arrancan las obras con protesta vecinal.
- 07-2002. El TSJ declara ilegal la planta por su proximidad al núcleo urbano.
- 02-2003. La planta se inaugura sin luz ni agua.
- 08-2003. El TSJ anula la licencia de actividad de la planta del Ayuntamiento.
- 10-2005. Entra en servicio.
- 11-2005. El TSJ declara nulo el plan especial.
- 12-2007. Un juzgado de Alcoi anula la segunda licencia de actividad.
* ELPAIS.com - LUCÍA GADEA - Alcoi - 27/05/2008
Foto: Alcoi (Alicante), puente - wikipedia.org
El Tribunal Supremo ratifica la paralización de las obras de Puerto Mayor
LAOPINIÓN/Murcia* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la suspensión cautelar de las obras del puerto deportivo El Estacio de La Manga del Mar Menor, en San Javier, solicitada por la Administración estatal y dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en 2005.
La nueva sentencia desestima las alegaciones de las empresas que acometieron las obras -Puerto Mayor S.A., Urmenor S.A. y Puerto Menor S.A.- y confirma la decisión del TSJ.
El tribunal murciano había aprobado en junio de 2005 la suspensión cautelar de las obras, que en aquella fecha estaban en ejecución o pendientes de ejecutar, "pero solamente en la zona de dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal y que obedezcan a modificaciones introducidas después de la concesión inicial, y en particular en los años 1988 y 2001".
El auto del TSJ, confirmado por la misma sala tres meses después, autorizaba también a los promotores a realizar "las obras indispensables" para conservar lo construido hasta entonces, en espera de una solución definitiva del contencioso judicial.
En octubre de 2004, el Estado había acudido al TSJ ante la desestimación del requerimiento efectuado al consejo de gobierno de la Región de Murcia para que declarase nulas las resoluciones dictadas en 1988 y 2003, respectivamente, que ampliaban el plazo de ejecución del puerto deportivo y alzaban la suspensión de las obras. Además, el Estado instaba al Gobierno murciano a declarar la caducidad de la concesión otorgada en 1975 para construir las instalaciones portuarias.
Al decretar la suspensión, el TSJ recordaba en 2005 que la ampliación del plazo de ejecución exigía a los promotores una Declaración de Impacto Ambiental y un proyecto adaptado a ella, y precisaba que las dos modificaciones del proyecto inicial presentadas en 1988 y 2001 no habían obtenido el preceptivo informe de la administración estatal y, por tanto, no deberían haber sido autorizadas por el Gobierno autonómico.
En su recurso ante el Tribunal Supremo las empresas constructoras alegaron, entre otros argumentos legales, que el auto judicial carecía de motivación suficiente y podría acarrearles unos perjuicios de difícil reparación.
En todo caso, la sentencia del TS recuerda a los promotores que fue su propia demora inicial en acometer las obras -desde 1975 a 1986- "la que determinó la aplicación de la nueva normativa medioambiental y el traspaso de competencias a la Región de Murcia, cuyo interés prevalente, por otra parte, no puede ser otro que el de la protección del dominio público marítimo terrestre".
Los magistrados del TS respaldan así la decisión de sus colegas del tribunal murciano, que "perciben e intuyen", sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, que pueden ser anulables de pleno derecho las resoluciones del Gobierno autonómico de 1988 y 2003, y que son más sólidos los argumentos esgrimidos por el Estado para paralizar las obras que los de los promotores para pedir su continuación.
* La Opinión de Murcia - 27 de mayo de 2008
Foto: Puerto Mayor - Murcia - la verdad.es
El fiscal reclama cárcel para los ediles que no destinen suelo a pisos baratos
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ELPAÍS* : El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha pedido al Gobierno que reforme el Código Penal para poder perseguir a los alcaldes que no destinen suficiente suelo a Vivienda de Protección Oficial (VPO). Vercher quiere perseguir a los alcaldes que no reserven al menos el 30% del suelo a este fin, como marca la Ley del Suelo de 2007.
Así lo revela la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El fiscal recuerda el "reconocimiento del derecho constitucional a la vivienda", pero señala que "con frecuencia se dan irregularidades" con la vivienda protegida. Los alcaldes incumplen el porcentaje de suelo destinado a estas casas y es imposible perseguirlos.
El fiscal ha pedido al Ministerio de Justicia que añada un nuevo apartado en uno de los artículos del Código Penal contra la malversación: "La Autoridad o funcionario que diere al suelo [...] destinados a satisfacer fines de primera necesidad o relacionados con la sostenibilidad, una aplicación distinta a la que le corresponda, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años". La redacción permitiría ir también contra las recalificaciones abusivas de suelo protegido.
El informe señala que la corrupción urbanística es cada vez más sofisticada. En Cádiz "se ha observado un progresivo aumento del carácter organizado de las conductas delictivas vinculadas al urbanismo, probablemente al amparo de la generalizada sensación de impunidad" y "han aflorado conductas delictivas que por su carácter complejo y organizado van más allá de lo que hasta ahora eran los comportamientos delictivos detectados".
Ya no se trata de un particular que construye un chalé en suelo rústico, sino que se trata de grandes construcciones (urbanizaciones enteras) con aval de arquitectos, técnicos, ayuntamientos, entidades bancarias... A menudo, detalal el texto, las investigaciones empiezan en Medio Ambiente y acaban en Anticorrupción, como ocurre en Baleares.
Una de las quejas más repetidas por los fiscales de Medio Ambiente es la falta de colaboración de ayuntamientos y autonomías. Entre los que no colaboran -sería más breve dar los que sí- cita a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, Málaga, la Generalitat Valenciana, la Generalitat catalana (especialmente en Barcelona y Tarragona), los Mossos d'Esquadra, o las administraciones de Aragón, entre otros. En la provincia de Málaga, la fiscalía denuncia que los ayuntamientos tienen "una actitud más bien complaciente y poco beligerante" con estas infracciones. Sobre Murcia, explica que los responsables autonómicos "aparentemente también ven con buenos ojos" las investigaciones, pero sólo "hasta que comprueban que son ellos los que pueden estar siendo investigados".
Y aunque la actitud de las autonomías ha mejorado, los municipios siguen siendo reacios a perseguir la corrupción, como señala en Cádiz: "La actuación de las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística, fundamentalmente los ayuntamientos, no tiene lugar en la forma que sería de desear. Ya no sólo por la inaplicación generalizada de la demolición de las construcciones [...] sino como una palmaria dejación de las facultades de inspección previa, de sanción y de restablecimiento de la legalidad".
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 27/05/2008
Foto: Viviendas en construcción - PRADIP J. PHANSE, ELPAIS.com
El Defensor del Pueblo alerta de que Guadarrama está amenazada
ELPAÍS/Madrid* : La sierra de Guadarrama contiene una gran riqueza paisajística y medioambiental. Las cumbres de bosque mediterráneo son reducto de varias especies protegidas, como águilas imperiales y buitres negros. Acoge, además, a otras 1.200 especies animales. Pese a ello, sólo está preservada por una norma regional que tolera abusos urbanísticos, hasta el punto de que las asociaciones ecologistas calculan unas 60.000 viviendas proyectadas a ambos lados de la sierra.
El Defensor del Pueblo ha reprendido al Gobierno regional de Esperanza Aguirre (PP), en un escrito del pasado 4 de abril, por el retraso en dotar de la máxima protección a la sierra de Guadarrama. Hace más de dos años que la Comunidad tramita el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para la sierra. En el documento, el alto comisionado considera "innegable que la riqueza de la sierra, histórica, cultural y social está hoy amenazada, tanto en la parte de Madrid, como en Segovia y Ávila".
El Ejecutivo regional se excusa en la dificultad para redactar el PORN, que fija los diferentes grados de protección de la zona, y, sobre todo, en el cambio de la norma estatal que regula los parques nacionales. En abril de 2007, el Congreso aprobó una modificación de la ley de parques nacionales. Aguirre alega que este cambio ha obligado a rehacer el PORN, aprobado unos meses antes. Y así ha transcurrido un año en el que los técnicos regionales redibujan los límites de la sierra.
Ahora, el Defensor del Pueblo, en respuesta a una queja presentada por CC OO, considera que escudarse en la nueva ley nacional "no es motivo para no preservar la sierra cuanto antes de más transformaciones". La norma que regula los parques nacionales, aclara, "es inaplicable al PORN", ya que Guadarrama aún no es parque nacional.
El alto comisionado no comprende "cómo resulta imprescindible adaptar los contenidos del documento [el PORN] a la nueva ley ni que sea necesario abordar 'modificaciones pertinentes' que no se explican mínimamente, ni menos por qué éstas tienen que ser 'forzosamente sustanciales". No es la primera vez que el Defensor del Pueblo se pronuncia sobre Guadarrama. En octubre de 2007 ya calificó como "confuso" el plan del Gobierno regional para proteger la sierra. Además, le reprochó "el injustificado retraso" en remitir la información para analizar la queja de CC OO, planteada hace dos años.
Detrás de los argumentos que esgrime el Ejecutivo regional se esconde la presión urbanística de los municipios del entorno, según varias asociaciones como Ecologistas en Acción, Centaurea o Allende Sierra. Recuerdan que los 71 pueblos de ambos lados de las escarpadas cimas de Guadarrama han planeado construir cerca de 60.000 nuevas viviendas, según datos de 2006.
"El Defensor se ha mostrado sin duda muy crítico con la Comunidad por el retraso del PORN", afirma José Luis Díaz, portavoz de Medio Ambiente de CC OO. El sindicato emitió la queja en octubre de 2006, al entender que hay "incumplimientos muy graves en el PORN". Díaz puso como ejemplo que la zona conocida como la Cerca de Felipe II, que discurre por El Escorial y alcanza hasta Collado Villalba, unas 12.000 hectáreas de gran riqueza ambiental, está declarada Bien de Interés Cultural. Estos terrenos estaban contemplados inicialmente por el PORN con una alta protección. "Ahora, desde la Comunidad sólo incluyen un tercio de este territorio", protesta Díaz.
Cinco años de promesas
La idea de proteger la sierra de Guadarrama, el mayor espacio natural de la región, surge en 2003. Entonces la Comunidad de Madrid, presidida por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), se comprometió a iniciar los trámites para dotarla de la máxima protección: convertirla en parque nacional.
Para ello tenía que elaborar antes el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), un dibujo de los recursos naturales, su importancia ecológica y los diferentes grados de protección del territorio.
En noviembre de 2006, ya con Esperanza Aguirre como presidenta, el Gobierno regional aprobó un borrador del PORN, en el que reservaba 35.000 hectáreas para el parque nacional de la sierra de Guadarrama. Pero este plan duró muy poco.
Seis meses más tarde el Congreso aprobó una modificación de la norma sobre estas zonas, que gozan de la máxima protección. Y esto ha servido a la Consejería de Medio Ambiente para dilatar durante más de dos años la preservación de la sierra. Una buena excusa para hacer olvidar las palabras de su ex titular, Mariano Zabía, que se comprometió hace cuatro años a que la sierra de Guadarrama sería parque nacional en 2007.
En la vertiente castellanoleonesa, las cosas no van mucho mejor. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, se ha mostrado reticente a sacar adelante el proyecto. Aduce que la calificación de la sierra como parque nacional no respetaría los usos tradicionales, en alusión a la caza, pesca, ganadería, pero sobre todo la tala forestal con usos comerciales.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 27/05/2008
Foto: Un excursionista contempla el paisaje en La Pedriza - SANTI BURGOS, elpais.com
Valencia y su metrópolis perdida
LEVANTE* : Valencia corre el riesgo de sufrir, en un futuro inmediato, un declive similar al que se atribuye a Barcelona, donde la reciente llegada del AVE no ha solucionado las evidentes carencias en materia de planificación de infraestructuras para el transporte y el suministro de servicios como el agua y la luz.
Justamente cuando Valencia somete a revisión su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con una cierta falta de amplitud de miras para asumir su carácter metropolitano, los analistas atribuyen ahora el declive de la capital catalana a la pérdida de su papel como área metropolitana tras la disolución de la Corporación del Gran Barcelona, creada en 1974 y desmantelada en 1987 por el gobierno autonómico, presidido entonces por Jordi Pujol (CiU).
El paralelismo entre Barcelona y Valencia es evidente, porque aquí desaparecieron la Corporación Gran Valencia, creada en 1949, y el Consell Metropolità de l'Horta (CMH), liquidado en 1999 durante la etapa en que presidía la Generalitat Eduardo Zaplana (PP). La diferencia es que Valencia cuenta ahora con una oportunidad de oro -la revisión de su PGOU- para asumir el papel metropolitano que le corresponde, ya que "la ciudad real es de 1,5 millones de habitantes, no de 850.000; no es sólo la capital administrativa, sino un todo continuo que incluye los cuarenta y tantos municipios de la corona metropolitana", sostiene el urbanista Gerardo Roger. Para él, el planeamiento del PGOU de Valencia es "excesivamente limitado" y debe modificarse con una visión territorial distinta y amplia para atender, de forma coordinada, todos los retos "urbanísticos, de infraestructuras y vivienda". Se pregunta, al respecto "por qué en 1949 sí se pudo hacer un plan metropolitano para Valencia y su cintura y en el 2008 no".
La fórmula, según Roger, sería la creación de algún órgano de gestión intermunicipal adscrito a la Generalitat.
El modelo de Londres
José Quintás Alonso, uno de los analistas que más ha estudiado el caso de Valencia, plantea una hipótesis absurda para entender la necesidad de un plan metropolitano: "¿Alguien comprendería -pregunta- que desmembráramos Valencia en 80 barrios, cada uno con su planificación diferente?". Y añade: "¿Por qué, pues, si es evidente que la ciudad continúa donde empieza Mislata, no se aborda la creación de un ente supramunicipal que coordine a los 45 municipios del área metropolitana?".
Recuerda Quintas el ejemplo de Londres. Durante el gobierno de la conservadora Margaret Thatcher se suprimió la corporación metropolitana londinense, pero tras la victoria de Tony Blair los laboristas convocaron un referéndum en el que se preguntó a los ciudadanos si querían tener un alcalde metropolitano. Venció el sí, lo que permitió a Londres recuperar entre los años 1999 y 2000 su autoridad metropolitana, justamente por las mismas fechas en las que la Generalitat Valenciana tomaba la decisión contraria disolviendo el CMH. "Si se pudo recuperar en Londres, se puede recuperar aquí", afirma Quintás.
Las posturas de Quintás y Roger no son excepción. En las últimas semanas se ha hecho patente un clamor entre urbanistas, economistas, arquitectos, ingenieros y políticos a favor de una Valencia metropolitana que no logra consolidarse y que puede ser inviable, definitivamente, si no se reorienta el nuevo PGOU. Esa opinión crítica ha sido la más extendida entre los 70 expertos consultados a propósito del encuentro sobre la revisión del PGOU organizado esta semana por el PSPV. El economista Josep Sorribes y el ingeniero Vicente Monte han criticado la ausencia de dimensión y planificación metropolitana del PGOU, que causará graves problemas de movilidad.
* Levante-EMV - Vicente Aupí - 25.05.2008
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
Complicidad social con la corrupción en Almería
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ELPAÍS* : La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007, de 75 folios, destaca que las condenas por delitos ambientales y urbanísticos han pasado de 302 en 2006 (148 por urbanismo) a al menos 414 en 2007 (190 por urbanismo). El aumento en condenas es de un 37% en el segundo año del funcionamiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.
El ritmo de aumento difícilmente se pueda mantener, ya que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dado al traste con proyectos inmobiliarios. Así, la fiscalía de Almería ha pasado de 118 diligencias penales en 2006 a 88 en 2007. La memoria de Almería señala entre las causas "el descenso de la producción del sector de la construcción experimentado a nivel nacional que lógicamente habrá repercutido en la edificación de viviendas ilegales".
Uno de los puntos más llamativos es la crítica de que en Almería existe una complicidad social con la corrupción urbanística, en especial con la construcción de viviendas ilegales. "La pasividad, cuando no complicidad, de autoridades y funcionarios de las diferentes Administraciones y de cuantas personas y entidades están llamadas a ejercer un control sobre esta materia, abonándose con ello el terreno para la corrupción públicos y privados. Entre los primeros llama la atención la actuación de cargos, representantes y funcionarios de ayuntamientos, ya imputados en algunos casos, y entre los segundos, profesionales (arquitectos, ingenieros...) gestores, compañías suministradoras de servicios, como el agua, la electricidad y otros que incumpliendo sus obligaciones han favorecido esa ilícita actividad, dando lugar a lo corrupción privada".
Todos imputados
Y prosigue: "En esta situación de pasividad se encontraría también la sociedad, que salvo excepciones de organizaciones ecologistas o algún particular que han denunciado actuaciones ilegales, ha permanecido indiferente". En Almería hay pueblos, como Zurgena, con todos los ediles imputados por permitir pisos ilegales.
Aunque el fiscal de Navarra señala irónicamente que la comunidad se ha salvado de la corrupción porque "no es zona marítima y no tiene costa", el informe revela que la corrupción urbanística se desplaza de la costa al interior. La fiscalía de Málaga insiste en "la expansión hacia el interior del modus operandi delictivo que sólo existía en la costa y que implicaba numerosas denuncias por prevaricación".
* ELPAIS.com - R. M. - Madrid - 27/05/2008
Foto: Zurgena (Almería), zona viviendas ilegales - ideal.es
Cuatro años de prisión para el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo por construirse un chalet ilegal
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EFE/Mallorca* : La Audiencia Provincial de Palma ha sentenciado a cuatro años de prisión al exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, y a tres años y seis meses al exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern balear Jaume Massot por la construcción ilegal de un chalet del primer edil de este municipio de Mallorca.
Por esta misma razón, el exasesor legal del Ayuntamiento Ignacio Mir ha sido condenado a un año de cárcel, y a cuatro meses el excelador municipal Jaume Gibert.
El tribunal ha condenado al exalcalde a demoler a su costa la vivienda construida o sufragar los gastos de demolición si se encarga de ella la Administración competente. En virtud de la sentencia, tanto el exprimer edil del PP como el exdirector general en el Ejecutivo autonómico popular presidido por Jaume Matas ingresarán en prisión, dado que sus penas superan los dos años de cárcel.
En un área protegida
El ponente del tribunal, el magistrado Juan Pedro Yllanes, ha sido el encargado de dar lectura a una parte de la resolución judicial, la referida a los hechos probados y el fallo. Esta sentencia corresponde a la primera pieza del juicio oral por el llamado caso Andratx, referida en concreto a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos en un terreno propiedad del exalcalde Eugenio Hidalgo considerado área protegida, y cuya vista se celebró entre el 5 y el 8 de mayo pasados.
En el caso del exalcalde de Andratx, la condena ha sido de un año de prisión e inhabilitación de ocho años para desempeñar cargo público por un delito de prevaricación administrativa; y tres años de prisión y suspensión de cargo público e inhabilitación como promotor urbanístico por un delito contra la ordenación del territorio. En el segundo delito, el tribunal ha considerado la circunstancia agravante de "prevalerse de su carácter público" como alcalde. Además, deberá pagar 60.000 euros y ha sido condenado a abonar dos sextas partes de las costas procesales causadas.
El exdirector y el exasesor
El exdirector general de Ordenación del Territorio ha sido condenado como autor directo de prevaricación urbanística a dos años de prisión e inhabilitación para cargo público por 10 años. También ha sido sentenciado a un año y seis meses más como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, el mismo tiempo que estará inhabilitado para cualquier empleo o cargo público de promoción urbanística. Deberá satisfacer una multa de 27.000 euros por el delito contra la ordenación del territorio y dos sextas partes de las costas.
El exasesor legal del Ayuntamiento de Andratx José Ignacio Mir ha sido condenado a un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación administrativa, y deberá abonar una sexta parte de las costas.
Apariencia de uso agrícola
En el caso del excelador de obras del consistorio, como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, pero con la circunstancia atenuante "muy cualificada de colaboración con la justicia", la pena es de cuatro meses de prisión, y 18 meses de suspensión de cargo público e inhabilitación para la promoción urbanística. La multa que le corresponde es de 3.000 euros y una sexta parte de las costas.
En la lectura de la sentencia, el magistrado Yllanes ha hecho un relato cronológico de los hechos, desde que el exalcalde adquirió una tierra de huerto, el 6 de agosto del 2002, hasta que en julio del 2006, ya bajo investigación, realizó alteraciones en el chalet para darle apariencia de uso agrícola.
* El Periódico - EFE - Palma - 26.05.2008
Foto: Andratx (Mallorca), construcciones costa - efe, diariodemallorca.es
Contra la Urbanización de la Sierra de Candeleda
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PLATAFORMACONTRAESPECULACIÓN* : A pesar de las más de 8.000 firmas presentadas en el Ayuntamiento de Candeleda, el pasado 14 de mayo comenzaban a trabajar las máquinas enviadas por la Promotora Dávila Monteblanco, SL, en el paraje conocido como Arroyo de Castañarejo, dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, para acometer las obras de abastecimiento de agua a la Urbanización Candelas de Gredos, proyectada en el paraje de Navalpilón en el término municipal de Candeleda (Ávila).
Con fecha de 29 de mayo de 2003, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Candeleda informó favorablemente a la solicitud de ocupación de terrenos del Monte de Utilidad Pública nº 5 para instalación de tubería de abastecimiento de agua y depósito, llevado a cabo por la promotora Dávila Monteblanco.
La Junta de Castilla y León autorizó la ocupación por resolución de 17 de junio de 2.004, estableciendo un plazo de caducidad de un año para el inicio de las obras.
Con fecha de 12 de mayo de 2005, la Confederación Hidrográfica del Tajo accedió a la solicitud hecha por Dávila Monteblanco, SL de abastecimiento de agua para la Urbanización Candelas de Gredos, obligando al promotor a iniciar las obras en un mes y a que estuviesen concluidas en un período de un año desde el inicio de las mismas.
A la vista de estos datos, tanto el permiso de ocupación de Monte Público, como la concesión de aguas por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo tenían fecha de caducidad.
Pues bien, pasados casi cuatro años desde que expirase el plazo de ocupación de Monte Público y tres desde la concesión de aguas, el promotor Dávila Monteblanco SL, inicia las obras de abastecimiento de agua en el Arroyo de Castañarejo.
A primera hora de la mañana del día 14 de mayo, un Agente del Servicio Territorial de Medioambiente de la Junta de Castilla y León denuncia a la empresa por no tener los permisos vigentes para la realización de las obras. Sin embargo el operario de la máquina, tras una llamada a la empresa y tras tener la denuncia en su poder, continúa con los trabajos.
A través de asociaciones y particulares integrantes de la Plataforma contra la Especulación Urbanística de Candeleda, se informa de tales hechos al Ayuntamiento de Candeleda y se pone en conocimiento de la Guardia Civil, quien decide comunicarlo al SEPRONA.
El Ayuntamiento de Candeleda afirma no tener conocimiento de las obras y en principio, no actúa en consecuencia.
El jueves, 15 de mayo, es el SEPRONA de la Guardia Civil quien ordena que se paralicen las obras interviniendo de oficio al efecto.
Por estos hechos, el próximo sábado 17 de mayo a las 13:00 horas hay convocada una concentración en la Plaza del Castillo de Candeleda, bajo la consigna “DUELO POR CASTAÑAREJO: No dejes que las máquinas te quiten el agua”.
* Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda
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LA PESADILLA DE NUNCA ACABAR
Las máquinas han tomado posesión dentro del Parque Regional Sierra de Gredos.
La promotora Dávila Monteblanco ha comenzado las obras de captación, instalación de tuberías y construcción de un depósito de 750.000 litros para abastecimiento de la futura macrourbanización “Candelas de Gredos”, en el paraje de Navalpilón en Candeleda (Ávila)
El proyecto contempla la construcción de 435 viviendas y 200 plazas hoteleras en un enclave privilegiado. Se trata de un ecosistema de bosque mediterráneo subhúmedo en la ladera Sur de Gredos, por encima del municipio de Candeleda, en perfecto estado de conservación.
Los terrenos donde se asentaría la urbanización, fueron comprados como rústicos al ridículo precio de 1,49 euros/ m2, e inmediatamente se recalificaron.
La Confederación Hidrográfica del Tajo ( CHT) concedió a la promotora un caudal de 12,07 litros por segundo, frente a los 8 litros por segundo de que dispone todo el municipio de Candeleda.
En estos momentos, y sin tener en cuenta que es época de reproducción de especies y de que el riesgo de incendios se incrementa por días, las “orugas metálicas” han comenzado su devastadora labor en el corazón del Parque Regional, en el paraje llamado de “Castañarejo”.
De nada han servido las denuncias interpuestas por agentes del Servicio Territorial de Medio Ambiente y del SEPRONA a la empresa constructora por no poseer los permisos pertinentes. Las feroces excavadoras siguen mordiendo la tierra y tragándose la vegetación.
El promotor dice que prefiere pagar las multas, a parar las máquinas. Al fin y al cabo por la ocupación de 7935m2 del monte de utilidad pública, sólo pagó 7.600 euros en el año 2004.
Es lamentable ser consciente de la destrucción y la pérdida irreparable de un bosque de galería único en la zona: El arroyo de Castañarejo es “la joya de la Corona” de los cursos fluviales de Candeleda.
Por otro lado, la desviación de un volumen de agua tan grande para abastecer a esta macrourbanización, mermaría irreversiblemente los recursos hídricos de los que dispone la población de Candeleda, ocasionándonos serios problemas en el suministro.
Es vergonzoso ver cómo promotores y toda su calaña actúan con absoluta impunidad amparados por las Administraciones Públicas, en este caso, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento y Confederación Hidrográfica del Tajo.
¿Para qué sirve pues proteger un Espacio si el dinero y el poder están por encima de la lógica, la razón y la justicia?
Es desesperante ser conscientes de la indefensión a la que se ve sometida la Naturaleza y los ciudadanos que luchamos para que el legado de nuestros antepasados, llegue a nuestros hijos.
El sábado 17 de mayo, a las 13:00 horas, se celebró en la Plaza del Castillo de Candeleda, Avila, una concentración con motivo del inicio de las obras para la captación de aguas de la urbanización Candela de Gredos promovida por Davila Monteblanco S.L., convocada por la Plataforma Contra la Especulación Urbanística y Medio ambiental de Candeleda bajo el lema “Duelo por Castañarejo”. Nuevamente es la sociedad civil la que marcha por delante de las instituciones con competencias en esta materia, y manifiesta su preocupación ante un macro proyecto urbanístico que pretende hipotecar el futuro de este municipio del sur de Gredos. La captación se encuentra dentro del Parque Regional Sierra de Gredos e implica un depósito de mayor capacidad del que cuenta el pueblo y además establecer una conducción por dicho Parque de varios kilómetros. A primera hora de la mañana del día 14 de mayo, un Agente del Servicio Territorial de Medioambiente de la Junta de Castilla y León denuncia a la empresa por no tener los permisos vigentes para la realización de las obras. Sin embargo el operario de la máquina, tras una llamada a la empresa y tras tener la denuncia en su poder, continúa con los trabajos. Los vecinos, a través de la Plataforma Contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, informan al SEPRONA de la Guardia Civil y este servicio se persona en las obras. De oficio, el día 15 de mayo, el SEPRONA ordena paralizar las obras y retirar la maquinaria pesada por carecer de los permisos pertinentes. Sin embargo al día siguiente las obras continúan. La Plataforma continuará velando para que se cumpla la legislación y mantener el patrimonio natural y cultural de esta singular y rica comarca y para ello próximamente convocará una manifestación y emprenderá otras acciones.
http://www.solidaridadobrera.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1122&Itemid=117
* Kaos en la Red - Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda - 25.05.2008
Foto: Contra la Urbanización de Candeleda
