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LA-ACTUALIDAD/Murcia* : Luz verde para el mayor proyecto urbanístico de la Región con la aprobación inicial, esta misma mañana en el marco de dos sesiones plenarias en los Consistorios de Águilas y Lorca, de la modificación del Plan General Municipal de Ordenación de la Actuación de Interés Regional “Marina de Cope”.
En Águilas, al tiempo que se iniciaba el pleno, el MASd solicitaba el aplazamiento del mismo aludiendo falta de información sobre el proyecto. “Es una cuestión muy importante que requiere dedicarle mayor tiempo”, manifestaba Clemente García. Izquierda Unida + Los Verdes se sumaba a su petición. Lo mismo hacía el grupo municipal socialista, reclamando un mayor consenso y diálogo. Visto lo visto, la portavoz del equipo de gobierno, Cati Lorenzo, tomaba la palabra para anunciar a los presentes que el aplazamiento de este proyecto urbanístico suponía “retrasar” el desarrollo de Águilas y de toda la Región.“No podemos permitirnos el lujo de aparcarlo y dejar este tema encima de la mesa”.
La sesión se interrumpía para que los diferentes representantes políticos pudieran disertar en privado y decidir si se seguía adelante con la celebración del pleno. Reanudada la sesión, tras una larga reunión mantenida entre PP y MASd, se ha procedido a la lectura del único punto sobre el tapete y su posterior votación.
El desenlace: 9 votos del Partido Popular a favor, más dos del MASd; y 6 votos en contra del PSOE y otros dos más en contra, de Izquierda Unida + Los Verdes.
IU señalaba que la realización del proyecto Marina de Cope se trata de una “auténtica brutalidad”, un espacio urbanístico, que el portavoz Miguel Antonio Carrasco calificaba de población fantasma. ¿Dónde está el 25% de viviendas protegidas que se suponen que deben estar?, preguntaba Carrasco dirigiéndose al alcalde.“El turismo de futuro pide espacios naturales y si este terreno se recalifica será bajo la responsabilidad del alcalde”, sentenciaba.
Por su parte, el PSOE argumentaba que su postura obedece al recurso que se interpuso en su día contra la ley que desprotegía la zona. “Mientras este recurso esté en vigor y no se haya resuelto por parte del Tribunal Constitucional cualquier actuación supone una gran inseguridad jurídica tanto hacia las actuaciones como hacia las personas que tienen intereses en la zona”, subrayaba el portavoz Ramón Román.
Cati Lorenzo manifestaba, entonces, que este proyecto lleva consigo la creación de miles de puestos de trabajo, y que marcará un antes y un después dentro de la oferta turística de calidad en nuestra Comunidad Autónoma, contribuyendo a dinamizar la actividad económica regional y por consiguiente la de Águilas. “Supondrá la creación de más de 20.000 plazas de alojamientos turísticos y unas 9.000 residencias de distinto tipo. También se van a construir varias zonas hoteleras, deportivas y comerciales, una marina con numerosos puntos de amarre, un centro de alto rendimiento deportivo y grandes espacios con zonas verdes, entre otras destacadas actuaciones”.
Román continuaba firme en sus argumentos: “Este proyecto se debería consensuar y hacer un modelo más sostenible, por lo que es necesario que agentes económicos, sociales y políticos se pongan de acuerdo en ello”, decía.
La tensión entre ambos políticos iba en aumento. Ramón sostenía que nada está por encima de la ley, al tiempo que Lorenzo recriminaba al grupo socialista oponerse a esta oportunidad para Águilas. “Estamos luchando por el desarrollo agrícola y turístico de nuestra localidad y siento que no se unan a nosotros, está claro que están dejando pasar este tren”, subrayaba la portavoz.
PP vota a favor, IU en contra, PSOE se abstiene
En Lorca, el resultado del debate se ha traducido en el voto afirmativo por parte del equipo de gobierno. Mientras que el PSOE se ha abstenido e IU ha votado en contra.
Por parte del PSOE ha intervenido su portavoz, Leoncio Collado, que ha argumentado que esta formación se abstenía porque interpretaba que el Ayuntamiento perdía a autonomía a con esta medida. Collado ha anticipado, además, el voto negativo de este partido si no se corregían los detalles indicados.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ha intervenido su portavoz, José García, que ha afirmado que su intención no era otra que la de convencer al PSOE de que cambiara el signo de su voto, así como instar al Tribunal Constitucional para que se pronuncie la legalidad del Plan Marina de Cope.
El Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, Francisco García, ha lamentado el cambio de opinión del PSOE en el tema de Marina de Cope y ha pedido a Collado que le dijera un solo argumento por el que el Ayuntamiento perdía autonomía.
El edil de Urbanismo ha declarado, además, que “el hecho de que empresas punteras a nivel nacional se implanten en nuestra ciudad es muy positivo, nosotros nos vamos a encargar de que cumplan con nuestros criterios. Vamos a contar con un modelo único, novedoso e innovador que no va a pecar de lo que en otros lugares de costa se ha mostrado negativo. Este modelo está hecho desde el respeto a las zonas de protección medioambiental. El proyecto Marina de Cope va a ayudarnos a diversificar económicamente nuestra ciudad. Vamos a generar muchos puestos de trabajo, tanto en la ejecución del plan como inmediatamente después. Lorca no puede renunciar a este plan, porque no nos podemos quedar anclados mientras otros municipios avanzan”.
* La-Actualidad - 18/03/08
Foto: Marina de Cope (Águilas-Lorca), Murcia - J.S., elpais.com
NOTICIA RELACIONADA: Marina de Cope, menudo ejemplo de “respeto” al Medio Ambiente - El Ecolo - Manu Rubio - 09 Noviembre 2007
Águilas y Lorca le dan el sí quiero a Marina de Cope
Los vecinos de Castillo del Romeral denunciarán las obras de la prisión en la UE
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Los responsables de la asociación de vecinos de Castillo del Romeral denunciaron ayer ante el Juzgado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural el inicio "ilegal" de las obras de la cárcel.
En ella explican que la construcción del penal se realiza en terrenos calificados como rurales y que son propiedad del Gobierno de Canarias y no del Estado, pues antes las tierras se cedieron a los aparceros para el cultivo del tomate.
En este sentido, la Unión Europea realizó diferentes inversiones para poder llevar a cabo este proyecto para el que ahora se cambiará su calificación, tal y como explicaron a la agencia Acn Press.
Además, los responsables del colectivo aseveraron que tienen la intención de denunciar el caso en Bruselas, pues consideran que esta instalación puede perjudicar a otro terreno considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC), Juncalillo del Sur, un paso de aves migratorias.
El sábado los vecinos paralizaron las obras pues el intenso viento motivó que una gran nube de polvo se levantase hasta el interior del municipio. Por ello, los afectados alertaron a las autoridades para que se personasen en el terreno y obligaron a los trabajadores a que cesasen en su trabajo hasta que no se remojasen los terrenos.
El delegado del Gobierno en Canarias, Salvador García Llanos, aseveró ayer que la decisión de ubicar una nueva cárcel en Juan Grande responde a una actuación "totalmente proyectada, planificada y decidida".
* La Provincia - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 18 de marzo de 2008
Foto: Los vecinos que presentaron la denuncia ante el juzgado /Gabriel Suárez, canarias7.es
NOTICIA RELACIONADA: La 'macrocárcel' traerá fugas de presos, daños al medio ambiente y un fuerte impacto visual, según sus detractores - Canarias7 - 18/03/2008
La oposición a Gran Scala llega hasta Monzón
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ELPERIÓDICO/Aragón* : Un grupo de activistas de Monzón se han unido a la Plataforma Stop Gran Scala con el objetivo de frenar este proyecto de ocio y juegos de azar que podría instalarse en Los Monegros. El acto público de presentación de este colectivo tendrá lugar esta tarde en la Casa de Cultura de Monzón.
Desde Stop Gran Scala afirman que la mayoría de los detalles sobre este proyecto "son desconocidos" y acusan al Gobierno de Aragón de actuar "con premeditación y alevosía" al apoyar el proyecto "antes de abrir cualquier tipo de debate social". El pasado mes de enero se constituyó en Fraga la plataforma Stop Gran Scala, "con el objeto de promover lo que los representantes de los aragoneses tenían que haber promovido: el debate". En Monegros también ha nacido una coordinadora, Los Monegros no se venden.
Por otra parte, la plataforma Stop Gran Scala, saluda el informe que sobre este macro proyecto ha presentado la Unión de Consumidores de Aragón (UCA).
Stop Gran Scala reitera su preocupación por "la ligereza" con la que se habla de cambiar las leyes a la carta. "Ahora nos enteramos que casi de tapadillo, la víspera de las pasadas elecciones se aprobó un Real Decreto subvencionando las inversiones al desarrollo", afirman. Este decreto, de llevarse a cabo, podría suponer hasta un 35% en ayudas a las inversiones requeridas en Gran Scala, señalan.
* El Periódico de Aragón - 18/03/2008
Foto: Los Monegros (Aragón), proyecto Gran Scala - elperiodicodearagon.com
El TSJA aplaza el derribo de 29 pisos en Marbella pese a que el PGOU no los legaliza
SUR/Málaga* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a aplazar la ejecución de una orden de demolición de viviendas construidas al amparo de una licencia ilegal concedida durante el gilismo hasta que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) esté aprobado.
La tesis, defendida tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento -dos de las partes, junto con la promotora, implicadas en el procedimiento- vuelve a ser la misma: que muchos de los 18.000 inmuebles que se encuentran en esta situación de la ciudad podrían encontrar acomodo en el Plan General si se acogen al sistema de compensaciones.
Hasta aquí, todo normal. Atiende las peticiones tanto del Ayuntamiento, -que ya en la época de la comisión gestora solicitó la paralización de la ejecución de las sentencias firmes que implicarían derribos hasta que el documento estuviera en vigor- como de la Junta, administración denunciante que se alineó posteriormente con la postura planteada en el incidente de ejecución de la sentencia por el Consistorio marbellí. Así, el Alto Tribunal Andaluz estima el recurso presentado y cree conveniente esperar a que el nuevo planeamiento vea la luz.
Resolución
Pero este último auto, al que ha tenido acceso este periódico, tiene una significación aún mayor. La promoción inmobiliaria en cuestión -los bloques 6, 7, 8 y 9 de la urbanización Playa Golf Río Real, que suman 29 casas habitadas en su mayoría y construidas en su día en terrenos calificados parques y jardines y equipamiento deportivo y cultural privado- es una de las 14 que a priori quedarían fuera de ordenación y que no tendrían más remedio que ser demolidas. Los bloques, además, invaden un yacimiento arqueológico.
Su incompatibilidad con el nuevo modelo de ciudad que recoge el PGOU, que se encuentra aprobado provisionalmente desde el pasado 19 de julio, y que destina estos suelos a un sistema de espacios libres vinculados al litoral dejaría poco margen de maniobra tanto a la promotora, Río Real Playa S. L., como a los propietarios.
El TSJA, tras conocer esta circunstancia por boca del propio equipo redactor, según recoge el auto, pospone igualmente pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia hasta que el Plan General tenga el visto bueno definitivo.
«Como la Administración autonómica solicita expresamente que nuestro pronunciamiento definitivo se realice una vez publicado el Plan actualmente en tramitación, debemos estimar el incidente en este punto rechazando hacer, en este momento, ningún pronunciamiento sobre demolición», recoge el auto, que alude a que los titulares de la licencia defienden por su parte la inejecución total de la sentencia y, por tanto, del derribo.
Abunda el juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en este sentido: «Todas las partes personadas en este incidente nos solicitan que la respuesta jurisdiccional a la petición de ejecución se vincule a la revisión del planeamiento urbanístico. La parte actora (la Junta), porque considera que la demolición será inevitable una vez que se haya aprobado el mismo, y la corporación municipal, así como la mercantil codemandada y la parte interesada, porque vinculan el supuesto de inejecución material a esta aprobación definitiva», abunda.
Son algunos de los argumentos clarificadores, que se pueden extrapolar a otras promociones inmobiliarias en idénticas circunstancias, que pone negro sobre blanco la resolución del TSJA. Otro pasa por la arrojar luz sobre el futuro de las viviendas a las que se le anulan las licencias. El magistrado matiza que la demolición es una «consecuencia necesaria» pero que no toda anulación de un permiso conduce al derribo. Alude a una modificación de planeamiento como una de las causas que puede llevar a la imposibilidad de ejecutar la sentencia.
Paradojas
No sólo eso. Pone el acento en la paradoja que sería demoler algo que podría ser autorizado en un nuevo Plan General y en que, actualmente, ese nuevo planeamiento para Marbella no está ni aprobado ni publicado; precisamente, dice, el «escenario patológico», la falta de un referente legal, que dio lugar a la emisión de la licencia anulada y a más de un millar de permisos en la misma situación. Recuerda por último el tribunal que «no tiene por qué conocer siempre si su propia sentencia se ha cumplido totalmente».
* Sur - CRISTINA GONZÁLEZ - 18 marzo 2008
Foto: A PIE DE PLAYA. Vista de la urbanización Playa Golf Río Real, que quedarían fuera del nuevo PGOU/ J.-L. diariosur.es
El TSJ obliga a Ondara a publicar un plan para construir 400 chalés en plena montaña
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LEVANTE/Alacant* : La montaña de Segària, en Ondara, no consigue alejar de su paisaje la amenaza continua del hormigón. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) obliga al Ayuntamiento de Ondara a exponer al público un plan urbanístico presentado en 2004 por la mercantil Montarol Agrícola S.L. y adaptado a la nueva ley urbanística valenciana el pasado año después de que la propuesta fuera rechazada hasta en dos ocasiones por el pleno de la corporación.
Esta empresa alcanzó un acuerdo con el consistorio cuando en 1988 se redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ondara que implicaba que los propietarios de Segària cedían 94.000 metros cuadrados para un parque público a cambio de que se reclasificaran 400.000 m2 como suelo urbanizable. Ese acuerdo sigue en vigor y, por ese motivo, la mercantil cuenta con unos derechos adquiridos que le impulsaron a presentar en 2004 un plan urbanístico que contemplaba 400 chalés en plena montaña.
Tras el rechazo municipal a la propuesta, la mercantil interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el ayuntamiento que ahora el TSJ ha resuelto a favor de Montarol Agrícola y que obliga al consistorio a exponer al público el plan urbanístico.
Sin embargo, el PP votó a favor de exponer al público otro proyecto, el presentado por la Generala y que contemplaba casi 2.000 viviendas y un campo de golf en la partida Vinyals, en la falda de Segària.
La intención del PP era ofrecer a Montarol Agrícola urbanizar en la falda de la montaña, en aras de proteger la parte alta de Segària donde la mercantil cuenta con 400.000 metros cuadrados de suelo urbanizable.
Sobre la posible protección de toda la montaña, el alcalde de Ondara, Ximo Ferrando, ha manifestado en varias ocasiones que acarrearía indemnizaciones económicas al ayuntamiento difíciles de asumir.
No obstante, PSOE y Bloc, los grupos de la oposición, no han dudado en defender a capa y espada durante los últimos cuatro años la preservación del paisaje de Ondara y su montaña, Segària. Los nacionalistas lamentan que los populares se excusen a la hora de desestimar la propuesta de Montarol Agrícola en la protección de la montaña cuando "lo que hacen es defender los intereses de la urbanizadora del campo de golf". Por su parte, los socialistas aseguran que construir en la parte alta de la sierra significaría un fuerte impacto visual y ecológico.
* Levante-EMV - M. J. Mascarell, Ondara - 18 de marzo de 2008
Foto: Las urbanizaciones cambiarían por completo la fisonomía de la montaña de Segària/ ernest weber, levante-emv.com
Un funcionario arrepentido revela a la Justicia la trama del 'caso Andratx'
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ELPAÍS/Mallorca* : La figura del arrepentido ha aparecido en la persecución penal de la corrupción ligada al urbanismo salvaje en Baleares. La Fiscalía Anticorrupción, con la firma y el aval del fiscal jefe, Antonio Salinas, cerró antes del del 9-M un pacto judicial de colaboración con uno de los tres principales imputados de la trama del caso Andratx, el más importante de los escándalos políticos vinculados a la corrupción urbanística en las islas. Este caso llevó a la cárcel al que era alcalde del PP en Andratx, Eugenio Hidalgo.
El arrepentido que ha aceptado detallar cómo era la trama es Jaume Gibert, funcionario y promotor inmobiliario, que trabajaba como celador de Obras del Ayuntamiento, y que permaneció preso en dos ocasiones unos dos meses. A cambio de la cooperación con la Justicia, Gibert tendrá una condena menor, aunque no evitará recibir una sentencia con pena de cárcel. Las condiciones pactadas son secreto del sumario y se alcanzaron antes de la campaña electoral. Los abogados de los otros imputados cuestionan la estrategia de la fiscalía.
Gibert destapa el método, se autoinculpa y reconoce los hechos, según lo convenido con los fiscales baleares y en la declaración que hizo ante el juez con la mediación de su defensor, Juan Luis Matas. Gibert está en condiciones de asumir su implicación en aquellos asuntos que Anticorrupción ha documentado en decenas de causas separadas.
Su testimonio será fundamental en la vista para aclarar el papel desempeñado por sus compañeros de causa: además del ex alcalde Hidalgo están implicados el jefe de Urbanismo de Andratx y ex director general del Gobierno balear del PP Jaume Massot. Éste no ha estado en prisión pero los fiscales suponen que es un hombre en la sombra, un cerebro, e indagan su posible capital oculto en el extranjero, en paraísos fiscales. Massot los niega.
Empresarios, técnicos, abogados y arquitectos están acusados con distintas imputaciones en las más de 60 causas abiertas del caso Andratx. El núcleo central de la causa penal se reitera en hasta siete delitos desde tráfico de influencias o soborno, atentado contra el medio ambiente, negociaciones prohibidas o prevaricación. Desde septiembre de 2006, cuando estalló el caso, han desfilado por los juzgados más de un centenar de propietarios, funcionarios, testigos y promotores inmobiliarios.
La acusación pública supone que el celador de Obras de Andratx, Jaume Gibert, puede ayudar con su testimonio a destapar los posibles sobornos que se produjeron en este municipio, uno de los extremos más complejos de documentar por la cerrazón de los eventuales pagadores y la trama opaca de las múltiples sociedades intervinientes. Una de las colaboradoras municipales de Gibert, su superiora, la arquitecta Maribel Seguí, ya desempeñó un papel de cooperadora con los fiscales mientras se desarrollaron las detenciones del caso.
La primera vista del caso Andratx está prevista para la primera semana de mayo, ante la Audiencia de Palma. Entonces se conocerá el relato acusador de Gibert y aflorará previsiblemente el aparente método de acción corrupta generado en el urbanismo ilegal de esta localidad: dar licencias municipales para construir en parajes protegidos con falsos certificados de construcciones antiguas que permiten levantar nuevas casas.
Con el secretismo del pacto con Gibert, la Fiscalía ha querido evitar filtraciones al resto de imputados y, en especial, evitar contaminar el calendario político electoral. El que era en 2006 presidente de Baleares, Jaume Matas, y el consejero de Interior y secretario general del PP, José María Rodríguez, al estallar el caso Andratx acusaron a la Fiscalía de actuar con una hoja de ruta sujeta al tiempo político.
El PP perdió las elecciones locales y autonómicas de 2007 y en las generales del 9-M fue superado por el PSOE en las islas. Matas se marchó a EE UU y Rodríguez está punto de ser arrinconado. Ambos políticos contactaron con el alcalde Hidalgo antes de su detención. La fiscalía supone que Rodríguez alertó a Hidalgo, según se desprende de una conversación entre ambos que fue grabada por la Guardia Civil con autorización judicial, y del interrogatorio posterior de los fiscales al alcalde una vez detenido. Cuando era alcalde, Hidalgo transformó una casita rural en un chalé en plena área protegida. La fiscalía indica que se dio a sí mismo una licencia "radicalmente contraria a derecho", gracias a "una cobertura y apariencia de legalidad", y construyó una casa en una parcela prohibida.
La reconstrucción que la fiscalía ha hecho del método del urbanismo salvaje en Andratx se hizo repasando miles de documentos de licencias, planos, fotos aéreas de satélite y recorriendo todo el término municipal.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 17/03/2008
Foto: Andratx - solares_Cala_Llamp - A.M. (El País)
