ELCORREO/Vizcaya* : El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao que sienta las bases de la regeneración de Zorrozaurre, aprobado en abril de 2008. El fallo estima el recurso presentado por la asociación de vecinos El Canal al considerar que la modificación del Plan General de Bilbao en esta zona incurrió en tres fallos de procedimiento que invalidan toda la tramitación.
El varapalo judicial retrasará la planificación urbanística pero no obligará a parar las obras que están en marcha o a punto de empezar, ya que la sentencia no es firme y será recurrida ante el Supremo.
La resolución judicial ha dejado un sabor «agridulce» en el área de Urbanismo, según afirmó ayer la concejala Julia Madrazo. Por un lado, es contundente al anular el documento aprobado en el pleno del 24 de abril de 2008 con el respaldo de los socios de gobierno, PNV y EB. El PP se abstuvo y el PSE votó en contra, en plena polémica por el plan de construcción de viviendas en los rellenos del canal que al año siguiente decayó por un acuerdo político. El recurso de los vecinos no se refiere a esta actuación en concreto sino al conjunto de la operación urbanística, que los jueces analizan desde múltiples ángulos, como la viabilidad económica, la vivienda o el impacto ambiental.
Y en ese examen, el Ayuntamiento no sale tan mal parado. El tribunal le da la razón en ocho de las once cuestiones que los vecinos han puesto sobre la mesa. Bastaría, sin embargo, un solo incumplimiento para anular el acuerdo. El principal es la falta del informe del Consejo Asesor de Planeamiento, que en Bilbao celebró su primera reunión en enero de 2009. Aunque este órgano consultivo no se había constituido cuando se aprobó el acuerdo plenario, los magistrados destacan que el informe es «un trámite esencial, sin que quepa relativizar su importancia, porque la ley no queda al libre albedrío de los ayuntamientos».
También advierten que la modificación del Plan General debería haber regulado con más detalle el trazado definitivo y anchura del canal de Deusto, que con su apertura convertirá Zorrozaurre en una isla; una tarea que las autoridades municipales dejaron para el plan especial de la zona, todavía pendiente de aprobación. La tercera objeción hace referencia a las infraestructuras viarias. El puente elevado sobre la ría que conectaría Zorrozaurre con Olabeaga «con un diseño de autovía de gran capacidad» fue eliminado por su fuerte impacto pero sigue incluido en el Plan General de Carreteras del País Vasco, que deberá ser modificado.
En los asuntos de mayor calado, por el contrario, el tribunal avala los cimientos del plan de Zorrozaurre. Cree que la ordenación prevista está «razonablemente justificada, tanto en la redensificación residencial como en el porcentaje de vivienda protegida». Da por bueno el método de valoración de la viabilidad económica del plan y tampoco cuestiona los informes medioambientales. «La idea central de Zorrozaurre está perfectamente vigente», resume el director de la asesoría jurídica municipal, Gonzalo Ruiz. El Ayuntamiento ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo porque considera que los argumentos que dan la razón a los vecinos son «discutibles». De esta forma evita que la sentencia sea firme y que los recurrentes puedan instar su ejecución. Continuarán, por lo tanto, las obras que ya están lanzadas -la clínica del Igualatorio, en construcción, y la nueva sede de Idom, a punto de empezar- y se seguirán concediendo licencias para la rehabilitación de las viviendas de la ribera de Deusto.
El retraso será inevitable en la planificación del conjunto de la operación urbanística, que deberá volver a empezar. El Ayuntamiento, pese a todo, tiene trabajo adelantado y cree que la demora se limitará a dos meses. En abril tenía previsto aprobar la segunda modificación del Plan General en esta zona, que recoge el acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco para suprimir algunas infraestructuras y repartirse cargas con el fin de reducir costes. El documento deberá esperar al pleno de junio, ya que «se subsanarán los defectos de forma detectados por el tribunal para evitar problemas en el futuro». En el horizonte se mantiene la previsión de «finales de 2012 o principios de 2013» para iniciar las obras de urbanización con la apertura del canal.
LAS CLAVES
Consejo asesor de planeamiento. El informe es un trámite «esencial» que el Ayuntamiento ha incumplido.
Apertura del canal. No requería un nuevo trámite de información pública porque «esa solución siempre se contempló como una posible alternativa». Eso sí, el Ayuntamiento debería haber definido el trazado al detalle sin esperar al plan especial de la zona.
Viabilidad económico-financiera. El método de valoración es «correcto».
Estudios de intensidad de tráfico y contaminación. No son necesarios en la modificación del Plan General.
Estudios ambientales. Se contemplan medidas correctoras y se aborda el problema de inundabilidad de forma «razonable».
Infraestructuras viarias. Hay que modificar el Plan General de Carreteras de Euskadi al haber eliminado un viaducto elevado.
Vivienda. Se cumplen las reservas de vivienda protegida y la densidad edificatoria está «razonablemente justificada».
Igualatorio e Idom. Su aportación a las cargas generales de urbanización está justificada.
* El Correo - 31.03.10
Foto: El plan de Zorrozaurre ha recibido un varapalo judicial, aunque el Ayuntamiento cree que no supondrá un retraso importante. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ, elcorreo.com
Bilbao: El Tribunal Superior anula el plan de Zorrozaurre por fallos de procedimiento
Santa Cruz: El TSJC mantiene todas las imputaciones en 'Las Teresitas'
CANARIASAHORA/Tenerife* : La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) mantiene la imputación a todos los encartados en la presunta trama de corrupción en torno a la operación de compra del frente de la playa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con su alcalde Miguel Zerolo (CC) al frente, a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
La magistrada Carla Bellini así lo ha acordado mediante un auto del 25 de marzo, en el que acuerda no acceder a la petición del secretario de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Víctor Reyes Delgado, de sobreseimiento y archivo de la causa en su contra.
La defensa de Reyes había interesado el archivo argumentando que su participación en los hechos se limitaba "a efectuar e intervenir en su calidad de funcionario y en el ejercicio propio de su actividad", en concreto, la elaboración de informes y asesoramientos jurídicos en el expediente para la compra de once parcelas en el frente de playa, entre ellos, realizar la operación a través de una compraventa o el precio de la misma.
Sin embargo, la magistrada considera que aunque Reyes conozca el contenido de parte de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y el TSJC, "es lo cierto que existe otra parte que aún no se ha culminado y de la que se siguen realizando investigaciones y que además se encuentran secretas, y de las que el imputado no es conocedor".
De este modo, Carla Bellini admite que "estamos ante unas diligencias de una alta complejidad jurídica, lo cual hace preciso extremar las averiguaciones a fin de poder depurar al máximo las posibles responsabilidades de las personas que, de una forma u otra, participaron y tuvieron relación directa o indirecta con la operación de compra, por parte el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del frente de la playa de Las Teresitas".
Víctor Reyes Delgado aparece en la investigación del caso Parque Marítimo ejerciendo una función clave muy similar a la que le ha llevado a estar imputado por prevaricación en el caso Las Teresitas: emitir informes para favorecer la comisión del presunto delito investigado, contradiciendo además resoluciones anteriores desfavorables.
Desde su posición en la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes informó favorablemente de la tasación de la compraventa de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia por parte del Ayuntamiento en 2001, después de que la arquitecta municipal Pía Oramas rechazara la elevada cuantía de la operación investigada por el TSJC y Anticorrupción.
En el caso del Parque Marítimo, el secretario de Urbanismo emitió un informe favorable a otorgar la licencia de fiestas a Santa Cruz Park Tenerife SL, contrariando abiertamente la propuesta de la Jefa de los Servicios Jurídicos Municipales, y cuyo parecer figura en la resolución de denegación de la concejal de Urbanismo.
* Canarias Ahora - 30.03.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, playa Las Teresitas - laprovincia.es
El auto del Supremo por las molestias de las obras desata la alarma en el Consell
LEVANTE/Valencia* : El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, considera "muy preocupante" la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la administración autonómica a indemnizar a un comercio que se vio afectado por las obras del metro durante 21 meses entre 2001 y 2002.
A juicio de Flores, el auto de la sala de lo civil del Supremo "puede sentar un precedente y poner en peligro la obra pública", respondió a los periodistas tras ser interrogado por su opinión sobre la sentencia.
Un concesionario de automóviles de Valencia, ha conseguido que el Tribunal Supremo le dé la razón y obligue a la administración autonómica a indemnizarle con casi 420.000 euros -más los intereses legales y las costas procesales- por las molestias que le causaron las obras del metro en la calle Amadeo de Saboya. Las obras en aquel momento las ejecutaba Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por lo que es la empresa ferroviaria la que debe hacer frente a la indemnización. Sin embargo, la mercantil no se encuentra en su mejor momento económico ya que a finales del pasado año acumulaba una deuda a corto y largo plazo que superaba los 800 millones de euros. Los servicios jurídicos de FGV revisaban todos los vericuetos legales a su alcance para encontrar un responsable solidario de la indemnización: la unión temporal de empresas que ejecutó las obras o la Conselleria de Infraestructuras que se las encargó.
"Habrá que estudiar el tema -admitió ayer Mario Flores- pero es muy preocupante porque creo que el interés general está por encima del privado, y esa sentencia podría propiciar que otro tipo de comercios quieran resarcirse y entonces peligraría la obra pública", afirmó.
Mario Flores admitió que "cualquier actuación de infraestructuras ferroviarias genera ciertas incomodidades por lo que siempre tenemos un cuidado especial para intentar molestar lo menos posible". "Una de las cosas que creo habrá valorado juez es que es cierto que hay un tiempo en el que se sufren ciertas incomodidades pero luego los locales por donde pasa este tipo de transporte público se revalorizan de forma importante", se justificó. Aunque incluso llegó a dudar de que el concesionario tuviera problemas de acceso durante los 22 meses que recoge la sentencia.
* Levante-EMV - 31.03.10
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
Condenan a un ex alcalde de Guillena por permitir la construcción de chalés ilegales
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ELMUNDO/Sevilla* : Justo Padilla (PSOE), ex alcalde de Guillena, ha sido condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por su "renuencia" a cumplir la legalidad urbanística y por permitir la construcción de un centenar de chalés en una zona forestal con "pleno conocimiento" de su ilegalidad.
El juicio contra Padilla no llegó a celebrarse en enero pasado porque el ex alcalde aceptó la condena pedida por el fiscal, que incluye la "pérdida definitiva del cargo de alcalde e incapacidad para obtener dicho cargo, el de concejal u otro análogo", según la sentencia notificada ahora a las partes.
El fallo del juzgado penal 12 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, precisa que Padilla "no sólo no paralizó las construcciones ilegales ejecutadas en un paraje de especial protección forestal", sino que cobró tasas a los propietarios que pidieron licencias de obras y, hasta el año 2005, les cobró el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Los chalés ilegales se levantaron en la segunda fase de la urbanización "Lagos del Serrano", una zona que "nunca ha sido urbana ni urbanizable", sino "zona de protección de la serranía", según el fallo.
El entonces alcalde tuvo una actitud "renuente a hacer cumplir la ley" de manera "patente y manifiesta" pues no tomó ninguna medida para hacer cumplir sus propios decretos de paralización.
Prevaricación por omisión
Padilla dimitió en mayo de 2009, después de 30 años en el cargo, y según la sentencia ha sido condenado por un delito de prevaricación por omisión, por "dejar hacer, tanto a la comunidad de propietarios como a los particulares que construían ilícitamente", lo que "equivale de facto a autorizar sus actos".
Precisa el juez que incluso informó favorablemente, de forma verbal, la ejecución de las obras de electrificación de los terrenos de la segunda fase de Lagos del Serrano y, también de forma verbal, autorizó a algunos propietarios edificar sin licencia ni proyecto.
Esta causa contra Padilla fue presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha pedido condenas de inhabilitación similares contra el alcalde de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP), su antecesor José Párraga (PSOE), el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos Manuel Ruiz Lucas (IU) y el ex regidor de La Campana Francisco Vargas (IU), en juicios previstos para los próximos meses.
* El Mundo - EFE - 30.03.10
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info
El juez sobre Matas: ´Está claro que ha venido a burlarse de los simples mortales´
DIARIODEMALLORCA* : El juez del "caso Palma Arena", José Castro, ha notificado hoy una fianza de tres millones de euros para eludir prisión para el ex presidente del Govern balear Jaume Matas, después de que la Fiscalía pidiera para él la misma cantidad. Asimismo, se confirma la retirada del pasaporte del ex president, aunque abone la fianza, con lo que no podrá regresar a Estados Unidos y deberá personarse en los Juzgados el día 1 y 15 de cada mes en cualquier juzgado del país. El plazo máximo para abonar la fianza se fija en el miércoles 7 de abril hasta la medianoche.
El magistrado José Castro ha dispensado al ex político balear de la obligación de acudir personalmente a la notificación del auto, tal y como le pidió su abogado Rafael Perera, quien ha sido citado a las 10:00 horas en el juzgado de instrucción número 3 de Palma para recibir la resolución.
El auto de medidas cautelares del juez también afecta, al cuñado de Matas, Fernando Areal, antiguo tesorero del PP balear, que le ha impuesto la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia en los Juzgados los días 1 y 15 de cada mes.
Así lo expone el juez Castro en un contundente auto de más de 140 páginas que dictó hoy y en el que justifica, junto a otros numerosos hechos supuestamente delictivos En el auto apunta a una "farsa orquestada" por el ex presidente del Govern, Jaume Matas, para ocultar que era quien tomaba personalmente las decisiones relativas a la construcción del velódromo Palma Arena y que supusieron el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros entre 2005 y 2007, parte de los cuales pudieron acabar engrosando su patrimonio, según las investigaciones
En su resolución, a la que tuvo acceso este diario, el juez instructor del caso Palma Arena asevera que "a efectos de ostentar un control directo sobre el proyecto y dar una cobertura formal a sus decisiones", encargó a su entonces directora general de Gabinete, Dulce Linares, y al ex director general de Deportes, José luis 'pepote' Ballester, "llevar las actuaciones necesarias para tal fin basjo su supervisión y control directo", y ordenando a sus subordinados en el proyecto que hicieran lo que ambos indicaran.
Asimismo, encargó la gestión del velódromo a la Fundació Illesport con el objetivo de "eludir los controles ordinarios técnicos, de intervención y fiscalización del Govern". Todas las actas de las reuniones de este órgano, añade el juez, "son falsas" y Matas era quien ordenaba confeccionarlas con el contenido que "facilitaba previamente y las firmaba tras su confección".
En concreto, sobre el imputado pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.
En el auto, Castro también se ha referido a la relación de Matas con "Estudios Jurídicos y Procesales", en las que el ex president del Govern ha afirmado desconocer los permonores de su contratación y ha negado que fuere a pedirles trabajo, tras abandonar la política. De hecho, Matas ha corregido que "no fue a pedirles trabajo, sino a ofrecerles sus servicios", a lo que el juez concluye que "está claro que el señor Matas ha venido a reirse de los simples mortales".
En cuanto a las investigaciones sobre el soborno de 250.000 euros que supuestamente le entregó el conocido productor televisivo José Luis Moreno, Castro ha asegurado que "no ha hecho más que empezar".
En su escrito, el magistrado reconoce que no existe ninguna prueba de tal entrega, "por lo que habrá de estarse a lo que arroje esa investigación que, en tanto judicializada, no ha hecho más que empezar".
El magistrado reconoce que el denunciante de estos hechos, Luis Velasco Ortiz, no pudo ratificar en el Juzgado su denuncia, "quizá por la premura de su citación y encontrarse en Sudamérica", aunque ya se había ratificado ante la Fiscalía Anticorrupción.
Por ello, afirma, "salvo la manifestación del denunciante, ningún dato objetivo existe sobre tal entrega, pero tan cierto como esto es también que las irregularidades denunciadas relativas a adjudicación de programas y encargo de decorados tienen visos de ser ciertas".
Y ello porque estas irregularidades han sido "corroboradas en la Fiscalía por personas vinculadas a IB3 cuando supuestamente se produjeron".
En definitiva, Castro afirma que, si bien "cabía esperar" que Matas ofreciera explicaciones que pudieran "desvirtuar los abrumadores elementos de cargo que pesaban sobre él", finalmente durante sus quince horas de declaración "se invirtió más en formular las preguntas que en el desarrollo de las respuestas, que en su generalidad brillaron por su ausencia".
Es más, considera que algunas de las explicaciones que ha dado Matas suponen una "burla" a su Juzgado y a los ciudadanos y, en otros casos, "todo un disparate".
* Diario de Mallorca - 30.03.10
Foto: Jaume Matas - diariodemallorca.es
