ELPAÍS* : La investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a raíz del desmantelamiento de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa vinculada al PP y a administraciones gobernadas por este partido ha hallado indicios de culpabilidad en el senador del PP por Cantabria y hoy tesorero nacional, Luis Bárcenas. Correa implicó en las conversaciones grabadas por la persona que denunció el caso a Luis Bárcenas en el cobro de cantidades millonarias para el partido relacionadas con supuestas adjudicaciones desde el Ministerio de Fomento que dirigía Francisco Álvarez Cascos.
De hecho, AENA, organismo dependiente de Fomento, adjudicó entre 2000 y 2004, durante el mandato de Cascos, cientos de miles de euros en decenas de contratos a la empresa de Correa.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha emitido una nueva providencia (consulta en pdf), con fecha de ayer aunque conocida hoy, en la que consulta precisamente a la Fiscalía Anticorrupción si traslada la causa de corrupción que salpica al PP al Tribunal Supremo tras la implicación de "un posible nuevo caso de aforamiento" según el contenido de un informe policial de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales).
La causa completa para el Supremo
El pasado viernes, Garzón solicitó al servicio de reprografía del juzgado tres copias de las actuaciones con el objeto de iniciar su inhibición de la causa. Las dos primeras irían a parar a los tribunales superiores de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, como ya solicitase la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero. La tercera copia iría ahora a parar al Alto Tribunal. No obstante, el magistrado pregunta a Anticorrupción si "vista la conexión que estos hechos [derivados del nuevo informe policial] guardan con los relativos a los aforados de Madrid" procede trasladar toda la causa a la Sala Segunda del Supremo.
Hasta el momento y según se ha podido saber de las actuaciones de Garzón y los escritos de la Fiscalía, los aforados implicados en la red de corrupción serían, junto a Bárcenas, el presidente valenciano, Francisco Camps, el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. La nueva providencia de Garzón, que dice haber recibido el informe policial ayer martes, solicita al Ministerio Fiscal que resuelva sobre los aforados en un plazo máximo de 48 horas. Es este plazo el que prevé con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Criminal para inhibirse de aquellas causas en las que estén implicados aforados. Precisamente, la demora en el traspaso de competencias de forma "consciente" es lo que ha llevado al PP a querellarse hoy contra el magistrado ante el Supremo y solicitar su inhabilitación por un periodo de 10 a 20 años.
FE DE ERRORES
Garzón, a través de un comunicado leído por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, ha desmentido que el portavoz del PP, Esteban González Pons, esté implicado en la trama de corrupción, tal y como ha informado en un primer momento este medio.
* ELPAIS.com - Madrid - 25/02/2009
Garzón implica al tesorero nacional del PP en la trama corrupta que dirigía Correa
El TSJ acumula ya denuncias contra medio millar de planes urbanísticos
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LEVANTE/Valencia* : Los jueces valencianos están recibiendo una avalancha de denuncias contra los programas de actuación integrada (PAI) que se desarrollan en la Comunitat Valenciana. Los recursos los están interponiendo la Delegación del Gobierno contra resoluciones de la Generalitat Valenciana, las asociaciones ecologistas, las empresas urbanizadoras y los particulares. El rechazo popular al urbanismo salvaje también está detrás de los recursos de algunos PAI.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) está analizando actualmente quinientos recursos contra los PAI, según confirmó ayer a Levante-EMV el TSJCV.
Los magistrados valencianos están trabajando a destajo para dar salida a los casos y que no se colapsen las secciones encargadas de tramitar los asuntos urbanísticos. Los jueces de lo Contencioso del TSJCV resuelven las denuncias en una media de 18 meses cuando los magistrados de otras comunidades autónomas están tardando entre cuatro y cinco años en dictar sentencia. Los jueces eluden paralizar los PAI como medida cautelar al ser conscientes de que el proceso se puede prolongar durante años si llega al Tribunal Supremo.
La complicada legislación valenciana en materia urbanística está detrás de se se hayan disparado las denuncias contra presuntas irregularidades de los PAI ante los jueces de lo Contencioso. Gabriel Echavarri, abogado especializado en asuntos urbanísticos, recordó que el problema de fondo es que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han abusado de los PAI para desarrollar actuaciones urbanísticas en detrimento de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), que tienen mayores garantías legales.
Comisión Europea
La Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de Justicia Europeo las dos leyes urbanísticas valencianas. El ejecutivo comunitario considera que se han "incumplido" dos directivas europeas al adjudicar los PAI conforme a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus herederas: la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Rogtu).
Las directivas incumplidas son las referidas a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obra (Directiva 93/97CEE) y la de adjudicación de contratos públicos de contratos y servicios (Directiva 2004/18CE).
El Tribunal de Justicia Europeo tarda de media entre uno y dos años en resolver los asuntos. Si los magistrados dan la razón a la Comisión Europea, España deberá adoptar la ley en el plazo que se dé para que respete la legislación comunitaria. Si el ejecutivo comunitario verifica que no se ha modificado la legislación "puede sugerirle al Tribunal de Justicia Europeo que imponga una sanción" a España. La multa a un Estado miembro está regulada en el artículo 228 del Tratado de la Unión Europea.
El conflicto con la Comisión Europea se inició hace cuatro años. La Comisión Europea envió en marzo de 2005 la primera carta de emplazamiento para "llamar la atención sobre las incompatibilidades de ciertas disposiciones de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) con dos directivas europeas y varios principios del Tratado de la Unión Europea".
Contestación del Consell
La Generalitat contestó con una carta y un proyecto de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) como remedio a todos los males de la LRAU. La Comisión Europea reclamó explicaciones sobre la LUV en dos misivas. La Generalitat respondió con un proyecto revisado de la LUV que cambiaba 89 de los 267 artículos iniciales. La ley entró en vigor el 1 de febrero de 2006, pero antes se presentaron una avalancha de planes urbanísticos para evitar la nueva legislación más exigente.
La Comisión Europea abrió formalmente un procedimiento de infracción contra la LUV porque, al menos, trece artículos "violan" las directivas comunitarias. Poco después, la Comisión inició otro procedimiento de infracción contra las empresas mixtas creadas por la Conselleria de Territorio con un selecto grupo de promotoras para construir grandes PAI de VPO y renta libre.
* Levante-EMV - Ramón Ferrando - 25.02.09
Foto: Catarroja. Terrenos del PAI Nou Mil·leni, que es uno de los quinientos que actualmente se encuentra recurrido en el Tribunal Superior de Justicia. mrw-fotografía aérea, levante-emv.com
Anticorrupción ve indicios de delito en el urbanismo de Tres Cantos
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ELPAÍS/Madrid* : Los vecinos del municipio madrileño de Tres Cantos (40.600 habitantes) han sido testigos de varios escándalos políticos en los últimos años. Dimisiones, acusaciones cruzadas, grabaciones en las que se insinúan corrupciones... Una ensalada de desaguisados políticos. Por eso, probablemente, no se sorprenderán cuando sepan que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a varias personas que ocuparon cargos en el Ayuntamiento tricantino entre 2003 y 2007.
Entre ellos, la ex alcaldesa María del Valle de la Poza, el ex concejal de Obras Alberto Martínez Díaz y el ex jefe de Gabinete municipal Juan Carlos Delgado Quevedo. La fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, que investiga el caso, también ha señalado a siete empresas salpicadas por supuestos delitos de cohecho en la tramitación del plan general del municipio.
El fiscal presentó en julio de 2008 la denuncia ante la Audiencia Provincial, que la traspasó al Juzgado de Instrucción número 5 de Colmenar Viejo. Un juez se ha hecho cargo del caso. Tras casi dos años de investigaciones, la fiscalía considera que los hechos que condujeron a la aprobación del plan, entre 2003 y 2006, "podrían ser constitutivos de delitos continuados de cohecho, falsedad documental, fraudes de funcionarios, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales". La decisión del fiscal se produce a raíz de sendas denuncias presentadas por el PSOE local en 2006.
Tanto María del Valle de la Poza como Alberto Martínez Díaz pertenecían al partido independiente Tres Cantos Unido (TCU), del que fueron expulsados en marzo de 2007, tras una guerra política que acabó con la desintegración del partido. Juan Carlos Delgado, también denunciado, era la mano derecha de la alcaldesa.
El relato comienza el 7 de mayo de 2003, cuando el Gobierno regional da el visto bueno al nuevo plan urbanístico, que contemplaba inicialmente 4.500 nuevas viviendas. El Ayuntamiento, gobernado por una coalición formada por el PP y TCU, decide contratar a una empresa privada para gestionar el futuro urbanismo del municipio, es decir, llevar a cabo las expropiaciones y la adquisición de terrenos donde iba a crecer la ciudad. Y ahí se oscurece el asunto. Unos días antes de la adjudicación del concurso de gestión del plan urbanístico a la constructora FCC, en octubre de 2004, el edil popular Antonio Reino presenta su dimisión. Se marcha revelando sospechas de corrupción. En unas conversaciones grabadas a este concejal y publicadas por EL PAÍS se le escucha diciendo: "Lo que sospecho es que en esto tiene que estar [Ricardo] Romero de Tejada [ex secretario general del PP regional]. (...) Huele que da pena; todo el mundo se va a forrar y yo no". Reino reconoció posteriormente que estas palabras fueron fruto de un calentón y restó importancia a sus afirmaciones. Desde entonces la sospecha ha marcado el plan urbano de Tres Cantos. Un portavoz de FCC rechaza comentar la situación: "Recurrimos la sentencia que anula el convenio urbanístico". Sobre lo demás no hay comentarios.
La sentencia a la que se refiere este portavoz es la que invalida el acuerdo entre el Ayuntamiento y FCC para gestionar el plan urbanístico. Un juez anuló hace dos semanas el contrato porque no se fijó el precio que la concesionaria tenía que pagar al Consistorio para ordenar la urbanización de 389 hectáreas junto a la carretera de Colmenar (M-607)."La alcaldesa participó en la votación de cuestiones relevantes del planeamiento de Tres Cantos", según el escrito de la fiscalía. "De dichas decisiones destaca la relativa a la monetización de los aprovechamientos urbanísticos", un concepto casi ininteligible que consiste en la valoración económica de los terrenos que se ceden al municipio.
Entre las obligaciones de FCC, concesionaria de la gestión del plan urbanístico, estaba la expropiación y ordenación de las 389 hectáreas urbanizables. Un jugoso negocio por el que estaba previsto levantar 7.500 pisos, casi 3.000 más de los aprobados inicialmente. A cambio, FCC debía reservar un porcentaje de los terrenos para viales y calles. También tenía que ceder otro porcentaje del suelo al Consistorio para uso municipal. El convenio permitía a la empresa entregar dinero a cambio de quedarse con las parcelas municipales. Esto es la monetización, cuyo monto no estaba precisado en el convenio urbanístico.
La fiscalía señala que la decisión de monetizar los terrenos "se aprobó por el Ayuntamiento de Tres Cantos en diciembre de 2006". Entonces gobernaba De la Poza. "No tengo nada que ver con historias de ningún tipo. Aprobamos el plan en 2003 y no hubo nada", sostiene la ex alcaldesa. "Hubo una persecución política. Estoy harta y no quiero saber nada sobre eso". La ex regidora, que ha abandonado la política, explica que hace dos años acudió a la fiscalía a explicar su compra de un piso en la playa, "pagado con la hipoteca de mi casa". De la Poza rechaza cualquier acusación y defiende la gestión de su ex compañero Alberto Martínez. "Estábamos en medio de una guerra política", zanja en una conversación telefónica.
El fiscal relata en su escrito de denuncia que Alberto Martínez "tenía intereses" cuando votó en el pleno municipal de julio de 2004 para otorgar la gestión del plan general urbano a un concesionario privado. Martínez no se abstuvo. Era propietario de la mitad de una parcela afectada cuando emitió su voto. El otro 50% del solar pertenecía a la empresa Oskasa, pero una sentencia reservaba derechos al Grupo Montemar, propiedad de Alberto Martínez y su esposa. El ex edil tenía intereses por partida doble. El secretario del Ayuntamiento, Mariano Díaz, informó aquel día que no existía motivo para la abstención del concejal. La Fiscalía Anticorrupción también denuncia a Díaz. Este periódico intentó ayer, reiteradamente y sin éxito, contactar con Alberto Martínez. La fiscalía ha investigado pagos de cantidades no justificadas a empresas vinculadas con Martínez.
Otro de los denunciados es Juan Carlos Delgado Quevedo, ex jefe de Gabinete de la alcaldesa entre 2000 y 2006. Según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa Asesoría de Proyectos de Gestión, propiedad de Delgado, recibió 787.827 euros en 2006 por parte de la sociedad Trigemer "por servicios cuya realidad no consta". La fiscalía quiere saber por qué Trigemer facturó al Ayuntamiento 3.245.841 euros entre 2005 y 2007. Además, ha comprobado los gastos de Delgado y ha determinado que entre 2004 y 2005 realizó desembolsos superiores a sus ingresos.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento tricantino, Miguel Aguado, precisa que "el PP casi siempre ha sido el responsable del Urbanismo y ha gozado de la mayoría en los gobiernos de coalición con María de la Poza". El responsable socialista asegura que le resulta "difícil entender que los dirigentes populares no supiesen nada". Y concluye: "José Folgado presidió la gestora del PP de Tres Cantos desde entonces y me cuesta creer que tampoco supiese nada, sobre todo cuando siendo en la actualidad alcalde toma siempre decisiones que perjudican a la ciudad y favorecen, siempre, a la constructora y a los promotores del suelo".
Un portavoz del Ayuntamiento no quiso entrar al trapo y afirmó que "es un asunto que tiene que ver con la anterior corporación. Estamos atentos a lo que decida la justicia".
Principales denunciados
- María del Valle de la Poza. Ex alcaldesa de Tres Cantos, entre 2000 y 2007, por el partido Tres Cantos Unido (TCU). Bajo su mandato se aprobó el plan urbanístico. Impulsó la idea de que el desarrollo del plan lo ejecutara una empresa privada.
- Alberto Martínez Díaz. Fue edil de Obras entre junio de 2003 y marzo de 2007. Antes ejercía la actividad inmobiliaria a través de sus empresas del Grupo Montemar. Votó una decisión municipal a pesar de tener intereses urbanísticos.
- Juan Carlos Delgado. Fue director técnico de Urbanismo hasta 1999. Un año después
se convierte en jefe de Gabinete de la alcaldesa. La fiscalía investiga posibles
pagos a promotoras.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 25/02/2009
Foto: Terrenos incluidos como edificables en Tres Cantos- SANTI BURGOS, elpais.com
La Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral de Almuñécar, critica el Referéndum que tendrá lugar en esta localidad
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La Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral de Almuñecar, ante la mascarada de Referéndum que, para el 28 de Febrero propone Benavides, manifiesta: - El Referéndum someterá a consulta un PGOU actualmente inexistente, pues al adaptarlo a la legalidad urbanística, el Plan Inicial ha sufrido múltiples modificaciones.
- El Alcalde de Almuñecar, según se desprende de sus manifestaciones, solo quiere el voto favorable de los almuñequeros para adquirir fuerza y, con el poder del Referéndum que piensa ganar, presionar a las Autoridades Urbanísticas y vencerlas en “el pulso” de la negociación que desea establecer.
- A este dirigente político no le importa gastarse más de 120.000 euros del pueblo de Almuñecar, en un Referéndum no vinculante e inútil por irreal. Todo vale si su “poderío político” sale reforzado.
- La demagogia de este dirigente político raya en lo patético cuando, por su televisión puesta en funcionamiento para el evento, hace llamadas a los almuñequeros para que participen masivamente en el Referéndum, diciéndonos que lo hace para que “el futuro de Almuñecar sea una decisión del Pueblo y de quienes vivimos en el”. Según parece Benavides tiene una memoria frágil y ha olvidado los muchos obstáculos y triquiñuelas legales que usaron en la fase de exposición publica del PGOU, (negar información, rechazar las alegaciones de los no empadronados, ser reacio a adjuntar las alegaciones al dossier del Plan, no contestar ni tener en cuenta lo alegado, etc. y como “broche de oro”, decir ante nuestras mas de 7.000 alegaciones contrarias al PGOU: “mis alegaciones a favor del Plan es mayor que las que habéis presentado en contra”.
- Machaconamente, sirviéndose de la televisión de su hijo, hace propaganda del PGOU en su aprobación inicial, (inexistente después de las modificaciones realizadas al mismo), vendiéndonos como la panacea que acabara con los parados, los campos de golf. Para ello entrevista a los miembros del Régimen Benavidista y a dirigentes del Partido Popular que, según dice el pueblo, colaboran en estrecha sociedad con “el prócer”.
- Según parece, para Benavides la crisis de la construcción no existe. Continua, erre que erre, con su idea de llenar el territorio almuñequero de segundas residencias y continuar con la destrucción del medio físico. Pretende culminar la destrucción que ha practicado en el litoral, con la total urbanización de los valles tropicales y las colinas que lo circundan.
- Se olvida que el Alcalde es el responsable de “la disciplina urbanística local” y critica a La Junta de Andalucía por cumplir la legalidad y parar las construcciones ilegales. Apoya a los constructores con obras paralizadas por no cumplir la legalidad urbanística y dice a los desempleados de la construcción que “están parados porque La Junta no permite que se reanuden las obras”, “que las ilegalidades se solventan en las mesas de negociación”, etc.
A los miembros del Régimen Benavidista y a sus socios del Partido Popular les pedimos que el próximo día 28 cuando ejerzan el derecho al voto, piensen en el futuro de Almuñecar y en los muchos puestos de trabajo y riquezas, agrícola y medio ambiental, que propone destruir el PGOU de Benavides. Que valoren que, para los labradores y empleados agrícolas de Almuñecar, La Vega y nuestras plantaciones de subtropicales son “nuestras fabricas” y que Benavides con sus propuestas urbanísticas, pretende cerrarlas y enviarnos al paro, o lo que es aun peor: “ponernos a recoger pelotas de golf”.
Nuestra Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral quiere un PGOU para el Municipio de Almuñecar, acorde con la legalidad y que contemple en sus propuestas el crecimiento vegetativo de la población y el periodo legal de vigencia de ocho años, que La Ley prevé para estos Planes.
* Rojo y Negro - 24 de febrero de 2009
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
