ELPAÍS/Ourense* : El Ayuntamiento de Esgos, que preside Manuel Blanco, cuñado de José Luis Baltar, aprobó en 2006 un planeamiento urbanístico que recalifica varias parcelas propiedad del presidente provincial del PP elevándolas de suelo rústico a urbanizable.
La aprobación inicial del plan tuvo el único respaldo del grupo de gobierno (PP), en el que el hijo del presidente provincial, el parlamentario José Manuel Baltar Blanco, es teniente de alcalde. La Diputación de Ourense que preside el propio José Luis Baltar, beneficiario de la calificación, le dio también el visto bueno.
Sin embargo, el planeamiento fue declarado inviable por la Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, dependiente de Medio Ambiente, y ha sido rechazado por la Consellería de Política Territorial que considera injustificada "la clasificación de suelos urbanizables no delimitados de uso residencial" de algunas zonas, entre las que menciona las de As Vendas y Folgoso, en las que se enclavan las fincas del presidente provincial del PP.
El planeamiento rechazado por la Xunta era el primero del que se pretendía dotar el ayuntamiento de Esgos, que se rige hasta el momento por las normas complementarias subsidiarias provinciales de Ourense.
El informe de la consellería destaca la contradicción existente entre el volumen de población de Esgos, de 1.294 habitantes en 774 viviendas, "de las que 512 son principales", frente a la previsión que se realiza en el plan general de urbanismo. En este documento se incluye una estimación de edificabilidad para los próximos ocho años de 5.471 viviendas de nueva creación y se extienden, en consecuencia, los núcleos rurales. Basándose en lo desproporcionado del cálculo, el gabinete de la Xunta destaca que la clasificación de suelo urbanizable residencial "debe reducirse a la necesaria" para satisfacer las necesidades del crecimiento del núcleo urbano de Esgos.
La consellería informa, además, de que, en el caso de que resultara "justificadamente necesario" el crecimiento de los núcleos rurales que se pretende convertir en urbanos, ello debería realizarse "mediante áreas de expansión que, de hecho, el plan prevé".
En cuanto a la clasificación del suelo, dice el informe de Política Territorial que se han calificado como urbanos terrenos que no disponen de los servicios adecuados y destaca que las áreas de expansión de diversos núcleos que se han incluido en el planeamiento no se ajustan a la ley y deben ser clasificados como terrenos de "suelo rústico de especial protección".
Advierte junto a ello de que el planeamiento debe justificar "la idoneidad de la localización de las zonas para el desarrollo urbanístico". Un hecho que, según los responsables de la consellería no se da, ya que la previsión que se hace de suelo urbanizable de uso residencial ocupa terrenos -como ocurre en el caso de los núcleos de Folgoso y As Vendas, donde están las fincas de José Luis Baltar- "con potencialidades de suelo rústico de protección agropecuaria".
"En cada uno de estos ámbitos", dice el informe de la consellería, "se reconocen valores agrícolas y forestales". La Dirección Xeral de Urbanismo sostiene que deben clasificarse como suelo rústico de protección de infraestructuras los terrenos afectados por la estructura de la carretera OU-536 en el área de expansión de los núcleos de As Vendas, O Pinto y Cachamuiña.
No son las únicas recomendaciones de la Xunta. También conmina al Ayuntamiento a que justifique la viabilidad de las actuaciones previstas con fondos municipales ya que "no se incorpora en la documentación" un estudio sobre la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento y el interventor "no incluye justificación" que acredite la capacidad de financiación municipal. Reclama, además, que se incluya "de forma completa y detallada" la estrategia para el desarrollo coherente del plan y para la ejecución de los sistemas generales que deban crearse para las áreas de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable delimitado "en el caso de que existan".
El informe de la consellería sostiene que no están acreditadas "ni la necesidad de clasificar suelo urbanizable de uso industrial ni la adecuación de su emplazamiento".
El 18 de febrero pasado, siete días después de que la Dirección Xeral de Urbanismo firmara el mencionado documento rechazando el planeamiento e instando al ayuntamiento a que mantuviera la calificación de rústica de las fincas recalificadas como urbanizables, el alcalde de Esgos publicó en el DOG un edicto ordenando la exposición al público de la delimitación del núcleo rural de Folgoso. Con esa exposición pública, "una vez aprobado por el pleno de este Ayuntamiento", Manuel Blanco pretendía completar el trámite de la recalificación urbanística. Sin embargo, fuentes de la consellería sostienen que esa gestión carece de validez, ya que el planeamiento debe ser rehecho desde cero.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 08/06/2008
Foto: ourensenet.com
Esgos recalificó como urbanizables varias fincas rústicas de Baltar
La Axarquía, una catástrofe de ladrillo y cal
,+diseminados+-+laopiniondemalaga.es.jpg)
ELPAÍS/Málaga* : Mientras políticos y medios de comunicación centraban su foco en el enladrillamiento sin fin de la Costa del Sol occidental, con Marbella como ciudad-símbolo, la comarca de la Axarquía -29 municipios costeros y de interior en el tercio oriental de Málaga- se ha convertido, casita a casita y casi en silencio, en uno de los mayores desastres urbanísticos de Andalucía.
Entre 10.000 y 21.468 viviendas ilegales, según si el cálculo lo realiza la Junta o los ecologistas, se han desparramado sin orden alguno por valles y laderas, sobre todo en los pueblos de la segunda línea de costa.
Las construcciones en suelo rústico -habituales cuando la zona vivía mayoritariamente de la agricultura- se han multiplicado en la última década, especialmente por la demanda de ciudadanos de media Europa ansiosos de sol y campo. Pueblos como Alcaucín, de 2.286 habitantes censados, han pasado de tener 1.015 parcelas edificadas en 1998, a 1.169 en 2002 y a 1.538 en 2007, según los datos de la Dirección General del Catastro. En Algarrobo, las nuevas casas construidas en lo alto de los montes carecen de toma de agua y se abastecen comprando cubas. En Arenas se han levantado adosados en pleno monte. Y así sucesivamente.
El descontrol urbanístico ha degradado, quizá irreversiblemente, un territorio privilegiado. Y lo ha hecho en la misma cara de las administraciones públicas. Por un lado, los alcaldes se han visto desbordados por un fenómeno que ha enriquecido a muchos de sus vecinos y contra el que carecían de instrumentos -tanto legales como humanos- para actuar. Tampoco es que a los municipios les haya sobrado voluntad, ya que negarse a conceder licencias de obra o intentar poner un mínimo orden en el urbanismo es arriesgarse a perder las elecciones, sobre todo cuando un vecino que acondiciona su casa de campo por unos 48.000 euros, la puede vender por 360.000. "Los alcaldes que han consentido más tropelías son los que luego sacan más concejales", afirma Rafael Yus, presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA),
Por otro lado, la Junta de Andalucía no aprobó hasta julio de 2006 el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía, que rige el urbanismo de toda la comarca. Y ello tras doblegar la voluntad de los alcaldes, sobre todo los del PSOE, rebelados contra un documento que dejaba definitivamente fuera de la legalidad -y por lo tanto expuestas a un posible derribo- a cientos de viviendas en suelo rústico. Para lograr la adhesión de los regidores, la Junta se comprometió a crear un consorcio que estudiaría la legalización de aproximadamente el 85% de las viviendas ilegales a cambio de compensaciones en forma de reforestación con especies autóctonas y de que los propietarios costeasen sus servicios de agua, luz saneamiento y basuras.
También se anunció la creación de un consorcio entre Junta, ayuntamientos y Diputación Provincial que se encargaría de autorizar los proyectos, lo que en la práctica supondría aliviar a los alcaldes de la presión urbanística. Dos años después no se ha movido un papel y todavía el viernes el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, anunciaba la creación de una "mesa de trabajo" con los alcaldes para "buscar soluciones a los problemas urbanísticos de la Axarquía". Vuelta a la casilla de salida.
Muchos regidores denuncian que los sucesivos cambios que ha sufrido el POT, con la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y las modificaciones sobre el crecimiento de población y viviendas de los municipios les han impedido tener listos sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), con los que pretenden legalizar la inmensa mayoría de las casas.
Rafael Yus ha presentado más de 650 denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en la comarca. Muchos de estos escritos han acabado archivados, pero unos cuantos están propiciando un goteo de causas que agobia a casi todos los alcaldes axárquicos. Pendón afirmó que las "situaciones de ilegalidad deben ser abordadas por la vía del derecho administrativo y nunca con carácter general desde el aspecto penal", y reclamó que se dejen para los tribunales "las irregularidades que de ninguna manera admiten posible legalización". Entre estas aberraciones se encuentran, por ejemplo, las decenas de casas levantadas en el área de protección del embalse de la Viñuela, y cuyas aguas sucias acaban directamente en el mayor embalse de la provincia, o las construcciones junto al castillo de Benthomiz, en Arenas. La alcaldesa de este pueblo, Basilia Pareja (PSOE) ha intentado, sin éxito, ceder a la Junta de Andalucía las competencias de urbanismo.
Sin embargo, todos los partidos están de acuerdo en que la bicicleta de la construcción no debe detenerse. "Existe un gran desequilibrio entre las zonas costeras y el interior que ha llevado a la Fiscalía a denunciar a muchos alcaldes por seguir adelante con proyectos verdaderamente necesarios" afirma el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, del PP. Por su parte, Pendón habla de "reconocer el carácter singular de la Axarquía (...) con una importante demanda que hay que satisfacer".
Muchas de las viviendas ilegales se han levantado por decreto de las alcaldías mediante la figura legal del proyecto de actuación, que permite construir una casa vinculada a una explotación agraria. Ahora, la mayoría de los agricultores axárquicos se llaman Ronald, Terry, Michael o Patrick. Muchos de los proyectos de viviendas unifamiliares han acabado conviertiéndose en "urbanizaciones encubiertas", según define Rafael Yus, donde las casas de dos o tres plantas con torreones y piscinas, construidos sobre enormes escolleras de piedra para salvar las pendientes han sustituido a los tradicionales cortijos de planta baja. Justamente lo que el POT pretende evitar.
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 08/06/2008
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
Costas considera ilegales gran parte de las casas de la zona litoral de Malpica
,+vista+-+lavozdegalicia.es.jpg)
LAVOZ/A Coruña* : Más de la mitad de las construcciones en primera línea de mar en la playa Area Maior de Malpica, todas las del Caldeirón y la inmensa mayoría de las de la dársena están dentro de la delimitación del dominio público marítimo-terrestre que Costas ha presentado a los propietarios de Malpica. Al caso de la villa hay que sumarle el resto del litoral, entre el fin del arenal de Canido y el límite con Carballo.
Los afectados por esta medida se cuentan por decenas. Por no salvarse, no se salva ni la cofradía de pescadores, puesto que el edificio tiene una parte en zona de dominio público. De hecho, son muy pocos los propietarios del municipio que se han salvado del disgusto. Por ejemplo, toda la calle Ramona Criado, con los edificios que hay en cada una de sus aceras, está afectada por la normativa de Costas, al igual que la rúa Caldeirón en todo su trazado.
Para los que ya tienen edificios en esta área, el principal problema es la pérdida de valor actual y futuro de sus inmuebles; para los que tienen solares en las zonas afectadas lo peor es que saben que nunca podrán construir, aunque haya un edificio de más de seis plantas, y de nueva construcción, junto a su terreno. La situación se repite en las demás áreas urbanizadas de la costa, como es el caso de Barizo o Seiruga.
Los afectados ya se han empezado a poner en marcha. Se ha iniciado una recogida de firmas y el PP también desarrollará distintas iniciativas al respecto.
El último deslinde de Costas realizado en Malpica data de principios de los años ochenta. En esta actuación se basa la normativa urbanística que sigue en vigor, con las correspondientes autorizaciones. Hasta ahora, en las áreas que están afectadas por el deslinde se han concedido licencias sin problemas.
En el casco urbano los problemas comienzan a partir del número 59 de la calle Emilio González López. Desde ahí hasta el centro hay decenas de construcciones afectadas, además de varios solares. En algún tramo no se va a poder construir en el lado del mar. Curiosamente, es una zona en la que hay varias casas bastante antiguas, justo antes de las primeras escaleras que bajan desde la avenida principal de Malpica hasta Area Maior.
Movilización
Todos los partidos que conforman la corporación local se han movilizado por este asunto que preocupa a la mayor parte de los propietarios de terrenos y viviendas en Malpica. Los populares ofrecerán en los próximos días una charla a cargo de técnicos para que asesoren a los afectados. Además, presentarán una moción en el próximo pleno, el día 12, en el que propondrán a la corporación que envíe un escrito a Costas para que «amplíe el plazo de exposición para que los vecinos que no están familiarizados con estos asuntos tengan más tiempo para poder defender sus intereses».
El equipo de gobierno ha contratado a un arquitecto y a un asesor jurídico para elaborar las alegaciones que presentará el Concello de Malpica en nombre de todos los propietarios afectados. También el BNG trató este tema con los vecinos.
* La Voz de Galicia - Cristina Viu - 07.06.2008
Foto: El último deslinde de Costas en Malpica data de los años ochenta y en él se basa la norma urbanística que sigue en vigor/ JANET GONZÁLEZ VALDÉS, lavozdegalicia.es
Un juez dice que no es delito ´ocupar´ una casa ´abandonada´ por su dueño
DIARIODEMALLORCA* : El magistrado palmesano Jaime Tartalo ha dictado una sentencia pionera sobre la responsabilidad penal de las personas que se instalan a vivir sin permiso en casas ajenas, conocidos coloquialmente como ocupas. Según el juez, la ocupación de una casa no constituye un delito de usurpación de la vivienda ajena si el propietario de la misma la tiene en estado de abandono y no ejerce una "posesión social" sobre el inmueble.
La sentencia, que ya ha adquirido firmeza al no haber sido recurrida por la fiscalía, ha absuelto a una mujer, para la que se pedían 5 meses de multa, a razón de 4 euros diarios, por haberse metido a vivir en una casa deshabitada de la calle Presbítero Rafael Barrera, 42, de Palma.
Los hechos se remontan a principios del año pasado cuando la acusada, que no tenía donde vivir, optó por asentarse en la vivienda de la calle Rafael Barrera. La casa estaba deshabitada desde hacía más de 20 años y los candados que había colocado su dueña no habían impedido que se colasen allí indigentes y otras personas.
El inmueble estaba lleno de basuras, muebles viejos, ratas y jeringuillas. Semanas después, un vecino avisó por teléfono a la propietaria de que desconocidos estaban metiendo muebles en el inmueble y ésta llamó a la Policía.
Finalmente la mujer, defendida por Carlos Portalo, fue desalojada, tras dialogar con los agentes e intentar convencer a la denunciante de que le dejara seguir viviendo allí.
La sentencia destaca que la dueña se había desentendido del inmueble, que estaba en mal estado. La dueña no tenía mucho interés en la casa, puesto que ni la visitaba y pensaba que se la iban a expropiar.
El juez añade que la conducta de la acusada fue reprochable, pero que no fue constitutiva de una usurpación de vivienda "al no disfrutar la perjudicada (la propietaria) de una posesión material o socialmente manifestada sobre el inmueble ocupado".
La denunciada también fue acusada de una falta de desobediencia a la autoridad por no abandonar la casa nada más ser conminada a ello por la Policía. Sin embargo, la mujer también ha sido absuelta de dicho cargo al entender el juez que los agentes no dieron directamente la orden de desalojo, sino que estuvieron tratando de convencerle de que saliera voluntariamente.
La acusada llegó a estar detenida dos días en los calabozos por estos hechos.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/B.PALAU. PALMA - 07 de junio de 2008
Foto: Los hechos ocurrieron en la calle Presbítero Rafael Barrera de Palma/ Anna Sastre, diariodemallorca.es
Roca pagó unos 8 millones de euros a Ayuso, que éste habría repartido entre concejales
,+ayuntamiento+-+EFE,+laverdad.es.jpg)
LAVERDAD/Murcia* : Muy valiosos habían de ser sus servicios para cobrarlos tan bien. El arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso Fernández, uno de los principales imputados en la denominada Operación Ninette contra la corrupción en Los Alcázares, habría recibido, por sí mismo o a través de sociedades que controlaba mediante testaferros, al menos coho millones de euros del cerebro de la trama malaya, Juan Antonio Roca.
Ésta es una de las conclusiones que se derivan de la investigación, realizada a lo largo de casi dos años, por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Sección de Blanqueo de Dinero, de la Dirección General de la Policía, y que se documenta en unas diligencias judiciales a las que este periódico ha tenido acceso.
Los especialistas de la Policía consideran que Mariano Ayuso era el «eslabón de conexión» entre una presunta trama de corrupción instalada en el Ayuntamiento de Los Alcázares, y Juan Antonio Roca y su maraña de sociedades y testaferros. Así, las millonarias cantidades de dinero que Ayuso iba recibiendo por sus múltiples gestiones -desde redactar el proyecto de un hotel de cuatro estrellas propiedad de Roca a impulsar la aprobación de convenios urbanísticos- tendrían una posible triple condición: pagos por sus irregulares servicios profesionales al margen de la Administración local, «recompensas por la obtención de resoluciones administrativas directamente emanadas por Ayuso», o bien «como precio para que el arquitecto medie ante instancias diferentes del Ayuntamiento».
Entre los principales sospechosos de haber recibido parte del dinero obtenido por Mariano Ayuso figura el ex alcalde socialista Juan Escudero, quien desde el primer momento se convirtió en uno de los primeros objetivos de los investigadores. Escudero se halla actualmente en libertad bajo fianza de 60.000 euros (diez millones de pesetas) , mientras que Ayuso, tras pasar casi tres meses encarcelado, quedó libre con una fianza de 100.000 euros (casi 17 millones de pesetas).
CUATRO SOCIEDADES CONTROLADAS
Los agentes de la UDEF señalan que Mariano Ayuso recibía el dinero de Roca bien directamente o a través de cuatro sociedades, que controlaba mediante personas de su máxima confianza: el despacho de arquitectura Gyps Fulvus S.L., a cuyo frente estaba su hermano Juan Ignacio, y las mercantiles Dekema Bull S.L., Dorma Golf S.L. e Ilka Baley S.L., cuya titular era su cuñada Inmaculada Camacho Escudero, esposa de Juan Ignacio.
Las pruebas de los pagos realizados por las sociedades de Roca al arquitecto municipal de Los Alcázares las encontraron los especialistas de la Policía Nacional en los registros que realizaron en las sedes de varias firmas controladas por el cerebro de la trama malaya, así como en la espectacular finca agrícola La Loma de la localidad marmenorense.
En estas dependencias fueron hallados documentos, como facturas, cheques y reconocimientos de pago por importantes de 650.000, 10.000, 754.000, 452.000, 301.600, 66.816, 124.437, 300.000, 72.000, 211.000, 1.054.773 y 200.000 euros, cantidades que suman un total de 3.745.476 euros (más de 616 millones de pesetas).
Asimismo, la Policía constató que una finca de 7.000 metros cuadrados, que el Ayuntamiento adjudicó directamente a una de las sociedades controladas por Ayuso, Ilka Baley S.L. -costó 1,5 millones de euros-, fue vendida poco después a una sociedad de Juan Antonio Roca, generando unas plusvalías de unos cuatro millones de euros (660 millones de pesetas).
De esa cantidad, más de dos millones de euros se entregaron en dinero negro, por lo que la Policía considera que este dinero «pudiera corresponderse con comisiones que van directamente al patrimonio de las personas físicas; es decir, al patrimonio de Inmaculada Camacho Escudero y posiblemente al de miembros del Ayuntamiento».
De esta forma, unos se enriquecían -altos funcionarios municipales- y Roca conseguía lavar, mediante la adquisición de terrenos, el dinero negro, de procedencia ilícita, que habría obtenido con sus operaciones en Marbella.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 8 junio 2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), ayuntamiento - EFE, laverdad.es
El fiscal acusa de prevaricación al ex alcalde de Pontedeume
+-+caminoasantiago.com.jpg)
ELPAÍS/A Coruña* : El fiscal especializado en delitos urbanísticos Antonio Roma ha presentado una querella ante el Juzgado Decano de Betanzos contra el ex alcalde socialista de Pontedeume, Belarmino Freire, al que acusa de prevaricación por otorgar una licencia para construir una vivienda familiar sobre suelo rústico de protección costera.
La denuncia se dirige a su vez contra el resto de los concejales de su comisión de gobierno que avalaron el permiso en varias votaciones entre octubre de 2001 y noviembre de 2002 y contra Manuel Valiente García que ejerció como arquitecto municipal durante aquella época.
La finca a la que se refiere el escrito se encuentra clasificada según las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Pontedeume como suelo no urbanizable de protección costera. Cuando se iniciaron los trámites para demoler la construcción, el propietario del inmueble intentó esquivar la piqueta presentando en la oficina de urbanismo del ayuntamiento coruñés un nuevo proyecto de explotación hortícola. Según la querella del fiscal, la maniobra administrativa pretendía "disimular la existencia de una vivienda unifamiliar ya rematada" a escasos metros del mar.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Coruña declaró nula esa segunda licencia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó el pasado 10 de abril esa decisión. En su escrito, el ministerio público oficia al concello de Pontedeume para que identifique a los miembros de la Comisión de Gobierno entre 2001 y 2002 para que se les acuse de un delito de prevaricación. La misma calificación que otorga al técnico que avaló la aprobación del permiso.
* ELPAIS.com - J. P. - Santiago - 07/06/2008
Foto: Pontedeume (A Coruña) - caminoasantiago.com
3.000 voces contra la Central de Agando en Fuerteventura
LAPROVINCIA* : Gran Tarajal se vistió este sábado de luto. 3.000 vecinos tomaron sus calles ataviados con camisetas negras para mostrar su rechazo a la instalación de la central térmica que pretende ubicar el Gobierno de Canarias en el Valle de Agando.
Un solo pueblo y una sola voz para hacer llegar a las instituciones públicas, principalmente al Ayuntamiento de Tuineje y Cabildo de Fuerteventura que "Agando no se toca, alguien se equivoca", como proclamaban al unísono.
Nunca se había visto una movilización igual en Gran Tarajal. Miles de personas en las calles, los comercios cerrados, un sentimiento de rabia y 4.700 firmas que rechazan la industria energética que pretenden ubicar cerca de los núcleos poblados de Gran Tarajal, Giniguinamar, Tarajalejo y Las Playitas. Además, los manifestantes ante la ausencia de los miembros del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tuineje, aunque si estuvieron los de la oposición, le enviaron un mensaje envenenado al alcalde Salvador Delgado "alcalde, escucha el pueblo está en lucha" en plena calle y a viva voz.
Tras la finalización del recorrido los manifestantes se concentraron en la avenida marítima donde uno de los miembros de la Plataforma Ciudadana de rechazo a la citada Central, Víctor Carmona, leyó un manifiesto en la que señalaba que el pueblo salió a la calle de forma espontánea "para defender su calidad de vida y decidir sobre el modelo de Isla en que quiere vivir. Salimos a la calle para decir no a la central térmica en Agando ni en otro lugar que perjudique a la población, no a convertir el muelle de Gran Tarajal en el puerto de descarga de combustible. El pueblo quiere calidad de vida", sentenció.
Gran Tarajal habló ayer alto y claro. Sus vecinos no quieren la central eléctrica en Agando. Ahora el turno de palabra la tiene el Ayuntamiento de Tuineje y el Cabildo majorero.
* La Provincia - ANTONIO CABRERA / PUERTO DEL ROSARIO - 07 de junio de 2008
Foto: Vecinos de Gran Tarajal, durante la manifestación de este sábado/ CARLOS DE SAA, laprovincia.es
